Escrito por Mirna Flores, analista del CESPAD
29 de mayo, 2020
Con la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la emergencia mundial por la pandemia COVID 19, Honduras proclamo el Estado de Emergencia a nivel nacional el 10 de febrero de 2020 mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, momento desde el cual se han aprobado cuantiosos recursos para atender la emergencia y se han emitido varios decretos ejecutivos, como es el caso del PCM-033-2020, que permiten a instituciones como INVEST-H, tengan vía libre para adquirir cualquier insumo relacionado para hacer frente a la pandemia COVID 19 mediante contrataciones directas o sea sin seguir los lineamientos que conllevan una licitación pública.
En medio de la crisis y de esos decretos de emergencia se han comprado hospitales, mascarillas, pruebas, ventiladores mecánicos, insumos bajo la modalidad de compra directa. La gran paradoja, es que también tempranamente y en medio de la pandemia se empezó a desnudar la corrupción, así como el mal manejo de los fondos públicos y su falta de transparencia. De acuerdo al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la pandemia está siendo aprovechada para extraer recursos del Estado bajo el paraguas de las “más caras adquisiciones” favoreciendo a los “compadres”, a empresas en manos de familiares de altos funcionarios y/o empresas fantasmas radicadas en EEUU.
El problema de la corrupción en el contexto de COVID 19 y sus riesgos está planteado a nivel del mundo. Sin embargo, en Honduras la situación se torna más grave, pues el fenómeno además de ser estructural, dispone de todo un andamiaje jurídico institucional que blinda a los corruptos y hace difícil su combate. Sobre el tema, el artículo “La corrupción de los gobiernos ante COVID 19 también es una pandemia” del Washington Post (7 de mayo del 2020), plantea la preocupación por el crecimiento de la corrupción en un ambiente de manejo de grandes cantidades de dinero de los presupuestos nacionales que están siendo erogados para combatir la pandemia y en su dimensión ética y humana, retoma las palabras del Director Ejecutivo de Transparencia Internacional Bangladesh, Iftekharuzzaman, quien expresa que se espera que una crisis de esta magnitud despierte las mejores virtudes humanas, como la empatía y la solidaridad, pero lamentablemente y vergonzosamente ha salido a relucir lo peor de los vicios humanos.[1]
¿Qué revelan las investigaciones e informes de las organizaciones de sociedad civil sobre la corrupción y mal manejo de los fondos destinados a enfrentar COVID 19?
Las organizaciones de la sociedad civil e instituciones de veeduría social, han presentado informes con resultados de investigaciones relacionadas con el manejo de los fondos destinados a combatir COVID 19, entre los que destacan los tres informes presentados por El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) titulados “La Corrupción en Tiempos de COVID 19”; un informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre la Situación Preliminar del Proceso de Compras realizado por COPECO y dos informes Auditoria Social realizados por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) a INVEST-H. Entre los hallazgos más importantes de estas investigaciones, destacan:
Un primer informe realizado por el CNA, “La Corrupción en tiempos de COVID 19”. Parte I[2] reveló la compra de guantes látex y mascarillas descartables -recién iniciada la pandemia- a altos precios por parte de la Secretaría de Salud. El CNA constató un valor de doce millones ciento setenta y siete mil trescientos lempiras (L 12,177,300.00), que fueron destinados a la adquisición de mascarillas desechables y guantes descartables. El análisis comparativo de los precios establecidos en el portal de transparencia por Secretaría de Salud en relación a los precios de mercado incluidos en el “Informe de Compras Emergencia COVID-19” del Poder Judicial (PJ), permitió identificar una clara diferencia entre ambos montos, que ocasionó un perjuicio en contra de las finanzas del Estado de Honduras por tres millones seiscientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta lempiras (L 3,653,960.00).
