¿Recuperación o invasión?

Escrito por: Lucía Vijil Saybe, analista del CESPAD

Son múltiples las declaraciones que han emitido los representantes de la empresa privada, funcionarios públicos y diputados sobre la “invasión” de personas a predios “privados”, principalmente en la zona norte y occidente de Honduras. Pero es necesario que ante esta avanzada de discursos que criminaliza a los grupos campesinos, coloquemos en contexto y discusión desde dónde se emiten este tipo de afirmaciones y, lo más importante, ¿qué intereses hay detrás?

Pugna de conceptos

De acuerdo con la Real Academia, la palabra invadir significa: “entrar por la fuerza u ocupar irregularmente un lugar”. En Honduras, esta acción está tipificada en el Código Penal (capítulo IV) como usurpación:

ARTICULO 227. Quien, con el propósito de causar un perjuicio a otro, mediando violencia o intimidación en las personas, se apoderare de una cosa inmueble o usurpare un derecho real, cuyo dominio o propiedad legítimamente sea de ajena pertenencia, se impondrá reclusión de uno a cuatro años.

ARTICULO 228. En las mismas penas del artículo anterior incurrirá quien alterare términos o linderos de los pueblos, o heredades, o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios contiguos.

ARTICULO 229. Quien fuera de los casos mencionados perturbare con violencia o amenazas en las personas, la pacífica posesión de un inmueble, será sancionado con tres meses a un año de reclusión.

Ahora bien, ¿por qué traemos al titular de este escrito la palabra recuperación? La recuperación de tierras engloba en sí misma una carga histórica, ancestral y política que nos recuerda que la desigualdad persiste y aumenta. El ejercicio de recuperación es una acción realizada -en su mayoría – por grupos campesinos, indígenas y comunidades rurales que reivindican:

1. 1. el derecho a utilizar la tierra para actividades productivas, alimentación y vivienda
   2. el derecho a la decisión sobre el uso que se dará a la tierra, y
   3. los derechos que se adquieren de titularidad individual o colectiva.

Pero, a su vez, la recuperación de tierras es el recordatorio latente que la acumulación de unos pocos ha cercenado la oportunidad de muchos y muchas, en términos de acceso a tierra, soberanía y seguridad alimentaria y de comunidades pacífica, y en ambiente de paz.

La recuperación, que reivindica el derecho de acceso a tierra, se encuentra inmerso en la defensa del territorio. Y el territorio es ese espacio en el cual se genera y fortalece el tejido comunitario, las prácticas culturales y sociales, y en la mayoría de los casos, la cosmovisión de los pueblos. Y es por lo que involucra el ejercicio de recuperación del territorio, la necesidad de disputar frente a un discurso cerrado y reducido a “apoderarse de cosa inmueble”.

¿Desde qué intereses se diputa la recuperación o la invasión de tierras?

Utilizando la palabra “invasión”, el Consejo Hondureños de la Empresa Privada (COHEP), emitió un comunicado en los siguientes términos:

“Las empresas son el alma del bienestar social y económico del país. COHEP hace un llamado al presidente de la República, al Gobierno, a la Fiscalía General, la Policía Nacional y demás autoridades involucradas a tomar el control: y proceder a desalojar estos grupos de inmediato […] Las invasiones ilegales al sector productivo privado se están extendiendo y aumentando a vista y paciencia de las autoridades correspondientes…”.

Bajo el discurso empresarial de generación de empleo y la necesidad de Honduras para la atracción de inversión extranjera, se extrapola un discurso que criminaliza y promueve la judicialización de la acción territorial reivindicativa de los grupos campesinos. Armando Urtecho, director del COHEP, en un programa televisivo hizo la siguiente declaración: “Nosotros tenemos los nombres de unas personas y de Organizaciones No Gubernamentales que están alimentando la campaña de invasiones. Pero el Ministerio Público no contesta…”.

A ese mismo espacio se sumó Pedro Barquero, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con dos afirmaciones que se trasladan de forma textual:

“Este tema se está desbordando más allá de lo que había sido un problema grave y eso es porque estos invasores de oficio sienten que como estamos en año electoral, pueden actuar con mayor impunidad y que los políticos los van a dejar porque están en campaña […]. Estamos a un milímetro de ser un Estado fallido, si no controlamos el tema de la invasión de las tierras, vamos a terminar cruzando la última línea que nos faltaba para convertirnos en un Estado fallido”.

“Todos tienen el mismo derecho de que les sean respetados su propiedad privada. Todo el que tenga un pedacito de tierra, aunque sea de una vara cuadrada o diez mil manzanas se le tiene que respetar, de igual manera. No podemos seguir permitiendo que nadie le invada a nadie. Ni que una persona poderosa le invada a un humilde ni que un humilde le invada a un poderoso”.

