Presupuesto nacional: ¿dónde están las prioridades del gobierno presidido por Xiomara Castro?

Por CESPAD

En los últimos años se ha tornado complejo realizar una lectura del presupuesto de la administración central, debido a la reorganización de la globalidad del presupuesto en gabinetes sectoriales, mezclando el presupuesto de las instituciones centralizadas, descentralizadas y los demás poderes del Estado. El CESPAD hace un análisis del presupuesto, solamente de la administración central, y ha organizado la información con base en el listado de las Secretarías de Estado establecidas en el Decreto Ejecutivo PCM 05-2022, más la deuda pública.

Para contar con un referente comparativo, se han incluido los años 2020 y 2021, datos que ayudarán a considerar las tasas de crecimiento anual y el peso de cada Secretaría en la totalidad del presupuesto, es decir, las prioridades nacionales. En el cuadro # 1 y # 2, que a continuación se muestran, se registran los datos del presupuesto, las tasas de crecimiento entre el 2020 y 2022, y el peso porcentual de las secretarías seleccionadas en ese mismo período. Es esencial tener en cuenta que el presupuesto nacional no es simplemente cifras, es la herramienta de política pública en la cual se expresan las prioridades de un gobierno y el modelo de desarrollo al que le apuesta. Por esa razón, la formulación del presupuesto es una arena de disputa entre los diferentes grupos sociales que integran la sociedad.

En el contexto hondureño, el tema del presupuesto no se cierra con la aprobación del presupuesto del 2022; el anuncio del secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor Campos de María, de que al menos 1,000 millones de dólares de las reservas internacionales netas del Banco Central (BC), se utilizarán para financiar proyectos de inversión pública^[1], plantea una pronta reforma del presupuesto 2022. Esta situación requerirá otro análisis; por el momento nos centraremos en el presupuesto aprobado para este año (Decreto Legislativo 30-2022)^[2].

Detrás del presupuesto del 2022, está un primer intento del actual gobierno por reestructurar la administración pública “debilitada y degradada aceleradamente durante una década, después de la destrucción del orden democrático” (Decreto 05-2022). Algunas Secretarías han modificado su nombre y han asumido nuevas responsabilidades (para el caso, la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Energía). Adicionalmente, han surgido otras como la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción; de Planificación Estratégica, de Desarrollo Social, de la Mujer, Arte Cultura y Patrimonio de los Pueblos. Otras secretarías han sido suprimidas (la Coordinación de Gobierno, Desarrollo e Inclusión Social, y Transparencia).

Con base en los datos del Cuadro # 2, es posible concluir que las prioridades del presupuesto actual están puestas en el pago de la deuda externa, en educación y salud, una situación muy similar al gobierno anterior. Sin embargo, se registran nuevas apuestas que tienden a modificar las prioridades seguidas en los 12 años del régimen autoritario y a modificar el patrón de crecimiento y desarrollo. Están son:

• La recuperación de la ENEE (como bien público) y el acceso de la energía como un derecho humano. El presupuesto de la Secretaría de Energía ha pasado de representar el 0.0% al 11% del total del presupuesto, registrando un crecimiento impresionante del 17,402% (ver Cuadro # 1). Con estos recursos se iniciará la reforma del sector eléctrico, cuyos lineamientos están contenidos en la “Ley Especial para garantizar el servicio de energía eléctrica”.
• Un mayor protagonismo del Estado en la construcción, mantenimiento y prestación de los servicios de infraestructura. Esta tendencia está marcada por la supresión de Inversión Estratégica/MCC-Honduras (INVEST-H), y el traslado de sus programas (en su mayoría operados como fideicomisos) a la Secretaría de Infraestructura. Igualmente, el traslado de los recursos de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS). Los recursos a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT, antes INSEP) representan el 3.6% del presupuesto nacional, en relación con el año anterior, es un crecimiento del 112.3% (ver cuadro # 1).
• Más atención al sector agropecuario, al adscribir el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), al Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), y demás programas relacionados, (PCM 05-2022). Esto se refleja en el incremento del presupuesto de la SAG, en 79.6%, llegando a representar el 2.0% del total del presupuesto nacional (en total, 3,502.6 millones de lempiras). Sin embargo, esto contrasta con el presupuesto del Instituto Nacional Agrario (INA), institución que continúa siendo descentralizada, con un presupuesto de apenas 336 millones de lempiras, sin recursos para respaldar las demandas de las organizaciones campesinas por el acceso y legalización de la tierra.
• Una tendencia creciente podría ser la asignación de más recursos a la Secretaría de Recursos Naturales, en el presupuesto del 2022. El monto asignado se incrementó en 310.5%, llegando a sumar 960.7 millones de lempiras. Esto haría coherente el compromiso del nuevo gobierno con una gestión ambiental, en armonía con la naturaleza y con la demanda de los movimientos sociales campesinos y socio ambientales por el cese de la explotación minera a cielo abierto y por la irracional política de concesiones de los recursos naturales.
• Con recursos modestos, pero con incrementos no despreciables, aparecen la Secretaría de Derechos Humanos (143.8 millones) y la nueva Secretaría de Artes y Patrimonio de los Pueblos de Honduras (336.0 millones). Estas son apuestas que se consideran relevantes en el programa del partido político, hoy hecho gobierno.

