Por: Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
Berta Cáceres puso sobre la mesa del Ministerio Público unas 48 denuncias relacionadas con la violación de derechos humanos de la comunidad Lenca y las irregularidades alrededor de la concesión del Río Gualcarque, para la instalación de la represa Agua Zarca. Una de esas denuncias, fue el detonante para que el binomio MACCIH/UFECIC diera vida a Fraude sobre el Gualcarque, el caso que dejó al descubierto las redes de corrupción en los recursos naturales en Honduras.
Antes de su asesinato, Cáceres ya había documentado las serias afectaciones y los arreglos pactados que se concretaron desde el alto nivel del Estado; los sobornos que se pagaron para que se permitiera la ejecución de un proyecto hidroeléctrico que solo significó destrucción, persecución, desplazamiento, amenazas y muerte.
La fuerza de la denuncia y las evidencias motivaron a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), con el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), a investigar y seguir el hilo de las acciones que se fraguaron para permitir la operación del proyecto.
Pero ¿qué evidenció la investigación del binomio UFECIC/MACCIH? Ana María Calderón Boy, la ex vocera de la MACCIH, conoció detalles que establecen cómo la visión de la ambientalista y lideresa Lenca ayudó, de forma insospechada, a documentar el caso Fraude sobre el Gualcarque, y a dejar en evidencia el fenómeno de la corrupción en las concesiones en Honduras, permeado por la colusión entre la administración pública y la empresa privada.
“Durante la investigación se descubrieron diversos trámites irregulares y la omisión de informes para la concesión de recursos hídricos, para favorecer a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)”, dice Calderón Boy, porque ella conoció la forma en cómo desde la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), se incumplieron procedimientos y se emitieron informes favorables para obtener la concesión del Río Gualcarque.
Los funcionarios públicos de esa institución sabían que DESA no cumplía con los requisitos mínimos para obtener el contrato de operación, así como la contrata de aguas sobre el río Gualcarque, pero dieron luz verde y les restaron importancia a las afectaciones al medio ambiente, a las comunidades y las personas. Fue así como pesó más el tráfico de influencias y el dinero.
¿Qué requisitos incumplió DESA?
En los años 2009 y 2010, la empresa DESA no contaba con la capacidad financiera para ejecutar un proyecto como Agua Zarca y, por otro lado, no estaba inscrita como proveedora del Estado. Pero la UFECIC/MACCIH también encontró que DESA tenía como socios a: Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (PEMSA), domiciliada en la República de Panamá e Inversiones las Jacarandas S.A. de CV, dos empresas que, entre los meses de junio y agosto del año 2011, se encargaron de incrementar el capital inicial de 25 mil lempiras a 50 millones. La investigación de la UFECIC/MACCIH, estableció que después se llegó hasta 143 millones de lempiras.
“En este caso se evidenció que a pesar que estaban identificadas las víctimas, se produjo la exclusión del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH”, lamentó la ex vocera de la Misión, porque considera que, desde el inicio del proceso, la organización debió tener un papel determinante para que las víctimas directas estuvieran representadas en el juicio.
Tardíamente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enmendó el error y a través de la Sala de lo Constitucional decidió incorporar al proceso al COPINH y retrotraer la causa a la etapa preparatoria en el caso del manejo de los recursos del Río Gualcarque.
¿Por qué debía darse la condición de víctimas al COPINH?
El COPINH siempre denunció que el Estado de Honduras le negó la condición de víctima a quienes sufrieron la violencia y sus consecuencias, que se generó luego de darse en concesión el Río Gualcarque, para la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Al negarse esa condición, se violentó el artículo 17 del Código Procesal Penal que les da el derecho de participar como víctimas en el proceso, porque la comunidad y organización fueron directamente afectadas por la corrupción con este proyecto.
También ignoraron lo que establecen los convenios y estándares internacionales que reconocen a las víctimas de los casos de corrupción. Lo más lamentable, es que desde que se autorizaron los permisos y licencias fraudulentas, para el funcionamiento ilegal proyecto Agua Zarca, comenzó a fraguarse el asesinato de Berta Cáceres, el que se concretó en febrero del 2015.
“Con la decisión de incorporar al COPINH como víctimas se hace justicia. Esta resolución es una victoria para el pueblo Lenca y para los pueblos indígenas en Honduras, que son violentados en sus derechos humanos mediante las concesiones ilegales”, manifestó en un comunicado la organización indígena.
El giro en este caso sólo evidencia lo que, desde años atrás, Berta Cáceres no dejó de denunciar: que los proyectos extractivos se adjudicaban sin cumplir los procedimientos de ley. Asimismo, que, desde las altas esferas, los funcionarios han estructurado redes de corrupción que atentan contra los bienes comunes de la naturaleza de diversas comunidades en Honduras.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
