Por: Cespad
El crónico déficit de un Estado democrático de derechos, el enclave autoritario de los militares, la crónica corrupción policial y el ineficaz sistema de protección de los derechos humanos, se convierten, entre otros, en los principales obstáculos para el Gobierno de Xiomara Castro. ¿Cómo enfrentar esos desafíos?
Diagnóstico situacional: la herencia autoritaria de los 12 años
Los 12 años del gobierno del Partido Nacional representaron un notable retroceso del Estado de derecho y, por consiguiente, un deterioro significativo de la institucionalidad pública. En este período se construyó una autocracia electoral en la cual los diversos poderes del Estado fueron concentrados en el Ejecutivo, perdiéndose el carácter republicano del Estado. En este contexto, la remilitarización del Estado y la sociedad fue intensa, al grado que los militares retornaron como actores centrales en la gestión estatal. Tal como lo ha informado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esto ha incluido, entre otros, “la creación de la policía militar, la militarización de la función penitenciaria y, en campos de educación, como el programa para niños y adolescentes Guardianes de la Patria”[1].
En estas circunstancias, este régimen fue responsable de la infracción sistemática de los derechos humanos en sus diversas generaciones, denunciado reiteradamente por organizaciones nacionales e internacionales. Para el caso, en el 2018, la CIDH observó “con preocupación la información recibida durante su visita respecto del involucramiento de agentes militares en asesinatos, ejecuciones, secuestros y detenciones arbitrarias en contra de civiles y el desplazamiento forzado de personas”[2]. Esta información fue confirmada por la investigación que realizó Global Witness en el 2017, la que calificó a Honduras como el país más peligroso para defender derechos humanos[3].
La deformación de la institucionalidad estatal llegó al extremo de derivar en un “narco estado”, tal como han sostenido las acusaciones generadas desde el Departamento de Justicia estadounidense y de la Corte Sur de Nueva York. Para el caso, en el juicio al ex diputado Juan Antonio Hernández, el Fiscal Emil Bove, en audiencia del 16 de octubre de 2019, aseveró que “para el año 2010 el acusado y sus coconspiradores controlaban el gobierno y utilizaban el gobierno para proteger a los narcotraficantes que estaban alineados al Partido Nacional. Es decir, el tráfico de drogas patrocinado por el Estado. Y con ese nivel de poder y control el acusado era prácticamente intocable”[4]. Desde la fiscalía estadounidense y la DEA ha sido reiterado el señalamiento que tanto policías y militares han apoyado las actividades de destacados narcotraficantes del país. Es decir, la relación perversa entre corrupción y política, mediada por la narcoactividad y el apoyo de las fuerzas militares y policiales, pervirtió la democracia hondureña y su legitimidad.
Debido a ello, las elecciones del 28 de noviembre del 2021 eran claves para recuperar y reconstruir el Estado de derecho, la democracia, y restablecer el respeto de los derechos humanos. El mandato popular fue masivo para Castro. A los pocos días de la toma presidencial, el 14 de febrero[5], el gobierno de los Estados Unidos decidió solicitar en extradición al ex presidente Juan Orlando Hernández. Pocas veces en la historia del país la política estadounidense ha coincidido con las expectativas populares y nacionales. Además, esta extradición y su proceso dejó fuera de la dinámica política al actor con mayor interés de conspirar permanentemente en contra de la reconstrucción del Estado de derecho y su institucionalidad.
- Logros en el marco de los 4 meses: ¿en qué dirección avanza el país hacia la reconstrucción del Estado de derecho?
2.1 Amnistía para los perseguidos políticos.
Mediante el decreto 4-2022: “Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan”[6], conocida popularmente como la Ley de Amnistía, se emitieron sobreseimientos definitivos a favor de manifestantes criminalizados por protestar contra el fraude electoral del 2017, exiliados políticos (los casos, por ejemplo, de Eduardo Urbina y René Amador) y estudiantes universitarios procesados por su derecho a la protesta. Además, se han restituido derechos a personas expulsadas del país por sus ideas políticas (por ejemplo, el caso del Sacerdote Andrés Tamayo). No obstante, este decreto ha generado el cuestionamiento de diversas organizaciones sociales por prestarse a beneficiar a ex funcionarios de la administración de Manuel Zelaya Rosales, acusados de corrupción, sin ninguna relación con los hechos del golpe de Estado del 2009[7].
