Por estas razones se podría declarar nulo juicio contra Jacobo Regalado, principal cabeza del caso de corrupción Pandora

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Por: Xiomara Orellana

Jacobo Regalado es el único alto funcionario que quedó, junto a Norma Keffy Montes y Laura Arita, inmerso en un proceso judicial por el caso de corrupción Pandora. Sin embargo, podría salir bien librado debido a que, al principal testigo en el caso, Fernando José Suárez, el Ministerio Público no le cumplió los acuerdos pactados para convertirse en un testigo colaborador y esto podría generar la nulidad de todo el proceso.

Desde el mes de julio del 2021, Jacobo Regalado, ex titular de la SAG, y quien podría considerarse uno de los cerebros del caso de corrupción Pandora, acude a los tribunales de justicia del país porque se le vincula al saqueo de más de 280 millones de lempiras que se perpetró, a través de la Secretaría que él administraba.

Sin embargo, el riesgo se encuentra la emisión de la sentencia que se debía emitir en el juicio oral y público que se le sigue por un Tribunal en Materia de Corrupción con competencia nacional, para Regalado, Montes y Arita, los únicos tres imputados que quedaron de los 38, que acusó inicialmente la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), junto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) y que ahora da seguimiento la Unidad Fiscal Contra las Redes de Corrupción (UFERCO).

¿Qué está pasando con Fernando Suárez, testigo clave del caso Pandora?

Pese a que Fernando Josué Suárez entregó más de 100 carpetas con información puntual, que devela cómo se realizó el desvío de más de 282 millones de lempiras, el Ministerio Público incumplió el trato que hicieron. Suárez pactó varios acuerdos para su entrega y colaboración en el caso de corrupción Pandora a cambio de beneficios en su caso. Se estipuló, por ejemplo, que por la colaboración que realizó con el Ministerio Público se le daría la categoría de “colaborador eficaz”. Esto implicaba que el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, debía solicitar al Tribunal en Materia de Corrupción un procedimiento abreviado, pero eso no ocurrió.

En la audiencia preliminar que se desarrolló contra Fernando Josué Suárez, el pasado 3 de noviembre del 2021, se le dio lectura a un informe que elaboró la Dirección de la Fiscalía, en el que declaró sin lugar la solicitud enviada por la UFERCO, de nombrar a Fernando Josué Suárez como colaborador eficaz. La Dirección de la Fiscalía declaró “sin lugar” la petición y es por eso que Suárez no se someterá a un procedimiento abreviado

Con la resolución de la Dirección de la Fiscalía, al testigo clave no le dio beneficio alguno por la colaboración e información con la que fue posible descubrir cómo se montó la red de corrupción que operó para el robo, cómo se trasladaron los fondos, de qué dependencias estatales salieron los dineros y cómo se justificaron falsos proyectos para que fueran entregados a cada uno de los implicados.

El riesgo ahora para Fernando Suárez es alto porque está en juego su integridad física. Él es el principal testigo en el caso y lo más grave es que con esa resolución se envía un mensaje negativo a la población “porque si ese es el tratamiento que se le da a un testigo protegido, al que le nombran colaborador eficaz, muy difícilmente otras personas querrán aportar en este u otros casos que son investigados por la UFERCO”, dijo un fiscal consultado sobre el tema que pidió anonimato.

Bajo acuerdos que no se cumplen, nadie querrá ser parte de ese mecanismo de colaboración, porque no hay seriedad”, acota el consultado. Con la decisión de la Dirección de la Fiscalía se rompió un acuerdo pactado para que Suárez se presentara voluntariamente el 8 de noviembre del 2018 y, además, se está deteriorando por completo la lucha que se hace desde la UFERCO.

Fernando Suárez, desde que decidió ponerse a la orden del Ministerio Público y colaborar en la investigación, no solo en el caso Pandora, sino que aportó evidencia en casos de corrupción colosales en otras instituciones del Estado, quizá igual o superior a los ocurridos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), está en peligro de muerte”, dijo al CESPAD, con mucha preocupación, su apoderado legal, Omar Menjívar.

Deslealtad

El CESPAD conoció que entre el personal de la UFERCO hay decepción y mucha frustración debido a que varios investigadores, peritos y fiscales consideran que la decisión de la Dirección de la Fiscalía es un acto de deslealtad con la justicia. “Que le digan al testigo, usted no tiene beneficio por la información que aportó, es un golpe bajo”, dijo uno de los agentes.

Debido a esta resolución, en la UFERCO hay un consenso: la información que aportó Fernando Suárez, por ética, no la utilizarán como medio de prueba. No, hasta que el Fiscal General reconsidere el caso y ordene al Director de Fiscales que haga la solicitud al Tribunal en Materia de Corrupción, para considerar a Suárez como colaborador eficaz.

No tenerlo como colaborador significa que se crea una causa de nulidad para el proceso que se sigue contra Jacobo Regalado y esto es serio. Se bota el trabajo de años que develó el operar de las redes de corrupción”, lamenta uno de los peritos.

Pandora desvió fondos para la campaña electoral del 2013

Fernando Suárez fue quien reveló que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), a través de su difunta hermana, Hilda Hernández, “tuvo conocimiento” sobre los movimientos de los fondos drenados del Estado para la campaña electoral de 2013. Las transacciones se realizaron a través de dos organizaciones no gubernamentales (ONG´s), que fueron aprobados por el Congreso Nacional.

Estos fondos fueron indispensables para que él (JOH), el día de las elecciones del 2013, se impusiera como presidente de la República porque fueron drenados en todas las actividades electorales que nosotros realizamos como parte del Partido Nacional”, dijo Suárez ante el juez y los fiscales del Ministerio Público.

El 8 de noviembre el Juzgado en Materia de Corrupción decretó apertura a juicio oral y público contra Fernando Suárez, a quién le suponen responsable por 12 delitos de fraude, 85 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos por uso de documentos públicos falsos.