Roque Castro Suarez, catedrático de sociología de la UNAH
La cuestión social a debate
En un momento en que continúan las manifestaciones lideradas por la plataforma por la defensa de la salud y la educación y cuando la plataforma ha exigido condiciones que no han sido cumplidas, ha definido un dialogo alternativo. El dialogo ocurre en un contexto de crecientes demandas políticas contra el régimen de Juan Hernández. En Tegucigalpa, como en otras partes del país, la tarde noche del 19 de junio, se presenciaron un conjunto de protestas como pocas veces se había visto (aprovechando una huelga policial, el paro del transporte de carga que desabasteció de combustible a la capital). El gobierno por su parte (mientras anuncia más represión) ha instalado “el gran dialogo nacional por la educación y la salud (con seguidores, aliados y con sus marchas por la paz).
Hay que decir que estos diálogos han sido forzados por las protestas. Por la duración de las mismas, por la convergencia de los dos sectores de educación y salud que no ha tenido precedentes en el país, por el éxito que han obtenido en tanto han sido masivas con presencia en el territorio nacional, por las formas de lucha y sus impactos, algunos como efectos no deseados de la acción colectiva, por la combinación de demandas sociales con demandas políticas en un contexto de crisis de legitimidad y de credibilidad del gobierno. Se trata probablemente de la lucha social más importante para revertir políticas neoliberales en las casi tres décadas de implementación de este modelo en el país. Por el contexto es además una lucha importante por la democracia en tanto se cuestiona la ilegitimidad y la credibilidad del régimen de Juan Hernández, erosionando aún más la estabilidad del mismo.
El conflicto por otro lado mantiene la cuestión social (en este caso los sectores de educación y salud) abierta por lo que el debate teórico y el conjunto de prácticas son sometidas a revisiones para reorientar tanto a una como a otras. El que hacer y el cómo hacer adquiere nuevas posibilidades. Y desde aquí se abren nuevas oportunidades para otros sectores que han vivido o viven conflictos asociados con políticas privatizadoras o con tendencias autoritarias y o excluyentes. Así lo público, lo que es de todos y, sobre todo, lo que es construido por todos, así como la calidad de los servicios públicos, son nuevamente debatidos. Que educación y que salud para que sociedad aparecen también en el horizonte reflexivo. No hay duda que la experiencia está mostrando que todo cambio de la cuestión social solo será sostenible y sustantivo si hay participación de los actores y de los sujetos que conforman estos sectores.
Aun cuando no es posible prever el alcance que puede tener la propuesta de dialogo alternativo en sí y en tanto el gobierno pueda tomar en cuenta la misma, es una gran oportunidad, como ejercicio de democracia deliberativa-participativa (en un país donde en su historia el modelo de democracia, aunque en su versión más deficiente, ha sido representativa). Es así una propuesta desde abajo en tanto no viene desde el gobierno actual sino desde los trabajadores y profesionales organizados del Estado y desde una ciudadanía critica. Es además un espacio de aprendizaje para los participantes y es un modelo a seguir en lo construcción de políticas públicas.
El dialogo ciudadano alternativo en tanto es resultado de un proceso de movilización y protestas de extraordinario alcance, ha creado ciertas condiciones que hacen posible que sus demandas o buena parte de ellas puedan ser tomadas en cuenta y sin proponérselo puede oxigenar ciertos grados de legitimidad del gobierno. El gran reto es si la ciudadanía y la plataforma para la defensa de la salud y la educación serán capaces de continuar ejerciendo presiones puntuales y/o convertirse un ente de control social con cierta permanencia para asegurar que sus demandas se puedan cumplir.
