15 de junio del 2020
Durante el período del 8 al 14 de junio en clave de derechos humanos y libertades políticas constitucionales, tres acontecimientos marcaron la coyuntura del país: 1) Personas contagiadas de COVID-19 en centros penitenciarios, 2) La CSJ declaró inadmisible el recurso de amparo a favor de la salud de las empleadas domésticas, y, 3) Desacuerdos entre el gobierno y el sector transporte en la reapertura del transporte público.
Sobrepoblación y militarización de los centros penitenciarios
Honduras cuenta con un promedio de 24 cárceles, en las cuales se registra más de 21 mil personas privada de libertad hasta el 2019, cuando los expertos establecen que la capacidad máxima es de 8 mil personas. De ese total, 11 mil personas han sido procesadas y apenas 9 mil han sido sentenciadas, es decir que más del 60% de la población privada de libertad sigue sin recibir sentencia. De igual forma es importante mencionar, que 2,424 presos tienen padecimientos o enfermedades crónicas y 756 son ancianos.
El 31 de marzo, siguiendo las recomendaciones del Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), presentó un recurso de habeas corpus humanitario para pedir la liberación de 6,243 personas vulnerables ante el coronavirus. La Sala de lo Constitucional no ha respondido, pero el organismo supo extraoficialmente que se ha declarado sin lugar. Según este organismo de derechos humanos para la investigación de este recurso, el Poder Judicial nombró a jueces ejecutores y defensores públicos, quienes en sus informes expusieron que las personas se encontraban en perfectas condiciones en las prisiones y que no ameritaban su egreso.
Históricamente el sistema penitenciario ha arrastrado una serie de problemas estructurales: hacinamiento ante la sobrepoblación de las cárceles, tragedias penitenciarias debido a revueltas internas, limitado presupuesto, una débil institucionalidad penitenciaria la cual, a través de un autogobierno las cárceles, es controlada por miembros de las pandillas en contubernio con las autoridades penitenciaras y policiales.
Lo más preocupante es la manera en la que se viene gestionando la actual crisis sanitaria en dichos centros. Por un lado, no existe un consenso entre SINAGER y las autoridades penitenciaras sobre las personas contagiadas, en caso de la cárcel de Tamara, SINAGER establece que hay 121 personas contagiadas, mientras que las autoridades de dicho centro expresan que son 79 casos. Por otro lado, se desconoce el número de reclusos contagiados en las restantes 23 cárceles del país, se ignora la razón de muerte de varios reclusos y no se cuenta con agua, espacio físico, personal médico y equipo de bioseguridad para atender la actual crisis sanitaria en las cárceles del país.
Lo anterior se viene dando en un contexto de militarización de los centros penitenciarios, motivado la decisión del Ejecutivo de entregar la administración de los centros penales a los militares. Ese hecho en la actual coyuntura está impidiendo una gestión efectiva y democrática de la crisis sanitaria, ya que los militares no tienen capacidad estratégica y operativa de gestión de riesgo de centros penitenciaros desde un enfoque basado en derechos humanos.
Lo anterior tiene una serie de implicaciones. Primero, la inexistencia de un plan integral de mitigación de riesgo a nivel nacional para prevenir la expansión del COVID-19 a lo interno de las cárceles. Segundo, falta de coordinación entre SINAGER, Secretaria de Salud y los directores de los Centros Penitenciarios para coordinar acciones sanitarias y dotación de material y equipo de bioseguridad. Tercero, la falta de coordinación estratégica entre el Sistema de Justicia y los centros penitenciarios para descongestionar la población penitenciaria.
Debido a lo anterior, las medidas que se han adoptado para manejar la actual crisis sanitaria en los Centros Penales siguen sin generar confianza en la comunidad penitenciaria y en la sociedad hondureña, ya que se considera que las actuales acciones, debido a su enfoque militar son tímidas y precarias, y en el fondo no apuntan a resolver los problemas sanitarios que agobian al sector penitenciario del país.
El desamparo de las trabajadoras domésticas
En un reciente reportaje elaborado desde el CESPAD, se establece que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Honduras hay 139 mil trabajadoras domésticas con edades que oscilan en promedio, entre los 25 y 70 años. Sin embargo, hay también 6,250 niñas entre 10 y 16 años haciendo el trabajo doméstico. De igual forma, unos 3,680 jóvenes, entre 16 a 22 años de edad, que también se dedican al oficio doméstico.
En la actual coyuntura las trabajadoras domésticas son uno de los sectores que más sufre los efectos del COVID-19, ante la precariedad laboral que persiste en este rubro y las múltiples angustias que pasan día a día las trabajadoras domésticas, desde maltratos, insultos y agresiones sexuales en sus espacios de trabajo. Ante esa situación el 23 de abril organizaciones sociales interpusieron un recurso de amparo colectivo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), exigiendo la protección del derecho a la salud y el derecho a la vida para las trabajadoras domésticas.
De igual forma, dicha acción fue motiva ante la negativa del gobierno de incluir al sector doméstico en los sectores priorizados para la construcción de protocolos laborales de bioseguridad, en el marco de la actual reapertura económica del país. Sin embargo, el 8 de junio la CSJ notificó a la Red de Trabajadoras Domésticas Remuneradas, vía correo electrónico, la inadmisibilidad del recurso de amparo a favor de la protección del derecho a la salud y a la vida de su gremio.
La decisión de la CSJ, demuestra que el gobierno sigue sin emprender acciones reales y contundentes para darle respuesta a las demandas de los sectores vulnerables del país, a la vez que el gobierno sigue sin atender los múltiples llamados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (ratificación del Convenio 189 que garantiza derechos a las trabajadoras domésticas) y del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia del COVID-19).
Persisten los desacuerdos entre el sector taxista y el gobierno
Desde el CESPAD semanas atrás reflexionábamos sobre la reapertura del transporte público del país y concluimos haciendo énfasis en que el gobierno carece de un enfoque estratégico. El 12 de junio el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) colocó en manos del SINAGER la propuesta de protocolo de reapertura, la cual está siendo analizada.
De igual forma el 12 de junio el sector taxista valoro críticamente dicha propuesta, expresando que no tienen dinero para equipar con medidas de bioseguridad las unidades de transporte, a la vez que expresaron, que para ellos no es viable económicamente transportar tres personas (propuesta del gobierno). En ese marco manifiestan que seguirán presionando, hasta que el gobierno les cumpla la demanda de hacer efectivo un bono mensual y una vez se reaperture por completo la economía laborarán de manera normal.
Pese a varias semanas de negociaciones siguen persistiendo los desacuerdos entre el sector transporte y el gobierno, con el peligro de enfrentarnos a un escenario donde la reapertura del transporte público se realice sin las medidas de bioseguridad, lo cual vendría a agudizar la actual crisis sanitaria del país. En definitiva, la ausencia de un enfoque estratégico desde el gobierno para atender las demandas de los transportistas, sigue siendo el bloqueo de fondo que no permite que la actual crisis se gestione de manera democrática y que sea de beneficio para el gran sector de la población que utiliza dicho rubro.
Descargar: AnálisisSemanal8DDHH-CESPAD
