La precariedad salarial del personal operativo y la opulencia de los altos mandos del Ministerio Público de Honduras

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Por Claudia Mendoza, periodista del CESPAD

Solicitamos aumento salarial”, dicen las pancartas que han colocado en las afueras de las oficinas del Ministerio Público de Honduras, desde hace más de una semana. Es el personal operativo, conformado por fiscales, peritos, analistas financieros, ingenieros informáticos y civiles y personal administrativo, que demandan un aumento salarial. Sus máximas autoridades les dicen que la petición es válida, pero no hay dinero. Sin embargo, una revisión al portal de transparencia del Ministerio Público (MP), muestra la disparidad salarial que existe entre los altos mandos y el personal operativo, al igual que una sub ejecución en diversos renglones del presupuesto general.

Desde el lunes 24 de mayo, el personal operativo del Ministerio Público de Tegucigalpa, San Pedro Sula, la Ceiba y demás fiscalías regionales y locales iniciaron una manifestación pacífica en las afueras de las diferentes sedes. Reclaman a las máximas autoridades del MP que se les otorgue el aumento salarial por costo de vida, tal y como está contemplado en el artículo 138-a, del Reglamento General del Estatuto de la Carrera de Ley del Ministerio Público.

De sus autoridades superiores, lo más cercano a una respuesta que han obtenido fue lo que expresó a los medios de comunicación el Fiscal Adjunto Daniel Sibrián, al decir: “El reclamo es justo pero no hay dinero”.

La disparidad salarial en el MP

Según la planilla de sueldos y salarios del mes de abril del 2021 publicado en el portal de transparencia por el mismo Ministerio Público, en este ente fiscal laboran 3,877 personas contratadas mediante la figura de Acuerdo, las que absorben 102 millones 218 mil 358 lempiras. Mientras, 77 personas más trabajan mediante Contrato, devengando 986 mil 325 lempiras. En total, entre ambos tipos de contrataciones, se erogan en sueldos y salarios 103 millones 204 mil 684 lempiras.

Descargue planilla de sueldos y salarios – Abril 2021

Los salarios de las y los empleados de los altos mandos del Ministerio Público oscilan entre los 269 mil y 101 mil lempiras. Esos salarios corresponden a los puestos del Fiscal General y el Fiscal Adjunto, los titulares de direcciones como la Fiscalía General, Lucha contra el Narcotráfico, Medicina Forense, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los jefes de algunas Divisiones, Sub Directores y algunos Fiscales titulares.

“Pero somos nosotros, en mayoría fiscales auxiliares y peritos de diversas ramas, los que a pesar de tener años laborando en esta institución no tenemos ninguna titularidad, metemos el pecho con los requerimientos fiscales de casos de corrupción  y diversas  áreas, en un país lleno de corrupción e impunidad”, dice un fiscal auxiliar que tiene más de 10 años de laborar en el MP, devengando salarios, que están muy por debajo de la labor que realizan.

Citan como ejemplo que muchos de ellos, agentes de investigación, analistas programadores y financieros; detectives y detectives auxiliares; fiscales auxiliares, informáticos forenses, ingenieros, médicos autopsiantes, médicos clínicos, forenses y ambientales, entre otros, ganan salarios que oscilan entre 16 y 39 mil lempiras, obviándose lo que establece su arancel profesional.

“Sin el informe de un analista financiero yo no puedo hacer un requerimiento fiscal cuando estoy al frente de un caso de corrupción en el que se acusa a funcionarios corruptos que han aprovechado los puestos dentro de la administración pública para apropiarse de recursos del Estado, que en su mayoría van destinados a proyectos para las personas más pobres del país”, cuestiona uno de los manifestantes, mientras agrega, “es lamentable que el personal que realiza las pericias que sirven de fundamento o sustento de las acusaciones de los requerimientos, tenga un ingreso precario que muchas veces los obliga a renunciar y trasladarse al ámbito privado”.

Y mientras aluden a estos aspectos críticos dentro de la institución, traen a colación otro ejemplo: “las asistentes del fiscal general y fiscal adjunto, que no tienen ni cinco años de haber ingresado a la institución y nunca han presentado ni siquiera un requerimiento fiscal, ganan 85 mil y 94 mil lempiras, respectivamente. Lo único que hacen es revisarle la correspondencia al fiscal, y nunca se han parado ante un tribunal,  lo que resulta insultante para el trabajo del personal en esta institución, tras haberse sometido a concurso público para optar a los diferentes cargos, concursos a los que no se sometieron las asistentes”, agregó otro de los empleados operativos, con tono muy molesto.

¿El problema es presupuestario o falta de voluntad de las autoridades?

Los protagonistas de esta inusual manifestación se preguntan: ¿es factible el aumento salarial si se revisa el presupuesto 2021, aprobado al MP, sin necesidad de incremento al techo del presupuesto de la institución?, ¿el problema es presupuestario o de falta de voluntad de nuestras autoridades?

