Escrito por Ninoska Alonzo, feminista y colaboradora del CESPAD
El pasado 25 de junio se viralizó, en redes sociales, un vídeo de Paulina Atala en el cual baila junto a tres de sus empleadas domésticas1. Esto despertó muchas reacciones debido a la probable obligación de las empleadas por someterse a participar en la grabación de vídeos que frecuentemente son publicados en el mundo digital. En el vídeo se observa a las cuatro mujeres en fila, con Atala a la cabeza. Las imágenes evidencian las diferencias abismales entre ellas: Paulina es alta, blanca, y su cuerpo denota que se ejercita con frecuencia. De hecho, ella salta con ropa deportiva mientras “sus nanas” visten con las faldas y sandalias que usan nuestras madres y abuelas cuando las acompañamos a comprar hierbas a algún mercado de Comayagüela. Tal y como dijera el director de “Parásitos”, Bong Joon-ho, «todo, hasta nuestro olor corporal, es un asunto de clase2”.
¿Desigualdades de clase? Sí. Estas imágenes evidencian que el mundo continúa lleno de acciones cargadas de una profunda connotación racial. El mundo de Paulina es así: revistas, celebraciones, fiestas y universidades que solo son frecuentadas por gente blanca. Es como si las personas no blancas, no existieran. Y, de hecho, así es. Las personas no blancas no existen, o al menos no alcanzan la condición de persona. A esto, la historiadora guatemalteca Marta Casaús lo definió como una pigmentocracia, en la cual nuestro color de piel determina nuestra posición en la jerarquía social3.
Sin embargo, otro elemento atraviesa las desigualdades raciales. Las personas blancas del mundo de Paulina también tienen algo en común: una gran proporción de este grupo tiene apellidos extranjeros, provenientes del mundo euronorcéntrico o del oriente medio. Atala, Nasser, Facussé, Kafie, Sikaffy, Canahuati, Handal, Kattán, Larach, Asfura, Zablah, Faraj, son de los apellidos más comunes cuando se trata de enlistar a quienes, hoy por hoy, controlan las principales redes comerciales y financieras del país.
Esta suerte de oligopolio ha provocado que la economía nacional sea controlada por estos grupos, lo que se reduce, según Harald Waxenecker4, a: Grupo Terra, Grupo Financiero Ficohsa, Corporación Dinant, Grupo Karim, Standart Fruit de Honduras S.A., Fondo de Inversiones S.A., entre otras. Durante años, diversas organizaciones sociales han señalado los vínculos entre estas grandes empresas y otras que sirven como intermediarias en la adquisición de contratos y concesiones irregulares que vulneran la vida en múltiples comunidades por todo el país.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ha denunciado los vínculos entre FICOHSA y Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) 5 para el Proyecto Agua Zarca; la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) ha denunciado la relación directa entre las altas concentraciones de tierra, la violencia contra la población campesina y el desarrollo de Corporación Dinant6; el Comité Municipal Ambiental en Defensa de los Bienes Naturales de Tocoa ha denunciado la dinámica extractiva de la Empresa Minera Inversiones Los Pinares7, vinculada a Grupo Karim8; en Zacate Grande, Azacualpa, La Paz, Santa Bárbara, la Montaña de la Flor, Pajuiles, y en muchas otras partes del país se están denunciando situaciones similares.
Las redes de poder político y económico articuladas en los últimos diez años, que han demostrado operar desde una lógica extractiva y de despojo, han consolidado su poderío por medio de las instituciones del Estado (lo que incluye a las Fuerzas Armadas, grupos paramilitares o paraestatales, MI AMBIENTE, INHGEOMIN, entre otras), potenciando sus capacidades para acumular riqueza. Estamos ante un nuevo ciclo de acumulación por desposesión en Honduras, caracterizado por (i) la mercantilización y privatización de la tierra y los recursos naturales, lo que representa la expulsión forzosa de la población y la supresión de los bienes comunes, (ii) la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía, suprimiendo las formas de producción y consumo alternativas, y (iii) la avanzada de procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación. El Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos9.