A pesar de la pandemia del COVID19 y el efecto de los huracanes Eta y Iota, el Banco Central de Honduras[1] dice que el valor de las exportaciones fue de US$3,261.5 millones, superior en US$8.6 millones que lo registrado en similar lapso en el 2019 (US$3,252.9 millones), explicado principalmente por un mayor valor de exportaciones de banano, oro, azúcar y aceite de palma, que son parte de los principales productos de exportación.

Las exportaciones de aceite de palma fueron de US$237.2 millones, US$12.3 millones sobre lo observado en igual período del año anterior, a causa del incremento reportado en su precio de 22.7%, remitido principalmente a Italia y Holanda. Esos datos comprueban que a pesar del discurso de la nula protección a la inversión privada – en el sector agroexportador – los incentivos nacionales continúan, y con eso la promoción del monocultivo y explotación minera.

No es la primera vez que el sector empresarial utiliza su capacidad de influencia en la agenda mediática para hacer un llamado al “respeto de la propiedad privada” y la forma en que el Estado de Honduras debería actuar en esos casos. Sin embargo, al sector empresarial se le debe recordar algunos aspectos relacionados con la desigualdad y la violencia territorial, ocasionados por el acaparamiento de tierras por parte de las grandes industrias a nivel nacional, pero con mayor énfasis en la zona norte del país.

¿Por qué las recuperaciones de tierra son ejercicios legítimos en un país como Honduras?

1. En Honduras no ha existido un verdadero proceso de reforma agraria que asegure la distribución equitativa de la tierra.

En la última Encuesta Agrícola Nacional (2008), la economía familiar, con el 70.6% de las unidades agrícolas, apenas tenía el control del 8.6% de la superficie agrícola. Por el contrario, las propiedades mayores de 50 hectáreas (en su mayoría de la agroindustria) con solo el 4.8% del número de fincas (en su mayoría utilizadas para la producción de palma africana y caña de azúcar), acaparaban el 61.5% de la superficie.

Y cuando hablamos de una reforma agraria integral, también involucramos a las mujeres rurales, las que carecen de tierra para la producción y construcción de sus viviendas en un 86% (ENDESA, 2012). Y en lo relacionado al sector reformado, en los últimos años, las mujeres beneficiadas con la titulación de tierras se ubican en apenas un 34%[2], un número que no significativo y que continúa representando la exclusión histórica de las mujeres en su derecho al acceso de la tierra.

Ambos datos dejan expuesta la deuda con los productores y productoras de la tierra por parte del Estado de Honduras que, al 2021, continúa sin reconocer la titularidad de empresas y organizaciones campesinas que han permanecido más de 10 años en posesión y que no han asegurado los procesos de legalización de la tierra para estos sectores, pese a que es un factor clave para tener acceso a créditos para la producción.

2. La avanzada extractivista en Honduras aumenta el número de focos de conflictos socio-territoriales y, por ende, la violencia en los territorios.

En el país[3] se registran 854 concesiones mineras metálicas y no metálicas. De ese total se encuentran en operación 13: tres metálicas y diez no metálicas. Igualmente, en el sub sector eléctrico se han otorgado un total de 307 concesiones, de las cuales 112 se encuentran facturando y operando (25 térmicas, 48 hidroeléctricas, 15 de biomasa, 6 eólicas, 17 fotovoltaicas y 1 geotérmica). Cada uno de esos proyectos de inversión nacional y extranjera, son puntos referentes de conflictos en los cuales la disputa por los bienes comunes se convierte en criminalización, judicialización y asesinatos de líderes y liderezas territoriales.

La zona del Bajo Aguán, que ha sido un conflicto agrario de larga intensidad, en el período del 2008-2013[4], de acuerdo con el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, dejó como resultado del enfrentamiento entre grandes empresas y grupos campesino un total de 129 asesinatos. Además, se registraron seis desapariciones forzadas y reiterados enfrentamientos entre campesinos, guardias de seguridad privada, militares y agentes policiales.

Durante las declaraciones vertidas sobre el tema, la empresa privada ha solicitado al Ministerio Público y a diferentes entes gubernamentales, actuar con rapidez para impedir “las invasiones” y detener esas actividades. No está de más recordar que además de los asesinatos en completa impunidad de campesinos y campesinas, de acuerdo con datos proporcionados por la Plataforma Agraria[5], entre el año 2010 y el 2012, unas 3,051 personas enfrentaban procesos penales debido al conflicto de posesión de tierras en 15 de los 18 departamentos del país. Del total de personas acusadas criminalmente, 648 fueron mujeres, es decir el 21%.

3. Inseguridad alimentaria en Honduras aumenta y atenta contra los derechos humanos de las comunidades rurales

El Sistema de Integración Centroamericano (SICA)[6], indicó que de diciembre del 2020 a marzo de 2021, al menos 2.9 millones de personas (31% de la población proyectada en Honduras) se encontraban en crisis alimentaria. Asimismo, entre julio y septiembre de 2021 se espera que la situación de inseguridad alimentaria del país continúe en crisis y aumente. Se estima que un total de 3.3 millones de personas (35%) necesitarán de una acción urgente, en relación con el abastecimiento de alimentos.