Ellos dicen que sus autoridades deben recordar que “somos la puerta de entrada, ejercemos el principio acusatorio en los tribunales. Necesitamos por eso, que de acuerdo con esos sacrificios, se nos reconozcan salarios dignos. Un funcionario no debe tener la precariedad que tenemos ahora como personal”.

Los empleados del Ministerio Público están convencidos de que el tema de fondo en este conflicto es la falta de voluntad política, porque cuando revisan el presupuesto asignado al MP (aprobado por el congreso a inicio del 2021), cuyo monto asignado es el mismo para los años 2019, 2020 y 2021, hay una sub ejecución de dinero en diversos renglones presupuestarios de esta institución, que podría direccionarse (si las autoridades tuvieran la voluntad) al aumento salarial que exige el personal del Ministerio Público, a nivel nacional.

“Si el presupuesto es producto de un plan estratégico institucional, el que incluye aumentos por costo de vida, nivelaciones etc., y está elaborado por expertos, por qué no nos quieren asignar el aumento salarial correspondiente al 2021”, se preguntan los manifestantes, quienes aseguran que aún en medio de presiones, los aumentos de los años 2019 y 2020 les fueron asignados.

Hasta el momento, las máximas autoridades del Ministerio Público les han dicho que no se les puede otorgar el aumento porque se afectarían las operaciones, pero “es necesario recalcar que la eficiencia en el gasto del sector público se califica por ejecución anual”, dicen los consultados, al cuestionar el nivel de sub-ejecución que tiene esta dependencia de Estado, en los primeros tres meses del 2021.

Y es que estos empleados fueron más hacia el fondo del asunto y realizaron un análisis del presupuesto de su propia institución: “nos tomados la tarea de revisar la información que se sube al portal de transparencia. El MP refleja los gastos de los diferentes reglones presupuestarios y vemos que algunos tienen un presupuesto mayor y que si las autoridades tuvieran voluntad para hacer efectivo, perfectamente alcanza para otorgar, de manera general, por lo menos el aumento del cinco por ciento”.

De acuerdo con la revisión presupuestaria que hicieron, por ejemplo, en el renglón destinado para alquileres y servicios básicos, afirman que, “si los alquileres en promedio mensual absorben    1 millón de lempiras, (saldo acumulado entre 4 meses), se proyecta que a 12 meses, el gasto por alquileres sería de 12 millones. Es decir, quedarían sin ejecutarse 18 millones 727 mil lempiras al final del año”.

Otro ejemplo que mencionan es el relacionado con el rubro correspondiente al pago de la planilla mensual, la que asciende a 103 millones. Según el análisis presupuestario, proyectan que unos 44 millones 102 mil lempiras no se ejecutarán.

El personal operativo dice que ha analizado otros rubros contemplados dentro del Presupuesto del MP, y han llegado a la conclusión de que al final del año esta institución tendrá una sub ejecución, y es precisamente de ese dinero del cual exigen el incremento salarial del 2021.

En junio del 2018, el abogado Oscar Fernando Chinchilla fue reelecto como Fiscal General de la República y el abogado Daniel Arturo Sibrián Bueso como nuevo Fiscal General Adjunto.
Foto: TiempoHN

Represalia por investigaciones a diputados y diputadas del Congreso Nacional

Según el personal en protesta, es comprensible que el Congreso Nacional no aumente el presupuesto del Ministerio Público. Lo analizan como represalia debido a las acusaciones que este ente fiscal ha presentado en contra de muchos diputados y diputadas, involucradas en casos de corrupción de alto impacto, como los develados por el desaparecido binomio MACCIH/UFECIC, y ahora representados ante los tribunales de justicia de Honduras por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

“Eso deja en evidencia, ante la palestra pública, a los padres de la patria. Pero nos resulta inaudito que las autoridades no evidencien esto y no defiendan los derechos de los funcionarios públicos de esta noble institución, demostrando que con voluntad se puede dar este incremento salarial, que ante todo es un derecho y como tal lo defenderemos”, acotaron.

Uno de los empleados del MP dijo al CESPAD, “somos el personal de una institución que nunca ha dejado de laborar y que nos vemos afectados por el alza de la canasta básica y las repercusiones que la pandemia ha tenido a nuestra economía. Hemos ofrendado nuestra vida y salud al servicio de la sociedad, entonces como no defender nuestros propios derechos, ante esa postura de que no hay presupuesto para algo que por derecho nos corresponde”.

El personal operativo afirma que permanecerá en protesta el tiempo necesario hasta recibir respuesta favorable por parte de las autoridades superiores del MP.  “Seríamos cobardes, timoratos. Seríamos personas no aptas para defender a nadie, porque no podemos defender lo que nos corresponde”, dijo de forma tajante, otra de las entrevistadas.