José Ochoa, analista del CESPAD
3 de marzo, 2021
Una de las debilidades que más ha resentido Honduras para superar los problemas de gobernabilidad ha sido no contar, en momentos como los actuales, con mecanismos que faciliten a la ciudadanía expulsar del poder a funcionarios electos en el Gobierno, la Asamblea Legislativa y las alcaldías, cuando no respondan a las expectativas ciudadanas, sean vinculados a la corrupción y al narcotráfico o incluso dejen de contar con la confianza, no sólo ciudadana, sino del resto de la élite política.
En el lapso de apenas una década, el país se ha enfrentado a dos casos conflictivos con quienes ostentan la titularidad del Poder Ejecutivo: por un lado, José Manuel Zelaya, electo en noviembre de 2005 pero depuesto en junio de 2009 y, por otro, el actual gobernante, que se ha mantenido en el cargo luego de dos elecciones altamente cuestionadas tanto por la oposición como por la sociedad civil. En ambas gestiones presidenciales y salvando las notables diferencias, algo común es que se ha generado crisis que dificultan la gobernabilidad en el país y que no se ha contado con alternativas, para resolverlas en forma democrática y pacífica.
Tanto en el caso de Zelaya como en el del actual mandatario de Honduras, los intereses de otros actores externos han influido para darles menor o mayor estabilidad a sus gobiernos, respectivamente. La empresa privada, las fuerzas armadas, los medios de comunicación masiva y el Gobierno estadounidense, por ejemplo, han sido muy influyentes para facilitar un ambiente favorable al Golpe de Estado en 2009, pero han estado más comprensivos en siete años de la administración Hernández a pesar de su creciente impopularidad, las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y la comprobada corrupción gubernamental, antes y durante la pandemia. Por tanto, recurrir a la consulta ciudadana resultaría una forma más democrática para resolver las crisis de representación, antes de que sea tarde.
Una de las formas conocidas a nivel internacional para la resolución de conflictos de este tipo, es la utilización de mecanismos de democracia directa como el referendo revocatorio o revocatoria de mandato, que consiste en la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular, mediante un proceso de consulta a la ciudadanía. La idea central es ofrecer la posibilidad de que un funcionario electo deje sus funciones de la misma forma en que, se presume, ha llegado al mismo: mediante el voto popular.
Este modelo de consultas en sistemas presidenciales está legalizado y se ha puesto en práctica en diferentes continentes, facilitando que sea la propia ciudadanía la que confirme en su puesto o remueva a quienes ostenten cargos de elección popular, ya sea del nivel nacional (como la Presidencia de la República o Asamblea Legislativa) o subnacional (alcaldías y gobernaciones). En sistemas parlamentarios como los europeos, en cambio, no suele utilizarse porque éstos cuentan con la posibilidad de adelantar elecciones, en cualquier momento, cuando el jefe de Gobierno deja de contar con el respaldo de la mayoría de facciones políticas y es sometido a una moción de censura.
El ejemplo más cercano geográficamente a Honduras es Panamá, donde se ha aplicado a un par de diputados. Igualmente está permitido en los países andinos del continente americano, como Ecuador y Bolivia. En Perú, más de 1000 personas han sido removidas de su cargo mediante consulta popular en la última década, lo que ha dado lugar a críticas sobre posibles abusos de esta figura. Pero también sirven para que los pueblos confirmen mandatos: un referendo revocatorio permitió a Hugo Chávez continuar en la presidencia venezolana en 2004.
En cualquier caso, un mecanismo similar podría ser utilizado en el futuro para resolver situaciones conflictivas en Honduras, como la que tiene la sociedad hondureña con el actual gobernante, cuando ni la élite política logra acuerdos ni la institucionalidad pública funciona para determinar la responsabilidad de un cargo electo en acciones al margen de la ley. En términos gráficos: no esperar a que un golpe de Estado ni la Fiscalía de Nueva York separen a un presidente hondureño, sino permitir al propio pueblo que, como titular de la soberanía, determine su separación o no del cargo.
Mecanismos existentes
Lo más parecido que tiene Honduras a este tipo de figuras se encuentra desarrollado en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana[1], vigente desde marzo de 2013 y según la cual un número determinado de personas tienen la posibilidad de influir en decisiones políticas. Los partidos políticos habían consensuado en septiembre de 2001 una reforma legislativa orientada a incorporar las figuras del referéndum y del plebiscito en la Constitución de la República, lo cual se hizo efectivo en dos años después.
