Por Mirna Flores, analista del CESPAD
3 de agosto, 2021
El golpe de Estado del 2009 marcó un tiempo de crisis, retrocesos democráticos, debilitamiento del Estado de derecho y violaciones a los derechos humanos. Las protestas sociales, que iniciaron en ese periodo de tiempo, y que continuaron con el rechazo a la corrupción, la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández y la privatización, fueron enfrentadas con represión y flagrantes violaciones a los derechos humanos, acciones congruentes con el modelo autoritario y de remilitarización del Estado y la sociedad que se impuso con la ruptura del orden constitucional.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, los distintos gobiernos han destinado recursos importantes para mejorar la eficacia del poder represor de los militares y la policía. Además, la administración Hernández, en sus dos periodos de gobierno, ha mantenido una campaña política permanente sobre los logros de su gestión en relación con la reducción de los homicidios, el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, la crisis de la seguridad se ha convertido en un hecho permanente y los ciudadanos siguen percibiendo a la inseguridad como uno de los problemas principales que vive el país junto al desempleo y la corrupción.
Las tasas de homicidios siguen siendo elevadas en comparación con las tasas promedio mundiales; el narcotráfico ha capturado la institucionalidad del Estado y la delincuencia común continúa siendo parte de la vida cotidiana de los hondureños. La tasa de homicidios alcanzó su punto más álgido entre los años 2011 y 2012, con 86.5 y 85.5 muertes por 100,000 habitantes, cifras que colocaron al país como el más violento del mundo. De allí en adelante, la tasa de homicidios mostró una tendencia a la baja, alcanzando 41.2 muertes por cada 100,000 habitantes en el 2018. En el 2019 hubo un repunte en los homicidios, elevándose a 44.7 muertes por 100,000 habitantes. Para este año (2021) no se perfilan mejorías en las tasas de homicidios ya que en los seis primeros meses se incrementaron las muertes en un 16%, mientras los femicidios, también van en aumento, con el registro de uno cada 27 horas[1].
El país sigue siendo mostrado internacionalmente como uno de los centros de operaciones del narcotráfico más importantes entre Suramérica y México. Este lugar lo ocupa desde hace más de una década, cuando los políticos brindaron protección a narcotraficantes a cambio de financiamiento de las campañas políticas y/o para beneficio propio. De esta manera penetró el narcotráfico la institucionalidad del Estado, e influyó en los resultados de las elecciones locales y nacionales. Los testimonios de los narcotraficantes y colaboradores en las cortes de Estados Unidos pusieron en evidencia como el crimen organizado compró favores de políticos, empresarios, policías y militares.
Ese entorno de violencia e inseguridad también tiene como actores del delito a las maras y pandillas. En Honduras, como en el resto de los países del “Triángulo Norte”, operan las pandillas transnacionales y, además, están otras pandillas no transnacionalizadas, que se disputan el control del territorio para el delito. Según el estudio sobre la situación de las maras y pandillas en Honduras de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ-2019), la MS 13 ha alcanzado un rol protagónico en la ruta del paso de la cocaína en la región, lavado de dinero, negocios y empresas propias, en colusión con autoridades públicas, fuerzas del orden, profesionales a su servicio; la pandilla del Barrio 18 ha buscado tener el control de la extorsión, entrando en una violenta competencia con grupos más pequeños[2]. Las condiciones para que se desarrollen las pandillas han sido la mano dura, la ausencia de un Estado que provea oportunidades y la desorganización comunitaria (ausencia de capital social) que permiten que proliferen[3].
La violencia también ha recrudecido en las cárceles, con asesinatos selectivos, masacres y motines en su interior. En octubre de 2019, fue asesinado Nery Orlando López, conocido como Magdaleno Meza. Los libros de contabilidad de Meza fueron utilizados como evidencia para el caso contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, que fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. El abogado defensor de Meza, expresaba en los medios de comunicación que ese hecho se había fraguado y era parte de una «conspiración de las autoridades penitenciarias y quizás autoridades de más alto nivel”. Días después, fue asesinado el ex director del centro penal La Tolva, donde había sido asesinado Meza[4].
