Coyuntura desde los territorios | ¿Por qué las élites regionales atacan el proceso de negociación en el Bajo Aguán?

Autor del documento: Bladimir López
Revisión de estilo: Claudia Mendoza

I. El elemento de clase alrededor del conflicto agrario en el Bajo Aguán

El origen de la disputa por las tierras en el Bajo Aguán data de la década de los setenta, cuando la Ley de Reforma Agraria entregó la mayor parte de los terrenos ricos de ese valle a organizaciones colectivas, gestionadas por campesinos. Fue una victoria para los agricultores castigados por la pobreza, que atrajo oleadas de inmigrantes a la fértil región del Bajo Aguán. Pero en la década de los noventa, la situación de los campesinos dio otro giro cuando el gobierno de Honduras, con el asesoramiento del Banco Mundial, cambió la normativa del país en materia de propiedad de la tierra, conllevando a que los terratenientes y la agroindustria, mediante procesos ilegales, se apoderaran de las tierras.

El Bajo Aguán, históricamente se ha caracterizado como una de las principales regiones del país donde el capitalismo agrario se ha asentado con fuerza, hasta dominar en su totalidad el modelo económico de la región. El régimen capitalista en la agricultura se define por el hecho de que la tierra, como condición (medio) de producción, se encuentra separada de su propietario, debido a la existencia de dos tipos de monopolios: el monopolio de la tierra como objeto de explotación y el monopolio de la propiedad privada sobre las tierras mediante mecanismos de despojo.

El capitalismo agrario, en relación con su modalidad agroindustrial, presenta al menos tres características.

• La tendencia a la intensificación y especialización de los territorios productivos y cadenas productivas, visible, en particular, con la siembra de Palma Africana y sus derivados, en el Bajo Aguán.
• La multiplicación de los actores en los procesos de producción y el establecimiento de jerarquías. En el Bajo Aguán son notorios los siguientes actores: las empresas transnacionales de la producción y distribución; mayoristas, empresas nacionales, pequeños productores y cooperativas campesinas.
• Las nuevas formas de organización social de la producción, ya que los diferentes tipos de agriculturas empresariales tienen distintas estrategias de explotación de la fuerza de trabajo en sus diversas manifestaciones, conllevando a proceso de flexibilización y de precarización.

Los elementos anteriores conllevaron a que en la región del Bajo Aguán se instalaran tres procesos paralelos. Primero, la formación de una nueva estructura que agudizó las contradicciones de clase, alrededor del tema agrario. Segundo, el desplazamiento de formas tradicionales de producción agrícola, por la preponderancia del extractivismo palmero. Tercero, una oligarquía terrateniente y agroindustrial que secuestró el sistema político y judicial de la región, con el aval de un Estado que, históricamente, ha defendido los intereses de los terratenientes.

Estos elementos se introducen en un debate más amplio sobre el tema de la estructura de clases en el Bajo Aguán, como uno de los elementos esenciales para comprender las dificultades que está enfrentado el actual proceso de diálogo y negociación. Entendemos por clase social, el conjunto de personas con los mismos intereses económicos como consecuencia de relacionarse del mismo modo con los medios de producción, de allí que lo referente a la estructura de clases sea comprendida como la posición política y económica de un conjunto de personas organizadas en un determinado sistema social, económico y político.

En el marco del capitalismo agrario, en el Bajo Aguán se identifican las siguientes variantes de clases sociales: i) clase terrateniente, ii) burguesía financiera, iii) burguesía industrial agrícola, iv) clase campesina, v) obreros agrícolas y, vi) lumpenproletariado agrícola. Lo anterior indica que la estructura de clase en el Bajo Aguán es un tema de estatus y estratos, en correspondencia con una situación económica, política y social, determinada por la posición de las clases sociales en el campo agrícola y territorial.