Por otro lado, en la totalidad del presupuesto, llama la atención que la nueva Secretaría de la Mujer mantenga su histórico bajo presupuesto de apenas 53.4 millones de lempiras, un dato que la convierte en la Secretaría de Estado con la más reducida asignación de recursos públicos.

Una reflexión aparte requiere el gasto militar (específicamente referido a la Secretaría de Defensa), debido a que continúa alto, con un peso del 5.2% en la globalidad del presupuesto nacional. Este presupuesto suma 9,336.1 millones de lempiras, siendo mayor que el presupuesto de desarrollo social, agricultura y ganadería, recursos naturales, solo para mencionar algunos sectores. En el período anterior (año 2021), este presupuesto había tenido un crecimiento negativo del 0.1%, pero en la actual administración se incrementó en 10.3%, similar al porcentaje de incremento de la Secretaría de Educación (10.3%). El CESPAD siempre ha sostenido que un signo inequívoco de la desmilitarización y democratización del país, tiene que ser la reducción del gasto militar.

Desde una mirada panorámica, la pesada carga del pago de la deuda pública y del gasto militar impiden disponer de la necesaria flexibilidad para destinar más recursos para el desarrollo social. En ese sentido, significa un enorme bloqueo para avanzar hacia una sociedad más incluyente y justa.

En este ámbito, desde la perspectiva del CESPAD, los principales desafíos del actual gobierno son los siguientes:

1. Renegociar y readecuar la deuda pública para disponer de un mayor porcentaje de recursos para el desarrollo nacional incluyente.
2. Debatir y pactar las reformas democráticas del sector defensa, reduciendo el pesado gasto militar en el presupuesto nacional.
3. Incrementar los recursos para la inversión pública, habilitando mayores y mejores condiciones para el desarrollo económico inclusivo, rehabilitando y ampliando la infraestructura nacional, aumentado las oportunidades de empleo y reduciendo los graves niveles de pobreza.
4. Asignar más recursos para enfrentar las problemáticas y demandas de la población rural (acceso y legalización de las tierras) de los pueblos indígenas y garífunas, de las mujeres y otros sectores históricamente excluidos.

Probablemente, mucha razón tiene el ministro Rodolfo Pastor Campos de María, en la necesidad de hacer uso en este período fiscal de una parte de los fondos de la reserva del BCH para la inversión pública, en un contexto de reducción del dinamismo de la economía mundial y de graves restricciones heredadas del régimen autoritario, de la pandemia y de las tormentas Eta y Iota.

Este análisis es parte del documento “A cuatro meses de gestión: Aciertos y desafíos del gobierno de Xiomara Castro”, un informe que recoge algunos hechos importantes como la valoración sobre el presupuesto nacional y las prioridades seleccionadas por el actual gobierno, y las consideraciones sobre los avances y los desafíos en la recuperación del Estado de derecho y los derechos humanos. Asimismo, expone una mirada sobre la situación de las mujeres y sus derechos; hace un rápido repaso sobre la situación de la transparencia y la lucha contra la corrupción y, finalmente, realiza una valoración sobre la problemática agraria y socio-ambiental y se esbozan las conclusiones.

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Referencias

[1] https://www.elpais.hn/2022/05/19/1000-millones-de-reservas-internacionales-se-utilizaran-para-obras-de-inversion-publica/

[2] https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-30-2022.pdf