Mario Sorto, sociólogo e investigador del CESPAD
27 de abril, 2021
Las instituciones estatales en Honduras están desbordadas por la corrupción y la impunidad. Este problema se ha ido consolidando de forma progresiva y acumulada, hasta constituirse en un sistema de corrupción e impunidad, promovido por distintos actores públicos y privados integrados en redes de corrupción que actúan con el amparo de la impunidad. Y ante la enorme debilidad de la institucionalidad pública en Honduras y la incapacidad de la administración del cuestionado Juan Hernández para dar solución a los principales problemas del país, surge la pregunta: ¿Cómo se puede rescatar un país y una institucionalidad que está subordinada a los intereses de las redes ilícitas o las redes de corrupción?
La pregunta merece una amplia reflexión, en el entendido que lo que está en juego es la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos de toda la ciudadanía[1]. De forma que, recientemente este debate se ha centrado en el argumento de que el Estado hondureño, capturado por las redes ilícitas y corruptas, solamente es posible de ser recuperado con el respaldo de la comunidad internacional.
En este sentido, la experiencia a partir del Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), suscrito el 19 de enero del 2016, indican que este argumento es válido, pues el combate a las redes de corrupción fue mucho más efectivo con el apoyo brindado por este ente externo a una institucionalidad frágil como la hondureña, y más aún, en un contexto el que persiste una débil aplicación de la ley dirigida detener las redes de corrupción y la impunidad en otros tipos de acciones delictivas.
Por consiguiente, este ejemplo permite abordar la forma en la cual un ente internacional fue adquiriendo el respaldo y confianza de la ciudadanía en la medida en qué sus acciones en el combate a la corrupción y la impunidad se hacían más conocidas. Cabe apuntar que entre estas acciones y logros de la MACCIH, figuran los 12 casos de investigación y persecución penal que evidenciaron el modus operandi de las redes de corrupción en Honduras[2]; propuestas de reformas para contribuir a fortalecer las instituciones en el país, que incluían la Ley de Colaboración Eficaz (no fue aprobada) y la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos que fue aprobada el 20 de octubre de 2016[3] y, la conformación del Observatorio del Sistema de Justicia Penal, un mecanismo de veeduría ciudadana hacia la justicia penal y rendición de cuentas[4].
A todo esto, la MACCIH no era lo que la ciudadanía hondureña pedía en las movilizaciones del 2015, contra todo pronóstico, obtuvo esos aciertos y dejó un legado importante en el país. De forma que, para el año 2019, el optimismo de la ciudadanía en la lucha anticorrupción, dirigida por la MACCIH se situaba en un 59%, así y todo, las expectativas con respecto a sus acciones para el combate de la corrupción y la impunidad en el país eran mucho más altas que las organizaciones de sociedad civil locales.
Entonces, ¿Solamente es posible recuperar el Estado con el respaldo de la comunidad internacional? De acuerdo con la ciudadanía hondureña consultada en el último sondeo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), las esperanzas y expectativas ciudadanas sobre futuros progresos en la lucha anticorrupción son muy reducidos en la actualidad. A propósito, para septiembre el 2020, los niveles de confianza de la ciudadanía en la lucha anticorrupción por parte de las entidades oficiales encargadas de combatir la corrupción, se situaban en menos del 18%. Mientras que para las organizaciones anticorrupción de sociedad civil, la ciudadanía tiene una confianza que oscila entre 26 y 33%, entre ellas, destaca la presencia de la recién conformada Coalición Anti-Corrupción (CAC)[5].
En este escenario, las OSC se han convertido en entes veedores, críticos, que hacen incidencia y brindan aportes al trabajo de la lucha por democratizar al país, y muchas de ellas realizan esfuerzos de fiscalización, auditoría social y combate a la corrupción, con independencia total de la institucionalidad estatal. Sin embargo, como muestra el informe del CESPAD, las acciones de estas organizaciones no han escalado suficientemente en la confianza ciudadana por una diversidad de factores que incluyen principalmente el desconocimiento y la desinformación sobre su existencia y rol, por parte de la ciudadanía.
