Autor del documento: Eugenio Sosa
Revisión de estilo: Claudia Mendoza
El contexto de la energía eléctrica en Honduras
Honduras, a lo largo de su historia, ha tenido serios problemas en relación con el suministro y abastecimiento de energía eléctrica a nivel nacional. En 1994, el país vivió diez meses de drásticos racionamientos de energía eléctrica de hasta doce horas diarias, que provocaron pérdidas a la empresa privada por más de 764 mil dólares[1]. Debido a esa crisis, el gobierno detectó la ausencia de políticas y leyes que regularan el sector eléctrico, por lo que en ese mismo año el Poder Legislativo aprobó el decreto 158-94 de la Ley Marco del Sub-sector Eléctrico. Esta ley, en su capítulo II, artículo 2, establece como objetivo esencial regular las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica que tengan lugar en el territorio nacional y se aplicará a todas las personas naturales, jurídicas y entes públicos, privados o mixtos que participen en cualquiera de las actividades mencionadas[2]. Es de esta forma, que se abrieron las puertas para la firma de contratos con generadoras térmicas de energía. A partir de ese año, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) comenzó a operar con pérdidas[3].
Estas empresas generadoras tuvieron el monopolio de la venta de energía a la ENEE hasta que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales aprobó un cambio de matriz energética para pasar de la generación de energía «sucia», a través de las térmicas, hacia la generación de energía renovable, aprovechando los bienes naturales del país[4]. Esto aconteció en el año 2007 cuando se aprobó la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables con el decreto del Poder Legislativo 70/2007.
La ENEE, a través del Plan de Nación de Honduras, que fue aprobado mediante Decreto Legislativo 286-2009, implementó como lineamiento estratégico la “Infraestructura Productiva como Motor de la Actividad Económica”, indicando la importancia de la generación hidroeléctrica y otras energías renovables, la que establecía que para el año 2022, el 70% de la demanda nacional sería abastecida con fuentes renovables[5].
En el año 2011, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el Poder Legislativo, a través del Decreto 279/2010, aprobó la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable. En el artículo 1 se cita textualmente[6]: “Declárese de apremiante urgencia de interés pública y necesidad nacional, de la más alta prioridad, la construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos de generación de energía con recursos renovables nacionales: Patuca III (Piedras Amarillas), Patuca II (Valencia) y Patuca IIA (La Tarrosa) (hidroeléctricos) ubicados en el Departamento de Olancho… bajo la coordinación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para lo cual se instruye a todas las entidades del sector público involucradas directa o indirectamente en la ejecución y puesta en funcionamiento de estos proyectos para que procedan a dar prioridad a los trámites administrativos, procesos legales, emisión de licencias, permisos o registros y toda otra actividad requerida para la pronta recuperación de tales proyectos”. Concesión
En este mismo decreto, artículo 9, se crea la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), la que depende de la ENEE. Las bases de operación de la UEPER son: planificación, diseño, supervisión, construcción y funcionamiento de los proyectos de generación de energías renovables, y de los procedimientos sociales, legales, técnicos y financieros requeridos para la adquisición de las áreas a ser utilizadas en la ejecución de los proyectos y reasentamiento de los involucrados[7]. Es de esta forma que empezaron las gestiones para la puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica Patuca III, ubicada en el departamento de Olancho y que es construida por la ENEE, a través de la UEPER. Este proyecto es impulsado por el gobierno y ejecutado por la Empresa SINOHYDRO de China.
Patuca III es la segunda hidroeléctrica más grande de Honduras, con una inversión de 460 millones de dólares[8], y una capacidad para generar 104 megavatios de energía limpia. Este proyecto comenzó a operar en diciembre 2020, después de que estaba anunciado el inicio de su funcionamiento para inicios del año 2018. Sin embargo, sufrió varios retrasos a causa de mala planificación, disponibilidad de fondos, paralizaciones por parte de trabajadores/pobladores, y hasta por la pandemia de Covid-19.
Este proyecto tenía grandes expectativas por parte de algunos sectores, ya que vendría a resolver la crisis energética en el departamento de Olancho, reduciría problemas de agua potable y generaría empleos para los pobladores de la localidad. El 16 de mayo 2011, el Presidente Porfirio Lobo Sosa colocó la primera piedra de la Represa Hidroeléctrica Patuca III y mencionó que el proyecto “significa también agua potable para las comunidades, para los cultivos, cultivo de pescas que puede hacerse perfectamente bien con las comunidades organizadas[9]”. Por su parte, en ese mismo evento, Roberto Martínez Lozano, exgerente de la ENEE, manifestó, “este será un proyecto que sacará al país de los brazos de la térmicodependencia[10]”.
Así como se hablaba de las bondades de la hidroeléctrica, también se dieron a conocer algunos aspectos que empañaban este proyecto. En fecha 06 de diciembre 2016, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), emitió un informe en el que mencionaba que los análisis financieros realizados, indicaban que “el costo de generación del proyecto Patuca III es tan elevado que fuera de mejorar las finanzas de la ENEE, se producirá una presión adicional para el pago del préstamo en los próximos 15 años[11]”. Sin embargo, en octubre del 2020, la ENEE informó que Patuca III tendrá un costo de 460 millones de dólares y no 569 como se había presupuestado inicialmente[12].
A mediados del año 2019, la obra fue paralizada por un periodo de 35 días debido a protestas de parte de los pobladores. Un líder de la comunidad explicó que estaban planteando el cumplimiento de 12 puntos, entre los principales el reasentamiento de 35 familias afectadas, indemnización por las propiedades afectadas, estructuración de tierras, la electrificación del municipio de Patuca y el abastecimiento de agua a varias comunidades[13]. En septiembre del 2020 hubo otra protesta que provocó la paralización de la obra, porque aún no se les cumplían los acuerdos que se firmaron desde el año 2013. Por su parte, la junta interventora de la ENEE sugirió que los manifestantes optaran por la negociación y conciliación para no afectar el cronograma de actividades del proyecto y no causar pérdidas en las finanzas del estado[14].
Ese mismo mes del año 2020, el ex diputado de Libre, Miguel Navarro, denunció que no se había cumplido con todos los compromisos sociales en la localidad. Denunció que no había sido instalado el sistema de alerta temprana para las comunidades situadas aguas abajo de la represa, donde la vida de miles de personas que las habita estaría en riesgo por las descargas[15]. A pesar de todos estos retrasos, la represa ya se encuentra en funcionamiento.
Proyectos estratégicos para el país y de costos millonarios como los del sector de la energía eléctrica, son nichos apetecidos para las redes de corrupción a través de los cuales millones de lempiras han ido a parar a manos de particulares. El caso Patuca III: colusión y corrupción, que investigó y judicializó la MACCIH-UFECIC, es un ejemplo de lo anterior.
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