Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
Sentada en una piedra a la orilla de su casa, hallamos a Susana Vásquez, una indígena, lideresa y coordinadora de un grupo campesino en San José, departamento de La Paz. La vivienda de adobe, piso de tierra y techo de lámina es muy acogedora. Está rodeada de plantaciones de plátano y árboles de mango que nos daban la bienvenida para sostener con Susana, una plática que pudiese darnos pistas de, ¿a dónde fueron a dar los 280 millones de lempiras (unos 12 millones de dólares) que se sustrajeron de la Secretaría de Ganadería para ayudar a las campesinas y campesinos de Honduras?
Susana estaba conversando con su madre, una campesina que tiene 70 años, su hija de 23 y su nieto de 15 meses, en su vivienda, que es de las últimas y dispersas en la aldea Llano Largo. Pese al calor sofocante que se sentía al mediodía, las mujeres no se inmutaban, ni tampoco sudaban. Al llegar a su casa, Susana soltó la paila de frijoles y de inmediato le dijo a su hija que sacará unas sillas de plástico color verde, que acomodaron en el patio. Así empezó nuestra conversación, bajo la sombra de un árbol de mango, rodeadas de jolotes, gallinas y Dumbo, el perro guardián que estaba atento a la visita de extraños.
Susana es una lideresa nata. Tiene 14 años de ser parte de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), en La Paz. Gracias a la organización campesina construyó su casa en tierra recuperada. “Mi papá entró como socio hace 30 años y cuando él enfermó y murió, ingresé al grupo. Eso me ayudó porque antes me tocaba vivir en casas prestadas o alquiladas, pero gracias al grupo tengo esta tierra y aquí hemos hecho la casita. La ve humilde, pero es de nosotros”.
Ese es quizás uno de miles de episodios que Susana y sus compañeros han vivido en una interminable lucha por el derecho a la tierra. Un derecho que históricamente les ha sido negado pero que, al contrario, ha sido utilizado para sustraer fondos del erario de Honduras.
280 millones de los que nadie da cuenta
Susana no desconoce que en el año 2018 trascendió en las noticias de su país, la sustracción de más de 280 millones de lempiras, un dinero que se sacó desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), mediante varios convenios que se firmaron con las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
Conversar con ella resulta interesante porque sabe muy bien que la excusa de quienes se robaron ese dinero del Estado, presuntamente para proyectos de desarrollo y agrícolas, fueron jóvenes del área rural, mujeres y campesinos y campesinas como ella. “Esas ayudas han sido cuentos”, dice de inmediato, ya que como presunta beneficiaria jamás ha recibido “un solo centavo”.
Los indígenas y campesinos saben que aunque en sus comunidades se ejecutan programas como el de mejores familias y vida mejor, a sus aldeas y caseríos no llegan. “Eso del caso Pandora, fueron mentiras, ni un cinco se dio para los proyectos en La Paz, solo nos usan. A nombre nuestro sacan esos dineros y si llegan fondos, se destinan a los activistas políticos, a las organizaciones, no”, dijo tajante Susana.
El poco apoyo que reciben, afirma, es de organizaciones no gubernamentales. “Con decirle que al Consejo Indígena ni la luz le dieron; la tiraron cerca para otras comunidades pero hasta acá no llegó porque dijeron que nosotros éramos los revoltosos”. Susana dice que esa expresión les dijo en “una encerrona”, refiriéndose a una reunión que sostuvieron, meses atrás, los indígenas y campesinos con el alcalde de San José, mientras le reclamaban porque no apoya las aldeas. Eso les costó el marginamiento de ese proyecto.
“El apoyo siempre lo hemos esperado, pero no hay respuesta del Gobierno. Molesta que saquen el dinero diciendo que es por nosotros. Se llevan millones y nosotros no vemos nada; es hora que nos devuelvan lo que nos quitaron”, cuestiona.
Las mujeres y hombres de grupos campesinos como los que integran la CNTC, están molestos. No les gusta que en nombre del agro y de ellos se justifique la salida de dinero. “Soy tesorera de la organización nacional de campesinos y aquí ni de esos fondos de Pandora, ni otros proyectos llegó dinero, nos quedamos esperando el apoyo”, relató.