El segundo informe del CNA “La Corrupción en tiempos de COVID 19”. Parte II[3], develó que mediante las órdenes de compra n.º 018-2020, 019-2020 y 017-2020, se verificó la adquisición de ochocientos setenta y cuatro mil (874,000) mascarillas N95 con y sin filtro, por un valor de ciento tres millones setecientos sesenta y seis mil ochocientos veintiocho lempiras con ochenta y tres centavos (L 103,766,828.83) y la compra de un millón (1,000,000) de mascarillas descartables quirúrgicas, por un valor de veintidós millones trescientos sesenta y seis mil trescientos catorce lempiras con cincuenta y cinco centavos (L22,366,314.55). Como resultado del análisis comparativo de precios de compra de las mascarillas tipo N95 y descartables por parte de INVEST-H versus los precios de mercado tomados de las compras realizadas por la Secretaria de Salud, mediante su fideicomiso, se logró identificar que existe una diferencia considerable entre ambos montos; concluyendo, que las autorizaciones para las compras por INVEST-H se hicieron a precios superiores, mismos que generaron un perjuicio en contra de las finanzas del Estado de Honduras por un total de cincuenta y siete millones quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos tres lempiras con treinta y siete centavos (L 57,566,403.37), equivalente a un cuarenta y seis por ciento (46 %) del monto que adjudicado a dicha compra.
El tercer informe del CNA, ¨La corrupción en tiempos de COVID 19¨. Parte III[4]. Se centró en la adquisición de cuarenta ventiladores mecánicos de transporte Breas Vivo 65 por parte de COPECO, por un total de quince millones quinientos mil lempiras (L 15,500,000.00). Como resultado de la investigación se ratificó que este modelo de ventiladores de transporte no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para tratar un paciente positivo de COVID-19, ya que al ser ventilador de transporte, únicamente sirve para trasladar a un enfermo con problemas respiratorios de un lugar a otro dentro de la ciudad. Se corroboró que diez de estos equipos de asistencia respiratoria, fueron entregados al Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), y que se encontraba incompleto, faltándole accesorios esenciales para la puesta en marcha de estos, por lo que fueron almacenados en una bodega dentro del INCP, sin poder cumplir la función para la cual fueron adquiridos y anunciados.
De igual manera el informe revela que COPECO, desembolsó un total de cuatro millones doscientos cincuenta y dos mil once lempiras con ochenta y nueve centavos (L 4,252,011.89) a una empresa constructora para la edificación y remodelación de este centro hospitalario (INCP), esos fondos fueron derrochados en obras inconclusas y de mala calidad, situación por lo que, a la fecha, el INCP no contaba con las condiciones propicias para el manejo de los pacientes contagiados por COVID 19.
Informe Preliminar del Tribunal Superior de Cuentas sobre situación de los procesos de realizadas por COPECO con relación a la emergencia COVID 19.[5]
El TSC como organismo auditor del Estado detectó serias irregularidades en el proceso de compras y uso de fondos autorizados a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) durante la emergencia Sanitaria del Covid-19. De acuerdo al TSC se llevó a cabo la revisión de la documentación relacionada a cheques pagados y los pendientes de pago en el período del 17 de marzo al 04 de abril, correspondiente a 105 cheques por la suma total de 49,011,281.21 lempiras. Se reveló que los procesos utilizados para las compras no cumplieron con las normas establecidas para la sana y buena administración, además que se utilizó como intermediarios a empresas que se dedican a actividades totalmente distintas a los productos e insumos que se compraron. El Tribunal Superior de cuentas revisó 17 cheques pendientes de pago equivalentes a un total de 16,662,388.00 lempiras, de los cuales cuatro presentaban grandes inconsistencias por una suma de 4,086,848 lempiras. Por otra parte, en los 13 cheques restantes también hubo inconsistencias menores, los cuales están valorados en 12,575,540.00 lempiras.
El informe del TSC fue presentado luego que el organismo fuese interpelado por la sociedad civil para que ejerciera su rol institucional en el contexto de las denuncias de corrupción y malversación de fondos destinados a COVID 19. A criterio de FOSDEH, a pesar de que el informe señala anomalías, supuestamente exime de culpabilidad a quienes avalaron las compras.[6]
Auditoria Social realizada por la ASJ por la compra de ventiladores mecánicos y pruebas rápidas de COVID 19 hechas por INVEST-H.[7]
Dos informes de auditoría con fecha del 20 de mayo de 2020 de la Asociación por una Sociedad Más Justa, contienen los resultados de la auditoria social a las compras de ventiladores mecánicos y pruebas rápidas de COVID 19, hechas por el ente estatal INVEST-H (Inversión Estratégica de Honduras). En relación a la compra de 250 mil pruebas para detectar el virus, la auditoria establece que ésta se hizo sin los kits de extracción, ni otros insumos necesarios para su utilización. También afirma que al no existir el criterio técnico no se dieron cuenta que se necesitaban otros accesorios para poder sacar los diagnósticos y que la compra de las pruebas se realizó sin la aprobación del Consejo Directivo de INVEST-H.