Ante la crisis de las cárceles y reafirmando el enfoque militarista de la seguridad del actual gobierno, por decreto Ejecutivo, las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en conjunto con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), pasaron a administrar las cárceles de máxima seguridad. Los motines, asesinatos, ingreso de armas y drogas continúan produciéndose y cobrando la vida de muchos privados de libertad.
Desde el paradigma de la seguridad democrática, la violencia y el delito son fenómenos multicausales, dinámicos e históricos que requieren de la conducción democrática del Estado y sus instituciones. Desde la perspectiva multicausal es importante comprender que la inseguridad es mucho más que homicidios y que las respuestas deben ir más allá de la mano dura, en este sentido es importante considerar algunos elementos de la crisis permanente de inseguridad que colocan en perspectiva las posturas triunfalistas del gobierno, así como el manejo politizado del tema por el partido de gobierno.
- La epidemia de los homicidios se mantiene, persiste y amenaza con el repunte
En 2012, la tasa de homicidios empezó a descender de manera sostenida, bajando de 86.5 muertes en el 2011 a 40.4 muertes por 100,000 habitantes en el 2019, un descenso de más de la mitad de los homicidios en un lapsus de 18 años. Ante ese descenso significativo, la pregunta obligada es la siguiente: ¿superamos la epidemia de los homicidios? De acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa promedio de muertes por homicidios en el mundo ronda en 6.4 muertes por 100,000 habitantes. Honduras está lejos de alcanzar ese promedio mundial pues la tasa supera las 40 muertes por 100,000 habitantes.
Por otra parte, el país sigue exhibiendo las tasas más altas de homicidios de la región latinoamericana y centroamericana. En el contexto del confinamiento por la pandemia Covid19, hubo un leve descenso para luego experimentar casi el 13 por ciento respecto al número de asesinatos en 2019, aun en el confinamiento seguimos siendo el país más violento de Centroamérica[5].
La tendencia a la baja se puede revertir debido a la aguda crisis económica, social y política que vivimos. De hecho, ya hay signos de que se está revirtiendo. También han aumentado las masacres (crímenes colectivos), cuyas causas se intuyen pero se desconocen porque no existe investigación criminal que respalde, con evidencia científica, la mayoría de los hechos violentos que se producen en el país. Se aduce que el incremento de los homicidios está vinculado al aumento de las masacres, producto de la recomposición del narcotráfico y de la rivalidad entre maras y pandillas, especialmente de las pandillas más poderosas.
- La reducción de los homicidios no ha cambiado la percepción de la inseguridad como problema más importante del país
Los resultados de la encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS-2019), indican que el 61% de los encuestados considera que la inseguridad es el principal problema del país; en segundo lugar están los problemas de la economía con 25.3%, y en tercer lugar los problemas de corrupción y mal gobierno con 11.2%. En 2018, la inseguridad siguió manteniendo el primer lugar como principal problema del país con 42.8%; la economía mantuvo el segundo lugar con 38.2% y la corrupción y el mal gobierno ocuparon el tercer lugar, con 17.1%.
En el 2019, los temas económicos pasaron a ocupar el primer lugar con 36.5%; la inseguridad pasó a un segundo lugar 35.7%, encontrándose levemente por debajo de la economía; la corrupción y el mal gobierno ocuparon el tercer lugar con 24.5%.Del análisis comparativo de los resultados de las encuestas de victimización realizadas por el IUDPAS, entre 2016 y 2019, se puede establecer que la inseguridad ciudadana es percibida como uno de los principales problemas del país, por lo tanto la reducción de los homicidios no impacta directamente en la percepción de seguridad de los ciudadanos.
- Las causas estructurales de la inseguridad no son abordadas
El presupuesto de seguridad y defensa se incrementó, entre 2002 y 2018, en 641%. Según el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), entre más se invierte en seguridad en el país hay más pobreza. La atención no integral y sostenible de las causas que deterioran el nivel de vida de la población hondureña conlleva a la reproducción de la pobreza[6].