Sin esperanzas
Los campesinos se preparan para la siembra de primera. Su esperanza es la cosecha de maíz y frijoles en sus predios y con sus propios esfuerzos, para asegurar el alimento del año en sus hogares. Ellos no piensan en el dinero que se le dio a las Fuerzas Armadas para la ejecución de proyectos en el agro, mucho menos en convenios que tengan como tesis “mejorar sus vidas”. Peor en personajes del mundo político que llegan a prometer proyectos de riego, semillas o fertilizantes. “Nosotros compramos fertilizante para dar mantenimiento a los cultivos y sacamos préstamos. Así vivimos, pero que no vengan a decir que nos viene apoyo gubernamental porque en 14 años, de no ser por organizaciones como Trocaire o USAID, aquí no tuviéramos nada”, dijo molesta la lideresa indígena.
Susana y el resto del grupo campesino se las ingenia para tener en su casa lo que necesitan. No se atiene a las ilusiones que emanan desde el Gobierno. Sabe que lo seguro es el esfuerzo y la inversión que sus condiciones le permiten hacer. Es así que campesinas como Susana, mantienen sembrados en sus patios, tomates y chiles, en latas de leche vacías, llantas y macetas. Además, Susana explica que de cada cosecha de maíz y frijol guardan la semilla criolla; no están usando semillas transgénicas porque, como buenos Lencas, quieren seguir la tradición de sus antepasados para generar buenas cosechas. “Aquí aunque nos traigan otra semilla no la usamos. Nos querían meter la transgénica, pero dijimos no. Daña la tierra, no sirve para guardar y se tiene que comer tierno el maíz”, explica.
No son prioridad
Susana comenta que en su condición de campesinos y campesinas, si algo han aprendido es que para los Gobiernos (no importa el partido político) no son prioridad. Si alguna vez los ven en sus poblados es en periodos de elecciones. Llegan y con las mismas promesas de proyectos, regresan a sus ciudades.
“Si hubiéramos recibido ese apoyo que pusieron en esos proyectos falsos y convenios (caso Pandora), viviéramos diferente. Me vería en una bonita casa, tal vez no de lujo, pero decente. No nos faltaría la alimentación, pero se acuerdan de nosotros para sacar el dinero y ellos engordan sus cuentas”, dice la entrevistada, mientras mira fijamente el horizonte.
En la conversación, Susana aprovecha para promover una de las prioridades que tienen las ocho mujeres y 15 hombres del grupo campesino organizado de San José, La Paz, para mejorar sus cosechas: encontrar financiamiento para un análisis de suelo. Esta tierra es muy reseca, con mucha piedra para hacerlas producir; hay que fajarse. Si existe voluntad del Gobierno que venga y se reivindique con los millones que se llevaron los Pandoros”, dice, nuevamente con tono molesto.
Las mujeres Lencas, las campesinas y los productores en La Paz carecen de muchas cosas, pero les sobra solidaridad. Entre ellos buscan opciones para mejorar sus vidas; tocan puertas en instituciones privadas porque los políticos y en particular los diputados no son opción porque los engañan, los usan para derrochar los fondos que, aseguran, de haberse invertido en sus comunidades les hubiesen cambiado sus vidas. “Otro gallo nos cantara si esos fondos hubieran llegado, lo peor es que tampoco hay justicia porque andan libres y nos dejaron a nosotros sin la ayuda”, lamenta la lideresa.
Mientras la impotencia invade a cada campesino en La Paz, su exigencia ahora es que, como víctimas del derroche de fondos del Estado, se les reivindiquen los derechos que les negaron al no entregárseles ese dinero que les generarían nuevas oportunidades y esperanza para no vivir angustiados buscando cómo financiar y diversificar sus cultivos; cómo regarlos y, en el mejor de los casos, capacitarse ellos y ellas sobre las nuevas tecnologías.
“Si existiera un Gobierno comprometido y ayudando, le juro que pediríamos que no se fuera. Pero no es así y estamos sólo a nuestra iniciativa, sembrando en latas, en macetas, cuidando cada grano que producimos porque lo vital para nosotros es el alimento y con ese no deben jugar las autoridades”, recalcó Susana Vásquez.
Tras varias horas de compartir en esa aldea remota del norte del departamento de La Paz, dejamos a Susana y a su familia. En ellos está presente el daño que les generan los funcionarios públicos, diputados y diputadas; personas particulares, empresas y otros involucrados en el saqueo de fondos, presuntamente destinados a sus comunidades y que, en casos de corrupción como Pandora, se utilizaron en el financiamiento de campañas políticas de tres partidos políticos, según la acusación que presentó la entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), junto a la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH).
“Nos usaron. Mintieron al justificar proyectos que se hicieron humo. Este pueblo no olvida y por eso reclamamos lo que nos deben. No se puede tapar el sol con un dedo; es hora de que la justicia se acuerde de los más vulnerables, de nosotros que somos las víctimas de este despilfarro”, remarca Susana al finalizar nuestro encuentro.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
