Mirna Flores, investigadora del CESPAD
18 agosto, 2020
La sub región del “Triángulo Norte centroamericano” se convirtió en una de las más violentas en el transcurso de las dos últimas décadas, en un contexto de “no guerra armada”[1], llegando a alcanzar los indicadores más elevados de homicidios y de criminalidad en relación al resto de América Latina y del mundo.
Aun cuando la tendencia de los homicidios en los últimos años ha sido decreciente, “otras situaciones de violencia” abaten fuertemente a la subregión: la violencia social hacia grupos por discriminación o estigmatización, la violencia pos electoral y la que se produce por disputas territoriales socio-ambientales. Situaciones que frecuentemente son enfrentadas con el uso desmedido de la fuerza militar y policial, con consecuencias profundamente negativas en términos de derechos humanos.
En el caso de Honduras, entre los años 2011 y 2012, las tasas de homicidios fueron de 86.5 (2011) y 85.5 (2012) muertes por 100,000 habitantes, alcanzando el pico más alto en los registros oficiales. A partir de esa fecha la tendencia fue al decrecimiento, llegando a una tasa de 40 homicidios por 100,000 habitantes en 2018. Esta reducción de las tasas de homicidios se ha convertido en el baluarte del gobernante para enfrentar los graves cuestionamientos a la galopante corrupción e impunidad que acecha a su gestión gubernamental.
Sin embargo, Honduras sigue a la cabeza como uno de los países con las más altas tasas de homicidios de la sub región del Triángulo Norte Centroamericano y de Latinoamérica. De acuerdo al Balance de los Homicidios realizado por Insigth Crime, en 2019, en el país hubo un repunte en los homicidios por primera vez desde el año 2012, elevándose la tasa a 41. 2, el incremento está relacionado con el aumento de las masacres, que alcanzaron una cifra record de 70 hechos con 218 víctimas. Los 3,996 homicidios registrados en 2019, representan un aumento de 7.1% con respecto a los 3,371 muertes violentas por homicidios registradas en 2018. Ante la disminución de los homicidios en los países vecinos de El Salvador y Guatemala, Honduras estuvo a la cabeza como el país más inseguro de la región del Triángulo Norte Centroamericano en 2019.[2].
En el transcurso del 2020, en el contexto de la pandemia COVID 19, aún con las medidas de cuarentena y toque de queda adoptados para frenar la expansión del virus, la violencia y la criminalidad no pararon. Los homicidios sólo se redujeron en 20%[3], las masacres no han cesado, registrándose 23 masacres con 88 víctimas hasta el 20 de julio.[4]
Con el confinamiento, la violencia doméstica e intrafamiliar aumento, sólo en los primeros meses de este año, 49,399 personas llamaron a emergencia del 911 para denunciar hechos de violencia doméstica o intrafamiliar.[5]
En este contexto de violencia y percepción de inseguridad, el afianzamiento de la participación de los militares en la seguridad pública se ha vuelto una constante, así como su participación en el engranaje y en las decisiones gubernamentales.
Remilitarización de la seguridad pública
Este contexto de alta violencia y criminalidad ha producido un proceso de remilitarización de la seguridad pública, con la intervención directa de las Fuerzas Armadas en temas de orden público. La remilitarización se ha visto fortalecida en los dos periodos consecutivos de gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2018; 2018-actualidad).
Atrás han quedado los avances del proceso de democratización de los años 90s, que adquirieron más fuerza con los Acuerdos de Paz, colocando en la agenda política regional el tema de la desmilitarización como condición indispensable para transformar los factores que mantuvieron en el poder a los militares. Dentro de esos imperativos también estaba la reducción del papel político que habían asumido los militares, redefiniendo y acotando sus funciones a lo estrictamente militar.
Al calor del proceso democratizador, en los años noventa se experimentó la reducción de la presencia de los militares en la esfera política y la reducción de su participación en la seguridad pública, así como los abusos militares y policiales con la eliminación del servicio militar obligatorio. Un paso trascendente para la separación de la policía de la égida militar se produjo con la creación del Ministerio de Seguridad, “por cuanto quedo sellada la separación institucional y funcional de la policía con respecto a las fuerzas armadas, después de estar sometida durante treinta y cinco años al control y la hegemonía castrense”.[6]
El golpe de Estado de 2009 revirtió estos moderados avances en el proceso democratizador, al grado en que hoy estamos en pleno proceso de remilitarización de la seguridad pública, que se ha visto fortalecido durante el mandato de Juan Orlando Hernández.
¿Cómo se ha fortalecido la militarización de la seguridad pública?
- Con la creación de la Policía Militar de Orden Público en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, a propuesta de Juan Orlando Hernández como candidato presidencial del partido de gobierno y presidente del Congreso Nacional. La Ley fue creada mediante Decreto Legislativo ·No 168-2013 y otorga funciones de seguridad pública a la nueva policía militar bajo el mando de los militares. Faculta a unidades del ejército a transformarse en policía militar y establece que los efectivos de las Fuerzas Armadas en reserva podrán formar parte de la PMOP. Esta unidad policial militar cuenta con 4,300 efectivos en 9 batallones[7]. Desde el Ejecutivo, se ha buscado la ampliación del número de efectivos de la PMOP. También los militares integran la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, (FUSINA) que reúne a los operadores de justicia en labores de criminalidad.
