Escrito por Mario Sorto/ Analista del CESPAD
Aunque en los últimos años los escándalos de corrupción en Honduras han involucrado directamente a funcionarios del Estado y miembros de la elite política, hasta el momento ninguno guarda prisión. ¿Por qué estos funcionarios han gozado de medidas sustitutivas y la suspensión de los cargos delictivos?
Este breve análisis nos lleva a reflexionar sobre la respuesta a esa pregunta, la que, sin lugar a dudas, tiene asidero en un escenario que está marcado por la forma en cómo las redes de corrupción siguen desarrollando sus acciones delictivas gozando de una total impunidad, en este caso, dentro de entidades estatales que, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deberían ser independientes.
Arca Abierta y la libertad de sus implicados
Un ejemplo reciente de lo citado anteriormente lo constituye el acontecido el 11 de diciembre de 2018, cuando el equipo Integrado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras (MACCIH), presentó ante la Corte Suprema de Justicia, un requerimiento fiscal contra cinco diputados y seis ex diputados hondureños por el presunto delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.
Con éste caso, denominado Arca Abierta, el equipo Integrado presentó pruebas para demostrar que los acusados malversaron fondos del Estado hondureño al depositar 21,1 millones de lempiras (algo más de 879.000 dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la ASOCIACIÓN PLANETA VERDE. El dinero procedíade Casa Presidencial (2 millones de lempiras), del Congreso Nacional (3 millones de lempiras) y de la Secretaria de Finanzas (16,1 millones de lempiras)[1].
Las pruebas presentadas, además, mostraron que los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas. Sin embargo, la sociedad hondureña se vio sorprendida cuando, en una primera etapa del proceso, el Juez Natural designado por la CSJ, decidiera dictar medidas sustitutivas a la prisión, a los 20 imputados.
¿Por qué medidas sustitutivas y no prisión? El blindaje de los altos funcionarios corruptos en la CSJ
La respuesta a la pregunta formulada al inicio de este documento está en las atribuciones de la CSJ y de los Jueces Naturales para conocer de los procesos judiciales de los más altos funcionarios del Estado, al igual que de diputados del Congreso Nacional.
En esta parte de la historia es importante retrotraer en el tiempo la forma en cómo se seleccionan los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras pues, como lo establece la ley, son electos por el Congreso Nacional. La historia ha sido enfática en reiterar en cada periodo de selección, las denuncias de componendas entre los congresistas de los diversos partidos políticos, para colocar Magistrados acorde a los intereses de quien ostenta la fuerza política. Luego, son estos Magistrados quienes seleccionan de entre ellos mismos, a los Jueces Naturales, muchos, incluso, carentes de una carrera como jueces. Algunos sectores han llegado a considerar a los Jueces Naturales, como políticos incrustados en el Poder Judicial de Honduras.
De tal manera que ésta institución, integrada por políticos tradicionales, se ha constituido en la principal herramienta de las redes de corrupción en el país, es decir que, a partir de las resoluciones favorables a los implicados en delitos contra el erario público, se evidencia que el sistema judicial sigue garantizando la impunidad de las elites corruptas.
La diferencia entre las resoluciones de los Jueces Naturales y los jueces anticorrupción de la UFECIC/MACCIH
Resulta interesante echar un vistazo a las resoluciones de los casos investigados y presentados ante la CSJ, que han sido dirimidos por los Jueces Naturales, pues los funcionarios públicos y políticos implicados en grandes casos de corrupción generalmente han gozado de dos opciones: medidas sustitutivas a la prisión, o la suspensión de los cargos delictivos. Las diferencias en estas resoluciones y los jueces de carrera que pertenecen al circuito de Jueces Anticorrupción, impulsado por la MACCIH, marcan una diferencia importante.
Sin embargo, las atribuciones de los Magistrados de la CSJ para juzgar a los altos funcionarios y políticos en el país se circunscriben en el artículo 313 de la Constitución de la República de Honduras de 1982. Por lo tanto, a pesar que, de forma reciente, la CSJ se ha constituido en el principal bloqueo para la lucha contra los grandes casos de corrupción, ésta norma tiene sus orígenes desde la transición a los procesos de democracia tutelada[2] en Honduras.
Específicamente, ésta norma hace referencia a las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, pero de forma particular, la segunda función de la disposición establece que a través de los magistrados, tiene la facultad de “Conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y Diputados”[3]. En definitiva, la CSJ tiene la potestad de determinar cuáles serán las resoluciones de los políticos en funciones, implicados en algún delito.
En palabras de la Coordinadora de la División de Prevención y Combate a la Corrupción de la MACCIH-OEA, Ana María Calderón, el problema con los Jueces Naturales reside en que “no son jueces de carrera, son políticos… y además porque, ellos asumen los casos de los funcionarios de alto nivel”.
Pero lo más llamativo de su declaración se encuentra en lo inesperada que resultó la atribución de los Jueces Naturales para la MACCIH. De acuerdo con la funcionaria, haciendo referencia al rol de los magistrados de la corte en la resolución de altos casos, “no se tomó en cuenta eso durante los Convenios”[4].
