Por: Nancy García
Entre sus rostros se observa caer el sudor por el calor que abraza la zona norte de Honduras. Hombres y mujeres, en su mayoría, personas trabajadoras de la tierra, ingresan al salón con la esperanza de recoger palabras que mantengan su lucha viva. Se saludan, como dos viejas amigas que hace tiempo no se encuentran y que se disponen a ser parte del Encuentro regional de organizaciones del departamento de Colón.
Pero no sólo llegaron con la disposición de recoger palabras, también de exteriorizar lo que han callado por más de doce años ante, las condiciones desiguales que les arropa, por culpa de la corrupción con la que han coexistido en el país.
Y fue así que las puertas del Centro Cultural Guadalupe Carney se abrieron para dar paso al conversatorio, “La CCIH: su nivel de avance y la participación ciudadana”, con la intervención de Lucía Vijil, analista del CESPAD; José Mario López, sociólogo y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), y Gerardo Torres, Vicecanciller de Relaciones Exteriores de Honduras.
El Encuentro se llevó a cabo con la intención de abordar el fenómeno de la corrupción y su relación con el acceso a justicia y derechos humanos de las comunidades y los sectores populares. Pero también, que las comunidades del interior del país comiencen a involucrarse en la lucha contra la corrupción y en la demanda de la urgente instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
La corrupción y su impacto en derechos fundamentales
El sociólogo José Mario López dio inicio al conversatorio, mostrando parte de los hallazgos del Sondeo de Opinión Pública 2022, realizado por Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) de la Compañía de Jesús en Honduras.
López remarcó que uno de los principales daños que dejó el gobierno de Juan Orlando Hernández es el saqueo de las instituciones del Estado y que los partidos políticos, el Congreso Nacional y la Policía Nacional son las instituciones entre las que más se percibe la corrupción.
Al consultársele a la población sobre los principales problemas que enfrenta el país, no dudaron en destacar que la crisis económica, el desempleo, la inseguridad y la corrupción, son los que más afectan a la ciudadanía.
“La corrupción ha sido normalizada, aceptada y promovida. La corrupción impacta en derechos fundamentales en la ciudadanía, por ejemplo: el caso de los hospitales móviles tiene un impacto derecho a la salud, en el caso de Pandora, un impacto en el agro”, puntualizó el sociólogo.
Aunque las personas coincidieron en que hay problemas fundamentales que solucionar, un 45.1%, dice que la situación económica actual puede mejorarse durante el año en curso.
Para los y las habitantes del departamento de Colón, el impacto de los proyectos extractivos es un flagelo que enfrentan con fuerza en la zona. Ese problema se ha visto reflejado en la criminalización que se hace a los defensores de los bienes comunes que protestan en la región, como en el caso de quienes defienden el Río Guapinol. Por eso, en el evento se destacó que un 49.4% de la población consultada en el sondeo de opinión, considera que deben suspenderse los permisos de explotación minera e hidroeléctrica.
La Corte no reconoce a las víctimas de corrupción
Lucia Vijil, del CESPAD, en su intervención, preguntó a los presentes ¿cuál es el papel de las organizaciones de sociedad civil y los movimientos sociales por el combate a la corrupción?
“Aquí la gente da por hecho que la CICIH se va a instalar y qué pasa si la Comisión Técnica dice no, Honduras está bien en temas de corrupción, porque el gobierno tiene voluntad política. En ese trayecto, sociedad civil, organizaciones sociales y movimientos populares no se están instalando en el debate a la corrupción”, comentó a manera de respuesta.
Para Vijil, el hacer intervención implica una demanda ciudadana que se involucre en los procesos de instalación de la CICIH. Por eso, la ponente reflexionó alrededor de la percepción equívoca que hay en cuanto al impacto de la corrupción, ya que la población del interior considera que solo afecta de manera directa a la población de las zonas urbanas. “La gente tiene la percepción que la corrupción está en Tegucigalpa”, dijo Lucía.