- Con el incremento de los presupuestos de la defensa y la seguridad por encima de los presupuestos asignados a la salud y la educación. El Gobierno de Juan Orlando Hernández es el que más recursos ha destinado a la Defensa y la Seguridad como parte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, así como por la Tasa de Seguridad Poblacional. La secretaria de la Defensa ha aumentado su presupuesto en 303.4% al pasar de L. 2,101.3 millones en el año 2009 a L. 8.530.3 millones en el año 2020. El presupuesto de la Secretaria de Seguridad se ha incrementado en 151.8% al pasar de L. 2.704.10 millones en el 2009 a L 6,569.5 millones en el año 2020[8]. El incremento del presupuesto militar y de seguridad también se produce en aplicación a Ley de Seguridad Poblacional, Decreto No. 105-2011. Desde el 2012 hasta inicios de noviembre de 2019, se habían recaudado cerca de Lps 14, 742.3 millones de lempiras.[9]
- La presencia de militares en puestos clave del engranaje gubernamental. Militares activos y en retiro hoy están al frente de puestos claves como la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Zonas Exclusivas de Desarrollo Económico (ZEDES), Subsecretaría de Estado en la Secretaria de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional. Los militares ocupan más de una veintena de cargos como ministros, directores y asesores del gobierno[10] Recientemente han pasado a ocupar un puesto en la Junta Interventora de INVEST-H, entidad sumamente cuestionada en el contexto de la pandemia, por corrupción en la compra de hospitales e insumos médicos.
- Delegando nuevas funciones de las instituciones del Estado en los militares. Mediante dos proyectos recientes se puede observar cómo los militares amplían sus funciones y roles a ámbitos como la producción agrícola y la atención sanitaria: Muestra de esto, es la creación y adscripción del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) a la Secretaría de Defensa por Decreto Ejecutivo PCM-052-2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 18 de Octubre de 2019, mediante el cual se otorga más de cuatro mil millones de lempiras y además se autoriza a las FFAA a buscar recursos adicionales, monto que se suma al presupuesto ya sobredimensionado del sector Defensa. También se les ha otorgado la administración de los hospitales móviles para la atención de personas afectadas por COVID 19. Por órdenes del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas estarán asumiendo el control del funcionamiento de los hospitales móviles comprados por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), entidad adscrita a la Coordinación General de Gobierno, adquisición realizada por la entidad en referencia en medio de muchas irregularidades.
Desmilitarizar la seguridad pública
Un factor que ha contribuido a la profundización de la remilitarización de la seguridad pública en el gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido la necesidad de apoyarse en los militares para darle “estabilidad” a un régimen que asume cada vez más rasgos autoritarios.
La militarización de la seguridad pública y la politización de las fuerzas armadas representan un riesgo para la democracia, particularmente en nuestro contexto sociopolítico marcado por el desencanto y hartazgo de los ciudadanos hacia los políticos y funcionarios en el gobierno constantemente cuestionados por la corrupción, impunidad, e ineficiencia gubernamental.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Honduras en su Informe 2017, dejó planteado que el gobierno con su estrategia de seguridad centrada en los militares, incremento la presencia militar en el país, por lo que era necesario iniciar el proceso de desmilitarización gradual. De igual manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el su informe 2019, [11] recomienda al gobierno hondureño avanzar en la implementación del plan de relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos.
[1] https://iecah.org/images/stories/Otras_situaciones_de_violencia_ACAPS_Mayo_2014.pdf
[2] https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-homicidios-2019/
[3] https://hondudiario.com/2020/07/19/pese-a-confinamiento-honduras-registra-promedio-de-9-homicidios-diarios-ov-unah/
[4] https://tiempo.hn/ov-unah-88-muertes-dejan-23-masacres-registradas-2020/
[5] https://www.elheraldo.hn/especiales/coronavirus/1393050-528/llamadas-por-violencia-dom%C3%A9stica-aumentaron-durante-la-cuarentena-por-covid-19
[6] Meza, Víctor, entrevista. En: Flores Mirna (2013). Inseguridad Ciudadana y Construcción Democrática. FLACSO, Guatemala.
[7] http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2018/01/Informe-1-final.pdf
[8] https://criterio.hn/por-falta-de-equidad-y-excesivo-gasto-en-defensa-y-seguridad-libre-no-aprueba-presupuesto-para-el-ano-2020/
[9]https://www.elheraldo.hn/pais/1333950-466/el-92-de-ingresos-de-la-tasa-de-seguridad-son-de-usuarios
[10] Mejía, Thelma. (2020).Honduras, el poder y la seguridad de las botas. https://www.divergentes.com/militarismo-en-centroamerica/honduras/
[11] https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/245.asp
