Estas son las pruebas que hundieron al ex presidente de DESA, coautor del asesinato de Berta Cáceres

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Roberto David Castillo Mejía es escoltado por policías penitenciarios para escuchar el veredicto de un juicio por el asesinato de la ambientalista y activista por los derechos indígenas Berta Cáceres, en Tegucigalpa, Honduras, el lunes 5 de julio de 2021. (AP Foto/ Elmer Martínez) Tomada de: https://apnews.com/article/noticias-0ff305ae94355ad566431f583c3590ca

Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
Edición, Claudia Mendoza

Los medios de prueba que se presentaron en el juicio permitieron darles la convicción y la certeza a tres jueces de la Sala del Tribunal de Sentencia de Honduras, que Roberto David Castillo, exgerente de la empresa hidroeléctrica DESA, participó en su asesinato. Pero, ¿cuáles fueron esos medios de prueba que hicieron que al otrora hombre poderoso de la empresa que está empecinada en construir una hidroeléctrica en territorio Lenca, se le declarara coautor del crimen de la lideresa indígena Berta Isabel Cáceres?

El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia estableció que David Castillo tuvo dominio en el caso, y formó parte del grupo de personas que orquestaron el crimen. “Fue una participación voluntaria”, concluyó el Tribunal, porque Castillo obró con conocimiento y “tuvo acuerdo común, antes, durante y después del asesinato”.

Una revisión minuciosa de los medios de prueba establece que las comunicaciones verbales y textuales a través de los celulares, particularmente de David Castillo y Douglas Bustillo, fueron claves en la determinación de culpabilidad del ex gerente de Desarrollos Energéticos de Honduras S. A de C.V. (DESA), en el crimen de la ganadora del premio Goldman 2015, el más alto distintivo brindado en el mundo a defensores de derechos ambientales e indígenas.

Hidroeléctrica Agua Zarca (HAZ): el grupo de chat en WhatsApp

Más de dos meses duró el juicio y en ese tiempo se demostró que la férrea oposición de la también coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), originó la planificación de su muerte. Los directivos de DESA, entre ellos Castillo, buscaban neutralizar los movimientos y las acciones de la ambientalista.

El análisis de las intervenciones telefónicas, la conexión de los vaciados de los mensajes en varios aparatos celulares, más la declaración de testigos propuestos tanto por los acusadores como por la defensa del exgerente de DESA, lograron establecer la culpabilidad de Castillo, bajo la modalidad de coautor en el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres.

Y es que Castillo lideraba dos grupos que se crearon en la plataforma de WhatsApp. Uno se denominó Hidroeléctrica Agua Zarca (HAZ), y el otro Comité HAZ. El 7 de julio del 2015, al segundo grupo se le cambió el nombre a Seguridad HAZ.

En ambos grupos de chats, Roberto David Castillo figuraba como “el líder”. Esto era parte de la estrategia de DESA en la que, incluso, se estableció el pago por el servicio a algunos informantes. El objetivo de la empresa era contar con información anticipada; querían saber los lugares, los días y las fechas en las que Berta Cáceres tenía previsto realizar las movilizaciones junto al COPINH, para oponerse a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque, en la comunidad de Río Blanco.

Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad de DESA, es otro personaje clave en el crimen. En el año 2015, Bustillo ya había finalizado su relación laboral con la empresa, pero continuó manteniendo comunicación con algunos directivos. Uno de ellos era Roberto David Castillo.

Fue en esas conversaciones que se tramó “la salida” que planificaron para detener la oposición de la lideresa indígena y “lo mejor” que se les ocurrió fue acabar con su vida.

A Bustillo se le asignó la supervisión de las actividades de Berta Cáceres y se estipuló que contaría con “tres elementos logísticos” que serían facilitados por Castillo. Así, Bustillo contactó con un amigo y ex compañero activo en las Fuerzas Armadas. Pero lo que no sabía era que ese amigo, desde el año 2014, tenía sus conversaciones telefónicas interceptadas y monitoreadas, ya que estaba siendo investigado por otros actos reñidos con la ley.

De esa forma se conformó el equipo de hombres que tenía como tarea asignada, acabar con la vida de Berta Cáceres. Para lograr ese cometido, determinaron que se usaría armas y municiones; comenzaron la vigilancia y el seguimiento a Berta. Tenían todo cuadrado, horas, personas. La  casa de habitación de Cáceres, fue el lugar que eligieron para darle muerte.

El plan: matarla el 5 de febrero

David Castillo y Douglas Bustillo tenían en su planificación ejecutar a Cáceres el 5 de febrero del 2016. Por eso, desde el 4 de febrero, Bustillo y otros dos hombres más permanecieron en La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras. Esa noche de ese día, Castillo usó el aparato celular con número 99900946, para enviarle un mensaje de texto a Bustillo, que dio paso a una conversación que se sostuvo durante las siguientes horas.

Eran las 20:58 horas cuando Castillo le escribió: “Reporte de los accidentes en la escena”.

