Mario Sorto, sociólogo e investigador del CESPAD
24 de febrero, 2021
Los casos emblemáticos develados por el binomio MACCIH-UFECIC han sido la principal herramienta de la ciudadanía para comprender la magnitud de la corrupción en el país y sus efectos en la democracia. Uno de los más emblemáticos, el Caso Pandora logró evidenciar el tipo de corrupción que existe y el impacto que esta tiene en la sociedad, el sistema político y en la democracia de Honduras. Al mismo tiempo, UFECIC imputó a 38 personas de las cuales destacaban políticos (diputados) de larga trayectoria en el país, funcionarios y ex funcionarios públicos, empresarios y ciudadanos particulares. Se les acusó de al menos cinco delitos: abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, fe pública y la economía del Estado de Honduras[1].
Los actos ilícitos descritos en este caso se desarrollaron fundamentalmente en el año 2013, en pleno contexto electoral y comprendió a una compleja red de funcionarios y actores privados y significó el desvio y apropiación de recursos estatales para el financiamiento de campañas política y para beneficio personal de los actores involucrados[2]. En este acto de corrupción, además, se desviaron 282 millones de lempiras (unos 12 millones de dólares) de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG), dinero que estaba destinado a proyectos de reducción de la pobreza y desarrollo agrícola.
Teniendo en cuenta este caso ¿Qué implicaciones tiene la corrupción en la democracia? ¿Es el establecimiento de un régimen democrático o su fortalecimiento una estrategia anticorrupción en sí? Es decir, qué tan válido es el argumento de que la corrupción solo está presente en regímenes autoritarios o dictatoriales. Pues bien, la evidencia sugiere que la protección de las libertades civiles, la libertad de expresión y el desarrollo de procesos electorales democráticos, posibilita un gobierno abierto y transparente[3].
Del mismo modo, la literatura sugiere que los principales incentivos para que se dé la corrupción en un régimen democrático depende de la estructura constitucional, los procesos electorales y en gran medida por los métodos de financiación de campañas[4]. En este sentido, el Caso Pandora logró evidenciar que las campañas electorales no solamente están penetradas por los sobornos o influencias de sectores privados, sino que desde la misma institucionalidad se extraen los recursos del erario público.
La corrupción y los retrocesos democráticos
El informe La calidad de las democracias en América Latina de IDEA Internacional[5] establece que los altos niveles de corrupción y la opacidad en las instituciones públicas están afectando a los principios democráticos como la igualdad y la libertad de la ciudadanía y aspectos específicos como la gobernabilidad, el Estado de Derecho, la independencia entre los poderes del Estado, los sistemas electorales y los partidos políticos en la región latinoamericana.
Aunque la corrupción ha tenido una presencia constante en la región, se creía que con los procesos de consolidación democrática muchos de los problemas persistentes llegarían a ser superados, en el marco de una institucionalidad fuerte, propia de un régimen democrático. No obstante, estos se han sostenido, profundizado y a su vez, han debilitado el desarrollo de los procesos democráticos en estos países. De forma que, en este contexto, se está ante la presencia de Estados débiles y autocráticos, cuyas administraciones favorecen o alimentan la corrupción[6].
Por lo tanto, cuando estas características no están presentes en una determinada forma de gobierno, y además existe un alto grado de corrupción en las instituciones públicas, la lucha por las reformas se hace difícil y, además, se socava la confianza pública en las instituciones gubernamentales. En este sentido, la corrupción y la percepción de la corrupción son uno de los factores más sustantivos y que dan forma a la confianza o desconfianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública. En definitiva, esta situación produce un círculo vicioso según el cual las autoridades no son capaces de establecer reformas significativas para reducir la corrupción, y por ende, la ciudadanía pierde la confianza en la institucionalidad.
En efecto, el Sondeo de Opinión Pública realizado en el 2020 por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)[7] sugiere que un 12.7% de la población encuestada identifica a la corrupción como el principal problema de país. A esto se suma que el 82.5% de la población no tiene confianza en el gobierno central y un 71.6% manifestó que actuó con poca o nada transparencia, mientras que para el 27.4 por sí lo hizo. Las otras instituciones del Estado se encuentran en una situación similar, para el caso, un 85.7 % de la población no tiene confianza en el Congreso Nacional, un 80.3% en la Corte Suprema de Justicia y un 75% en el Ministerio Público.
En resumidas cuentas, la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a estos tres poderes, da cuenta de la existencia de un Estado despótico-cleptocrático en el cual la gestión se dirige a maximizar la riqueza personal de las elites estatales y privadas en el país. En el caso hondureño, las relaciones entre el sector público y privado tiene sus propias particularidades.