Los grupos que integran las diversas clases, articulan sus intereses alrededor de la tierra, como un medio de producción que retrata la lucha en la región. La clase terrateniente es preponderante, mediante la concentración de la tierra en un contexto de despojo y violencia. La burguesía financiera articula los intereses de la clase terrateniente y agroindustrial, alrededor de un sistema financiero que mueve la producción agrícola mediante préstamos e hipotecas. Mientras que la burguesía industrial agrícola, es la responsable de todo el sistema industrial y de manufactura que se desarrolla a través de la palma africana y sus derivados, vía un monopolio industrial centralizado en la clase terrateniente y agroindustrial.

Mientras que en la parte baje de la estructura de clase, los campesinos, obreros agrícolas y el lumpenproletariado agrícola, son las clases subalternas que se disputan con las clases terratenientes y burguesía, el control por la tierra como medio de producción de vida. En el caso del Bajo Aguán, las variantes de clases han coexistido hasta convertirse en un movimiento campesino con alta fuerza disruptiva que, en momentos específicos de la coyuntura, retrata su carácter de clase irreconciliable con las clases hegemónicas.

En ese sentido, es necesario reflexionar de forma profunda, si alrededor de las clases subalternas existe, como tal, una lucha de clases, en el sentido de disputarle a la clase terrateniente y agroindustrial, mediante una lucha política, el poder ideológico, político y económico en una región donde el capitalismo se encuentra íntimamente arraigado al uso de la tierra, como forma de acumulación capitalista.

Es decir, ¿tiene el movimiento campesino el poder político suficiente para transformar la estructura de la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán y de transformar las bases del capitalismo agrario en su modalidad agroindustrial?

¿De qué manera las contradicciones de clases son un elemento en la coyuntura, que dificultan el proceso de diálogo y negociación?

Dos ideas tratan de responder a las preguntas anteriores:

1. El capitalismo agrario es de naturaleza concentradora de la tierra y monopolizadora de la economía regional, bajo dinámicas capitalistas de clase que cierran toda la posibilidad de cambios mínimos en la estructura de la tenencia de la tierra, en un contexto de amplios beneficios económicos y financieros.
2. En medio del actual proceso de diálogo y negociación, la clase terrateniente y burguesa analiza con recelo al movimiento campesino, ante la apertura institucional, y un probable cambio de las reglas del juego del modelo económico de la región. Alrededor de los planteamientos y demandas del movimiento campesino, estaríamos tentados a decir que el actual proceso de negociación, no solo se trata de reivindicar el derecho humano a la tierra, sino que sus aspiraciones de clase subalterna trascienden dicha reivindicación.
3. El capitalismo agrario, cuando se fusiona con la economía capitalista del narcotráfico, adopta una naturaleza violenta, represiva y salvaje. Se transforma operando de forma descontrolada y avasalladora, en un contexto de infracción de derechos humanos y derechos territoriales a gran escala, casi a niveles de crisis humanitaria. De ahí que una de las mesas técnicas instaladas en la zona, aborde la reparación de daños a las víctimas del conflicto. Para la clase terrateniente y agroindustrial, lo anterior representa un golpe ideológico fuerte, ya que se pondría en cuestión toda la estructura que históricamente han utilizado en la región, para legitimarse como clase hegemónica.

Lo anterior no significa que sea imposible un proceso de diálogo y de negociación. Lo que este texto busca es poner en debate la importancia de dimensionar el actual proceso en medio de la estructura que opera en el Bajo Aguán, con el objetivo de diseñar estrategias que planteen soluciones a los problemas estructurales que determinan la conflictividad agraria.

Si algo debemos aprender de los conflictos agrarios más álgidos en Latinoamérica, como lo demuestran algunos casos de Colombia y Brasil, es que el tema de clase y cambios estructurales han marcado la dinámica de los procesos de diálogo y la experiencia en el Aguán, en el marco de las negociaciones sostenidas con el gobierno de Pepe Lobo, indica que no basta con la distribución de la tierra, cuando no se modifica la estructura de la tenencia de la tierra promotora del minifundio y latifundio y las reglas del juego del modelo económico capitalista regional.