Por otra parte, como ha sido expresado por CESPAD en otros documentos, las OSCs se enfrentan a un contexto caracterizado por el blindaje de las redes de corrupción que incluye: Un sistema político tradicional y clientelar que, por la forma en como ejerce el poder, produce y reproduce la corrupción y la impunidad; Un marco jurídico favorable a la corrupción y la impunidad, y adverso a la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción; actores de la sociedad hondureña poco comprometidos y poco activos en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no es posible desconocer que en los últimos meses de registran, dentro de su debilidad y fragmentación, mayores acciones de denuncia y movilización por parte organizaciones ciudadanas[6].
En cualquier caso, en los últimos años la ciudadanía hondureña ha identificado, en diferentes estudios de opinión pública,[7] a la corrupción como uno de los principales problemas en el país, esto teniendo en cuenta que en los años la información divulgada tanto por los entes nacionales como internacionales han revelado que las estructuras criminales en Honduras han utilizado al Estado como la principal fuente de acumulación de capital en un marco de impunidad, y a su vez, han utilizado para ello un creciente campo de poder e influencia en la institucionalidad estatal, pero de forma particular en los entes encargados de impartir la justicia[8].
De la misma manera, también se ha destacado que “el Estado hondureño ha sido penetrado hasta sus raíces por el narcotráfico y la corrupción”[9]. En definitiva, en este escenario complejo, las organizaciones de sociedad civil deben seguir avanzando en la conformación y consolidación de la Coalición Anti Corrupción (CAC); implementar estrategias y acciones de vigilancia y seguimiento a los casos de corrupción en proceso judicial y el acompañamiento a instituciones como la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (UFERCO), una herencia de la MACCIH. Aunque cabe notar que, en base a la experiencia que nos dejó la MACCIH; el combate a la corrupción y la impunidad será mucho más efectivo con el apoyo externo, es decir, contando con los esfuerzos de la comunidad internacional.
El Plan Biden para Centroamérica: la posibilidad de una Comisión Internacional Anticorrupción en Honduras
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destacado la importancia de la creación y la presencia de Comisiones especiales para apoyar la lucha anticorrupción con la cooperación de organismos internacionales en los países del Triángulo Norte[10]. Para el caso, estas comisiones han estado apoyadas por las Naciones Unidas y por la Organización de los Estados Americanos, cada una con experiencias distintivas y particulares, pero al final, el destino ha sido el mismo, es decir, las redes ilícitas y de corrupción se encargaron de expulsarlas en el momento en que las acciones penales se acercaban a los más altos funcionarios de la institucionalidad.
Pero ¿Hasta qué punto estas Comisiones son capaces de trabajar juntamente con la sociedad civil en el territorio que las acoge? ¿Son estas estrategias y políticas transnacionales un espacio para el fortalecimiento de las luchas anticorrupción dirigidas por las organizaciones locales? Si se retoma la experiencia de la MACCIH, la esta sugiere que hubo un intento por incorporar a las organizaciones de la sociedad civil hondureña en su agenda, pero hizo falta la construcción de relaciones de confianza y que se hiciera efectiva una complementariedad de roles.
Por el contrario, el Plan Biden, la nueva propuesta internacional impulsada por los Estados Unidos para combatir la corrupción, entre otros aspectos, ha generado ciertos cuestionamientos por su carácter impositivo. Quedando la duda si será posible compatibilizar las agendas de la sociedad civil anti corrupción, especialmente de aquellas que buscan cambios estructurales, con la agenda estadounidense. Además, cuáles serán los roles de la sociedad civil en este plan, considerando los contextos autoritarios en que se desenvuelven los países del “Triángulo Norte”, en los cuales se han ido cerrando los Espacios Cívicos Democráticos.
