Mario Sorto[1], analista e investigador del CESPAD
16 de septiembre del 2021
En gran parte del tiempo de la pandemia en Honduras, las reuniones de las y los diputados del Congreso Nacional (CN), se han desarrollado a través de sesiones virtuales. En esta coyuntura, los diputados del oficialismo y afines se han aprovechado de la virtualidad para aprobar leyes y reformas de leyes. Pero, ¿qué implicaciones ha tenido la virtualidad del Congreso Nacional para el país y la sociedad hondureña? La evidencia sugiere que, en este periodo, se han aprobado normativas nocivas para la ciudadanía hondureña, pero contrariamente beneficiosas para el sistema de corrupción e impunidad, promovido por los actores públicos y privados que integran las redes de corrupción que operan a través de la institucionalidad.
Desde que se confirmó la presencia de la pandemia en el país, el Congreso Nacional pasó a sesionar por vía de la modalidad virtual. Y aunque en un primer momento esta decisión estaba justificada por la falta de conocimiento del coronavirus y de la forma en cómo enfrentarlo, a más de un año de su surgimiento, en la actualidad, no se ha brindado una justificación, con base en argumentos técnicos y científicos, que explique la no realización de las sesiones presenciales de las y los diputados de ese poder del Estado.
¿Por qué es relevante el debate sobre este tema?
Algunas perspectivas sugieren que la virtualidad del Legislativo ha contribuido a la falta de transparencia y la profundización de la corrupción en el sistema político hondureño. Paralelamente, un dato que revela la importancia de estas interrogantes se refiere a que, en época de pandemia, el Congreso Nacional, con mayoría de diputados y diputadas del Partido Nacional (PN), ha aprobado prestamos que, hasta agosto de 2021, totalizaban la cantidad de 4, 144.7 millones de dólares, equivalentes a más de 99, 000 millones de lempiras[2]. Estos fondos serán ejecutados sin los necesarios mecanismos de acceso a la información, rendición de cuentas y control ciudadano, tal como ocurre con la generalidad de la inversión y gasto público en el país, lo cual facilita su desviación y uso corrupto.
Por supuesto que el tema no es reciente. En los últimos años, el CN se ha constituido en la principal herramienta para aprobar políticas y leyes al servicio de las redes de corrupción en Honduras[3]. De tal manera que, es en este espacio de toma de decisiones en el cual se crean y se aprueban importantes leyes que rigen la actividad económica y política en el país, que, a la vez, favorecen los intereses particulares y colectivos de los miembros del sector público y privado que integran las redes ilícitas.
Pero la coyuntura de la pandemia supuso un escenario propicio para la toma de decisiones a través de procesos irregulares, con poca o nula transparencia, dentro del Congreso Nacional.
Control de las sesiones virtuales
Los partidos políticos en oposición han denunciado que, desde el inicio de las sesiones virtuales, el Partido Nacional ha controlado su desarrollo: los dictámenes a discutir son enviados a pocas horas de comenzar las sesiones; no se les da participación en las deliberaciones a los miembros de sus bancadas y, reiteradamente, se ha manipulado la plataforma digital que contabiliza las votaciones de los proyectos de ley y sus resultados[4].
Ante esa situación, recientemente, los congresistas en oposición tomaron la resolución de no asistir más a sesiones virtuales y definieron que lo harían hasta que se les convocara de forma presencial. Sin embargo, en la sesión del 7 de septiembre de 2021, el CN retornó a las actividades virtuales[5] y continuó con la aprobación de normas nocivas para la ciudadanía, pero favorables para las élites involucradas en los actos de corrupción durante la pandemia.
Por consiguiente, todas estas acciones en las sesiones virtuales del CN, han favorecido la profundización de la gran corrupción, es decir, los “actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común”[6].
No hay rendición de cuentas
Los gastos relacionados a viáticos y transporte, contratación de comidas y banquetes, renta de vehículos blindados, entre otros lujos de los congresistas, se incrementaron entre el 2019 y el 2020 (año de pandemia), ascendiendo a un total de 79.6 millones de lempiras, pese a que se impusieron medidas restrictivas de circulación en medio de una crisis sanitaria y financiera que impactó fuertemente en la población hondureña[7].
Pero la gran corrupción también se evidencia en la falta de rendición de cuentas y transparencia, por parte de los funcionarios, en el manejo de los recursos y deudas adquiridas, en el marco de la pandemia, con organizaciones multilaterales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)[8].
En reserva información de compras de vacunas
En cuanto a las decisiones tomadas en las sesiones virtuales, los diputados en el Legislativo aprobaron un proyecto que permite mantener “bajo reserva o secreto” toda la información sobre la compra de vacunas anticovid a compañías farmacéuticas. El decreto fue aprobado sin precisar cuántos de los 128 diputados que integran el legislativo, participaron en los dos debates que se necesitaron para adoptar el proyecto como ley.
Ahora bien, ¿de qué forma favorece este proyecto a la corrupción y la falta de transparencia? Por una parte, este es otro mecanismo que bloquea el acceso a la información de la población y de todos los sectores interesados, teniendo en cuenta que la secretividad de los contratos por la compra de vacunas tendrá una vigencia de 10 años. Por otro lado, este es un mecanismo de impunidad puesto que la secretividad interrumpe los procesos investigativos que los entes del mismo Estado y de la sociedad civil, han impulsado debido a la cuestionada gestión de los recursos por parte de los funcionarios para enfrentar la pandemia en el país.