- Restructuración de la administración central
Una de las promesas de los primeros 100 días consistía en “la eliminación de programas e instituciones que dupliquen funciones”[8]. A través del Decreto Ejecutivo PCM 05-2022, en su artículo 21, se suprimieron un total de 17 instituciones estatales, entre ellas los Gabinetes Sectoriales, Secretarías de Estado y Programas de Gabinetes Especiales. Entre las instituciones suprimidas sobresale INVEST-H, ampliamente conocida por la ciudadanía en el período de la pandemia, por su rol en la estafa de los hospitales móviles. Asimismo, fue creada la Secretaría de Estado en el Despacho de Plantificación Estratégica y de Desarrollo Social. La Secretaría de planificación estratégica es concebida como la “institución rectora del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Social y Económico de Honduras”, y la Secretaría de desarrollo social como la instancia “para instituir las políticas sociales de la Honduras solidaria, incluyente y libre de violencia”.
- Desmilitarización de los centros penales
El 25 de febrero[9], Castro ordenó la gradual desmilitarización de los centros penales, en medio de un preocupante contexto, propiciado (en los últimos 12 años) por la recurrente presencia de los militares en las penitenciarías del país (con entrada y retiro de estas funciones), pero también por las fuertes denuncias de infracción de los derechos humanos. La última orden de militarización data de diciembre del 2019, fecha en la cual la administración Hernández declaró emergencia en el sistema penitenciario (PCM-068-2019).
La medida adoptada por la administración Castro, apunta a la limitación de funciones de los militares que no corresponden a su mandato constitucional. Sin embargo, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y degradantes (MNP-CONAPREV), ha expresado su preocupación de que los centros penales sean transferidos a la policía nacional[10] porque consideran que una desmilitarización efectiva debe dejar fuera tanto a militares y policías.
- Anuncio de creación de la policía comunitaria
En los primeros días de marzo, durante el traspaso de mando en la Policía Nacional, la presidenta Castro anunció “la creación de la Policía Comunitaria y prometió restablecer las acciones que le competen a la Policía Nacional de Honduras, que le fueron usurpadas por fuerzas de seguridad híbridas con elementos militares”. El 29 de abril, en un Tweet, la Policía Nacional aseguraba que estaba por presentar a la presidenta de la República “un plan para los próximos cuatro años, con el propósito de fortalecer la seguridad en el país y la implementación del modelo de la policía comunitaria”. Más allá de estos anuncios, no se registran avances hacia la creación de la policía comunitaria, en medio del debate de que antes de avanzar hacia la creación del modelo comunitario habría que asegurar la depuración efectiva de la policía nacional, aún penetrada por la criminalidad organizada.
En suma, en cuatro meses de gobierno se perfilan las dificultades que se enfrentarán para revertir los retrocesos y transformar un Estado represivo e infractor de derechos y libertades básicas. De allí la importancia de valorar, con suficiente objetividad, los grandes obstáculos (estratégicos) que habrá de enfrentar y superar el nuevo gobierno.
- Obstáculos principales
3.1 El crónico déficit de un Estado democrático de derechos
Hasta ahora, el Estado hondureño no ha sido capaz de asegurar el acceso de servicios de educación y salud de calidad a la mayoría de la población (como condiciones básicas del desarrollo). Sus servicios han sido precarios, segmentados, descoordinados y excluyentes en términos de género, etnicidad y zonas geográficas. Por otro lado, la concentración del capital, la tierra y los conocimientos tecnológicos en una minoría, impiden el desarrollo incluyente del país, condenando a la mayoría de la población a un papel marginal en el proceso de desarrollo. Y, finalmente, la toma de decisiones esenciales del país está en manos de poderosos y pequeños grupos que concentran el poder político y económico. Esto explica por qué los marcos regulatorios (normas jurídicas y políticas públicas) solo favorecen a los grupos poderosos, los que han modelado una sociedad de exclusiones y profundas desigualdades.
3.2 El enclave autoritario de los militares
Las Fuerzas Armadas fueron uno de los pilares esenciales de apoyo del régimen de los 12 años, convirtiéndose en actor central en la gestión pública, a través del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Hoy en día, a pesar del cambio de signo político de gobierno, continúa siendo un factor clave de poder. En la historia del país, han sido el principal instrumento de las élites, es decir, de los grupos tradicionales para frenar y/o abortar las demandas políticas y sociales que ha requerido la sociedad hondureña. En estas primeras semanas de gobierno, simbólicamente han expresado su subordinación a la presidenta de la República. Sin embargo, normas jurídicas y cuotas reales de poder que han marcado la militarización del Estado y de la sociedad, se mantienen inalterables. Las acusaciones provenientes desde la fiscalía de los Estados Unidos sobre el rol de algunos mandos militares en el narcotráfico, es un dato de preocupación en el presente y futuro desarrollo democrático del país.
