Por Alessandra Bueso
Periodista del CESPAD
Lavado de activo, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios, son algunos de los delitos que componen los casos que mantiene ante los Tribunales de Justicia, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO). Pero la UFERCO está diezmada y luego del cierre de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), y la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), quedó operando con la mitad del personal, disminuciones salariales, falta de logística y muy limitada para realizar investigaciones.
La UFERCO hace “malabares” para dar curso al sinnúmero de denuncias que a diario le llegan. Ocho fiscales en la actualidad, están al frente de los casos en proceso y otros nuevos que se presentarán ante los Tribunales de Justicia del país. De esos ocho, prácticamente operativos son seis, porque hay dos Fiscales que por razones de salud están inactivos, lo que limita la Unidad, porque también el número de investigadores es de apenas 12.
Bloqueos para acceder al Sistema Bancario del país
Los obstáculos que enfrenta la UFERCO son muchos. Uno crucial para el avance de las investigaciones acontece dentro del Sistema Bancario del País. Los bancos de Honduras no aceptan peticiones de información y muchos menos brindan información sobre las transacciones o relaciones comerciales de sus clientes de períodos que superen los cinco años.
La negativa se ampara en la reforma que se hizo a la Ley de Lavado de Activos en el año 2015. A partir de esa fecha solo se pueden entregar informes de los últimos cinco años a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que significa que no es posible tener acceso a información de administraciones de gobiernos anteriores sobre operaciones bancarias que sean sospechosas de formar parte de transacciones reñidas con la ley. La prohibición se establece el artículo 8 de la Ley, limitando el accionar de la UFERCO.
«Cualquier hecho que surja con anterioridad al 2015, no se puede investigar. Lo ocurrido por ejemplo con Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras y los primeros dos años de Juan Orlando Hernández, no se pueden investigar», dijo al equipo del CESPAD uno de los investigadores de la UIF.
A esto se suman otros bloqueos, como por ejemplo: no se pueden decomisar documentos o presentar acusaciones, porque con las nuevas normativas, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), o el Congreso Nacional (CN), no presentan informes preliminares de los casos, “no hay luz verde” para que esa unidad fiscal proceda con las investigaciones.
Sin logística
La UFERCO logró que el equipo logístico que dejó la MACCIH pasará a formar parte de los activos de esa unidad, pero parte de ese equipo se ha ido deteriorando por el mal manejo en el proceso de su entrega a esa Fiscalía. Hay aún seis vehículos que no les han sido traspasados porque “no aparece” el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), para hacer la entrega. Mientras eso no ocurra, los vehículos están parados y estropeándose pese a que en la UFERCO se necesitan.
Las deficiencias son notorias en todas las áreas. Desde que se creó como una unidad, en enero del 2020, no tiene apoyo internacional; pidieron que se duplicara el personal, pero dentro del mismo Ministerio Público no hay respuesta a la petición. «La UFERCO es la sombra de la UFECIC; fue un proyecto inacabado que inició pero no se logró concluir», nos dijo uno de los fiscales de la UFERCO.
Tras la salida del binomio UFECIC/MACCIH sobraban cooperantes que buscaban ayudar a robustecer esa unidad especializada. Pero se trató de una ayuda que no fue concretizada. Tampoco se ha recibido apoyo desde la Dirección de Fiscalías. «Es difícil trabajar con tanto obstáculo, pero seguimos. Pese a que no podemos decomisar documentos ni presentar acusaciones a los alcaldes y diputados, no desmayamos», siguen afirmando los entrevistados.
El Ministerio Público creó la UFERCO y nombró al Fiscal Luís Javier Santos como Director de esa Fiscalía Especializada. Se suponía que esa unidad continuaría con todo el apoyo para combatir la corrupción e impunidad en cualquiera de sus formas. Pero en esa Unidad hacen lo que pueden, convencidos de que van a seguir luchando pese al cierre de espacios.
«A los Fiscales de la UFERCO intentan desmotivarlos para que no investiguen, pero ellos siguen desarrollando con estoicismo su trabajo y son una especie de héroes anticorrupción», dijo Fátima Mena, exdiputada que apoyó los esfuerzos de la UFECIC/MACCIH y quien ahora, desde la Coalición Anticorrupción de Honduras, sigue aportando al fortalecimiento y trabajo de la UFERCO.
Tras la salida de la MACCIH, el Gobierno de Honduras anunció un plan integral anticorrupción y con bombos y platillos; dijo que enviaría al Congreso Nacional un proyecto de ampliación presupuestaria para fortalecer al Ministerio Público, aprobado por los diputados el 14 de febrero del 2020. La suma era de más de 138 millones de lempiras, unos 5.5 millones de dólares. Dijeron que era un «paso firme» para la lucha anticorrupción pero todo quedó en proyecto, porque fue un plan para fortalecer la UFERCO que nunca se concretó.
Mientras la UFERCO sigue la lucha, la estrategia de desmoralización que se implementó no ha funcionado y con tantas limitantes y obstáculos, sigue trabajando. Pagan caro enfrentar a las redes de corrupción que se instauraron desde el Gobierno, los bloqueos que limitan su accionar, pero están convencidos que su lucha contra los corruptos no desmayará.
La Caja de Pandora, Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Caja Chica del Hermano, Licitación Fraudulenta del Seguro Social, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, Patuca III-Colusión y Corrupción; Aseguramiento de Bienes de la Caja Chica de la Cama y Narcopolítica, son algunos de los casos que dejó como herencia la MACCIH y la UFECIC, y que ahora la UFERCO dirime ante el Sistema Judicial de Honduras.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
