Intitulada, “Temor y prudencia ciudadana en la pandemia, pero descontento con su gestión: de la visión apocalíptica de la corrupción a la demanda de cambios”, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta los resultados de un sondeo de opinión pública que se realizó en el marco de la crisis generada por los efectos de la pandemia en Honduras.
La encuesta presenta las percepciones de la ciudadanía sobre la pandemia, se aproxima a conocer en los hogares los efectos de la crisis sanitaria y la crisis económica asociada. Asimismo, las valoraciones de la población acerca de cómo el gobierno maneja la crisis, la percepción sobre la corrupción en la gestión gubernamental y cómo afecta su vida cotidiana. Por otro lado, los resultados evidencian la opinión ciudadana sobre los organismos anticorrupción y su efectividad para combatir la corrupción, presente y futura. El sondeo de opinión pública se realizó a través de la vía telefónica, entre el 29 de agosto al 14 de septiembre, con cobertura nacional y a nivel rural y urbano.
¿Le preocupa o no, la pandemia a las y los hondureños?
Entre los hallazgos, la encuesta retrata que la ciudadanía está altamente preocupada por la pandemia del COVID-19 y sus impactos en la salud y la economía del hogar. El 79% de los consultados en este sondeo tienen mucha (72%%) o alguna (7%) preocupación, mientras las personas que tienen poco o ninguna preocupación son el 21% (12% y 9%, respectivamente).
Al tener esa preocupación, la ciudadanía afirma que mantiene los suficientes cuidados necesarios para evitar el contagio: el 23% de la población evita salir, como modo precautorio, y un 47% sale muy poco, pero con cuidados. Incluso, hay un 21% que confiesa salir mucho, pero con cuidados. Solo aproximadamente el 8% confiesa no cuidarse cuando sale de casa, sea pocas o muchas veces.
La economía hondureña, golpeada fuertemente por la pandemia
En relación con la economía y el impacto del confinamiento en las familias, los resultados de la encuesta indican que el 63% de la población empeoró su situación durante la pandemia, mientras que, apenas el 3% manifiesta haber mejorado y un 33% restante dice que sigue igual. En suma, una gran mayoría de los hogares hondureños han sufrido fuertemente las consecuencias del coronavirus en sus economías.
Pero, aunque sienten los duros efectos de la crisis en sus bolsillos, los resultados indican que casi el 60% de la ciudadanía es partidaria de mantener el confinamiento o abrirlo con la suficiente prudencia y cuidados.
“Improvisación y descalificación”, es la percepción ciudadana al manejo de la pandemia, por parte del Gobierno Hernández
Los resultados de la encuesta indican que hay una fuerte descalificación ciudadana a la forma en que la administración de Juan Orlando Hernández ha gestionado la crisis provocada por el Covid19 y percibe una improvisación tal, que da valores muy bajos al desempeño de las instituciones y funcionarios, vinculadas con el manejo de la pandemia.
La descalificación es generalizada (de una puntuación de 0 a 10, otorga 3.38 de desempeño promedio) y retrata, de manera particular, al Poder Ejecutivo como cabeza. De igual forma, hay una fuerte demanda ciudadana por cambiar el rumbo de la gestión pública, es decir, dejar que nuevos actores asuman la dirección estratégica de la lucha contra la pandemia e introducir reformas urgentes al Sistema Nacional de Salud. La ciudadanía pasa de la descalificación al descontento con el actual equipo de gestión de la crisis y propone una nueva gerencia, con nuevos actores y expertos en la dirección, y con una mayoría de población, del 87%, exigiendo reformas sanitarias a nivel del sistema público.
Ciudadanía percibe profundización y aumento de la corrupción
En relación con la corrupción en el manejo de la pandemia, la ciudadanía establece un abrumador 94% que considera que hay mucha (89%) o algo de corrupción (5%). El agravante es que la mayoría ciudadana cree que la corrupción se incrementó durante la pandemia y no hay ninguna instancia de gobierno que se escape al juicio crítico de las y los ciudadanos, y se extiende a la baja confianza hacia los organismos oficiales encargados del combate de la corrupción.
Por otro lado, y más allá del manejo con corrupción de la pandemia, el 75% de la ciudadanía cree que la corrupción aumentó y un 15% cree que se mantiene igual. Si ya era muy alta la corrupción para los ciudadanos y ciudadanas, el 90% de la población cree que la corrupción se potenció durante este período de pandemia. Es significativo que solo un 5% cree que disminuyó.
La percepción de corrupción en la institucionalidad del país también es alta
Con la Presidencia como el gran señalado, la percepción que tiene la ciudadanía sobre el nivel de corrupción en el país se traslada a su institucionalidad. La presidencia de la República aparece como la entidad que la población juzga más afectada por la corrupción con un 86%, y esa valoración es seguida por los otros dos poderes del Estado: el Congreso Nacional, con un 85%, mientras la Corte Suprema de Justicia destaca con un 84%.
Desde luego que INVEST-H, como el gran señalado por corrupción durante la pandemia, aparece en las primeras filas, pero después de estos tres mencionados, con un 83.2%. Cabe destacar que en la última encuesta sobre corrupción del CESPAD, en noviembre del 2019, estas tres entidades aparecen con casi idéntica puntuación, pero estaban desplazadas del primer y segundo lugar por los partidos políticos y la Policía Nacional (en aquel entonces con 88% y 86.4%, respectivamente).