3.3 La crónica corrupción policial
En el período reciente (por lo menos a partir del 2011), en el interior de la Policía Nacional se develó la existencia de redes delictivas en las que han participado altos mandos y la escala básica en “acciones recurrentes de hurto, asalto, coimas, escalando a un tipo de criminalidad organizada, con fuertes vínculos con el narcotráfico”[11]. A esto se le debe sumar su involucramiento en permanentes actos de represión e infracción de derechos humanos contra los movimientos sociales organizados y la oposición en general.
En los últimos años, la policía ha estado sometida a un largo y permanente proceso de depuración, que no ha tenido fin y cuyos resultados han generado la duda razonable de estudiosos del tema de seguridad en Honduras. Desde la toma de posesión de Xiomara Castro, el nuevo alto mando de la Policía Nacional se ha supeditado a las decisiones emanadas de la presidencia de la Republica y ha desempeñado un rol efectivo en la captura y extradición de Juan Orlando Hernández. No obstante, es la misma institución heredada del régimen autoritario, pendiente de la ejecución de una efectiva reforma interna.
3.4 El ineficaz sistema de protección de los derechos humanos
Debido a la reiterada presión de la comunidad internacional, el Estado hondureño se vio obligado a crear, en mayo del 2015, la “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”[12]. Este es un mecanismo que ha sido utilizado por defensoras y defensores (especialmente del ambiente y la tierra) para salvaguardar sus vidas, pero ha resultado ineficaz su aplicación y la protección de sus derechos e incluso de su integridad física, en una situación paradójica en la que el Estado ha actuado, simultáneamente, como acusador y protector. La conclusión del régimen autoritario no significa la finalización de la conflictividad social, pero, para que este sistema de protección de derechos humanos funcione en los parámetros esperados, el Estado (inevitablemente) deberá modificar su política criminal contra el liderazgo social y los defensores y defensoras que defienden derechos. Sin una efectiva democratización y desmilitarización del Estado, en sus diferentes ámbitos, este sistema de protección continuará siendo inefectivo para el liderazgo social.
- Desafíos
4.1 Transformación y democratización del Estado
El gran desafío es construir un Estado democrático de derechos, que asegure los derechos sociales, políticos, civiles, culturales y ambientales básicos. Hasta ahora, el Estado ha resultado ineficiente en resolver los graves problemas como la pobreza, desigualdad e inclusión social; esto obliga a repensar la transformación democrática del Estado en todos sus ámbitos. También supone el reordenamiento del territorio y el tránsito de un Estado centralista a un Estado más descentralizado y democrático, reconociendo el derecho de las autoridades locales y las organizaciones ciudadanas a decidir y gestionar los asuntos propios de sus territorios. Adicionalmente, está el asunto de restaurar los clásicos pesos y contrapesos de un Estado Republicano. La configuración actual del Estado es un enorme obstáculo para la transformación democrática; de allí que su reforma democrática sea una urgente tarea histórica.
4.2 Habilitar el espacio cívico-democrático
Durante los años del régimen autoritario el espacio cívico-democrático se fue cerrando gradualmente, especialmente para los sectores de sociedad civil y movimientos sociales críticos con el “orden de cosas”. Históricamente, este espacio ha sido el ámbito de interacción: diálogo, negociación y acuerdos entre el Estado y lo que genéricamente se denomina sociedad civil (OSC y MS). Adicionalmente, este espacio supone el ejercicio de la libertad de reunión, protesta, de asociación y expresión. Un desafío del nuevo gobierno es habilitar este espacio, como parte de la democratización política y social, igualmente, como una acción esencial hacia el restablecimiento pleno del Estado de derecho.
4.3 Desmilitarización del Estado y la Sociedad
Reducir y neutralizar la influencia del enclave militar es parte de la agenda básica de todo proceso hacia el restablecimiento de la democracia. Este desafío, nos parece que, en primer lugar, implica derogar la Ley del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en lo referido a su concepción, como el centro neurálgico del régimen político, y en su desnaturalización concentradora del poder, que ha anulado el carácter republicano del Estado. Igualmente, es necesario definir la temporalidad de la Policía Militar del Orden Público, que ilegalmente invadió las funciones de la seguridad pública; suprimir el programa de “guardianes de la Patria”, y, finalmente, como parte esencial de la transición hacia la democracia, debería avanzarse hacia la real subordinación del poder militar al civil, mediante una agenda de reformas democráticas del sector defensa (entre varias, reformas constitucionales).