II. El actual momento coyuntural: ataques a la mesa de diálogo y negociación

1. Dinámica de la contienda política-territorial

En el marco de la ascensión del gobierno de Xiomara Castro, y atendiendo una de las principales demandas del sector campesino, se instaló en el mes de febrero la mesa de resolución del conflicto agrario en el Bajo Aguán, que busca gestionar y dar respuesta al histórico conflicto agrario. La mesa se instaló en un contexto marcado por los intereses económicos y políticos álgidos, por lo que representa, geográficamente, la región del Bajo Aguán para el gran capital y la élite política regional.

Para lograrlo se han instalado tres mesas: i) mesa técnica del Instituto Nacional Agrícola (INA), ii) mesa tripartita y, iii) mesa jurídica. La mesa del INA, busca apoyar a las empresas campesinas en la parte administrativa y de producción agrícola. Así mismo, la mesa tripartita es la encargada de desarrollar una política de restauración de derechos humanos, ante la vulneración en el marco del conflicto. Mientras, la mesa jurídica tiene como objetivo investigar la naturaleza de los títulos de propiedad en manos del sector terrateniente, campesino y agroindustrial, con el objetivo de establecer legalmente la seguridad jurídica sobre la tierra^[1].

En ese sentido, los ataques han provenido desde los sectores políticos de derecha, vinculados al Partido Nacional (PN), los terratenientes, sectores de la agroindustria, el crimen organizado instalado en el territorio, y el sistema de justicia local. En el caso del PN, en un comunicado de la Plataforma Agraria, el excongresista Óscar Nájera, a quién Estados Unidos (EEUU), incluyó en la Ley Magnitsky, “atacó y desalojó a familias de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Auxiliadora, en la comunidad del Cuacú, municipio de Santa Rosa del Aguán, en el departamento de Colón, desalojo perpetuado por un grupo armado”^[2]. Lo anterior, es una clara intención de boicotear el llamado que hizo la presidenta Castro, a través de la mesa de negociación, exigiendo una tregua en los procesos de desalojo.

Por su parte los terratenientes y sectores de la agroindustria, como bien lo manifestó en un comunicado la Plataforma Agraria, “terratenientes y agroindustriales en el Aguán planifican boicot al gobierno de la presidenta constitucional Xiomara Castro”^[3]. Los hechos en la zona hacen inferir que el ataque es de carácter económico, ya que se están cerrando las plantas extractoras a las cuales las empresas campesinas venden la fruta de la palma africana. Lo anterior acontece con la clara intención de asfixiar económicamente a las familias campesinas, ante el proceso de negociación que se desarrollará y que afecta los intereses de estos sectores que siempre han controlado el territorio agrícola, para acrecentar sus riquezas y asegurar sus intereses de clase^[4].

En ese contexto de ataques, el crimen organizado no se ha quedado atrás y el pasado 24 de abril ultimaron a 3 policías en la aldea Agua Amarilla de Trujillo, Colón^[5]. Ante el hecho, la secretaría de Seguridad manifestó públicamente “que la muerte de los tres agentes policiales, posiblemente fue ejecutada por miembros del crimen organizado, ligados al narcotráfico”^[6]. Por su parte, en un comunicado público la Plataforma Agraria menciona, “que los hechos ocurrieron horas después de que fue juramentada la comisión jurídica que se encarga de revisar los reclamos históricos del sector campesino contra el despojo ilegal de tierras de la reforma agraria”. Así mismo, manifiestan que “tememos que la masacre pudiera tener el objetivo de afectar los importantes avances que ha realizado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para resolver la problemática agraria”^[7].

