Por: Xiomara Orellana
Honduras está a las puertas de iniciar el proceso de selección del Fiscal General de la República y de los hombres y mujeres que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país. Son puestos clave para adecentar un sistema judicial corroído por señalamientos de parcialidad, dependencia y colusión con la corrupción. Mientras en la mesa hay tres propuestas, de tres diferentes sectores que buscan regular la selección de estos cargos, la sociedad y la Cooperación Internacional están expectantes porque se espera que sean procesos basados en criterios y mecanismos de evaluación claros, previamente establecidos, con base a estándares internacionales.
Para los representantes de la comunidad internacional que han acompañado y asesorado a las organizaciones locales (para que sean veedoras de los procesos de selección), la Junta Nominadora es crucial para escoger a las y los candidatos idóneos. Conversamos con Lucas Valderas, Jefe de Misión de Abogados Sin Fronteras-Canadá (ASFC), quien, de acuerdo con su criterio, se deben sentar las bases de un proceso confiable que brinde independencia, imparcialidad e integridad a la nueva elección del Fiscal General y de los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Valderas sugiere que para entender la dimensión e importancia de estos procesos se debe analizar el impacto que un sistema de justicia imparcial e independiente tiene, sistémicamente, en el Estado de Honduras y, particularmente, en la garantía efectiva de los derechos humanos en el combate a la corrupción.
La impunidad, la falta de aplicación efectiva de los derechos humanos y la falta de eficacia en el combate a la corrupción, son aspectos que para ASF-C, deben analizarse como elementos importantes en el proceso de selección de los candidatos.
Hay un conjunto de estándares internacionales de transparencia y rigurosidad que desde el Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano están sentando las bases a seguir y que incorporan cuatro elementos importantes para generar herramientas e insumos en esta nueva elección. “Es clave para seleccionar candidatos por sus méritos y capacidades”, acota el Jefe de Misión de ASFC.
A lo anterior se suma otro elemento no menos importante: garantizar la participación de la ciudadanía. Esto conlleva a generar mecanismos adecuados de acceso a la información de forma pronta, y generar oportunidades para que la ciudadanía participe en los procesos a través de preguntas, opiniones y, en general, como veedor del proceso.
“Clave es también la garantía de la igualdad y la no discriminación, que eso en países como Honduras tiene una importancia muy significativa, dado el rezago estructural que existe para la mujer y para otros grupos de la población en incorporarse en puestos claves de Gobierno y en altas magistraturas del sistema de justicia”, agregó Valderas.
La veeduría es un aspecto muy importante, por eso ASFC y la Fundación para el Debido Proceso acompañan, fortalecen y asesoran a las organizaciones locales y a los actores que participarán en esta elección.
El proceso de selección
El proceso de elección de magistrados de la CSJ, está a cargo del Congreso Nacional. Este ente ha elegido las tres últimas Cortes de los periodos 2002-2009, 2009-2016 y el actual, cuyo periodo abarca los años del 2016 al 2023.
El proceso tiene dos etapas: la preselección de los aspirantes, que está a cargo de la Junta Nominadora, y elección, responsabilidad que recae en las y los diputados del Congreso Nacional.
Actualmente hay una Ley de la Junta Nominadora que establece que el presidente del Congreso Nacional debe, el 15 de julio de este año, convocar a quienes integrarán la Junta Nominadora. En los 30 días subsiguientes debe acreditar a sus representantes para, posteriormente, definir la lista de los candidatos que propondrán las diferentes organizaciones. No hay una fecha establecida para que la Junta Nominadora mande la nómina formalmente al Congreso, pero la fecha para la elección de los nuevos Magistrados está instituida para que se realice el 25 de enero del 2023.
Con la actual Ley, la Junta Nominadora envía una nómina de 45 candidatos y candidatas de las cuales se eligen 15, por mayoría calificada de dos tercios, para un periodo de siete años, pudiendo ser reelectos. Una vez entregada la nómina, por parte de la Junta Nominadora al Congreso Nacional, se procede a nombrar una Comisión Especial Multipartidaria para que presente al Pleno del Congreso Nacional una nómina de 15 candidatos a magistrados para integrar la CSJ.
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros (86 votos de un total de 128). Si no se logra la mayoría calificada para la elección de la nómina completa, se efectuará votación directa y secreta para elegir, individualmente, los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de las dos terceras partes.
Esperanza de una nueva Ley
Para el proceso de selección actual, el Gobierno de Xiomara Castro envió una propuesta de ley al Congreso Nacional para la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora, y la proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este documento fue preparado por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, con el apoyo directo de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (OACNUDH).
Este Proyecto de Ley Especial se basa en el principio de la independencia judicial, un aspecto clave para la administración de justicia, que garantice la independencia, imparcialidad y transparencia, así como el principio de separación de poderes, el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho.
Pero hay dos propuestas más que emergen de la sociedad civil y son iniciativas que coinciden en señalar que quienes integren la Junta Nominadora “no deben ser juez ni parte”, porque ellos nominan los candidatos y a la vez los evalúan.
“Son tres propuestas las que apuntan a cambiar el marco normativo y a generar un marco normativo más sólido, más estable, más desarrollado, que incorpore estos estándares”, expone el Jefe de Misión de ASFC.
Por eso, el interés es que, al reintegrarse el Congreso Nacional, se analicen las propuestas para que una se apruebe. De sancionarse la nueva normativa, se supliría la aprobada en el año 2011; los representantes de organismos internaciones consideran que hay que seguir trabajando y será mucho más importante el trabajo de la ciudadanía organizada en el proceso de veeduría.
“Es importante contar con los filtros, porque esta elección debe ser muy cuidadosa para elegir a los mejores”, sostiene Fátima Mena, diputada y presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, mientras agrega que “lo que todavía está por verse es si habrá un cambio en la normativa. Si no se produce y se elige con la actual ley, es obligatorio estar vigilantes de la selección y evaluación de los candidatos”.
Vaderas está consciente que, si no se aprueba no quiere decir que no haya oportunidades para avanzar, pero es necesaria una elección con base en méritos y capacidades, transparencia y publicidad, participación ciudadana, igualdad y no discriminación.
La Junta Nominadora tiene un marco de autorregulación y su papel es vital en este proceso. “Hay filtros muy básicos como la descripción de un perfil de aptitudes y capacidades de los Magistrados, pero la Junta Nominadora va a establecer bajo qué parámetros o bajo qué criterios va a valorar esos perfiles profesionales”, señala Valderas.
El reto está lanzado en esta elección. Pero, sin duda alguna, el papel de la ciudadanía es crucial para adecentar y despolitizar los sistemas de selección y nombramiento de los jueces y magistrados del Poder Judicial de Honduras.
