Por Xiomara Orellana
Edición: Claudia Mendoza
Rosa Elena Bonilla regresa de nuevo ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras. En un primer juicio, el Ministerio Público acreditó que la ex primera dama de ese país centroamericano, es culpable de ocho delitos de fraude y uno por apropiación indebida. Pero en un segundo juicio, otro Tribunal se encargará de conocer nuevamente su caso. La incertidumbre que se cierne alrededor de este histórico caso es si el nuevo tribunal ratificará lo que acreditó el primero, o la absolverá de todos los cargos.
“La Caja Chica de la Dama” se le llama al caso de corrupción en el cual Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo, es la protagonista. Su historia comienza a conocerse cuando en el año 2018 fue acusada por la entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), en coordinación con los equipos integrados de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), de haberse apropiado de más de 12 millones de lempiras. La trama se montó desde el despacho de la primera dama, entre el 2010-2014, a través del programa social denominado “Calzando a los niños de Honduras”.
¿Cuál es la valoración de los expertos sobre el segundo juicio?
Un segundo juicio inicia para Rosa Elena Bonilla de Lobo. Un nuevo Tribunal resolverá si es inocente o culpable por dos delitos: autora por inducción de ocho delitos de fraude en concurso real y apropiación indebida en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras. Sin embargo, la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), deberá jugarse todas las cartas porque va a un juicio condicionado por la misma Sala Penal que valoró, entre otros aspectos, que no fue funcionaria pública pese a que manejaba fondos públicos desde el despacho de la primera dama.
Para los Fiscales de la UFERCO, esa es una de las serias y contradictorias resoluciones que les permite, en principio, deducir que se trata únicamente de “ir a un juicio condicionado, que se limita únicamente a lo que el Poder Judicial estima”.
En el 2019, a la ex primera dama se le juzgó por los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, pero eso es historia porque la Sala de lo Penal estableció que esa acusación es cosa juzgada y no se le puede acusar de nuevo. Sin embargo, para algunos abogados penalistas esa resolución se emitió de forma fraudulenta y estiman que tanto el Tribunal de Sentencia como la Sala de lo Penal no hicieron una valoración adecuada de la prueba que se evacuó en el juicio y que la vincula con el delito de lavado de activos.
“Hasta el momento, lo que ha faltado es voluntad, voluntad para avanzar y generar un precedente para juzgar actos de corrupción vinculados a delitos de lavado de activos”, considera Edy Tábora, abogado y miembro del Bufete de Justicia para los Pueblos (BJP). Una impunidad adelantada, parcial y legalizada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le llama Tábora a lo que podría ocurrir con este juicio.
Por otro lado, si los fiscales valoran acusar de nuevo a Bonilla de Lobo, en el segundo juicio, por el delito de malversación de caudales públicos, se corre el peligro de que el Tribunal vuelva a hacer una valoración simplista, nada profunda, de los hechos que lo sustentan. Y es que en el primer juicio, el Tribunal de Sentencia no valoró la prueba, ni tomo en consideración lo que establecen los Tratados Internacionales en lo referente a delitos de corrupción.
Todas estas valoraciones previas al inicio del juicio, dicen los consultados, limitarán la función del Ministerio Público en este nuevo juicio. Pero, pese a tenerlo todo en contra, aseguran que harán todo lo que procesalmente esté a su alcance para lograr que tanto Bonilla de Lobo y Saúl Fernando Escobar, el entonces asistente de la ex primera dama, sean condenados de nuevo.
Los escenarios
Para la UFERCO, el escenario previo al juicio es muy complejo. Esta Unidad va limitada debido a la resolución del recurso de Casación SP-527-2019, interpuesto en contra de la sentencia del 4 de septiembre del 2019, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la que anticipadamente denota, según abogados penalistas, la forma en cómo se impone un círculo de impunidad en el caso.
Y es que a Rosa Elena de Lobo se le volverá a juzgar con el nuevo Código Penal, estamento que le favorece en relación con las penas que se le impondrán, en caso que el nuevo Tribunal la encuentre culpable. La UFERCO, además, no podrá acusar de nuevo a Mauricio Mora Padilla, exfuncionario de la Unidad de Desarrollo Comunitario (UDECO), a quien se le dictó en el juicio anterior una sentencia absolutoria.
“Son más las desventajas que llevamos en este nuevo juicio”, opinan algunos fiscales consultados que, además afirman que todo está dado para que la ex primera dama no vaya de nuevo a la cárcel y en el caso de ser culpable, las penas sean conmutables.
Ex primera dama debería ir al menos a 40 años de prisión
Según el análisis que Tábora hace, si a Rosa Elena Bonilla se le encuentra culpable por los ocho delitos de fraude que acreditó el Ministerio Público en el primer juicio, le corresponden cinco años por cada delito. Eso significa 40 años de prisión, más tres años por el delito de apropiación indebida. “Mínimamente se jugaría una sentencia de 43 años, 15 años menos en comparación a la sentencia anterior, la que la condenó a 58 años de reclusión”, agrega.
Pero más allá de lo que se plantea como la posible apuesta para lograr la impunidad en este juicio, se teme que se trate de una jugada política y que al final, el Tribunal no la condene por los ocho delitos de fraude y sólo la condene por el delito de apropiación indebida.
Raúl Pineda Alvarado, otro abogado y analista político consultado, dice que ante la impunidad que prima en la gran mayoría de casos de corrupción judicializados en el país, espera que haya una “justicia pronta y eficaz, porque en Honduras la lucha contra la corrupción es un chiste”.