Este proceso (neo) colonial se funda en la imposición de una clasificación racial / étnica de la población del mundo. Esta clasificación entre lo blanco y lo negro busca justificar el proceso de despojo denigrando la «naturaleza» de las poblaciones más desposeídas: pueblos indígenas y garífunas, inmigrantes desplazados, población mestiza y marginada, o mujeres pobres y racializadas. Hoy, el desfalco a las instituciones públicas en el marco de la pandemia y la avanzada de proyectos extractivos en las comunidades, expone que el ciclo de acumulación sigue en marcha, por lo que no es casual que la violencia racista y neocolonial se profundice.
Por mencionar algunos casos: en lo que va del año, cuatro personas del pueblo tolupán han sido asesinadas y durante la pandemia han denunciado una crítica situación de hambruna10. Por su parte, dieciocho garífunas fueron asesinados/as el año pasado, y este año han sido siete las personas garífunas asesinadas, cuatro de ellas durante la pandemia11. A esto se suma el reciente secuestro y desaparición forzada de Alberth Snider Centeno, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía, Alberth Santana Thomas y Gerardo Mizael Róchez Cálix en Triunfo de la Cruz. Tras ese episodio, la comunidad garífuna de Sambo Creek sufrió una represión que dejó a una niña herida12, y en la comunidad de Santa Fe la Policía Nacional disparó a quemarropa, dejando herida a una persona13.
Pero, además, conviene destacar que las divisiones de color racial están definidas más en términos sociales que biológicos. Es por ello que está avanzada racista ha golpeado también a otros cuerpos, racializados, mestizos, de las clases más desposeídas que, vistas como una “peste” por su precariedad, han sido otro objetivo estratégico durante la pandemia. En comparsa con las oligarquías, las fuerzas represoras del Estado se han dedicado a reprimir brutalmente a quienes, por ejemplo, intentan trabajar en los mercados de Comayagüela y San Pedro Sula para poder sobrevivir en medio del abandono de un Estado que, según la ministra de finanzas Rocío Tábora, ha ejecutado más de 4,589.2 millones de lempiras para contrarrestar la emergencia del COVID-19.14 La lista de violencias contra la gente desposeída durante la pandemia es inagotable.
Estamos ante un exterminio de baja intensidad, una escena bélica en que los pueblos se encuentran en situación de desventaja, crímenes de Estado poco visibles ante la opinión pública que ya no arrasan con las poblaciones indígenas de forma masiva -como sucediera en la época de la conquista hace 500 años-, pero cuyo desenlace, si esto no para, es el mismo: reducir a los pueblos al mínimo con tal de enriquecer sus capitales. A esta política de despojo se han sumado otros apellidos, como Gutiérrez y Hernández, que, si bien son más “nuestros”, han sido blanqueados por la ideología racista y un proyecto aspiracional de clase que los hace más cercanos al mundo de Paulina que al nuestro. Por eso no debe extrañarnos que el presidente Hernández se haya referido a una “Honduras de aquí” y una “Honduras de allá” en el año 2018.
En otras palabras, detrás del trato de Paulina a sus nanas, revestido de una falsa condescendencia hacia la condición pobre y mestiza, persiste una ideología supremacista que concibe a los cuerpos racializados y desposeídos como cuerpos desechables. Un racismo de Estado, una tecnología de poder que otorga al Estado la prerrogativa y el derecho para decidir quién debe vivir o morir, ejerciendo el derecho de matar o eliminar al Otro. Esto nos permite situar el racismo desde el Estado y analizarlo no solo como una ideología de la diferencia y de la desigualdad, no solo como una forma de dominación y opresión, sino como una lógica del exterminio y de la exclusión15.
La pandemia ha profundizado las desigualdades y la indignación colectiva, por lo que no es casual que el racismo arrecie en estos días de confinamiento. Como escribió Melissa Cardoza, recientemente, el antirracismo urge en todas las propuestas del movimiento social16.
