Escrito por Mirna Flores, analista senior del CESPAD
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA en un comunicado del Departamento de Justicia, del jueves 30 de marzo, notificaron que Juan Carlos Bonilla Valladares, alias ¨El Tigre¨ es acusado en un tribunal federal de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas.
Las acusaciones recurrentes de policías y ex policías que han ocupado los más altos rangos y cargos dentro de la estructura policial de parte de la fiscalía estadounidense ponen en cuestión los resultados de la depuración policial. Muchos de estos policías que han sido acusados por la justicia norteamericana, recibieron certificaciones y ascensos a los más altos rangos de la estructura policial, o fueron enviados al exterior antes de ser separados de la institución, la mayoría salieron de la institución por reestructuración administrativa, sin que se les hiciera una investigación sustentada que diera lugar a un proceso judicial, si así lo ameritaba.
Escándalos como el de Juan Carlos ¨El Tigre¨ Bonilla[1], pone más dudas sobre un proceso de depuración policial, que ha estado lleno de enormes falencias y críticas. En este ámbito es importante considerar que la depuración no se reduce al cambio de unas cúpulas policiales que son sustituidas por otras por la vía administrativa; tampoco a la salida masiva de policías de distinto rango por motivos diversos; siempre están las dudas sobre si salieron todos los que debían salir; por otra parte, muy pocos – sin tener conflictos de interés- se arriesgarían a asegurar que desaparecieron todas las redes de criminalidad que han operado al interior de la policía.
Corrupción y depuración policial
En la acusaciones de la fiscalía de los Estados Unidos queda establecido, que entre aproximadamente 2003 y 2020, múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras han trabajado con el apoyo de ciertos funcionarios públicos y personales particulares prominentes para recibir cargas de toneladas de cocaína enviadas a Honduras, desde Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, a los Estados Unidos.[2] Este contexto coloca el problema del apoyo de funcionarios policiales de todos los rangos, encargados de cumplir la ley, a la delincuencia organizada, no como un problema pasado, si no como presente.
De acuerdo a las acusaciones formuladas por la fiscalía estadounidense, Juan Carlos ¨El Tigre¨ Bonilla, uso su posición en la policía nacional para favorecer el narcotráfico. El Fiscal Federal de Manhattan S Berman dijo: “Juan Carlos Bonilla Valladares, el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, presuntamente abuso de sus cargos en la Policía Nacional de Honduras, para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico”[3].
Este caso de “El Tigre” Bonilla, lleva a replantearse algunas interrogantes que han estado presentes sobre los resultados, alcance y límites del proceso de depuración policial: ¿Qué pasó con los mandatos otorgados a la comisión depuradora?, ¿Qué ocurrió con la investigación criminal y por qué los órganos de justicia que no actuaron? ¿Por qué la mayoría de los casos de policías investigados, acusados y enjuiciados por narcotráfico se producen en los tribunales de justicia estadounidense y no en nuestro país? ¿Se puede hablar de una verdadera depuración sin enfrentar la corrupción policial?, y, finalmente, ¿Por qué permanecen en la impunidad los casos de policías denunciados que están fuera o dentro de la institución policial?
La Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada el 12 de abril de 2016 y estará en funciones hasta enero de 2022. Bonilla fue director policial de mayo de 2012 hasta 2013. En este caso particular, los depuradores ante los cuestionamientos y preguntas que se han hecho desde los medios de comunicación han respondido de la siguiente manera: 1) el expediente de esta persona no se encontró en ningún archivo y aun cuando está persona se encontraba en otro país, se procedió a la suspensión y cancelación de todos los privilegios que habían; 2) la información la manejaba la policía (no la depuradora) y cuando había indicios de duda, se procedía vía reestructuración. La Comisión Especial de Depuración envió 2000 expedientes al Ministerio Público, lamentablemente éste tiene muchas limitaciones en términos de recursos logísticos; “nosotros no somos investigadores criminales, esa facultad es del Ministerio Público”[4].
Juan Carlos ¨El Tigre¨ Bonilla en su defensa ha dicho que las acusaciones que se han vertido en su contra son falsas y que él salió de la institución por voluntad propia, también denunció “el ofrecimiento que hizo el Secretario de Seguridad Julián Pacheco en el año 2016, cuando le pidió que solicitara su retiro de la policía con la opción de participar de un cargo político y que a cambio de su renuncia le daría dos millones de lempiras”¨[5] Estas aseveraciones, sin duda, van en contra del miembro de la jerarquía del sistema de seguridad de más alto nivel, que forma parte y encabeza la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Las falencias la depuración policial
A partir del caso de Juan Carlos ¨El Tigre¨ Bonilla y de otros casos de policías enjuiciados por la Fiscalía Estadounidense, se pueden identificar algunas debilidades relevantes en el proceso de depuración policial:
- El contexto en que se aprueba una Ley de Depuración de la Policía Nacional y se nombra una Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional obedece tanto a las presiones internas, como externas. El gobierno de Juan Orlando Hernández se vio presionado a aceptar el proceso de depuración debido a los reclamos que se producían frente a los niveles exponenciales de descomposición que exhibía la policía[6]. Por esa motivación de origen, la depuración policial adolece de “voluntad política” para llegar a los niveles más profundos y enfrentar la corrupción policial.
