Eugenio Sosa, sociólogo e investigador del CESPAD
25 de agosto, 2020
La militarización constituye uno de los principales retrocesos democráticos en la sociedad hondureña y es a la vez una de las amenazas más peligrosas para que se consolide en el país un régimen político autoritario y dictatorial. Por la importancia de este tema, se presentan a continuación algunas claves analíticas y empíricas para la comprensión de este fenómeno político.
Una. ¿Militarización o remilitarización? La militarización puede ser entendida como la ocupación o invasión por militares, activos o en situación de retiro, de espacios o campos estatales o de la sociedad que son reservados, o deberían ser reservados, para los civiles. Algunos estudiosos de los temas militares prefieren llamar remilitarización a este mismo proceso, ya que son sociedades que ya han estado militarizadas antes, han realizado esfuerzos de desmilitarización, pero la militarización ha retornado. Así que, de alguna manera se puede hablar de militarización o remilitarización para referirse al mismo fenómeno.
Dos. ¿Cuáles son las características de la militarización? El proceso de militarización puede ir desde el sobredimensionamiento de las Fuerzas Armadas, sin justificación por no estar en contextos de guerra, del número de efectivos, armamento y presupuesto; pasando por la realización de tareas de seguridad y otras relacionadas con el desarrollo, hasta la aspiración de los militares a ocupar cargos públicos por la vía del nombramiento o de la participación electoral. Veamos para el caso hondureño algunos de estos indicadores:
Incremento de la cantidad de efectivos. Según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), las Fuerzas Armadas en el 2008 tenían 9,073 efectivos y para el 2016 llegaron a 15,2016 efectivos. Mientras que la Policía Nacional en el 2016 tenía 13,752 efectivos y para el 2020 tiene una proyección de 26,193 policías. La Policía Militar de Orden Público (PMOP) cuenta con ocho batallones, cuatro distribuidos en Tegucigalpa y cuatro en San Pedro Sula, tiene 4,300 efectivos[1].
Incremento presupuestario. El crecimiento acelerado y desmedido, de los sectores de defensa y seguridad integrados, ocurrió en el periodo 2013-2017. El presupuesto gastado pasó de 9,526 millones a 16,046 millones, lo que reporta, en ese período, un incremento de 6,520 millones. El aumento desmedido se constata cuando se aprecia el gasto en proporción al gasto presupuestario total, dado que la participación de este sector pasó del 10% al 14%, en su punto máximo en 2017. Considerando el monto del gasto en seguridad y defensa, su incremento fue tal que el presupuesto es ahora (2017) 9 veces mayor que en el 2000. Esto equivale a un aumento del 924% en todo el periodo[2].
Incremento armamentístico. Las compras en armas y equipo militar de Honduras a los Estados Unidos, entre 2004 y 2014 llegó a 1,518.60 millones de dólares. Mientras que la asistencia militar de los Estados Unidos a Honduras durante el mismo periodo, apenas llega a 42 millones de dólares, muy por debajo, casi insignificante, en relación a la compra de armas y equipo militar[3].
Tres. Los factores que potencian la militarización. El proceso de militarización de América Latina y Honduras, está conectado con cuatro procesos políticos: A. La tradición política autoritaria. B. La crisis de la democracia. C. El mecanismo de abordar la violencia y la inseguridad. Y D. La geopolítica de la seguridad de los Estados Unidos.
- La tradición política autoritaria. La tradición política se ha caracterizado por el autoritarismo, el irrespeto a la ley, la falta de transparencia, el clientelismo político e incluso la persistencia de los fraudes electorales, que favorece los autoritarismos y las tentaciones dictatoriales. El caudillismo militar y la participación política de los militares han estado ligados a la construcción del Estado y de la nación hondureña. Además, aún en pleno siglo XXI, no hay gobiernos autoritarios y dictatoriales sin la participación de los militares.
- La crisis de la democracia. Los gobernantes de democracias en crisis, ante la falta de consenso político sólido y mayoritario, tienden a apoyarse en las Fuerzas Armadas. A cambio son compensados con puestos importantes en el gobierno, ampliación de funciones y competencias, “jugosos” presupuestos, y recursos adicionales para cumplir nuevas asignaciones y responsabilidades. En el caso hondureño los militares han jugado un papel clave para mantener la estabilidad política de gobiernos de factos e ilegales durante crisis políticas como la del 2009, durante el golpe de Estado del 28 de junio, y 2017, durante la crisis post-electoral surgida por el fraude en las elecciones generales de noviembre del mismo año.
La crisis de la democracia, es una crisis de las democracias liberales, particularmente, es una crisis de legitimidad, porque las democracias no están respondiendo a las demandas, intereses y expectativas de la ciudadanía. Como lo plantea Manuel Castells: “si se rompe el vínculo subjetivo entre lo que los ciudadanos piensan y quieren y las acciones de aquellos a quienes elegimos y pagamos, se produce lo que llamamos crisis de legitimidad política, a saber, el sentimiento mayoritario de que los actores del sistema político no nos representan”[4].