La declaración de la funcionaria ofrece una respuesta al porqué del protagonismo de la MACCIH en la iniciativa para impulsar la creación de un Circuito Anticorrupción integrado por jueces y magistrados anticorrupción, certificados por ésta institución en apoyo al combate a la corrupción. En definitiva, desde la perspectiva de la MACCIH, la salida a los bloqueos de los casos que presenta en conjunto con la UFECIC, pasa por una judicialización independiente y, con jueces de carrera.
Las implicaciones de las resoluciones de los Jueces Naturales de la CSJ
El caso “Red de Diputados” fue el primero que evidenció el bloqueo de las estructuras estatales en distintos ámbitos. Se destacó el rol de los diputados del Congreso Nacional con la aprobación de una reforma a la Ley de Presupuesto, que tenía como fin impedir el desarrollo de las investigaciones en torno a los presupuestos asignados a estos funcionarios del poder legislativo y las irregularidades en el uso de los recursos estatales.
En fin, con las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional se buscaba impedir la judicialización de los implicados.
De igual forma, este caso evidenció el rol de los Jueces Naturales, a partir de las resoluciones favorables a los implicados. En este sentido, a partir de las reforma a la ley, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Jueza Natural Designada, archivó el caso “Red de Diputados” y lo trasladó al Tribunal Superior de Cuentas[5], tal como lo establece la reforma a la Ley de Presupuesto.
Finalmente, el caso concluyó con la decisión de la jueza natural, de desestimar la solicitud y ordenar medidas sustitutivas como la prohibición de la salida del país y posteriormente, la suspensión de los cargos.
El mismo recurso de blindaje a la corrupción se ha demostrado en otros casos presentados por el binomio UFECIC/MACCIH. Por ejemplo, el caso denominado “Pacto de Impunidad”, es otra evidencia de las contradicciones en las resoluciones de los Jueces Naturales.
A manera de cierre
Aunque los artículos de la Constitución que establecían que los principales funcionarios estatales no podían ser registrados, detenidos ni juzgados por ninguna autoridad, fueron derogados, es evidente que el sistema judicial sigue garantizando la impunidad. La selección de los Jueces Naturales en los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y los diputados, permite dar cuenta de la vigencia de una vía que propicia la impunidad para los funcionarios estatales y políticos.
De ésta manera, la lucha contra la corrupción y la impunidad primero debe pasar por profundas reformas en el sistema político hondureño. No obstante, las élites de poder político en la actualidad se encuentran dirigiendo sus esfuerzos a la implementación de reformas electorales, claramente en contraposición con los esfuerzos de distintas iniciativas ciudadanas en el combate a la corrupción. En definitiva, las acciones de los partidos políticos en torno a ésta temática conlleva a reflexionar sobre el grado de importancia que las instituciones políticas le otorgan a la corrupción y la impunidad.
En conclusión, Honduras urge de reformas en el sistema judicial, sobre todo las relacionadas con la independencia, respecto a otras entidades estatales; los procesos de selección de los magistrados de la CSJ y, finalmente, a la relevancia de revisar las atribuciones de los Magistrados de conocer los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y los diputados, pues éstos representan un importante bloqueo para la judicialización efectiva de los casos de corrupción, tal como se evidenciará con algunas de las resoluciones de los casos presentados por el binomio UFECIC/MACCIH.
Las distintas resoluciones en los casos de corrupción impulsados por la UFECIC/MACCIH y por otras organizaciones en el combate a la corrupción varían de forma significativa, dependiendo de si los jueces asignados pertenecen al Circuito Integrado Anticorrupción, como una iniciativa de la MACCIH, o si son jueces naturales asignados por la Corte Suprema de Justicia.
Por consiguiente, en el actual
contexto del país es necesario reflexionar sobre las estrategias que pueden
surgir desde las iniciativas ciudadanas para presionar, influir e informar a la
población, sobre la necesidad de reformas constitucionales en el sistema
judicial en Honduras, destacando el rol de los Jueces Naturales como uno de los
más importantes recursos de las redes de corrupción para que sus actos delictivos
continúen en impunidad.
[1] Para un mayor detalle del Caso “Arca Abierta” presentado por el Equipo Integrado UFECIC-MP/MACCIH-OEA en http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-079/18
[2] Los análisis sobre la transición democrática coinciden que con la transición de los gobiernos militares a civiles, las FF.AA., continuaron con una preeminencia sobre las autoridades civiles, y por ende, ejerciendo una función tutelar.
[3] Para un mayor detalle de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras en
http://www.poderjudicial.gob.hn/transparencia/estructura/Paginas/Funciones.aspx
[4] Entrevista realizada a Ana María Calderón Boy el 14 de diciembre de 2018
[5] La noticia en detalle sobre las resoluciones de la CSJ en el Caso “Red de Diputados en
http://www.laprensa.hn/honduras/1146100-410/diputados-maccih-corrupcion-juan_jimenez-oea-honduras-