En este sentido la democracia deliberativa y participativa puede contribuir a establecer acuerdos sobre metas básicas que no están aseguradas por la simple vigencia del orden democrático y económico y/o porque la vigencia de este orden, muchas veces basado en la jerarquía, la distancia social respecto a los gobernados, la autoridad absoluta, la arbitrariedad y el carácter discrecional en la toma de decisiones, es también una amenaza para la seguridad de la sociedad. En la perspectiva deliberativa la política tiene un poder constructivo, la política es vista como “el arte de lo mejor posible” (Calderón, 2002; 151). Hay aquí por tanto una forma de recuperación de la política que había sido secuestrada en los gobiernos de Juan Hernández y en general después del Golpe de Estado de 2009.
Protesta social y represión
Nueve personas han muerto resultado de la represión policial y militar (excepto dos de quienes se dice que fueron víctimas de otras personas que se molestaron por la toma de la carretera pues les impedía el paso; existe además cerca de un centenar de heridos y lesionados) durante las protestas organizadas (de abril a junio) inicialmente por la plataforma, pero que luego han tenido un carácter de auto convocatoria como la ocurrida el pasado 19 de junio que paralizo la tarde noche la capital de la república y mientras otras tantas ocurrían en el resto del país dando la sensación de que este se paralizaba en una inusitada insurrección contra el cuestionado gobierno de Juan Hernández, objetivo central de esta intensa jornada de protestas. Esta situación tuvo lugar en el marco de una huelga de un sector de policías (conocido como el escuadrón tigres de unos 1500 efectivos), al parecer descontentos por las condiciones en que ejercen sus labores policiales y al mismo tiempo por el paro de transporte de carga que afecto el abastecimiento de combustible a la ciudad capital.
Un dato para contribuir a la comprensión de lo ocurrido el 19 de junio es que en este movimiento ha convergido, en uno solo, como pocas veces y en una coyuntura critica de deslegitimidad del gobierno (de origen, de proceso y de resultados), una ciudadanía critica que apoya las demandas de la plataforma pero que su horizonte esta puesto en la salida de Juan Hernández y por el otro los profesionales y los trabajadores de la salud y la educación que tienen sus propias demandas sectoriales (y donde también muchos se suman al fuera JOH), de ahí que existe sin ser contradictoria, una tensión entre lo social y lo político.
Al inicio las demandas eran sociales, pero en el proceso, en la medida que no aparecían respuestas, se sumaron las demandas políticas (no es que no existían al inicio, es que se comunicaron en otro momento). El componente critico que aportan los primeros, algunos con camino recorrido, ha sido fundamental, a veces llevando las protestas al límite y/o en otras desbordándolo. Los segundos aportan el conocimiento sectorial, su presencia masiva a nivel nacional, además de ser un tema sensible para la población interesada y necesitada de los servicios públicos. Ambos con capacidad de agencia colectiva, son capaces de auto convocarse y sobre todo en la urgencia de la coyuntura, en este caso con demandas políticas. La ciudadanía critica que crece también en el proceso reconoce los límites de la plataforma y la plataforma respeta y comprende las demandas políticas.
Ahora bien, después de los acontecimientos del 19 de junio el gobierno ha indicado que los militares tomaran el control del resguardo del orden público, situación que ha sido condenada por la plataforma por la defensa de la salud y la educación, principalmente por todas víctimas que la militarización ha producido hasta el día de hoy.
Por otro lado, estas víctimas (9 en total) se suman a las otras 23 personas asesinadas (según reconocimiento de organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas) durante el conflicto poselectoral de 2017, aunque otros registros indican que murieron entre 40 y 50 personas por esos acontecimientos y también a otras víctimas de la represión y asesinatos después del Golpe de Estado de 2009.
El tema es preocupante porque desde el 2009 a la fecha no se han deducido responsabilidades penales contra los principales responsables de estos hechos. Y en la medida que no se sientan precedentes las victimas continuaran ocurriendo. Por tanto, esta situación cuestiona el Estado de Derecho, lo que lleva a pensar que aquí lo que realmente existe es un Estado de derecha. Hay que señalar que este es un tema (el de las victimas) fallido en el llamado dialogo poselectoral, que por el limitado alcance de las reformas esperadas, se convirtió en la continuación del fraude por otros medios.