¿En qué consiste este plan? El Plan Biden para Centroamérica, la estrategia del presidente Estados Unidos de América para reducir la migración irregular desde el Triángulo Norte, tiene como objetivo el abordaje de las causas y factores fundamentales que impulsan a las personas a abandonar sus países de origen[11]. En síntesis, la política exterior del Gobierno de Biden plantea la siguiente compromisos:
- Desarrollar una estrategia regional integral de cuatro años y $4 mil millones para abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica;
- Movilizar la inversión privada en la región;
- Mejorar la seguridad y el estado de derecho;
- Abordar la corrupción endémica;
- Priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.
En cuanto al combate de la corrupción, Juan González, asesor sobre Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de Biden, y Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte de Centroamérica, declararon que combatir la corrupción endémica en le región, es clave para asegurar estabilidad y prosperidad en El Salvador, Guatemala y Honduras[12].
En tal sentido, la estrategia de los Estados Unidos para la región comprende la conformación de una fuerza de tarea regional anticorrupción, que tendrá como punto focal “el apoyo a fiscales comprometidos con la Justicia… la suspensión de visas y el congelamiento de activos a individuos involucrados en violaciones a los derechos humanos y lavado de activos del narcotráfico”. Entre otras acciones Zúñiga sugirió que Estados Unidos también se plantea desarrollar “listas de funcionarios involucrados en la corrupción y proponer acciones en su contra… trabajar a través del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia para designar a personas involucradas en altos niveles de corrupción[13]. Sumado a esto, Zúñiga expresó la posibilidad del uso de la Ley Global Magnitsky.
¿Serán suficientes estas medidas en Estados cooptados por redes de corrupción, donde el Estado de derecho no funciona y están en precario las libertades democráticas básicas? En base a la experiencia centroamericana ¿cuáles serían las condiciones básicas (sin olvidar el rol de la sociedad civil) para que esta nueva generación de Comisiones Externas anti-corrupción puedan llegar a tener el éxito esperado?
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos, 2020 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
[2] CESPAD, 2020 ¿Qué lecciones dejó la MACCIH? Perspectivas actuales y probables escenarios en la lucha anti-corrupción en Honduras https://cespad.org.hn/2020/03/20/que-lecciones-dejo-la-maccih-perspectivas-actuales-y-probables-escenarios-en-la-lucha-anti-corrupcion-en-honduras/
[3] Criterio, “Coalición ciudadana pide a Almagro ampliar vigencia de la MACCIH”, 17 de septiembre de 2019 https://criterio.hn/coalicion-ciudadana-pide-a-almagro-ampliar-vigencia-de-la-maccih/
[4] Ibíd.
[5] CESPAD, 2020. “Temor y prudencia ciudadana en la pandemia, pero descontento con su gestión: de la visión apocalíptica de la corrupción a la demanda de cambios Encuesta de percepción sobre el COVID-19, la corrupción y la gestión pública en tiempos de la pandemia” http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2020/10/Informe-Final-Primera-encuesta-telefonica-WEB.pdf
[6] Ibíd.
[7] Ver últimas encuestas de CID- Gallup, ERIC y CESPAD
[8] Ibíd.
[9]Carlos Dada, “Honduras, un gran dolor de cabeza para Biden”, The New York Times, 22 de marzo de 2021 https://www.nytimes.com/es/2021/03/22/espanol/opinion/honduras-juan-orlando-hernandez.html
[10] Ibíd.
[11] El plan de Biden para fortalecer la seguridad y prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica https://joebiden.com/es/el-plan-de-biden-para-fortalecer-la-seguridad-y-la-prosperidad-en-colaboracion-con-los-pueblos-de-centroamerica/
[12] DW, “Washington dice querer combatir la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica”, 27 de marzo de 2021 https://www.dw.com/es/washington-dice-querer-combatir-la-corrupci%C3%B3n-en-el-tri%C3%A1ngulo-norte-de-centroam%C3%A9rica/a-57022565
[13] Amílcar Ávila, “Ricardo Zúñiga: Tenemos la Ley Global Magnitsky que pretendemos utilizar”, 22 de abril de 2021 https://emisorasunidas.com/2021/04/22/ricardo-zuniga-conferencia-prensa-abril-2021/
