Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), junto a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), dejaron iniciadas unas 50 investigaciones sobre corrupción en el país. Pero están paralizadas porque no hay auditores y fiscales para avanzar hacia la judicialización de los casos; la magnitud de la información de cada investigación es tan extensa y se hace imposible que los 5 auditores forenses que en la actualidad son parte de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), retomen esos casos.
Hace falta más personal para investigar a fondo los ilícitos, para obtener las pruebas que respalden las denuncias y o los hechos, y que puedan ser evidencia contundente en un juicio. Para lograrlo el Fiscal General debe asignar a la UFERCO más auditores y más fiscales.
¿Por qué son importantes?
Los auditores forenses son el recurso humano clave para analizar los hechos alrededor de los actos de corrupción relacionados con fraudes y manipulación financiera. Cruzan datos y revelan el enlace de poder y sometimiento entre el movimiento de dineros estatales, funcionarios, empresas y terceros. Son los que ven “al dedillo” si la contabilidad, las transacciones económicas y financieras son reales, si hay empresas consolidadas o son de “fachada”.
Esos auditores son los que sacan a luz, quiénes (en las redes de corrupción) formaron parte del saqueo y si no les bloquean el trabajo, avanzan hasta los niveles jerárquicos de mayor influencia. Son los que revelan quiénes tenían la dirección y mando, y desvirtúan la contabilidad “maquillada” que busca justificar el desvío de recursos públicos.
Este personal en la UFERCO es sumamente necesario porque su papel ayuda a establecer la vinculación de las empresas con el Estado, consorcios, personas naturales y jurídicas que están en el medio del manejo de los recursos públicos que estaban destinados a la inversión de proyectos y, además, si las concesiones y contratos siguieron o no, los procedimientos legales para ser adjudicados. Por eso es necesario que a la UFERCO se le asignen más auditores forenses y por supuesto, más fiscales para llevar el hilo conductor que consolide evidencias y un requerimiento en los tribunales de corrupción.
¿Cuáles son las líneas de investigación pendientes?
De las más de 50 investigaciones, para mencionar ejemplos, si la UFERCO tuviese más auditores forenses y más fiscales se habría avanzado en las 14 líneas de investigación que se derivan de Pandora, el caso de corrupción mediante el que se sustrajeron 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Mientras, en el caso Red de Diputados, hay 31 líneas de investigación pendientes pero los parlamentarios, al sentir pasos de animal grande por las investigaciones que estaban realizando, cerraron cualquier posibilidad de investigación. Saben que si la UFERCO tuviera esos auditores y fiscales trabajando, hoy muchos estarían procesados, enfrentando la justicia, por apropiarse de fondos que terminaron en campañas políticas o en sus bolsillos.
El caso Pacto de Impunidad, que se deriva del caso Red de Diputados, tiene 2 líneas más de investigación paradas porque no alcanzan los auditores para seguirle la pista a todos los funcionarios que malversaron fondos y sacaron millones desde el Congreso Nacional.
En el caso de Narcopolítica hay 4 líneas más de investigación pendiente. Este caso conecta con la criminalidad organizada y demuestra cómo los carteles de drogas han financiado las campañas de políticos para el nivel electoral presidencial, diputaciones y alcaldes.
Los casos de Caja Chica de la Dama, Patuca III, Licitación Fraudulenta del Seguro Social y Fraude sobre el Río Gualcarque, tienen toda una línea de investigación pendiente, esperando que exista voluntad para dar luz verde, incorporar personal e ir tras los pasos de los corruptos.
El Apoyo a UFERCO debe ser prioridad
“Solo hay 5 auditores y si no asignan más recurso humano, son casos que van camino a la impunidad”, lamenta Luis Javier Santos, coordinador de la UFERCO, en una entrevista concedida al CESPAD. Santos, quién está al frente de la Unidad Fiscal que va tras los corruptos, lucha entre el blindaje, la frustración y el coraje por marcar una nueva ruta anticorrupción.
Si en la UFERCO solo hay 4 fiscales activos, porque de los 8 asignados a esta Unidad, 4 están incapacitados, y de ese total sólo 5 son auditores forenses, entonces es necesaria la voluntad del Fiscal General para repotenciar una Unidad que genera esperanzas para luchar contra un monstruo de varias cabezas como es la corrupción. Pero la UFERCO, lejos de fortalecerse, es atacada por las redes de corrupción que intentan, a toda costa, impedir el avance de las investigaciones y judicializar casos de alto impacto.
¿Qué opina la población sobre la UFERCO?
Para que la UFERCO sea eficiente debe actuar con independencia, seguir en la línea de ganar la confianza, tal como lo manifestaron en la encuesta que el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), desarrolló entre los meses de abril y mayo del 2021, en la cual los y las hondureños dijeron en un 70%, que la UFERCO podría contribuir en mucho o algo en la lucha contra la corrupción.
La ciudadanía cifra las esperanzas para que a través de esta unidad fiscal se avance y se enfrente este flagelo que padece la sociedad hondureña, en un contexto de país en el que pareciera que la corrupción avanza victoriosa.
El reto es avanzar en la fiscalización, investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Pero mientras no exista una auditoría privilegiada, será difícil avanzar. Eso lo sabe la UFERCO, un ente desde el cual su escaso personal se la juega para descifrar los códigos y artimañas de las redes de corrupción que se han montado desde hace décadas en Honduras y que hasta hace unos cinco, la entonces UFECIC/MACCIH comenzó a desnudar.
“A la UFERCO buscan debilitarla, pero hay un equipo de hombres y mujeres dispuestos a dar la lucha para desmantelar a los corruptos que han manoseado los fondos públicos”, afirma Santos.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