Para el caso hondureño, el sector estatal es el actor dominante en la relación público-privada, aunque también hay fuertes indicios de un Estado dominado por la mafia o el crimen organizado, con la salvedad de que los más altos funcionarios están vinculados a este sector[8]. En este sentido, el impacto de la corrupción en la sociedad, en el sistema político y en el régimen democrático tiene enormes implicaciones. En consecuencia, no sorprende que para un 18.6% de la población hondureña, la lucha contra la corrupción y la impunidad es el principal desafío para Honduras en esta década[9]. A continuación se presenta una figura que ilustra los tipos de gobiernos corruptos según las variaciones de la relación público-privada.
Un tipo de gobierno cleptocrático puede tener dos vías, por un lado, las autoridades cleptocráticas se enfrentan a una gran cantidad de posibles sobornos desde sectores no organizados, en el extremo, un jefe de gobierno poderoso puede organizar el sistema político para maximizar sus posibilidades de apropiación de las rentas públicas[10]. Asimismo, en esta forma de gobierno también se podría considerar la existencia de un Estado predatorio, con características que comprenden el control del aparato estatal por un pequeño grupo de individuos con estrechas conexiones entre sí, y, el personalismo y el pillaje predominante en la cúspide anula toda posibilidad de una conducta sometida a normas en los niveles interiores de la democracia[11].
En el plano democrático, este tipo de gobiernos se sostiene sobre la base de un marco legal confuso, una inexistente predictibilidad de las acciones del Estado y unas instituciones ineficientes que apenas proveen los medios elementales para la productividad de la economía, pero que contrariamente, si garantizan políticas que transfieran la mayor cantidad de recursos a los bolsillos de las cúpulas[12].
De la misma forma, el financiamiento ilícito de las campañas políticas ha hecho evidente la relación entre el crimen organizado y el sistema político hondureño. Hacía finales del 2019 se desarrolló la condena por narcotráfico de Tony Hernández, el exdiputado y hermano del actual presidente Juan Hernández, que al igual que su hermano también formaba parte del Partido Nacional. Adicionalmente, en el presente año, por primera vez los fiscales del distrito sur de Nueva York identificaron al presidente Juan Orlando Hernández como objeto de investigación por sus vínculos con el narcotráfico. Además, ya había sido mencionado en el juicio de “Tony” de recibir coimas de narcotraficantes, como el capo del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”[13].
En definitiva, la penetración del crimen organizado y el involucramiento de altos funcionarios del Estado en estas actividades han influido en la percepción de la ciudadanía con respecto a la independencia de las instituciones públicas, como lo sugiere el Sondeo del ERIC en el que un 67.9% de la población afirmó creer que el narcotráfico controla algo o mucho a las instituciones del Estado, y tan solo un 13.7% afirmó creer que el crimen organizado no tiene control sobre el Estado.
Finalmente, en el contexto hondureño ha existido un alza en la percepción de la corrupción en la administración pública, pero además, esta percepción ha estado acompañada de evidencias identificadas por medio de la investigación y persecución penal desarrolladas por instituciones como la MACCIH y la UFECIC, ahora UFFERCO. La particularidad de estos casos se refiere a que las redes de corrupción en Honduras son estructuras conformadas por personajes y grupos pertenecientes a élites políticas y económicas que de forma planificada, utilizan los recursos como un mecanismo de acumulación de riqueza. Por lo tanto, las reformas para enfrentar esta problemática, aunque son muy necesarias, son poco probables en este escenario, por ello, la necesidad de retomar el esfuerzo por la articulación de redes y organizaciones de la sociedad civil hacia una agenda anticorrupción multisectorial en el país.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD
[1] CESPAD. Pandora, el caso de corrupción de la MACCIH que develó cómo se
financió la campaña electoral del Partido Nacional en el 2013. Noviembre 2019 http://cespad.org.hn/Documento-Pandora%20-0-1-2020.pdf
[2] https://www.oas.org/documents/spa/press/Quinto-Informe-Semestral-MACCIH-Oct-2018-ESP.pdf
[3] Ibíd.
[4] Ibíd.
[5] Morlino, Leonardo. La Calidad de las democracias en América Latina, Idea Internacional, 2014 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-calidad-de-las-democracias-en-america-latina.pdf
[6] Rose-Ackerman, Susan y Palifka, Bonnie “Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform”, 2016.
[7] ERIC, Sondeo de Opinión Pública 2020 https://eric-sj.org/sondeo-2020/
[8] Silva Ávalos, Héctor; Dittmar, Victoria “Un partido, muchos crímenes: el caso del Partido Nacional de Honduras” 16 de febrero de 2021 https://es.insightcrime.org/investigaciones/un-partido-muchos-crimenes-el-caso-del-partido-nacional-de-honduras/
[9] Ibíd.
[10] Ibíd.
[11] Evans, Peter “El Estado como problema y como solución. Desarrollo Económico”, 1996
[12] Ibíd.
[13]Asmann, Parker “Presidente de Honduras enfrenta nueva investigación criminal en EE.UU.”, 10 de febrero de 2020 https://es.insightcrime.org/noticias/presidente-honduras-investigado-eeuu/