4.4 Realizar una verdadera reforma policial
Ante los fallidos y periódicos esfuerzos por depurar la policía nacional, la realización de una efectiva reforma policial es un gran desafío del actual gobierno “que permita constituir una policía que actúe en el marco del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos; que use mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía”[13]. El paradigma de la seguridad en democracia, debería sustituir al militarismo y populismo punitivo, entre tanto las políticas públicas de seguridad aluden a la respuesta integral a la violencia y la criminalidad, vistos como fenómenos multi causales, dinámicos e históricos.
4.5 Redefinir el diseño del sistema nacional de defensa de los derechos humanos
En la defensa de los derechos humanos de defensoras y defensores, este es un desafío relevante con el propósito de asegurarles el espacio democrático y apropiado para ejercer su labor y protegerles su integridad física y la vida.
Por lo menos, cuatro grandes líneas deberían considerarse:
La primera, una reforma al Código penal que redefina sustancialmente la política criminal del Estado con apego a los derechos humanos y a las recomendaciones de organismos internacionales (la CIDH y otros).
La segunda, modificaciones en la Ley del Sistema de Protección de los DDHH: no es consistente que un organismo que protege a los operadores de justicia, también proteja a los defensores y defensoras de DDHH; tampoco es coherente que los mismos órganos del Estado que criminalizan, formen parte de un sistema de protección (para el caso el Ministerio Público, la Corte Suprema, la policía y las FFAA forman parte del Consejo Nacional de este mecanismo). Adicionalmente, las potenciales víctimas deberían tener una mayor representación.
En tercer lugar, el rol de la Secretaría de Derechos Humanos debería tener un decidido respaldo, con acciones afirmativas a favor de las víctimas de violación de sus derechos, como el reconocimiento público al trabajo que realizan.
Y, en cuarto lugar, formular un nuevo Plan de Derechos Humanos como punto de partida para plantear un nuevo sistema institucional y una nueva ruta estratégica en relación con la promoción y salvaguarda de los derechos humanos.
Este análisis es parte del documento “A cuatro meses de gestión: Aciertos y desafíos del gobierno de Xiomara Castro”, un informe que recoge algunos hechos importantes como la valoración sobre el presupuesto nacional y las prioridades seleccionadas por el actual gobierno, y las consideraciones sobre los avances y los desafíos en la recuperación del Estado de derecho y los derechos humanos. Asimismo, expone una mirada sobre la situación de las mujeres y sus derechos; hace un rápido repaso sobre la situación de la transparencia y la lucha contra la corrupción y, finalmente, realiza una valoración sobre la problemática agraria y socio-ambiental y se esbozan las conclusiones.
Para leer documento completo, haga clic aquí.
[1]file:///C:/Users/CESPADHN/Documents/Documents/Gustavo%20Irias/CESPAD/Consultorias%20CESPAD/LVC%20Mundubat/GRUPO%20ACI/CIDH%202018.pdf
[2]file:///C:/Users/CESPADHN/Documents/Documents/Gustavo%20Irias/CESPAD/Consultorias%20CESPAD/LVC%20Mundubat/GRUPO%20ACI/CIDH%202018.pdf
[3] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/
[4] https://48u8nv393uue1gl3wq7pyxg1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/10/NB-completo-fiscalia-4.pdf
[5] https://www.dw.com/es/eeuu-solicita-extradici%C3%B3n-de-expresidente-hondure%C3%B1o-juan-orlando-hern%C3%A1ndez/a-60778444
[6] https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-4-2022.pdf
[7] Ver el Decreto 4-2022, Capítulo II, artículo 4, inciso a).
[8] https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/PCM-05-2022.pdf
[9] https://lanotta.com/xiomara-castro-ordena-la-desmilitarizacion-de-los-centros-penal/
[10] https://radioprogresohn.net/portada/desmilitarizacion-de-centros-penales-respetando-legalidad-piden-organizaciones/
[11] http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2021/06/Depuracion-Policial-WEB-Final.pdf
[12] https://www.sedh.gob.hn/documentos-recientes/263-ley-de-proteccion-para-las-y-los-defensores-de-derechos-humanos-periodistas-comunicadores-sociales-y-operadores-de-justicia/file
[13] https://cespad.org.hn/2021/05/21/en-contexto-de-militarizacion-ha-sido-efectiva-la-depuracion-policial-en-honduras/