Dicha ley define al plebiscito como la consulta a los ciudadanos para que se pronuncien, afirmativa o negativamente, sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes del Estado no han tomado alguna decisión. La decisión del pueblo, establece el texto legal, será de obligatorio cumplimiento si participa más del 50% de quienes votaron en la última elección (que fueron algo más de 3,284,000 personas) y si hay mayoría simple a favor. La iniciativa de ley ciudadana, en tanto, es el mecanismo mediante el cual al menos tres mil ciudadanos pueden presentar una propuesta al Congreso Nacional.
En teoría, la ciudadanía podría solicitar o aprobar la destitución de un presidente que haya perdido la confianza popular, ya sea por su ineptitud, por estar vinculado con actos de corrupción o por tener al país sumido en una crisis. De acuerdo a la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, con sólo 10 diputados o menos de 100 mil personas (o sea el 2% del censo electoral) podría solicitarse un plebiscito y, puesto que no excluye temas siempre y cuando no contraríen la Constitución, se colige que podría incluir la confirmación o la remoción de un cargo electo.
Pero es aquí donde vienen los candados con que la clase política hondureña se suele proteger: en ambas figuras (plebiscito e iniciativa ciudadana), el pleno legislativo debe determinar la viabilidad de si procede o no realizar la consulta, con el voto afirmativo de la simple mayoría en el caso de leyes y asuntos ordinarios o de las dos terceras partes en el caso de asuntos constitucionales. En el contexto actual eso sería imposible, salvo que algunos diputados nacionalistas estuviesen de acuerdo y que aquellos de partidos minoritarios, que suelen apoyar al Gobierno de turno, se unan a la oposición.
De una u otra forma, lo cierto es que la élite política y la cultura conservadora de la ciudadanía han contribuido a que no sea posible la aplicación de la democracia directa al menos a nivel nacional ni, mucho menos, para temas de carácter político. Es más, la última vez que se intentó un plebiscito de este tipo en todo el país, el domingo 28 de junio de 2009, terminó en un golpe de Estado y con la vida de más de medio centenar de compatriotas.
En el ámbito municipal, al contrario, ha existido una tradición en varios municipios del país para utilizar el plebiscito, especialmente para consultar sobre la venta de bebidas alcohólicas o el cierre expreso de cantinas y, en los últimos años, para que la ciudadanía acepte o rechace las industrias extractivas en su municipio. Estas prácticas se han realizado incluso desde antes que se incluyera la figura en la reforma constitucional, bajo el marco de la autonomía que establece la Ley de Municipalidades para que los pueblos determinen su destino e influyan en las decisiones dentro de su territorio. Pero de eso a montar una consulta para confirmar o quitar a diputados y alcaldes corruptos o financiados por el narcotráfico, hay mucha distancia.
Un acuerdo nacional
Llegado este momento de inflexión en la historia del país, en riesgo de caer en una ingobernabilidad sostenida, un acuerdo social y político podría implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones que no desean asumir la clase política ni las instituciones. La crisis de la democracia representativa y el fortalecimiento de la gobernabilidad en países como Honduras obligan a promover opciones creativas que permitan un mayor acercamiento entre las preferencias ciudadanas y las decisiones políticas.
Se puede afirmar que, en los últimos 20 años, se ha revitalizado el tejido social y hay una mayor conciencia sobre la necesidad de contar con una ciudadanía más activa y de un sistema político más incluyente. Ello se ha plasmado y ha sido reforzado por la aprobación de nuevos marcos legales y de políticas públicas, pero sobre los que hace falta dar pasos adelante para su aplicación efectiva.
No están dadas las condiciones para que el fin de la administración Hernández se adelante con un plebiscito popular, al menos no todas. El juicio político tampoco es viable y en enero pasado ha sido rechazado por la bancada nacionalista. Pero sería saludable para el modelo democrático que los partidos políticos mayoritarios y los actores sociales conversen sobre la viabilidad de aprobar y facilitar la utilización, en el futuro cercano, de la revocatoria de mandato, con el fin de tener alternativas a las presidencias conflictivas o en crisis. Que Honduras tenga alternativas a los golpes de Estado y no dependa de las cortes de Nueva York.
Referencias
[1] https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Ley_de_mecanismos_de_participacion_ciudadana_2013.pdf