Según un estudio elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Honduras se ubica en el cuarto lugar, con un 15.3%, entre los cinco países con más hambre en América Latina[7]. Y aunque el aumento de la inseguridad alimentaria es inminente, la producción agropecuaria nacional continúa orientada y promovida a favor del sector agroexportador. Un reciente estudio sobre el análisis de políticas agropecuarias en Honduras[8], desarrollado en el 2019 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que la “producción agrícola está determinada de la siguiente forma: 30% de café, 16% de banano, 8% de aceite de palma, 6% de azúcar, 5% de maíz, 3% de frijol y 1% de arroz”.

El Estado de Honduras, por su matriz económica de producción, más la implementación de las políticas neoliberales de negociación internacional, desde la década de los 50 ha apostado por el beneficio a las grandes empresas productoras a través de prebendas traducidas en la reducción del pago de impuestos (y en otros casos nulo pago de impuestos), facilidades en la entrega de concesiones territoriales (las promovidas en el PCM-030-2020 y su reforma PCM-041-2020) y la protección, por parte de las fuerzas de seguridad, a todo tipo de establecimiento.

Los 3 elementos anteriores colocan en evidencia que las aseveraciones del sector empresarial hondureño carecen de argumentos. En síntesis:

1. La matriz de producción nacional históricamente ha favorecido y promovido el acaparamiento de tierras en manos de las grandes empresas agroexportadoras, sin que las ganancias se vean reflejadas en el mejoramiento o desarrollo de las condiciones de las comunidades.
2. La constante persecución, criminalización y el asesinato de líderes territoriales ha sido rápida. Y, en contraposición, el Estado de Honduras continúa sin reconocer la labor de defensoría del territorio y privilegia, por encima de la vida, las ganancias de las inversiones privadas nacionales y extranjeras.
3. En un país tan desigual como Honduras, y en cualquier análisis que se haga de la realidad Latinoamericana, ¿por qué son los sectores de producción campesina los más pobres? Porque efectivamente, la política de expropiación, mercantilización y privatización en esas zonas ha sabido socavar las oportunidades reales de desarrollo para las comunidades y territorios.

¿Desde dónde podemos analizar el discurso?

Las recuperaciones de tierra, desde los derechos humanos, son ese manifiesto público y político de la necesidad de hacer valer el acceso a la tierra (derecho negado e ignorado por la institucionalidad agraria y nacional) y el derecho a la alimentación que cada hondureño y hondureña posee. Las recuperaciones de tierra exigen que se respete su derecho ancestral de pertenencia; demandan consulta libre, previa e informada sobre la administración y gestión de sus bienes comunes y son el ejercicio legítimo por el derecho una vida digna que no los discrimine, que no los expulse de sus hogares y, lo más importante, que no los asesine.

Pedro Barquero decía: “Ni el rico debe robar el pobre ni el pobre al rico”. En Honduras, somos pobres porque desde la colonización nos han robado todo, incluyendo el derecho a pertenecer. En pleno siglo XXI, el rico cree que tiene ganancias porque ha “invertido”, pero, en realidad, el pobre es pobre porque un sistema político y económico completo se ha encargado de excluirle, de desaparecerle y, a costa de él, muchos se han enriquecido. En un país tan desigual, el reclamo por la tierra, alimento, por trabajo y por una vida en paz, no es invasión, ¡ES RECUPERACIÓN!

Referencias

[1] Comportamiento de la economía hondureña. Al tercer trimestre del 2020. Disponible en: https://www.bch.hn/estadisticos/GIE/LIBComportamiento%20de%20la%20economia%20hondurea/Comportamiento%20Tercer%20Trimestre%202020.pdf

[2] CESPAD. Estudio de caso: Las mujeres campesinas en su lucha por el acceso a la tierra en CNTC-La Paz y ADEPZA-Valle. Noviembre, 2017. Disponible en: http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2018/08/Acceso-a-tierras-mujeres-PARA-WEB.pdf

[3] Territorios en riesgo II. Minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos en Honduras. Abril, 2019. Disponible en: https://honduras.oxfam.org/territorios-en-riesgo-2

[4] OPDHA. (2014). Informe estadístico de muertes violentas relacionadas al conflicto de tierras en el Bajo Aguán (2008-2013).

[5] Resumen ejecutivo. Criminalización de las y los campesinos por el sistema judicial hondureño como respuesta a los procesos de recuperación de Tierras. Página 1.

[6] Informe del Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la Clasificación Integrada en Fases, Honduras. Diciembre 2020 – septiembre 2021. Disponible en: https://www.sica.int/documentos/informe-del-analisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-de-la-cif-honduras-diciembre-2020-septiembre-2021_1_126274.html

[7] FAO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets. 2020. Disponible en: http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf

[8] Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Análisis_de_políticas_agropecuarias_en_Honduras.pdf