Tomado de: mundubat.org
La Vía Campesina y la Fundación Mundubat hicieron público el Informe: Campesinas y campesinos en Honduras: Por el Derecho a Defender la Tierra y el Territorio Honduras. El trabajo se inscribe en el proyecto: Dignidad campesina: aportaciones para una Declaración Universal de Derechos del Campesino. La actividad se llevó a cabo el pasado 28 de julio de 2017 en la ciudad hondureña de Tegucigalpa.
“No fue fácil este trabajo”, sostuvo el autor del documento Gustavo Irías, director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). El Informe detalla el asesinato de la lideresa campesina Margarita Murillo (2014), donde se violentó el Derecho a la Vida y la negación al acceso de justicia. El caso es de alto impacto, pero está estancado, al igual que el asesinato de Berta Cáceres (2016). También se exponen casos de desalojos violentos, concentración de tierra, recuperaciones de predios, criminalizaciones y un largo etcétera.
En la presentación del Informe participaron Jazmín López, coordinadora de CODINCA; Rafael Alegría, coordinador de La Vía Campesina-Honduras; Gustavo Irías, CESPAD, y Hugo Hernández, de Mundubat.
Los instrumentos legales
La lucha histórica encaminada por el movimiento campesino mundial se ha enmarcado en el conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, que tratan con el derecho a la alimentación, a la vivienda, al acceso al agua, a la salud, los defensores en derechos humanos, los pueblos indígenas, sobre el racismo y la discriminación racial y sobre los derechos de las mujeres.
Sin embargo, muchos de estos instrumentos internacionales han resultado insuficientes frente a las graves violaciones de derechos humanos que se sigue cometiendo en la población campesina. Conscientes de la amenaza que se cierne sobre la agricultura y pesca a pequeña escala, La Vía Campesina (LVC) ha puesto el acento en la necesidad de contar con un nuevo instrumento de derechos que defienda y garantice la identidad de aquellas personas involucradas en la pequeña agricultura, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza y la recolección, y artesanías relacionadas con la agricultura.
El Informe es un aporte desde Centroamérica y, en especial, desde Honduras, país catalogado como uno de los países más peligrosos para las organizaciones agrarias y ambientalistas para promover y defender sus derechos humanos, especialmente los económicos, sociales y culturales.
Enemigos de la vida
El patrón de desarrollo que impulsan las élites dominantes en Centroamérica, ha colocado su acento en proyectos extractivistas: agronegocios-cultivos flexibles (palma africana y caña de azúcar), energía renovable, minería y turismo. Asimismo, asociaciones público-privadas en la construcción de obras públicas (carreteras, puertos y aeropuertos) y prestación de servicios (por ejemplo, la energía eléctrica, el agua y otros).
Todos estos proyectos son desarrollados por el gran capital nacional, centroamericano y transnacional, orientados por el enfoque de una “nueva ruralidad”, donde su interés ya no sólo es el acaparamiento de grandes extensiones de tierra agrícola para producir, sino el territorio rural en su conjunto apto para este conjunto de emprendimientos.
Igualmente, el Informe expone con datos que tanto en Honduras y Centroamérica el intenso proceso de acaparamiento de tierras y territorios por el gran capital, tiene como su cara opuesta el desplazamiento de sus territorios de la población rural: indígena, garífuna y campesina.
La lógica del mercado, guiada por los compromisos con los tratados de libre comercio, ha reemplazado, o dejado poco espacio, a la lógica de la vida y del respeto a los derechos humanos en su más amplia comprensión. Esto, a su vez, crea dinámicas de resistencia social y el desarrollo de una variedad de conflictos socio-territoriales, con saldos preocupantes en la infracción de los derechos humanos.
Atacan los Derechos Humanos
En Honduras –subraya el Informe- desde el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, se vive un estado de intensa violación de los derechos humanos. En el pos golpe de Estado, esta situación no ha cesado ni disminuido, más bien se ha profundizado. Al grado de que es posible sostener que Honduras atraviesa por una grave crisis de los derechos humanos. Las principales víctimas han sido los y las defensoras de la tierra y los territorios, alrededor de 120 de estos y estas activistas han sido asesinadas y más de 3,000 enfrentan procesos judiciales amañados.
A más de un año del asesinato de Berta Cáceres, los principales ejecutores de su crimen no han sido juzgados, aunque se mantienen en prisión, pero lo más preocupante es que el Estado hondureño carece de voluntad política de identificar, capturar y procesar a los responsables intelectuales de su asesinato.
En el actual proceso de discusión del contenido de la Declaración Universal de Derechos del Campesino, constituye un llamado de atención la fuerte y preocupante tendencia en Honduras hacia la criminalización contra las y los defensores de los derechos humanos, especialmente de la tierra y territorios. Es un hecho que, después de 8 años del golpe de Estado del 2009, las ejecuciones extra judiciales continúan, igualmente el uso indebido del derecho penal con acusaciones de usurpación y robo, denegación del acceso a la justicia, agresiones y estigmatizaciones.
Una red de resistencia
En este contexto, la categoría de defensores de la tierra y los territorios ha tomado fuerza y se ha ampliado, incluyendo a las ONGs defensoras de derechos humanos, pero también a los y las activistas agrarios y ambientales que a diario se exponen defendiendo y reclamando derechos a empresas y al Estado. También incluye a todas aquellas personas e instituciones que difunden ideas, capacitan en derechos humanos y realizan investigaciones.
Al respecto, recientemente, la CIDH ha expresado su preocupación sobre la falta de medidas y mecanismos para proteger la integridad física y la vida de los y las defensoras de la tierra y territorios en Honduras y América Latina.
Adicionalmente, en el Informe, se exponen cinco casos sobre la criminalización de las luchas agrarias en Honduras. Estos casos son:
1) Río Blanco, la defensa del río Gulcarque y el asesinato de Berta Cáceres;
2) Zacate Grande, defensa del territorio y criminalización de sus pobladores;
3) Margarita Murillo, una defensora de la vida y la justicia agraria;
4) Punta Piedra, una comunidad Garífuna que lucha contra el despojo de sus tierras; y,
5) Campesinos lencas sin tierra, entre la pobreza y criminalización. El caso de la Base Campesina “9 de julio”.
Finalmente, los hallazgos del Informe sobre la situación de Honduras y Centroamérica representan una oportunidad para contribuir con aportes de contenido para la mejora de la Declaración Universal de Derechos del Campesino. Para el caso:
- considerar dentro de sus fundamentos la Agenda 2030 de desarrollo sostenible;
- incorporar la declaración de defensores y defensoras de derechos humanos de las Naciones Unidas;
- retomar e incorporar la categoría de defensores y defensoras de la tierra y los territorios;
- demandar de los Estados el compromiso de regular y controlar el uso de las empresas privadas de seguridad al servicio de corporaciones privadas nacionales y extranjeras;
- ampliar las precisiones sobre el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades rurales y reforzar el derecho que al respecto gozan los pueblos indígenas y negros con el Convenio #169;
- asegurar de parte de los Estados la adopción de protocolos de desalojos sustentados en estándares internacionales de derechos humanos, además, el abstenerse del uso del poder punitivo estatal por funcionarios públicos y no permitir su utilización por actores no estatales para hostigar a defensores de la tierra y territorios,
- asimismo, obligarse a establecer y operar mecanismos de protección de los y las defensoras con el montaje de una institucionalidad vigorosa y adecuado presupuesto; entre algunas de sus recomendaciones.
Créditos de imágenes: Archivo histórico de Mundubat y de la Misión vasca de observación de Derechos Humanos a Honduras.