Una de las principales deudas del Estado de Honduras que prevalece, es el no reconocimiento de las víctimas directas de los actos de corrupción. “La misma Corte no reconoce a las víctimas de la corrupción. Cuando vemos que hay victimas podemos asegurar mecanismo de reparación y no repetición”, aseguró la analista.
Muy cerca de firmar el convenio para instalar la CICIH
Acompañado de su equipo y con el ánimo de escuchar las propuestas de las personas participantes, el vicecanciller, Gerardo Torres, abordó como tema la agenda anticorrupción y los desafíos del gobierno ante la llegada de la CICIH.
“El Canciller Reina estuvo en New York y la Secretaría General le aseguró que vamos por buen camino. Es muy probable que dentro de poco tengamos un convenio de firma entre Honduras y el Programa de Naciones Unidas, para la instalación de una CICIH”, dijo al referirse, entre otros detalles, a la misión exploratoria de las Naciones Unidas, que en el mes de mayo concluyó una visita, en el marco de la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro de instalar una CICIH en el país, que abone a luchar de manera frontal contra la corrupción.
Una demanda que nace en las calles
Pancartas que sostenían quejas, frustraciones y reclamos en las calles, fueron el primer paso para estar cerca de instalar una CICIH. La población hondureña, embestida por el desfalco a instituciones como el Instituto Hondureño de Seguridad Social, se manifestó durante largas jornadas en el 2015, logrando la llegada de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que, aunque no era la aspiración inicial, se constituyó en un ente que develó con los casos de corrupción que judicializo, la forma en cómo operan las redes de corrupción en Honduras.
Por eso, para el vicecanciller, el gobierno de Castro tiene claro de dónde nace y por qué nace la necesidad y urgencia de una CICIH en el contexto actual. “La CICIH no es algo que inventamos nosotros. El movimiento de Indignados nos convoca al fuera JOH y pide que se instale una CICIH, al igual que en Guatemala”, acotó.
A pasos de firmarse el acuerdo, el vicecanciller dejó claro que aún falta escoger representantes del Equipo Nacional e Internacional y que esa elección será determinante para saber el tipo de CICIH que se instalará en Honduras.
Las propuestas y promesas ante la llegada de la CICIH
Finalizada la participación del vicecanciller, las y los campesinos solicitaron el micrófono e hicieron retumbar sus voces para colocar sus incertidumbres y sus propuestas, para conformase en parte activa de la lucha contra la corrupción e impunidad.
Ya suenan los tambores para un golpe de Estado, ¿está preparada la presidenta?, ¿qué efecto tendrá la representación?, ¿cómo se ve el control político como parte de los procesos democratizadores?, ¿estamos listos para gobernar?, preguntaron.
Los pobladores dijeron, además, que desde el 2010 han denunciado a los últimos dos alcaldes que ha tenido la municipalidad de Tocoa. Uno de ellos es Adán Funez, afiliado al partido Libertad y Refundación (LIBRE), vinculado en actos de corrupción. ¿Y así cómo fortalecemos la CICIH?, se preguntó una de las participantes, quien, a la vez, se contestó: “con construcción popular”. “Se necesita más presión popular y compromiso”, volvió a subrayar.
Luego que las organizaciones compartieron los sentires y las demandas, se propuso un mayor acompañamiento del movimiento social ante la lucha contra la corrupción, una representación local ante la CICIH y el gobierno.
Por último, se instó a la construcción de relatorías locales. Es decir, la instalación de oficinas regionales que trabajen el tema de la tierra, mujeres, derechos humanos y que prioricen la participación, observación ciudadana y la representación de víctimas de la corrupción.
El conversatorio finalizó con la promesa, por parte del vicecanciller Gerardo Torres, de trasladar las dudas, molestias y propuestas de las organizaciones presentes y de promover la creación de relatorías locales, que prioricen el combate a la corrupción en las comunidades, históricamente marginadas y afectadas por este flagelo social.