- El gobierno y los depuradores han presentado la depuración en el nivel mediático, como la experiencia “más exitosa” que ha habido para sanear la policía en el país. Sin embargo, la salida masiva de oficiales y policías de diversos rangos no puede ser el indicador único para evaluar los resultados de la depuración policial. Muchos policías fueron certificados y elevados a los rangos más elevados de la estructura policial con el aval de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional y luego fueron acusados por vínculos con el narcotráfico, lavado de activos y otros ilícitos. Ante esto, muchas dudas se ciernen sobre la depuración, entre ellas: ¿Salieron los que debían salir de la institución policial? ¿Se les dieron “opciones” a los policías del más alto rango sobre el mecanismo bajo el cual querían ser “depurados”? ¿Cuántos de los policías certificados todavía forman parte de redes de criminalidad de distinto tipo? ¿Continúan protegiéndose actividades del narcotráfico desde adentro de la institución policial?
- La investigación de policías en manos de policías, es una fuerte debilidad de este proceso, por los enormes conflictos de interés que se producen, lo que ha derivado en expedientes extraviados, que se ocultaron o empapelaron, entre varias acciones irregulares. Aun cuando el Ministerio Público creó la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial con el objetivo de realizar las investigaciones de supuestos policías corruptos y que ha llevado a la judicialización de unos pocos casos, todavía faltan capacidades investigativas, de acción y coordinación entre operadores de justicia, que permitan reducir la impunidad policial.
Descargar: Análisis22 – CESPADAnálisis22 – CESPAD
[1] El ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, Comisionado General en situación de retiro, Juan Carlos Bonilla fue miembro de la institución policial durante 30 años y llego a ocupar los más altos cargos dentro de la estructura institucional.[1] Fue Director General de la Policía Nacional de 2012 a 2013 durante la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa y del Secretario de Seguridad Pompeyo Bonilla, en sustitución de Ricardo Ramírez del Cid. Antes fue Jefe Regional en Occidente, frontera con Guatemala y El Salvador, una región estratégica en el paso de la droga. Desde que inició su gestión como Director de la Policía Nacional, advirtió a los miembros de la carrera policial que mientras estuviera al frente de la institución se tendrían que remitir a las pruebas y se le encomendó iniciar con el proceso de depuración en su gestión. Bonilla fue denunciado por participar en ejecuciones extrajudiciales y fue absuelto de todos los cargos. Años después se le inculpó por su supuesta participación en crímenes de personas que se dedicaba a secuestro En diciembre de 2013 se anunció su destitución y en su lugar fue nombrado Ramón Sabillón Pineda. Tras su destitución, Bonilla fue enviado a Colombia como agregado policial. https://www.elheraldo.hn/pais/933704-466/juan-carlos-el-tigre-bonilla-entre-la-depuraci%C3%B3n-policial-y-acusaciones-de
[2] https://www.univision.com/noticias/america-latina/exjefe-de-la-policia-de-honduras-es-acusado-de-traficar-drogas-para-el-presidente-hernandez-y-su-hermano
[3] Comunicado, Departamento de Justicia, Fiscalía de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York.
[4] https://www.laprensa.hn/honduras/1376531-410/omar-rivera-comision-indicios-tigre-bonilla y https://www.laprensa.hn/honduras/1376516-410/razones-comision-tigre-bonilla-narcotrafico-eeuu
[5] https://criterio.hn/tigre-bonilla-denuncia-que-julian-pacheco-le-ofrecio-l-2-millones-para-que-renunciara/
[6] La aprobación de una Ley de Depuración policial y de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional, tiene como contexto inmediato el impacto que produjo la publicación de un informe de investigación presentado en Exclusiva por el periódico El Heraldo, el 5 de abril de 2016, y luego divulgado por el New York Times, noticia que recorrió el mundo. El informe revela la conspiración para ejecutar al zar anti- drogas y titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DCLN), General Julián Arístides González, por órdenes de la cúpula policial, con la participación de mandos intermedios de la policía nacional. Dos años después en circunstancias similares -devela el informe-, miembros de esa misma policía participaron en el asesinato de Alfredo Landaverde, quien fuera asesor de la policía nacional. En tal contexto, mostrar resultados en el corto plazo se convirtió en lo más importante.