No hay condiciones para para retornar al Hemiciclo Legislativo
Ante las críticas y las demandas de los partidos oficialistas para el retorno a las sesiones presenciales, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, también miembro del oficialista Partido Nacional, indicó que no existen las condiciones de bioseguridad para retornar al salón legislativo próximamente[9]. Entre otros argumentos, se sostiene que la edad avanzada de muchos de los diputados y diputadas, y la evaluación, por parte de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), sobre las condiciones del Hemiciclo Legislativo, para celebrar sesiones presenciales del pleno, concluyó que no era seguro para el retorno a sesiones presenciales[10].
Del mismo modo, SINAGER y COPECO señalaron que los puntos de acceso al Congreso son estrechos, por eso, podría ocurrir un congestionamiento en las entradas y salidas en caso de existir afluencia de personas; además, afirmaron que no se observó una señalización adecuada sobre el flujo de personas en los pasillos o salas de trabajo que orienten a los visitantes sobre cómo circular entre los espacios del Hemiciclo Legislativo. Finalmente, el equipo de SINAGER destacó que era necesario finalizar con la programación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca para el personal del Congreso Nacional, planificada para el 19 de septiembre y así, poder plantear un seguro regreso a las sesiones presenciales para todo el personal administrativo del Congreso[11].
El peso de la decisión del presidente del Congreso Nacional
Con este contexto se identifican varios factores que imposibilitan el regreso a la presencialidad de los congresistas hondureños. Pero, más allá de los factores técnicos planteados por los actores involucrados, tiene mucho mayor peso el poder del partido oficialista y la decisión del presidente del Poder Legislativo, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo (artículo 22), el presidente del Congreso Nacional tiene el poder para decidir cuáles son los temas que se pueden discutir en el pleno y lo más conveniente para el pleno.
En este sentido, la ley le otorga una alta cuota de poder al presidente del legislativo, ya que le permite “Establecer la agenda para las sesiones del pleno, pudiéndola modificar cuando crea conveniente”[12].
La decisión del presidente y de la junta directiva del Congreso Nacional sobre el NO retorno a las sesiones presenciales, no es una decisión individual, sino que es una estrategia más de las élites políticas corruptas que han permeado esta institución para continuar con la opacidad en las determinaciones que se toman en tiempos de pandemia, particularmente en los aspectos concernientes al presupuesto para la administración de la pandemia.
Es decir, los aspectos mencionados permiten identificar la forma en cómo el Congreso Nacional se ha constituido en una institución que se presta para servir a los fines de las redes de corrupción en Honduras, y cómo este espacio ha estado desbordado por la corrupción y la impunidad.
A manera de conclusión, la virtualidad ha fortalecido el sistema de corrupción e impunidad, promovido por los actores públicos y privados integrados en las redes de corrupción que actúan con el amparo de la impunidad. Pero, también, esta situación ha dejado en evidencia que, a pesar de las denuncias, existe una incapacidad por parte de las fuerzas de oposición para hacerle frente a las determinaciones de la junta directiva del Congreso Nacional. Asimismo, queda clara la ausencia de estrategias e iniciativas para enfrentar la falta de transparencia y la corrupción que se ha estado impulsando en las sesiones virtuales desde el Congreso Nacional.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] Sociólogo, profesor de sociología en la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) e investigador del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD).
[2] Álvaro Mejía, “De $4, 144.7 millones es la deuda aprobada por el Congreso Nacional”, 20 de agosto de 2021, El Heraldo https://www.elheraldo.hn/pais/1486806-466/deuda-aprobada-congreso-nacional-honduras
[3] Sarah Chayes, When Corruption is the Operating System: The Case of Honduras. Carnegie Endowment for International Peace, 2017 https://carnegieendowment.org/files/Chayes_Corruption_Final_updated.pdf
[4] Criterio.hn, “Partidos opositores se retiran del Congreso hasta que haya sesiones presenciales”, 11 de agosto de 2021. https://criterio.hn/partidos-opositores-se-retiran-del-congreso-hasta-que-hayan-sesiones-presenciales/
[5] Marvin Salgado, “En qué consiste el decreto de secretividad en compra de vacunas aprobada por el Congreso”, 09 de septiembre de 2021, El Heraldo https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/1491699-468/secretividad-contratos-compra-vacunas-congreso-nacional-honduras?mainImg=6
[6] Transparency International, “Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción”, 20 de septiembre de 2009 https://www.transparency.org/whatwedo/publication/guia_de_lenguaje_claro_sobre_lucha_contra_la_corrupcion
[7] Marcia Perdomo; Emy Padilla, “L. 79.6 millones gastó el Congreso en banquetes, alquiler de vehículos y viáticos en año de pandemia”, 16 de agosto de 2021, criterio.hn
[8] Ibid.
[9] La Prensa, “Liberales se retiran de sesiones virtuales en el Congreso Nacional”, 11 de agosto de 2021.
https://www.laprensa.hn/honduras/1484648-410/bancada-liberal-retira-sesiones-virtuales
[10] Proceso Digital, “SINAGER concluye que no es seguro retorno a sesiones presenciales en el CN”, 19 de agosto de 2021. https://proceso.hn/sinager-concluye-que-no-es-seguro-retorno-a-sesiones-presenciales-en-el-cn/
[11] La Prensa, “SINAGER concluye que no es seguro volver a sesiones presenciales en el Congreso, 20 de agosto de 2021. https://www.laprensa.hn/honduras/1486856-410/sinager-sesiones-presenciales-congreso-nacional-evaluaciones-pandemia-covid-honduras
[12] Para un mayor detalle de la normativa, revisar la Ley Orgánica del Poder Legislativo en
https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Ley_organica_poder_legislativo_2014.pdf