Piden debido Proceso, objetivo, imparcial y con independencia judicial
Los abogados penalistas y jueces abordados por el CESPAD, demandan que en este nuevo juicio se aplique el debido proceso, independientemente de que se trate de un hondureño de a pie o de una ex primera dama. “No se debe prestar el nuevo juicio para que se genere impunidad. Los jueces no deben pensar que a quién están juzgando es a una ex primera dama”, coinciden.
Es un juicio en el que se espera que los jueces sean objetivos, imparciales y que demuestren independencia judicial. Si se cumplen esas tres condiciones, sin duda que la ciudadanía volverá a tener confianza en el sistema de justicia, afirman.
Sin embargo, hay quienes creen que es precisamente la condición de ex primera dama, la que vulneró los derechos de Rosa Elena Bonilla. Sus familiares argumentan que ese fue el motivo por el que se le condenó anticipadamente por los medios de comunicación y por los mismos hondureños. “Solo pedimos que sea un proceso justo. Ella desde la captura sufrió, porque desde el primer día se le condenó”, dijo un familiar de Bonilla, consultado.
¿Cuál fue la condena del Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción en el juicio anterior?
- Condenó a Rosa Elena Bonilla, como autora del delito de apropiación indebida, en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras, a la pena de 10 años de reclusión. Además, se le condenó a una multa por el valor del 10% de lo defraudado. Es decir, por el delito de apropiación indebida, le corresponde pagar 1, 277,897.73.
- Condenó a Bonilla como autora por inducción de ocho delitos de fraude en concurso real, en perjuicio de la administración pública, con una pena de 48 años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, por el doble del tiempo que dure la pena de reclusión.
- Condenó a la ex primera dama a la pena accesoria de interdicción civil y la absolvió de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, en perjuicio de la administración pública y la economía del Estado de Honduras.
- A Manuel Mauricio Mora Padilla, lo absolvió de los delitos de fraude y lavado de activos, y confabulación para lavar activos, en perjuicio de la administración pública y la economía del Estado de Honduras.
- A Saúl Fernando Escobar Puerto lo condenó como autor directo de ocho delitos de fraude en concurso real, en perjuicio de la administración pública, con una pena de 48 años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la pena de reclusión y también a penas accesorias de interdicción civil.
- Lo absolvió de los delitos de lavado de activos y confabulación para lavar activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y la administración pública.
También, en el proceso se declaró el comiso de los bienes que fueron asegurados por la Juez de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción a Rosa Elena Bonilla Ávila.
Antecedentes
“Calzando a los niños de Honduras” se llamó uno de los programas sociales que se le ocurrió crear a Rosa Elena Bonilla de Lobo, cuando estuvo en funciones como ex primera dama, en el período 2010-2014. Para ejecutarlo, suscribió contratos con ocho zapateros del sector informal.
Fue así como se elaboraron actas de entrega de zapatos para justificar que la ex primera dama emitiera cheques de pago de la cuenta 001-102-50790/4557018 de Banco Ficohsa, a nombre de Casa Presidencial/Despacho de la Primera Dama, por un monto de 6, 096,424.00 lempiras y de la cuenta 6536603, a nombre de Rosa Elena Bonilla Ávila, por un monto de 2, 430,000.00. Los cheques fueron cambiaron los ocho supuestos zapateros, pero al tener en su poder el dinero en efectivo lo entregaban a Julio Josué Galdámez Figueroa, a cambio de una pequeña comisión.
Desde el 28 de junio del 2011, hasta el 22 de enero del 2014, la cuenta 001-102-50790/4557018, tuvo ingresos por 94, 689,873. 77, provenientes de diferentes fuentes públicas, entre ellas, Casa Presidencial y la Empresa Nacional Portuaria. Al momento de su cancelación, la cuenta tenía un saldo de 12, 272, 051. 42 lempiras, dinero que fue retirado por Rosa Elena Bonilla Ávila mediante cheque número 526, emitido a su favor. Ese mismo día y con ese cheque, abrió la cuenta de cheque número 6536603 de Banco Ficohsa.
Rosa Elena Bonilla giró cinco cheques de la cuenta 001-102-50790/4557018, de Banco Ficohsa, a nombre de Casa Presidencial/Despacho de la primera dama, a favor de Saúl Fernando Escobar Puerto, por un monto de 387, 125. 96 lempiras, y a favor de Julio Josué Galdámez Figueroa, por un monto de 119,800.00 lempiras; todos sin respaldo o justificación legal para realizar los pagos.
Pero además la ex primera dama, de la cuenta 6536603 de Banco Ficohsa, libró 10 cheques por un monto de 7,980,528.94, lempiras y realizó pagos con tarjetas de crédito al centro educativo de sus menores hijos, a la Joyería Milla Guirst, Inversiones Lanz Brother, Inmobiliaria Monserrat S.A. de C.V., DP Muebles e Inversiones Acrópolis.
Este es el contexto del juicio en el cuál se moverán las piezas desde el 22 de julio. El Tribunal lo reprogramó por la ausencia de la principal acusada que alegó enfermedad y también, por la falta de fiscales. Será el 22 de julio que se iniciará el proceso para juzgar de nuevo a la ex primera dama junto a su asistente, Saúl Fernando Escobar. Hay expectativas en este nuevo juicio, que dilucidará si la mujer fuerte del Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, es culpable o inocente.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