Hoy más que nunca es preciso apostarle a la organización barrial y comunitaria contra el fusil militar que es controlado por oligarquías extranjeras y transnacionales que hacen pactos con el régimen, apostarle al antirracismo como práctica política liberadora, que nos interpele -que nos demos cuenta de que frases como “cuidemos nuestras culturas” siguen siendo racistas-, que nos haga cuestionar nuestros privilegios y, sobre todo, que nos encamine a abolir el pensamiento aspiracional, esa penosa aspiración a lo blanco, donde envidiamos un opulento estilo de vida que ha costado sangre de nuestras hermanas y hermanos, porque no podemos ser como el opresor. Es tiempo de ofrecer al mundo… un mundo diferente.
Descargar: Análisis43 – CESPAD
Referencias
1 Paulina Atala, “Quaranteam…”, TikTok, 25 de junio del 2020. Recuperado de: https://vm.tiktok.com/J2DxMTu/
2 Nando Salva, «Hasta nuestro olor es un tema de clase social», El Periódico Extremadura, 25 de octubre de 2019.2 Nando Salva, «Hasta nuestro olor es un tema de clase social», El Periódico Extremadura, 25 de octubre de 2019.
3 Carlos Arrazola, “Marta Elena Casaús Arzú o el indio como la maldición de la oligarquía”, Plaza Pública, 20 de febrero de 2017.
4 Harald Waxenecker, Redes de poder político-económico en Honduras: un análisis post-golpe, San Salvador: Heinrich Böll Stiftung, 2020.
5 COPINH, “Coalición de Organizaciones Nacionales e Internacionales instan al FMO a no financiar a Banco FICOHSA”, copinh.org, 7 de julio de 2020. Recuperado de: https://copinh.org/2020/07/organizaciones-instan-fmo-no-financiar-a-ficohsa/
6 Radio Dignidad, “¡ALERTA! Comunicado de Alerta nacional e internacional…”, Facebook, 8 de abril de 2018. Recuperado de: https://www.facebook.com/764612176953998/posts/alertacomunicado-de-alerta-nacional-e-internacional-coordinadora-de-organizacion/1671772912904582/
7 Defensores en Línea, “El Estado, la Alcaldía de Tocoa e Inversiones Pinares serían responsable de cualquier atentado contra defensores del Bajo Aguán”, defensoresenlinea.com, 7 de febrero de 2019. Recuperado de:https://www.defensoresenlinea.com/el-estado-la-alcaldia-de-tocoa-e-inversiones-pinares-serian-responsable-de-cualquier-atentado-contra-defensores-del-bajo-aguan/
8 Harald Waxenecker, Redes de poder político-económico en Honduras: un análisis post-golpe, San Salvador: Heinrich Böll Stiftung (2020), pág 89.
9 David Harvey, “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión”, Socialist register. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
10 MADJ, “Pueblo Tolupán en Honduras a punto de morir de hambre”, madj.org, 7 de abril de 2020.
11 OFRANEH, “¿Cuánto vale la vida de un Garífuna en Honduras?”, ofraneh.wordpress, 12 de mayo de 2020.
12 CESPAD, “Alerta | Policía hondureña reprime protesta de Comunidad Garífunas y afecta gravemente a una niña”, cespad.org.hn, 21 de julio de 2020.
13 Comunicador Garífuna, “Tiroteo policial genera alerta y preocupación en la comunidad garífuna de Santa Fe (Giriga)”, Facebook, 26 de julio del 2020.
14 Secretaría de Finanzas, “La ejecución de los recursos…”, Transparencia COVID-19, consultado en julio de 2020.
15 Marta Casaús, “La metamorfosis del racismo en la élite de poder de Guatemala”, en Monzón, Ana et. al., Antología del pensamiento crítico guatemalteco contemporáneo. Buenos Aires: CLACSO (2020), págs. 439-440.
16 Melissa Cardoza, “La urgencia del Antirracismo”, Radio Progreso, 16 de junio del 2020.
