Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD.
Dos fundaciones, nueve convenios, tres partidos políticos implicados, 38 acusados y 282 millones de lempiras despilfarrados, evidencian la corrupción sistémica que se tejió entre el 2005 y el 2011 para financiar campañas políticas, cancelar deudas del Partido Liberal y financiar “la cachureca”, una tarjeta de descuentos que benefició a la campaña electoral del Partido Nacional en el año 2013.
Pandora fue el cuarto caso de corrupción presentado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en conjunto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), el 13 de junio del 2018. Este caso dejó al descubierto a una red de instituciones y funcionarios, entre diputado/as del Congreso Nacional, secretarios y ex secretarios de instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Finanzas, Recursos Naturales, Casa Presidencial, Comisionados, alcaldes, gobernadores, representantes de fundaciones y empresarios, que se confabularon para desviar los fondos públicos que estaban destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas.
Fueron jóvenes, mujeres jóvenes y campesinos de los departamentos de Olancho, La Paz, Francisco Morazán, Intibucá, Yoro, Comayagua, Gracias a Dios, Ocotepeque, Choluteca, Valle y Colón, los que nunca recibieron los recursos que se acreditaron como justificación en los nueve convenios que se firmaron, para sacar el dinero que supuestamente serviría para la siembra de granos básicos en muchas comunidades, capacitaciones, entre otras actividades. También se trata de un dinero que equiparía la escuela de campo para agricultores del departamento de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua.
Este presunto grupo de “beneficiarios” tenía la opción de mejorar sus vidas pero los fondos nunca llegaron porque fueron a parar al financiamiento de campañas políticas del Partido Nacional, del Partido Liberal y del Frente Amplio Electoral en Resistencia (FAPER), en el año 2013. La suma derrochada fue de 282 millones de lempiras (casi 12 millones de dólares).
Esos fondos se giraron desde la SAG y la Secretaría de Finanzas. Pero también las investigaciones y declaraciones de implicados en el caso, como Fernando Suárez, detallaron que se drenaron fondos pertenecientes al Congreso Nacional, a la Secretaría de Desarrollo Social, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).
Para el saqueo de recursos, esta red utilizó a dos fundaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, las que debían desarrollar los proyectos citados atrás. Pero en la realidad, solo fueron el conducto para trasladar los dineros del Estado a cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores de los tres partidos implicados.
La entonces Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (UFECIC), ahora Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), encontró en la investigación sobre el caso, que se entregaron fondos a los coordinadores de campaña del Partido Nacional, que buena parte de esos recursos se utilizaron el día D (elecciones del 24 de noviembre de 2013), que se compraron dos oficinas en el Edificio Metrópolis en Tegucigalpa y que se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99,030,000.00 de lempiras.
Pandora es un caso de corrupción que mostró cómo desde el Estado se crearon fundaciones fantasmas, se ampliaron partidas presupuestarias para “legalizar y extraer” fondos que se disfrazaron en convenios que nunca se ejecutaron. Es una investigación que puso a temblar a la élite política.
Los acusados en este caso fueron los diputados José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez y Elden Vásquez. Asimismo, el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto; el viceministro de la SERNA, Carlos Alberto Pineda Fasquelle; y el Gobernador de Lempira, Wilson Rolando Pineda Díaz.
De igual forma, Ramón Antonio Lara Bueso, Redin Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera, Hernán Seaman Elvir, Claudia Yamila Noriega, coordinadora de la tarjeta La Cachureca; Árnol Gustavo Castro, esposo de la diputada Gladys Aurora López; Franklin Erick Toruño, Jean F. Marie de Peyrecave, esposo de Hilda Hernández; Alba Luz Ramírez, Mario Rolando Suazo, Mario Edgardo Suazo, Dalia Esmeralda Palma, Josué Francisco Velásquez, José Luis Flamenco Mejía, el exdiputado Elvin Ernesto Santos y su padre Elvin Ernesto Santos.
Aparecen, también, en el requerimiento fiscal, Ernesto Galeas Martínez, Sixto Pineda Hernández, Lenín Rigoberto Rodas, Félix Francisco Pacheco, de la empresa AVIATSA; Eduardo Enrique Lanza, José Adolfo Sierra Morales, Luis Fernando Urrutia, el exministro de la SAG, Jacobo Regalado; Laura Aidé Arita Palma, Norma Kaffy Montes, exgerente financiera de la SAG, el exministro de Finanzas, William Chong Wong (QDDG), Velkys Rosibel Hernández, Fernando Josué Suárez y Jaime Antonio Suárez.
El proceso judicial
La UFECIC presentó el requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acusando a 38 implicados en el caso Pandora, por delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración y fe pública, entre otros. La CSJ designó a Lidia Álvarez Sagastume como jueza natural y nombró en la Corte de Apelaciones a Jorge Alberto Zelaya, María Fernanda Castro y Edwin Francisco Ortez.
En la audiencia de declaración de imputado, la jueza Álvarez impuso a los acusados la detención judicial y los altos funcionarios fueron enviados al Primer Batallón; el resto a centros penitenciarios en el país. Pero, en la maratónica audiencia inicial, la jueza dictó auto de formal procesamiento para 26 de los 29 implicados que se presentaron ante las autoridades y de ellos, únicamente Jacobo Regalado continuó en prisión.