En ese marco de ataques y violencia, la presidenta Xiomara Castro, decretó estado de excepción por 10 días. Así mismo, las organizaciones populares y agrarias responsabilizan al gobernador Adán Fúnez y al exdiputado Óscar Nájera de ser responsables de promover la violencia”^[8]. Por su parte, el exdiputado, ante la acción de Castro, manifestó que “es uno de los departamentos más ricos y productivos de Honduras, pero qué pasa, no hay autoridad, porque los policías que mataron en el sector de Agua Amarilla, andaban domingueando con la jeta abierta, mientras las fincas invadidas por seudo dirigentes y ladronzuelos”^[9]. Es decir, según el exdiputado, los policías deben de atacar al sector campesino que defiende su derecho legítimo a la tierra, a la vez que denota un discurso de odio y discriminación hacia dicho sector.

Por último y no menos importante, es la orden de captura interpuesta por el Ministerio Público de Tocoa, Colón, contra 17 campesinos y campesinas de la empresa Los Laureles, acusados de usurpación agravada en perjuicio de la Exportadora del Atlántico S.A de C. V^[10]. Lo anterior acontece en un marco en el cual el Gobierno Central hizo un llamado a detener todo proceso de persecución penal contra el sector campesino, como una medida táctica para garantizar que el proceso de diálogo se desarrolle en un clima de paz y de estabilidad. Ese escenario evidencia el poder que ejerce la élite política y económica regional sobre el sistema de justicia local y deja en manifiesto que este sector puede, en cualquier momento, cambiar la correlación de fuerzas a su favor, en el marco del actual proceso de negociación.

2. Bloques y actores en disputa

En la actual coyuntura de conflictividad agraria en el Bajo Aguán se identifican tres bloques en disputa: i) el sector campesino, ii) el sector terrateniente y agroindustrial y, iii) el narcotráfico y crimen organizado. El sector campesino, representado por las históricas organizaciones campesinas de la reforma agraria, luchan por el derecho humano a la tierra.

El sector terrateniente y agroindustrial han controlado el territorio para acrecentar sus intereses de clase, y ante el proceso de negoción consideran que sus intereses económicos están en peligro. Y el sector del crimen organizado y narcotráfico, ante las constantes acciones de la Secretaría de Seguridad en relación con la incautación de droga, los procesos de recuperación de tierra y el reclamo legitimo del sector campesino, emprenden acciones de violencia encaminadas a desestabilizar el proceso de diálogo y negociación.

Los protagonistas en la zona mantienen una disputa abierta, en un contexto de apertura institucional y voluntad política del Gobierno, por avanzar en la gestión democrática de la conflictividad agraria en el Bajo Aguán. En definitiva, la interlocución del Gobierno en el conflicto, es un elemento importante a considerar para identificar la dinámica de los bloques y los actores, en su lucha por el acceso y control del territorio.

3. Demandas de los bloques en disputa

El sector campesino establece las siguientes demandas:

1. • legalización de las tierras
   • desmilitarización del territorio
   • política de restauración de derechos humanos y territoriales.

Por su parte, el bloque terrateniente y agroindustrial, demanda:

• desalojo al sector campesino de las tierras y
• que las empresas campesinas paguen lo correspondiente a la compra de tierras.

En el caso del crimen organizado y el narcotráfico, por ser un actor políticamente invisible, no establece demandas en concreto, aunque sus acciones de violencia ponen en evidencia la intención de seguir controlando el territorio y la economía regional, a través de la violencia y la fuerza.

El momento coyuntural indica que las demandas de los principales actores en disputa, en el corto y mediano plazo, pueden arrojar una salida democrática, ya que ambos sectores se enmarcan en un conflicto que tiene una misma naturaleza: agraria. Asimismo, la evidencia empírica demuestra que es un conflicto de naturaleza político-militar, que vulnera derechos humanos y territoriales.

