Por: René Estrada
El proceso de selección de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras comenzó con la polémica aprobación de la Ley que regirá la Junta Nominadora, ente que tendrá bajo su responsabilidad la selección de los aspirantes a las magistraturas del país. Por eso, conversamos con dos destacadas abogadas del mundo del derecho internacional, para conocer su valoración acerca de un proceso que es fundamental para la existencia de un Estado democrático de derecho y el respeto de los derechos humanos.
Úrsula Indacochea es abogada de nacionalidad peruana, que se integró al equipo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), desde noviembre de 2015, para trabajar en temas de independencia judicial. Mientras, Marcia Aguiluz es una abogada costarricense que trabajó durante 13 años para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Actualmente es coordinadora del proyecto en línea Women’s Link.
Ambas expertas en derecho internacional hablaron con el CESPAD, y colocan en la mesa elementos y aspectos que deben tomarse en cuenta para garantizar la independencia del nuevo órgano judicial, basado en la elección de magistrados y magistradas por méritos y capacidades, en el marco de un proceso transparente y con publicidad, en el que persista el escrutinio de los sectores sociales. Esos aspectos, son parte de los estándares internacionales que deben garantizarse y respetarse en este tipo de procesos.
La Corte Suprema debe garantizar su rol de contrapeso
Para Indacochea, el rol de la Corte Suprema de Justicia debe cimentarse en “garantizar que el poder público y el poder político se ejerzan dentro del marco de la Constitución y de las leyes”. Eso indica que, además de la coordinación del sistema judicial del país, este órgano del Estado tiene la responsabilidad de ser un contrapeso del poder Ejecutivo y el Legislativo, para que se respete la separación de poderes.
En su función de contrapeso, la Corte tiene la facultad de obstaculizar el avance de las agendas políticas, lo que históricamente ha generado el interés de los grupos de poder, ya que como comenta la abogada de la Fundación para el Debido Proceso, estos grupos “se han dado cuenta que muchos de los debates que se pierden en la arena política se pueden reabrir en la arena jurídica y por eso les interesa mucho tener cierto grado de control sobre las Cortes”.
Indacochea recordó que por el importante rol que tiene la CSJ, es imperativo que se escoja “una corte alejada de los intereses y las influencias de los poderes políticos” para asegurar que los fallos de esta no se vean sesgados por compromisos o padrinazgos que al final afectan a la ciudadanía.
Considerando las tendencias regionales de consolidación del poder, por medio de las Cortes, el Congreso Nacional debe asegurar una elección objetiva, basada en méritos, en la que prevalezca la idoneidad y la capacidad sobre los compromisos político-partidarios.
Una elección fundamental en el marco de un proceso de debilitamiento fuerte del Estado de derecho
Para la abogada Marcia Aguiluz, “en el contexto de Honduras, esta elección es fundamental porque se viene de un proceso de debilitamiento fuerte del Estado de Derecho, en el que, además, la CSJ, desde el 2009, ha tenido un rol protagónico en la alianza con sectores que han debilitado la democracia”, y es justamente la consolidación de estas alianzas lo que los estándares internacionales buscan evitar.
Por eso, para Aguiluz “esta elección es determinante y es un paso clarísimo de vuelta a la democracia si realmente se cumplen los criterios objetivos y no criterios que tengan que ver con quien tenga el poder en el momento”.
Se debe respetar el escrutinio social
Indacochea acota que los poderes políticos se encargan de hacer creer, la mayor parte del tiempo, que procesos como el que vive Honduras, son asunto de su exclusiva competencia, y “dejan de lado que participar es un derecho ciudadano, reconocido en los instrumentos internacionales”.
Por razones como las antes mencionadas, los estándares internacionales, su respeto e inclusión en estos procesos son importantes, porque buscan que se respete el escrutinio social, fomentando la participación ciudadana durante el período de elecciones, por medio de auditorías. Y, como reitera Indacochea “el Estado debe garantizar que haya espacios para que la sociedad pueda presentar información sobre candidatos o candidatas, oponerse a ciertas candidaturas, impugnar actos del proceso, proponer preguntas para las entrevistas y en general, poder acceder a todos los documentos relevantes al proceso”.
Por su parte, Aguiluz resalta que al no respetarse el derecho al escrutinio social “se elegirá a personas sin la garantía de independencia judicial que, a la larga, van a terminar fallando a favor de los amiguismos y de los intereses políticos y económicos y será la ciudadanía la que pierda al final, porque la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía de la persona común”.
Cumplir los estándares, es cumplirle a la democracia
Si bien el cumplir con una elección independiente, con base en méritos y capacidades, apoyada y resguardada por el escrutinio social es clave, a nivel internacional se acentúa la necesidad de tener un proceso incluyente y diverso, que sea transparente y publicitado.
Y respecto al cumplimiento de los estándares de inclusión, la abogada Indacochea aseguró que cumplirlos “es una exigencia de la democracia. Por ejemplo, la participación de las mujeres debe ser promovida y garantizada y no hacerlo implica incumplir una obligación de remover esos obstáculos que muchas veces son invisibles y que parecen neutrales pero que están ahí”.
Añadió que “permitir la participación de distintos sectores va a generar una Corte diversa, lo que enriquece las resoluciones porque todos los argumentos y las distintas visiones o interpretaciones de la ley se van a poner sobre la mesa”.
En otras palabras, el cumplimiento de los estándares internacionales, más que un compromiso del Estado de Honduras, es la base para garantizar la democratización de la Corte Suprema de Justicia, ya que se mejoraría la percepción de la ciudadanía respecto a su accionar, y fortalecería el sistema de pesos y contrapesos.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anticorrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