Entre el 2012 y el 2020, la pobreza osciló entre el 60 y 66.5% de hogares pobres, según estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en su Boletín Oficial No 015. El FOSDEH ha estimado que la pobreza aumentará del 70 a 75% al cierre del año 2021, debido a la crisis económica que se ha agudizado por la pandemia Covid-19, así como por el alto costo de la vida y la falta de oportunidades laborales, que incrementarán la migración irregular, válvula de escape de la crisis económica[7]. En cambio, los presupuestos para la salud y la educación se redujeron.
- El Estado de derecho se ha debilitado por la impunidad con que opera la criminalidad
El fortalecimiento del Estado de derecho reduce el espacio a la corrupción y la impunidad y, en consecuencia, hay menos espacios para la criminalidad. Un Estado de Derecho sólido incidirá positivamente en la seguridad, el desarrollo y la gobernabilidad. La acción de control y represión de los cuerpos de seguridad del Estado, por sí solos, no resuelve los problemas de la seguridad[8].
Desde que las élites, con el apoyo del ejército, orquestaron el golpe de Estado del 2009, el país pasa por una profunda crisis institucional. El debilitamiento del Estado de derecho ha contribuido a que la corrupción se generalice y la impunidad prevalezca. Esa debilidad del Estado de derecho también ha favorecido la cooptación de funcionarios y políticos del más alto nivel, por parte de la narcoactividad.
A manera de conclusión: la violencia y la inseguridad continúan siendo problemas crónicos y progresivos. El modelo autoritario que se configura a partir del golpe de Estado del 2009, sustentado en la remilitarización del Estado y la sociedad, y en la concentración del poder en el Ejecutivo, ha atacado los síntomas del problema de la seguridad bajo un enfoque punitivo, dejando de lado las causas estructurales del problema.
Referencias
[1] Observatorio de la Violencia. 2021. ONV: Primer semestre de 2021 registró 258 homicidios más en comparación con el 2020. Recuperado de: https://presencia.unah.edu.hn/noticias/onv-primer-semestre-de-2021-registro-258-homicidios-mas-en-comparacion-con-el-2020/
[2] ASJ. (2019). Estudio de la situación de las maras y pandillas en Honduras. file:///C:/Users/Mirna/Downloads/PNUDHN_Estudio%20de%20la%20situaci%C3%B3n%20de%20maras%20y%20pandillas%20en%20Honduras%202019_ full%20resoluci%C3%B3n%20(1).pdf
[3] Cruz, José Miguel. ¨Las pandillas, una mafia de pobres que van en contra de otros pobres¨ Recuperado de plazapublica.com.gt/content/jose-miguel-cruz-las-pandillas-una-mafia-de-pobres-que-van-en-contra-de-otros-pobres
[4] Contracorriente. 21 mayo del 2020. Prisiones de Honduras: el reino de la precariedad, violencia y militarismo al que llegó la pandemia. Recuperado de https://contracorriente.red/2020/05/21/prisiones-de-honduras-el-reino-de-precariedad-violencia-y-militarismo-al-que-llego-la-pandemia/
[5] Insigth Crime. 2020. Balance de Insigth Crime de los Homicidios en 2020. Recuperado de https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-insight-crime-homicidios-2020/
[6] FOSDEH. 2018. Seguimiento y evaluación del gasto público en Seguridad y Defensa 2002-2018. Recuperado de: https://criterio.hn/wp-content/uploads/2021/02/Seguimiento-y-Evaluacion-Gasto-Publico-en-Seguridad-y-Defensa-2002-2018-Fosdeh.pdf
[7] Boletín UNAH 015.2021. La pobreza: condición estructural limitante para el desarrollo económico y social del país. Recuperado de: https://dircom.unah.edu.hn/sala-de-prensa/boletinunah/
[8] Alda Mejías Sonia. 2020. El exitoso descenso de los homicidios en Honduras y el alcance de sus efectos en términos de seguridad. Recuperado de: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt10-alda-exitoso-descenso-homicidios-en-honduras-alcance-de-efectos-en-seguridad