Lo anterior deberá de ser un tema tratado de manera táctica y estratégica, porque existe evidencia empírica de la violencia que el sector terrateniente y agroindustrial ha sostenido en los últimos años, a través de políticas de control, en complicidad con las fuerzas policiales-militares y el sistema judicial del régimen de los ex presidentes Porfirio Lobo Sosa y de Juan Orlando Hernández.

d. Correlación de fuerzas

El actual momento coyuntural indica que la correlación de fuerzas está siendo favorable al sector campesino, ya que es uno de los interlocutores con mayor legitimidad política y social en el marco del actual proceso de negociación. Así mismo, su legitimidad se ve reforzada por el apoyo de las bases campesinas, organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales de derechos humanos, como también, la apertura y acompañamiento institucional de instituciones claves en el conflicto agrario como el INA, la presidencia y la secretaría de Seguridad, que han atendido al llamado del movimiento campesino.

Por otro lado, en términos políticos y económicos, la correlación de fuerzas para el sector terrateniente y agroindustrial sigue siendo altamente favorable, ante la existencia de un marco de política pública agraria y territorial que beneficia directamente a la producción agroindustrial en la zona y la concentración de la tierra. De igual forma, es un bloque con nexos íntimos con la clase política y económica que controla el Estado y define el modelo económico. Ese escenario es un elemento táctico y estratégico a considerarse en el análisis de la problemática.

En conclusión, la correlación de fuerzas revela que el conflicto agrario se mantiene y que su gestión democrática o salida conservadora, dependerá de la capacidad de negociación, incidencia y movilización de los bloques y actores. El Gobierno deberá de jugar un rol político estratégico, encaminado a generar consensos mínimos y pactos políticos, permitiendo que las demandas de los sectores encuentren eco en el seno de la institucionalidad. Lo anterior, sin obviar que las demandas históricas del movimiento campesino son las que en el fondo van a permitir resolver el conflicto agrario actual, con un sentido integral y democrático.

III. Riesgos y oportunidades alrededor del actual proceso de negociación y diálogo

En la coyuntura actual se identifican los siguientes riesgos y oportunidades que, en el marco de un proceso estratégico de diálogo, da pistas sobre la tendencia del conflicto en el corto y mediano plazo.

1. Riesgos

• Se incrementan los ataques hacia el sector campesino y policial, desde el crimen organizado, una situación que conlleva a que el Estado de Excepción se prolongue. Lo anterior generaría falta de credibilidad de parte del Gobierno, ya que se podría instalar en la opinión pública la idea de que solamente por la fuerza se puede mantener el orden y la paz en el Bajo Aguán. Así mismo, el proceso de diálogo se vería estancado, ante la falta de un interlocutor legítimo (como el Gobierno) con la capacidad de articular a los bloques y actores en disputa. El Gobierno deberá evitar un nuevo proceso de remilitarización del territorio y pensar en el corto y mediano plazo en un proceso de desmilitarización gradual, con un enfoque de derechos humanos.
• La derecha conservadora regional del Partido Nacional (PN), emprende ataques de desalojos y narrativas que apuntan a deslegitimar el diálogo, en una región donde los intereses de la institución política son grandes y que, además, cuenta con respaldo de la élite política económica, vinculada al sector terrateniente y agroindustrial. El Gobierno deberá establecer una estrategia política de acercamiento a este sector, con el objetivo de incluirlo en el proceso de negociación y bloquear sus aspiraciones desestabilizadoras.
• Ante la falta de confianza y credibilidad del diálogo (por la creciente violencia y militarización), la agroindustria monta un proceso de asfixia económica contra empresas campesinas, a través de la decisión de no comprarle la fruta de palma africana. Lo anterior impactaría en la economía de las familias y de la región, desembocando en un fuerte descontento de la élite y de la población. El Gobierno deberá de emprender acciones de acercamiento con la agroindustria y establecer pactos mínimos que permitan avanzar en el diálogo, mientras se resuelve el tema de la deuda y de las tierras.

