Desde que en marzo del 2020 se decretó emergencia nacional por la presencia del Covid19 en Honduras, el gobierno ha emitido muchos decretos y aprobado programas para contrarrestar el avance de la pandemia. También declaró emergencia nacional en el Agro y con el argumento de “asegurar el acceso alimentario de las familias hondureñas”, se han aprobado otros programas y decretos con los que se han erogado millonarias cantidades de dinero.
Nadie desconoce que en el actual escenario las comunidades rurales y del campo se enfrentan a diversos problemas que van desde asegurar el acceso de alimentos a sus familias, contribuir al sostenimiento de la producción agrícola municipal y departamental, y a un sistema de salud pública que (nivel municipal, departamental y de país) opera sin los insumos necesarios para afrontar una pandemia de tal magnitud. Para contraponer el escenario anterior, el gobierno hondureño anunció, a través de comparecencias públicas, la implementación de una serie de medidas para que las comunidades minimicen los problemas devenidos por la crisis que provoca el coronavirus. Uno de las más significativas, por su contenido y disposiciones, es el Decreto PCM 30-2020, el que plantea ayudas como créditos y bonos para el sector agrícola. Más en específico, dice el gobierno, se promulga para “asegurar el acceso alimentario de las familias”, en el marco del Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria. A través de ese decreto se han puesto a disposición más de 8 mil millones de lempiras para favorecer la producción agrícola.
En el contexto anterior, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), en conjunto con la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)-Regional La Paz, y en el marco del Proyecto “Políticas Públicas incluyentes», financiado por TROCAIRE, desarrolla un proceso de veeduría comunitaria para conocer el uso de esos fondos públicos aprobados por el gobierno para gestionar la actual crisis humanitaria y sanitaria, provocada en Honduras por el Covid-19.
Precisamente, este documento busca identificar si esos programas han beneficiado a las comunidades rurales y al sector campesino hondureño, en especial, al subsumido dentro de la CNTC-La Paz. Es decir, si han sido políticas manejadas de forma transparente, íntegra y si han contribuido a un mejor manejo de la crisis, por parte de los beneficiarios. O, por el contrario, son medidas implementadas con sesgo, exclusión y desigualdades.
Para conocer de cerca y con base en la realidad campesina, en este documento se rescata la valoración y el análisis de los pobladores de algunas comunidades del Departamento de La Paz, que en diversos municipios están aglutinados en la CNTC-La Paz. También plasma la valoración que hacen de los programas, las autoridades municipales de la zona.
Finalmente, y no menos importante, el documento también esboza las miradas reflexivas de las mujeres campesinas, en relación con el beneficio de las políticas públicas atrás citadas, en su condición de mujeres. Es decir, se rescata qué tanto esas medidas de beneficio para el sector campesino se aprueban transversalizando componentes de género. Y en el marco de la pandemia (y de la aplicación de medidas como el confinamiento) conocer si sufren de violencia intrafamiliar.
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