Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y OXFAM suman fuerzas en una alianza que potenciará el trabajo de veeduría social y judicial con el fin de erradicar obstáculos en la persecución penal en el Sistema Nacional Anticorrupción y, de este modo, contribuir a construir una cultura de transparencia institucional y rendición de cuentas de este aparato estatal.
Esta iniciativa forma parte de una serie de esfuerzos que apuntan a fortalecer la lucha contra la corrupción a partir de la puesta en marcha de un ejercicio articulado de monitoreo e incidencia sobre la agenda heredada de la MACCIH-UFECIC, en esta coyuntura apoyando la acción penal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO). Del mismo modo, se enfoca en la identificación de patrones generales de irregularidades o posibles riesgos de actos de corrupción en la ejecución de los recursos, programas y políticas públicas focalizadas en servicios y programas de salud, alimentación e incentivos a la producción durante la pandemia del COVID-19 que inciden en la calidad de servicios públicos a disposición de la ciudadanía y su efecto particular en el bienestar de las mujeres.
“Buscamos fortalecer a la sociedad civil hondureña en el monitoreo ciudadano, el debate informado y la incidencia, promoviendo un Sistema Nacional Anticorrupción que revierta el pacto de impunidad de la élite, el cual impide la lucha efectiva contra las redes de corrupción que han cooptado el Estado. La atención central de esta iniciativa es el apoyo a la agenda judicial de la UFERCO que recoge el legado de la MACCIH y el monitoreo sobre los recursos y políticas públicas en la actual pandemia que, nos parece, están reforzando el histórico modelo de desigualdad social y las prácticas corruptas de la élite”, expresa Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD.
En los últimos años diversos sectores de la sociedad hondureña han denunciado activamente las debilidades en la institucionalidad estatal y las graves dificultades para reformarla, además de la cooptación de poderes por parte de grupos lícitos e ilícitos. No obstante, las reformas constitucionales aprobadas por la administración gubernamental actual dificultan las acciones penales del Ministerio Público al extremo del riesgo de hacerlas inviables.
Este acuerdo, por su parte, subraya la relevancia de la articulación entre las diferentes organizaciones de sociedad civil para colocar en el debate público las alertas y denuncias de los actos de corrupción en programas e instituciones gubernamentales, así como los bloqueos legales en los procesos de investigación penal y judicialización con el fin de proponer acciones de control más efectivas en los órganos competentes.
Este esfuerzo cobra particular relevancia en el actual contexto donde se discute la aprobación y entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el que presenta fuertes y marcadas debilidades que potencialmente afectarían las acciones de investigación y enjuiciamiento penal; y, a la vez que diferentes sectores sociales cuestionan la multimillonaria inversión en compra de insumos que el Estado de Honduras ha realizado y la falta de gestión gubernamental transparente y organizada para hacerle frente a la emergencia de la pandemia por COVID-19.
Con el ánimo por ampliar la voz de las poblaciones más golpeadas por las medidas de mitigación decretadas por el Estado de Honduras ante la pandemia, a través del proyecto se focalizarán acciones de monitoreo en el cumplimiento y resguardo de los derechos laborales de operarias de maquilas en las zonas más afectadas por la propagación de la pandemia y la calidad de servicios asistenciales de respuesta que el Gobierno brinda.
“La actual emergencia sanitaria no se trata de una crisis única, sino de una crisis que se construye sobre otras y se cimienta sobre estructuras de desigualdad e impunidad que han existido históricamente dentro del país. Una respuesta efectiva llama a acciones transparentes, coordinadas y sostenibles, en donde los planes de recuperación se construyan con la participación de todos los sectores de la sociedad y la prioridad sea fortalecer sistemas de salud con acceso universal y el bienestar económico de los grupos más afectados”, comenta George Redman, director de país para Oxfam en Honduras.
Adicionalmente, se desarrollará herramientas metodológicas para mejorar la documentación y tratamiento de procesos de investigación y análisis que realizan las y los actores de sociedad civil en esta temática, así como protocolos para la veeduría judicial con base en estándares internacionales.
“La finalización del mandato de la MACCIH genera un vacío en el acompañamiento a los procesos impulsados por la UFERCO, poniendo en riesgo su propia viabilidad. En estas circunstancias, es esencial la participación ciudadana en el seguimiento al desarrollo procesal, facilitando la construcción de un relato que permita a la ciudadanía entender su desarrollo y construir una verdad colectiva en torno al impacto en derechos humanos de los hechos enjuiciados”, señala Lucas Valderas, Jefe de Misión de ASFC en Honduras.
Finalmente, las organizaciones promotoras coinciden que este ejercicio representa una oportunidad para buscar alternativas que permitan remediar el impacto económico y social de los actos de corrupción ante los derechos de las poblaciones más afectadas. Sin embargo, para cumplir con este cometido, es necesaria también la buena voluntad política de los servidores públicos en las más altas esferas de poder estatal.