En relación a la compra de 450 ventiladores mecánicos pulmonares que INVEST-H adquirió durante los primeros 60 días de la propagación del Coronavirus en Honduras, por un costo total de 342.4 millones de lempiras, no existe evidencia de que la obtención fuera sustentada con una planificación para su uso, cuando “para poner a funcionar un ventilador mecánico se necesitan camillas especiales, unidades de oxigeno central y profesionales”. El informe también sostiene “ninguna de las dos empresas (elegidas) había vendido ventiladores mecánicos pulmonares al Estado, en el pasado ni los ofrece como productos en su página Web”. Lester Ramírez, de la ASJ al referirse a los resultados de la auditoria agregó: “Hemos podido identificar empresas vinculadas a la corrupción del Seguro Social, hemos identificado personas que tienen familiares en las empresas adjudicadas, todo esto tendrá que ser aclarado ante el Tribunal Superior de Cuentas y también en el Ministerio Público porque estos son hallazgos que dan indicios a responsabilidad penal¨[8]
¿Quién paga los costos sociales de la corrupción y opacidad en el manejo de los fondos COVID 19?
El actual contexto de cuarentena sanitaria y de afectación de la salud producto de la pandemia ha sido dramático, particularmente para gran parte de la población que vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social extrema. La falta del trabajo, frecuentemente realizado en condiciones de informalidad y la falta de ingresos económicos ha llevado a situaciones extremas de carencia de alimentos para las familias, a lo que se suma la imposibilidad de contar con las condiciones mínimas necesarias para cumplir con los cuidados sanitarios que se aconsejan y vuelven obligatorios en estos tiempos de pandemia.
Por otra parte, las medidas de aislamiento social adolecen de políticas adecuadas de dotación de recursos e ingresos en la cantidad y calidad necesaria para hacer frente al aislamiento social obligatorio. Las medidas para asistir a los sectores más pobres han sido insuficientes, y las mismas no han estado alineadas con un plan integral de emergencia y reactivación del empleo e ingresos. Las acciones emprendidas por el gobierno para atender a los sectores más vulnerables han sido muy limitadas, ejemplo, “la bolsa solidaria” solamente llega a ciertos segmentos de la población de manera ocasional e insuficiente, a lo que se suman las denuncias de estar siendo sesgada por el clientelismo político.
En este contexto, la corrupción y mal uso de los fondos en tiempos de COVID 19 acentúa las desigualdades sociales, niega el derecho a la salud y puede inclusive negar el derecho a la vida a las personas afectadas por COVID 19, cuando no acceden a la atención sanitaria oportuna y/o no tienen acceso a los medicamentos. Los reclamos constantes que hace el sector médico en demanda de abastecimiento de equipo de bioseguridad, equipamiento de hospitales y dotación de medicinas a los hospitales y centros de salud ha dejado en evidencia las falencias de nuestro sistema sanitario, a lo que se suma el reclamo de la población más vulnerable para que se le dote de alimentos. Por lo que la corrupción en este contexto desvía los recursos que deben llegar a los sectores más pobres y/o que pueden servir para la provisión de equipo e insumos médicos, por lo que las consecuencias en tiempos de la pandemia COVID 19 son desastrosas.
Descargar: Análisis26 – CESPAD
[1] https://www.washingtonpost.com/es/tablet/2020/05/07/la-corrupcion-de-los-gobiernos-ante-el-covid-19-tambien-es-una-pandemia/
[2]https://www.laprensa.hn/csp/mediapool/sites/dt.common.streams.StreamServer.cls?STREAMOID=YyLgI8wFTLZIxY
[3] https://www.cna.hn/wp-content/uploads/2020/05/Corrupcio%CC%81n-en-tiempos-del-COVID-19-Parte-3.pdf
[4]https://www.cna.hn/2020/05/12/la-corrupcion-en-tiempos-del-covid-19-parte-iii/
[5] https://www.elheraldo.hn/pais/1374186-466/tsc-detecta-irregularidades-en-compras-hechas-por-copeco-para-el-covid-19
[6] https://tiempo.hn/fosdeh-detecta-ambiguedad-informe-tsc-anomalias-copeco/
[7] http://asjhonduras.com/covid19/informes.html
[8] https://radioprogresohn.net/noticias-nacionales/invest-honduras-compra-pruebas-de-covid-19-incompletas/