- La violencia e inseguridad. La amplia participación de los militares en tareas de seguridad debilita la subordinación de los militares a los civiles, se politizan y terminan demandando más autonomía. También debilita los enfoques de prevención y fortalecen los enfoques represivos. Este enfoque militarizado de la seguridad llevó a la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), una de las expresiones más significativas de la remilitarización de la sociedad hondureña. Esta es una de leyes más nefastas en la etapa del posgolpe de Estado del 28 de junio de 2009, fue creada en el 2011, ya que en materia de defensa, seguridad e inteligencia rompe totalmente la separación de poderes, al estar integrado el CNDS por: El Presidente de la República, quien lo presidirá; El Presidente del Congreso Nacional; El Presidente de la Corte Suprema de Justicia; El Fiscal General; El Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, y, el Secretario de Estado en el Despacho de la Secretaría de Defensa Nacional (Artículo 1)[5].
Otro de los momentos más significativos de la remilitarización de la sociedad hondureña fue la creación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), con competencia en todo el país, integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuya función principal, según la Ley[6] bajo la cual fue creada, es dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 272 y 274 de la Constitución de la República para garantizar la Soberanía de la República, el mantenimiento y conservación del orden público, así como acudir en auxilio de la ciudadanía para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes en cooperación con la Policía Nacional (Artículo 1)[7].
- La política de seguridad de los Estados Unidos. Estados Unidos ha impulsado diferentes iniciativas en el marco sus las políticas de seguridad, que han promovido la militarización de la región. Entre estas iniciativas podemos mencionar CARSI[8] y Alianza para la Prosperidad para los países del norte de Centroamérica, el Plan Mérida para México y el Plan Colombia.
Un estudio del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LA POP), se centró en evaluar el impacto de un subconjunto de programas de CARSI en los llamados países del Triángulo Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, así como en Panamá. Su hallazgo principal fue que, en varios aspectos claves, los programas financiados por CARSI han sido exitosos. Sin embargo, el Centro de Investigación en Economía y Política, con sede en Washington, publicó una refutación de los resultados del estudio de LA POP, argumentando que los datos de este último “no permiten concluir que las áreas objeto de intervención en los programas de CARSI mostraron mejores resultados que aquellas áreas que no recibieron dicha intervención”[9].
La Alianza para la Prosperidad se construyó como una respuesta a la crisis migratoria humanitaria. Estas políticas y programas anti-migración de los Estados Unidos hacia los países del norte de Centroamérica no han tenido la efectividad esperada en dos sentidos: uno, no han ejecutado los desembolsos o la ayuda en millones de dólares prometida y tampoco han logrado parar los flujos migratorios. Por otro lado, estas políticas y programas para detener la migración van acompañadas de otras estrategias que promueven la militarización de la región para enfrentar las nuevas amenazas transnacionales definidas en la política de seguridad de los Estados Unidos.
Hasta aquí se dejan esbozadas tres claves, como marco básico de análisis, para reflexionar y debatir en torno al tema de la militarización en Honduras.
Descargar: Análisis – CESPADClavesMilitarización
[1] Véase CESPAD. Defensa y seguridad en Honduras: Hacia una agenda de reformas democráticas, Centro de Estudios para la Democracia. Informe final, julio 2019. http://cespad.org.hn/2019/08/20/sector-defensa-seguridad-en-honduras-es-posible-una-reforma-democratica/
[2] Ídem.
[3] Ídem.
[4] Manuel Castells. Ruptura. La crisis de la democracia liberal, Madrid: Alianza Editorial, 2018. Página 16.
[5] Véase CESPAD. Defensa y seguridad en Honduras: Hacia una agenda de reformas democráticas, Centro de Estudios para la Democracia. Informe final, julio 2019. http://cespad.org.hn/2019/08/20/sector-defensa-seguridad-en-honduras-es-posible-una-reforma-democratica/
[6] Decreto Legislativo 168-2013. Ley de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
[7] Véase CESPAD. Defensa y seguridad en Honduras: Hacia una agenda de reformas democráticas, Centro de Estudios para la Democracia. Informe final, julio 2019. http://cespad.org.hn/2019/08/20/sector-defensa-seguridad-en-honduras-es-posible-una-reforma-democratica/
[8] CARSI: Iniciativa Regional de Seguridad para América Central.
[9] Insighcrime 8 de marzo del 2017; ¿Son efectivos los programas estadounidenses de lucha contra el crimen en Centroamérica? [ Consultado el 1 de agosto de 2020 en] https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/son-efectivos-programas-estadounidenses-lucha-contra-crimen-centroamerica/