Otro elemento importante que revela la encuesta en la valoración sobre corrupción, en los niveles gubernamentales, es que las entidades oficiales con la función institucional, en el actual contexto, cuentan con bajos niveles de confianza respecto a sus progresos en esa función. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP), para el caso, tienen un porcentaje de confianza mayor al 18%, sitial que corresponde a este último.
Se reducen esperanzas y expectativas sobre futuros progresos en la lucha anticorrupción
Si los niveles de confianza en la lucha anticorrupción rondaban el 35% en el período previo a la eliminación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), durante la pandemia la confianza en las entidades encargadas del combate a la corrupción, es menor al 18%.
La encuesta también revela el pesimismo ciudadano sobre la lucha contra la corrupción desde las entidades de sociedad civil con bandera anticorrupción, con un grado levemente menor que el de sus pares gubernamentales. “Las organizaciones de sociedad civil: Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Coalición Anticorrupción (CAC), con funciones de auditoria social, no han escalado suficientemente en la confianza ciudadana, aunque en todas ellas la baja confianza está marcada por el desconocimiento y la desinformación sobre su existencia y rol, por parte de la ciudadanía”, establecen los resultados de la encuesta.
La UFERCO, débil en el imaginario ciudadano, pero altas las expectativas de la ciudadanía que conoce de su existencia
La encuesta deja en claro que en el “imaginario ciudadano” todavía está débilmente instalado el reconocimiento de la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (UFERCO) y de su labor. Apenas un 9% de los encuestados conocen de esta institución y de su propósito, un dato muy por debajo de su institución antecesora Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), que alcanzó niveles del 30% de reconocimiento ciudadano en la encuesta del 2019, del CESPAD. En medio de todo, dice el documento, “la buena noticia es que, entre esa pequeña población que saben de su labor, más del 60% cree en sus posibilidades exitosas de combatir la corrupción”.
Es relevante destacar que a pesar del desconocimiento de la UFERCO, por la mayoría de la ciudadanía, sí existe un amplio conocimiento de los casos a cargo de esa unidad de investigación, tales como los casos “Caja de la Primera Dama” y “Pandora”, y un considerable desacuerdo de la población con las decisiones del Poder Judicial en relación con las resoluciones en ambos juicios. Cuando se le consultó a la ciudadanía sobre la anulación del juicio de Rosa de Lobo, el porcentaje de la población con algún nivel de desacuerdo llega al 60%, sumando los totalmente en “desacuerdo” (49%) y los “algo en desacuerdo” (11%), contra un 10% con algún nivel de acuerdo con la acción judicial.
Finalmente, la reacción de desacuerdo ante el sobreseimiento de los implicados en los casos “Pandora” y “Arca Abierta”, es levemente mayor que los anteriores, con un 55% en total desacuerdo y 7% con algún desacuerdo. Mientras solo el 5% tiene algún nivel de acuerdo con la medida.
Expectativas de mejoras en la lucha contra en la corrupción son cada vez menores.
Hasta septiembre del 2020, apenas un 25% de la opinión ciudadana creía que la lucha anticorrupción mejoraría (con MACCIH este porcentaje era del 39%). Y es que, de manera general, la población ha reducido su optimismo y un gran detonante lo constituyen los actos de corrupción durante la pandemia.
La ciudadanía considera que luego de las experiencias en el tema, durante el periodo de la pandemia, la lucha anticorrupción no tendrá avances porque seguirá igual (43%), o porque empeorará (22%). Ante el contundente 65% de pesimismo, solo un 25% de la población sigue albergando esperanzas de que habrá mejoras.
La encuesta también valora la mirada de la ciudadanía con frases que son propias del argot popular. Para el caso, en relación con la afirmación de que “la corrupción nunca podrá erradicarse porque las autoridades son altamente corruptas”, el 60% la comparte, si se toman en cuenta las opciones “mucho” y “algo”, contra un 40% en el otro extremo.
Una segunda afirmación, referente a que la presencia de un organismo internacional, sin vínculos con la institucionalidad del Estado y gobierno, podría ayudar a la eliminación de la corrupción, la ciudadanía se expresa de acuerdo con un 52% (mucho + algo) y los en desacuerdo, con un 48% (poco + nada).
Es decir, la ciudadanía parece seguir esperanzada a que un ente externo sea el que ayude en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en la comparación con la encuesta de noviembre del 2019, se observa que este optimismo es menor al que había cuando estaba presente la MACCIH, en tanto el porcentaje de encuestados que compartía la afirmación de era de 59%, y de 34% los que no compartían.
Finalmente, con la afirmación de que “en la actualidad están pasando cosas que permiten tener esperanzas” de erradicar la corrupción, respetando las leyes, la caída es más dramática al comparar las dos encuestas. En la de noviembre, el porcentaje de coincidencia (mucho + algo) era 45% y el desacuerdo 48% (poco + nada); ahora es de 34% y 65%, respectivamente.
El universo entrevistado en la encuesta del CESPAD, fue de personas adultas entre 18 años y más, de los 18 departamentos del país, tanto de la zona rural como urbana. La cobertura fue a nivel rural y urbana; se realizaron 1, 800 entrevistas telefónicas entre el 29 de agosto y el 14 de septiembre, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/-2,4%. La encuesta se realizó con el apoyo financiero de OXFAM y Abogados Sin Frontera Canadá (ASFC).
Descargar: Informe Final Primera encuesta telefonica WEB
