Mirna Flores, investigadora del CESPAD
28 de agosto, 2012
Durante treinta y cinco años, la policía de Honduras estuvo sometida al control y la hegemonía castrense. Fue hasta el 28 de mayo de 1998, cuando al promulgarse la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que quedó sellada su separación de la égida militar, con la creación del Ministerio de Seguridad. Un paso de enorme trascendencia, según Víctor Meza (2004), en el que se desaprovecho el momento histórico para crear una nueva policía, pues simplemente se procedió a trasladar la vieja policía al nuevo ámbito institucional del Estado.[1] Después de esa breve etapa de cambios (1993-1998) sobrevino la involución, dando cabida a las viejas estructuras castrenses en el nuevo Ministerio de Seguridad y abriendo el espacio a la participación de los militares en tareas de seguridad pública.
El golpe de Estado de 2009, reafirmó una clara tendencia hacia la politización de las Fuerzas Armadas y a la remilitarización de la policía nacional, la que respondió con represión, uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos al enfrentar la protesta social. Ese manejo militarizado de la policía se ha visto fortalecido en el Gobierno de Juan Orlando Hernández, no solamente porque los militares han pasado a realizar labores policiales en las calles, sino también porque desempeñan cargos importantes dentro de la estructura de seguridad.[2] El más claro ejemplo es el nombramiento del General Julián Pacheco Tinoco como titular del Ministerio de Seguridad en 2014, al asumir la presidencia Juan Orlando Hernández. El General fue primer militar activo en asumir ese cargo, desde que la policía paso al poder civil en la década de los noventa.
Ante una Policía Nacional cuestionada porque dentro de su estructuras han operado policías aliados con las organizaciones criminales vinculadas a la delincuencia común y la delincuencia organizada, y debido a los escándalos que se produjeron por la vinculación de policías de la cúpula policial involucrados en asesinatos de alto impacto, en abril de 2016 fue nombrada la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, a la que se le otorgó 12 meses para hacer la depuración, prorrogándole la vigencia por 12 meses más (2018) periodo en el que se debía producir la sustitución de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) por la Dirección de Asuntos Disciplinarios y Policiales (DIDADPOL), logrando la comisión ampliar su vigencia de enero de 2019 a enero de 2022. Hasta la fecha, de acuerdo a la información proporcionada por la comisión se han separado de la institución policial cerca de 6000 miembros de la carrera policial.
Entre los rasgos del proceso de depuración policial realizado en un contexto de crisis institucional y militarización de la función policial destacan:
- El proceso siguió una vía administrativa para expulsar a los “malos policías” con un impacto notable en términos de la cantidad de policías separados
Según la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional entre abril de 2016 y abril de 2018[3] habían sido removidos 4,627 miembros de la carrera policial, de un total de 13,500 miembros de la institución policial. El 60.7% salieron por reestructuración y el 22.6% por jubilación voluntaria; 8.7% por deserción y el resto 8% por varios motivos. Eso significa que 6 de cada 10 policías han sido separados por reestructuración y más de 2 de cada 10 policías han salido por jubilación voluntaria.
Cuando se cancela por reestructuración se pagan todos los derechos establecidos por la ley al policía separado, ya que no ha sido probada causa justa imputable al que se retira, por lo que se le excluye bajo la justificación del proceso de reingeniería institucional en el que el miembro de la carrera policial separado “no encaja”. De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión depuradora, a mayo de 2019 se habían pagado 1,000 millones de lempiras en prestaciones de policías separados.[4]
Una de las críticas más fuertes que ha recibido el proceso de depuración policial es que el mecanismo de separación por reestructuración, aplicado a policías supuestamente involucrados en ilícitos abre el espacio a la impunidad. Estos policías salieron de la institución otorgándoles prestaciones y/o pagándoles sus salarios cuando han estado en situación de disponibilidad por ser miembros de la cúpula policial, sin que se las abra un expediente investigativo o éste haya sido lo suficientemente sustentado para lograr una judicialización y sanción penal por parte de los órganos de justicia.[5]
También se percibe que pueden haber salido “buenos” policías por reestructuración sin probárseles causa justa, los que han sido estigmatizados como “malos policías” dificultándoles su inserción en el mercado laboral.
- No se ha logrado dar seguimiento a los policías depurados
Ex oficiales y ex policías de las escalas más altas a las más bajas, los primeros que lideraron y los segundos que integraron bandas criminales para cometer delitos: asesinato, tráfico ilícito de drogas, extorsión, robo de vehículos, lavado de activos y otros, se presume que fortalecieron las estructuras criminales con la salida de la institución, por lo que se plantea la pregunta: ¿dónde están y que hacen los ex policías vinculados a redes ilícitas? La comisión depuradora ha dejado claramente establecido que no tiene la capacidad de sostener un mecanismo de vigilancia y seguimiento de los policías depurados, por lo que han trasladado al Ministerio Público un poco más de 2,124 expedientes de igual número de policías con indicios de haber cometido delitos de índole penal. Los depuradores insisten en que han cumplido con la entrega del paquete de expedientes pero no tienen información sobre los avances en materia de judicialización.[6]
Desde una perspectiva crítica al proceso se aduce que la comisión depuradora en coordinación con las instancias de investigación policial debió enfocarse en los policías señalados por ilícitos, habiendo remitido oportunamente los expedientes al Ministerio Público en coordinación con todas las instituciones de justicia involucradas.
- Un proceso de depuración que no ha podido enfrentar la impunidad policial
El Equipo de Reflexión de los Jesuitas (ERIC)[7], desde que inició el proceso de depuración policial bajo la dirección de la comisión depuradora identificó como gran limitante el hecho que el proceso de depuración policial no estaba enfrentando la impunidad policial, debido a que los policías corruptos y delincuentes han seguido libres en las calles.
Si se entiende la impunidad como la falta de castigo a los que cometen delitos, la policía nacional sigue siendo intocable por la justicia en el país, pues son muy pocos los casos en que policías y ex policías enfrentan procesos y acusaciones por acciones ilícitas o por situaciones de abuso policial.
En la percepción ciudadana y sobre la aplicación de la justicia a policías corruptos, lo que sobresale son los casos de policías que están enfrentando la justicia estadounidense con las extradiciones, como resultado de la inacción de la justicia hondureña.
En conclusión, romper con la impunidad policial sigue siendo un reto a enfrentar, para lo cual se requiere de la desactivación de los dispositivos que posibilitan el ocultamiento de los hechos y sobre todo se requiere de la sanción de sus ejecutores, sobre todo cuando estos son altos funcionarios policiales.
Descargue: Análisis – ReducirImpunidadeCESPAD
[1] Meza y otros (2004). Honduras Hacia una Política Integral de Seguridad. CEDOH. Honduras.
[2] https://cespad.org.hn/2018/10/30/los-militares-en-honduras-de-las-barracas-al-poder-ejecutivo/
[3] Wilson Center, Latin American Program.2019. Estudio elaborado por Die Robert.
[4] https://www.latribuna.hn/2019/05/13/omar-rivera-mas-de-mil-millones-pagados-en-prestaciones-a-policias-depurados/
[5] La Prensa. 17/02/2019. https://www.laprensa.hn/honduras/1260013-410/desconocen-paradero-policias-depurados-honduras
[6][6] La Prensa. 17/02/2019. https://www.laprensa.hn/honduras/1260013-410/desconocen-paradero-policias-depurados-honduras
[7] https://nonosolvidamosdehonduras.blogspot.com/2016/07/la-depuracion-policial-no-combate-la.html