Al final, en la actual coyuntura y con las características de la sociedad hondureña, cuando las protestas en sus demandas políticas han alcanzado un nivel importante para exigir el cambio, son los militares (de forma visible, aunque también otros poderes facticos que se benefician del orden existente) los que sostienen el régimen. Esta tendencia hacia la remilitarizaciónde la sociedad que parece justificarse por el crecimiento acelerado del crimen y sobre todo organizado, pero que se ha venido acentuando desde lo ocurrido el 2009, es un poderoso mal que acecha a las democracias. Sin castigo por los desaparecidos de los años ochenta en el marco de la guerra fría (sin olvidar por supuesto el gran poder económico acumulado-institucional-particular durante el extenso periodo de gobiernos militares), sin responsabilidad sobre lo acontecido el 2009, sin ser juzgados por las víctimas del conflicto poselectoral de 2017, continúan con sus mismas prácticas frente a la ola de protestas de estos meses.
Con este historial (pero empujado por el suyo propio: control de poderes del Estado para imponer una reelección y su posterior fraude electoral, la supuesta corrupción para llegar y mantenerse en el poder) el presidente del ejecutivo, sabiendo el papel estratégico que desempeñan los militares (y más como guardián pretoriano), establece una especie de alianza vía incremento del presupuesto (el más alto de la región centroamericana), la creación de la policía militar entre otras prebendas. Así se juntan dos poderes; uno, el militar de estructura jerárquica (nada interesados en un cambio político que limite su poder) y otro, el de Juan Hernández y su grupo con sus lealtades y redes (este tampoco quera dejar el poder sin hacer sus arreglos políticos que lo protejan en el futuro). En un Estado de derecho ambos poderes estarían siendo investigados y sometidos a juicio. En definitiva es este historial perverso y la alianza de poderes facticos (ahora con representación en los poderes del Estado) lo que vulnera toda posibilidad de democracia. Así la transición parece difícil pero la demanda de cambios es muy fuerte.
Y ya casi al cierre de este artículo, ocurre una nueva protesta con toma del Boulevard Suyapa en Tegucigalpa, como ya es tradición, por parte de los estudiantes universitarios. Resultado de ello, como siempre, fue el enfrentamiento entre la policía militar (ya no la policía nacional) y los estudiantes. Lo grave de los enfrentamientos, condenado por varios sectores de la sociedad, es que la policía militar irrumpió en el campus universitario hiriendo de bala a cinco estudiantes. Del lado de la policía militar se argumenta que entraron a la universidad para rescatar un policía que había sido atrapado por los estudiantes y que además los estudiantes estaban usando chimbas y lanzando bombas molotov (que en general no ha sido una práctica de la protesta estudiantil). La condena de estos hechos ha sido casi generalizada argumentándose la desproporcionalidad del uso de la fuerza. Se demanda por tanto una investigación seria (como si fuera posible en este país dado la inexistencia de un Estado de derecho).
Ahora bien, se ha conocido y como es de esperarse en esta coyuntura y como ha sido una práctica de las fuerzas del orden, que este evento habría sido planificado en la mesa de crisis de las Fuerzas Armadas colocando infiltrados con chimbas y bombas molotov en las protestas. Incluso se dice que en ese plan está la idea de colocar armas en la universidad para acusar a los estudiantes. Es decir, las Fuerzas Armadas por exigencia del régimen están en ofensiva y saben del papel fundamental que juegan los estudiantes en esta y en otras crisis. El argumento fácil de conspiración chavista y el origen violento de los estudiantes (del MEU), al estilo de la guerra fría de Juan Hernández no parece convencer. De ahí una conclusión es clara: el gobierno de Juan Hernández va a defender con toda su fuerza los días que le quedan de mandato. Por otro lado hay que señalar que según la experiencia de la guerra en Centroamérica (previa al llamado reciente periodo democrático), la represión fue uno de los factores que llevaron a la insurrección (sin duda eran otros tiempos y otros actores).