Lidia Álvarez resolvió en esa audiencia, absolver del delito de lavado de activos a los implicados y sólo les decretó medidas sustitutivas de prisión, bajo la figura de recalificación del delito (lo que cambió de lavado de dinero a encubrimiento) y por eso se ordenó la liberación de los acusados, en una larga noche de deliberación, tras cumplir casi una semana de conocer el proceso, por la cantidad de acusados y la revisión de más de 12 mil folios en el proceso.
La UFERCO denunció en su momento que los Magistrados sólo recibieron la evidencia mínima e hicieron “como que esa prueba eran todos los medios probatorios en el caso”, dejando, incluso, a un lado al testigo clave: Luís Fernando Suárez Ramírez.
La resolución dejó a Jacobo Regalado con auto de formal procesamiento por los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública. A Norma Keffy Montes Chadías por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y fraude; a Laura Aidé Arita Palma, por los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude; a Velkis Rosibel Hernández por cuatro delitos de falsificación de documentos públicos. Mientras que, a los altos funcionarios y exfuncionarios como José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenin Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, José Luís Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales y Félix Francisco Pacheco Reyes acusados únicamente por el delito de encubrimiento por receptación, en perjuicio de la administración pública.
En la audiencia inicial, la jueza sobreseyó, también, de manera definitiva, a Laura Aidé Arita Palma, por el delito de lavado de activos; a Keffy Montes Chandías y Jacobo José Regalado por los delitos de Asociación Ilícita, y a Mario Rolando Suazo Morazán y Mario Edgardo Suazo Matute por el delito de lavado de activos.
La jueza, en esta audiencia, optó por cambiar el delito de lavado de activos a encubrimiento para los acusados, de esta manera se les podía otorgar una medida diferente a la prisión preventiva, aduciendo que el Ministerio Público tipificó erróneamente a los imputados el delito de lavado de activos y asociación ilícita, en lugar de fraude y malversación de caudales públicos.
Pero los Magistrados de la Corte de Apelaciones Natural nombrada, hicieron lo propio el 4 de agosto de 2020, con lo que terminó de sellarse la impunidad para algunos de los acusados, cuando les otorgó el sobreseimiento definitivo a 22 de ellos. Este grupo, en su mayoría, eran coordinadores de campaña del Partido Nacional, por eso la UFERCO, trece días después, denunció a los magistrados que integraron la Corte de Apelaciones Natural por el presunto delito de prevaricato negligente, por la decisión de sobreseer, de manera definitiva, a los 22 imputados, aduciendo una “carente lógica elemental y que tergiversa con negligencia e ignorancia la interpretación de la jurisprudencia invocada”.
Pese a lo anterior, en el mes de septiembre del 2020, también Luis Fernando Urrutia y Claudia Noriega se sumaron a los beneficios otorgados por la Corte de Apelaciones, al ser sobreseídos por el delito de fraude. Luís Javier Santos, coordinador de la UFERCO, manifestó que la Corte Suprema de Justicia de Honduras no quiso que todos los involucrados en el Caso Pandora se expusieran en el juicio oral y público puesto que el Ministerio Público iba a solicitar que se evacuaran todos los medios de prueba. “Esto linda entre lo legal y lo ilegal y creo que detrás de todas estas resoluciones hay otras situaciones”, expresó.
Prácticamente, la Corte de Apelaciones, pese a que existían hechos probados como la obtención de los fondos del Estado, el otorgamiento de los fondos asignados a las fundaciones, la autorización y traslado de fondos de la SAG a las fundaciones Dibatista y Todos Somos Honduras, y la utilización de los fondos de la SAG (con fines distintos a los establecidos en los nueve convenios firmados), no valoró la prueba que acreditó la UFECIC en aquel momento, y los absolvió de los cargos que se les imputaron.
En el mes de octubre del 2020, ante la no objetividad del Tribunal natural nombrado por la CSJ, fue aceptada la solicitud de la UFERCO, de trasladar el caso al Tribunal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. Y es en esos Tribunales en los que ahora se les sigue el proceso judicial a los pocos implicados que continúan acusados.
Situación actual del Caso
De cinco implicados que quedaron en el caso Pandora, solo a tres se les abrió el juicio oral y público: Jacobo Regalado, exministro de la SAG; Laura Aidé Arita y Norma Montes. Los tres permanecen en sus casas de habitación, esperando que el Tribunal en Materia de Corrupción señale la fecha de inicio del juicio. Mientras que a Fernando Suárez, quien continúa como testigo protegido, la defensa le solicitó un procedimiento abreviado, cuya audiencia está pendiente para este mes de marzo.
La quinta implicada, Velkis Rosibel Hernández, fue sobreseída de manera definitiva, cuando la defensa demostró que la firma consignada en una constancia en una de las organizaciones no gubernamentales, no era suya, sino que le fue falsificada. Con esa acción sus cargos fueron desestimados a petición de la misma Fiscalía.
La UFERCO también está a la espera de la resolución de un recurso de Amparo que interpuso, por el sobreseimiento definitivo que otorgó la Corte de Apelaciones Natural a los 22 altos funcionarios y exfuncionarios en el caso. Pero la Sala de lo Penal de la CSJ aún no se pronuncia. Transcurren seis meses de haberse interpuesto y aún no hay respuesta a este último recurso jurídico.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