Pero fue hasta las 9: 17 de la mañana del siguiente día, el 6 de febrero del 2016, que Bustillo le respondió a Castillo, diciéndole: “Misión Abortada hoy. Ayer no se pudo. Esperaré lo que usted dijo porque ya no tengo logística, estoy en cero”.

A las 11:30 de la mañana, Bustillo le envió otro mensaje a Castillo, diciéndole: “Mire, yo no necesito la información, necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo, los medios idóneos y logísticos”.

A las 21:46, Castillo le responde: “Copiado, misión abortada”.

Se urde un nuevo plan: asesinarla en marzo

Los mensajes que Castillo y Bustillo intercambiaron en los subsiguientes días, continuaron evidenciando el plan de aniquilar a Cáceres. Mientras, las manifestaciones de oposición a la construcción de la represa Agua Zarca seguían.

El 2 de marzo del 2016, Bustillo regresó a La Esperanza. De todos sus movimientos estaba debidamente informado David Castillo y otros ejecutivos de la empresa DESA. Bustillo y el equipo de hombres se apostaron cerca de las 11:30 de la noche en los alrededores de la residencial El Líbano, la zona donde vivía Cáceres.

Ellos sabían que Berta estaba en su casa de habitación pero desconocían que no estaba sola, porque tenía la compañía de Gustavo Castro, fundador de la organización mexicana “Otros Mundos”, y quien participaba en esos días en un foro con el COPINH.

Los hombres entraron a la casa y en el interior uno disparó contra Cáceres, quien perdió la vida casi en el acto. Otro sicario disparó contra Castro, dejándolo herido en el suelo. Acto seguido, los individuos se fueron con rumbo al norte del país, a bordo de un vehículo que les esperaba en las afueras de la residencial. Eso ocurrió la madrugada del 3 de marzo del 2016.

Una vez ejecutada esta acción, Douglas Bustillo se comunicó nuevamente, vía telefónica, con Castillo, a quien le informó sobre lo ocurrido.

David Castillo actuó con alevosía

Castillo fue acusado por el delito de asesinato, a título de autor intelectual, según criterio del Ministerio Público, y a título de coautor, de acuerdo con las acusaciones privadas.

Todo se fundamentó en el artículo 193 del Código Penal vigente, estamento que prevé el delito de asesinato: “dar muerte a una persona, que al realizar dicha acción de dar muerte concurra alguna circunstancia calificativa como ser alevosía”.

El Tribunal afirmó que en este crimen se concurrió con alevosía porque se “empleó medios, modos o formas que se concretaron para realizar el hecho, sin riesgo, para la persona alevosa”. Y es que en el caso de Cáceres, se trató de un asesinato perpetrado entre las 11: 30 de la noche y 12: 00 de la madrugada. Fue una acción ejecutada por varios individuos que tenían asignados roles específicos; se utilizaron mecanismos previamente estudiados para meterse a la casa de habitación y se utilizaron armas de fuego para perpetrar el homicidio.

Asimismo, el Tribunal analizó que se usó el “factor sorpresa” porque fue un número de individuos superior a la víctima, lo que anuló cualquier posibilidad de defensa.

Indicios para condenarlo

Si Castillo participó o no en el asesinato de Berta Cáceres fue la controversia durante todo el juicio. El Tribunal, en su fallo, dijo que “era usual que se encuentre prueba directa, o que se expresen las calificaciones o detalles ante terceros, o se converse abiertamente o directamente sobre los hechos y este caso no fue la excepción”.

Analizados los hechos, aisladamente, no dicen nada. Sin embargo, al valorárseles en conjunto, los jueces formaron una cadena que los llevó a tener un nexo causal único y lógico, que les permitió emitir una conclusión hasta entonces no conocida: la participación de Roberto David Castillo en el asesinato.

En las valoraciones, el Tribunal determinó que las pruebas de defensa de Castillo eran hipótesis no confirmadas y que fueron descartadas porque hubo pruebas técnicas que sustentaron y acreditaron su culpabilidad.

En suma…

La información extraída de los teléfonos móviles y los vaciados telefónicos fueron indicadores de la participación de Castillo en el crimen. Es decir, los teléfonos fueron piezas claves porque determinaron fechas, eventos, movimientos y acuerdos.

En este caso resulta interesante que pese a que en los teléfonos celulares no se menciona de manera directa la coordinación, la planificación o la ejecución tácita de la muerte de Berta Cáceres, los contenidos permitieron realizar enlaces y armar, de forma cronológica y razonable, muchos indicadores que resultaron congruentes para afianzar la tesis de la Fiscalía y de los acusadores privados.

Es decir, quedó claro que varios individuos, ante el desconocimiento de que estaban siendo escuchados, y la imposibilidad de prever que se conocería el contenido de las conversaciones de texto, formaron una pequeña red que planificó el crimen de la reconocida defensora del territorio de las comunidades Lencas en Honduras.

Ahora, a David Castillo le resta esperar el próximo 3 de agosto, fecha en la que se le dará a conocer la condena de un crimen, por el cual podría pasar entre 20 y 25 años en prisión.