2. Oportunidades

• En una de las regiones donde el Estado no ha tenido presencia política y social, el actual proceso de resolución del conflicto agrario ofrece la oportunidad para que se reposicione estratégicamente y fortalezca las redes económicas, políticas y sociales, que permitan instalar un proceso de ordenamiento y desarrollo territorial con enfoque de derechos humanos.
• Se presenta la oportunidad de generar opinión pública sobre uno de los principales temas que determinan el desarrollo del país: el agrario. Politizar el actual proceso de diálogo es clave para generar opinión pública y redes de apoyo que respalden las demandas del movimiento campesino y los esfuerzos del Gobierno. Hasta ahora, el proceso de negociación y diálogo se ha desarrollado en un marco de secretividad que no permite el debate, la acción y la movilización y, ante eso, es importante abrir una discusión nacional sobre la importancia de la reforma agraria, ordenamiento y desarrollo territorial.
• Existe la posibilidad de abrir una política de alianzas estratégicas, con el objetivo de avanzar en la construcción de una red de actores que apoyen el actual proceso de negociación y conflicto, orientado a hacer público el proceso y obtener aliados que ayuden a bloquear o limitar las pretensiones de los sectores que intentan boicotear el actual proceso. Así mismo, las alianzas estratégicas deberán fundamentarse en una política comunicacional emanada de las principales instituciones públicas del Estado, vinculadas con el conflicto agrario.

Los riesgos y oportunidades nos indican que el Gobierno tiene en sus manos la posibilidad política de desarrollar un proceso de gestión de conflicto agrario que permita pacificar, de manera democrática, un problema de décadas y que retrata, implícitamente, el fracaso de las políticas neoliberales agrarias y la ausencia política y social del Estado.

Asimismo, el movimiento campesino tiene múltiples oportunidades para posicionar, en el actual proceso, y avanzar en una narrativa que ponga en discusión los elementos estructurales de la crisis agraria y la necesidad de avanzar en el diseño de un nuevo modelo económico regional, que trascienda el énfasis agroindustrial y ponga en el centro el enfoque de la soberanía alimentaria, como elemento articulador del proyecto campesino o un nuevo pacto agrícola-territorial.

¿Hacia dónde podría enfocarse una propuesta para avanzar en la construccion de un nuevo pacto agrícola-territorial, en el marco del actual proceso de negociación y diálogo?

El último elemento lo estaremos planteando en el próximo análisis de coyuntura, como un mecanismo para avanzar hacia una discusión que responda a los problemas estructurales que determinan la actual conflictividad agraria.

Referencias

[1] Entrevista realizada a integrante de la Plataforma Agraria, 28 de abril de 2022.

[2] Pronunciamiento de la Plataforma Agraria, 21 de abril del 2022.

[3] Comunicado Público de la Plataforma Agraria, 18 de abril del 2022.

[4] Informe de Monitoreo: En riesgo el proceso de salida al conflicto agrario en el Bajo Aguán. CESPAD, 2022.

[5]  Tras un enfrentamiento de una emboscada matan a tres policías en Colón. Diario La Prensa, 24 de abril del 2022.       https://www.laprensa.hn/sucesos/tras-un-enfrentamiento-en-una-emboscada-matan-a-tres-policias-en-colon-GN7816008

[6] Narcos y poderosos se vincularían al crimen. Diario La Tribuna, 26 de abril del 2022.  https://www.latribuna.hn/2022/04/26/narcos-y-poderosos-se-vincularian-al-crimen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022_04_26_5Noticias

[7] Pronunciamiento público de la Plataforma Agraria, 25 de abril de 2022.

[8] Violencia en Colón obliga a decretar Estado de Excepción, organizaciones responsabilizan a gobernador y exdiputado. Criterio.hn, 26 de abril del 2022. https://criterio.hn/violencia-en-colon-obliga-a-decretar-estado-de-excepcion-organizaciones-responsabilizan-a-gobernador-y-exdiputado/

[9] http://www.radioamerica.hn/oscar-najera-narcodepartamento/

[10] Diario Colon.hn. 29 de abril del 2022.