En un reciente análisis de coyuntura publicado por el CESPAD, en relación con el actual proceso de salida al conflicto agrario en el Bajo Aguán, se puntualizó que “con la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, las esperanzas de la reducción de la conflictividad socioambiental y agraria en Honduras resurgieron”. Asimismo, “que, a nivel nacional, desde diversas organizaciones se ha hecho un llamado reiterativo a la necesidad de intervenir en conflictos históricos como el acontecido en el Valle del Bajo Aguán, departamento de Colón, que ha dejado como resultado cientos de campesinos y campesinas asesinadas, familias enfrentadas y comunidades empobrecidas”.
De igual forma se expone que, “es de conocimiento público que, en las últimas dos semanas, el consejo de ministros del gobierno, integrado por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, el ministro y viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez y Rafael Alegría, respectivamente, al igual que el titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), José Carlos Cardona, han realizado visitas a la zona para buscar una solución al conflicto del Valle del Aguán”[1].
Entendemos por conflicto agrario, los devenidos de las luchas por el acceso y control de la tierra en contextos de concentración, por parte del sector terrateniente y agroindustrial. Estos conflictos se caracterizan por su alto impacto en los derechos humanos y derechos territoriales de comunidades rurales, indígenas y campesinas que, en un marco de asimetría de poder, se enfrentan con actores estatales y no estatales, en la lucha legitima por el derecho humano a la tierra.
En el caso del Bajo Aguán, luego del golpe de Estado de 2009, el conflicto agrario ha girado en tres direcciones:
Primero, militarización del territorio por fuerzas estatales y no estatales (2009). En el marco del golpe de Estado, el conflicto agrario entró en un nuevo ciclo, determinado por la recuperación de tierras en manos de terratenientes y por la dinámica productiva de la región, alrededor de la palma africana. La conflictividad fue grave, al punto que el Estado de Honduras tuvo que intervenir, implementando una serie de acciones que en vez de solventar la crisis la agravaron considerablemente. El resultado final fue la militarización del territorio, con el objetivo de despojar a las comunidades campesinas y resguardar los intereses del sector terrateniente y agroindustrial, ante el poco avance de los acuerdos firmados en su momento, entre el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa y el movimiento campesino[2].
Segundo, la reactivación de los procesos de recuperación de la tierra (2017)[3]. El sector campesino abrió un nuevo ciclo de lucha por la recuperación de la tierra. En estos procesos, lo característico ha sido que el sector campesino cuenta con los títulos de propiedad emitidos por el Instituto Nacional Agrario (INA), poniendo en debate la tenencia ilegal sobre la tierra que poseen los terratenientes y el sector agroindustrial. Lo anterior ha elevado los niveles de conflictividad agraria en su punto más alto, ya que las tierras recuperadas son el espacio en el cual la agroindustria ha cultivado gran parte de la producción de palma africana.
Tercero, la instalación de la mesa de resolución del conflicto en el Bajo Aguán (2022)[4]. En el marco del nuevo Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y atendiendo una de las principales demandas del sector campesino, se instaló en febrero una mesa de resolución del conflicto, que busca (de manera estratégica) gestionar y dar respuesta al conflicto. La mesa se instaló en un contexto de complejidad e incertidumbre, ante la poca claridad táctica y estratégica para orientar un proceso de resolución de un conflicto agrario histórico y con intereses económicos y políticos álgidos, por lo que representa geográficamente la región del Bajo Aguán para el gran capital y la élite política regional. El reto es grande y el Gobierno ha dado un paso importante. Dependerá de la habilidad estratégica de las instituciones involucradas, avanzar en la gestión democrática de este conflicto.
Los ataques al proceso de negociación no se han hecho esperar, tal como lo expresó recientemente la Plataforma Agraria y la Coordinadora Popular de las Organizaciones del Bajo Aguán (COPA), en un comunicado público: “terratenientes y agroindustriales en el Aguán planifican boicot al gobierno de la presidenta constitucional Xiomara Castro”[5]. Los hechos en la zona hacen inferir que el ataque es de carácter económico, ya que se están cerrando las plantas extractoras a las cuales, las empresas campesinas venden la fruta de la palma africana. Lo anterior acontece con la clara intención de asfixiar económicamente a las familias campesinas, ante el proceso de negociación que se desarrollará y que afecta los intereses de estos sectores que históricamente han controlado el territorio agrícola, para acrecentar sus riquezas y asegurar sus intereses de clase.
Consideramos que los ataques de estos sectores obedecen a tres elementos centrales:
- El litigio de la tierra en posesión y disputa. En las vísperas de la instalación de la comisión jurídica que realizará un análisis exhaustivo sobre los títulos de propiedad que tiene en poder el sector campesino, terrateniente y agroindustrial, los ataques de estos sectores se han hecho sentir de manera desproporcionada ya que, con base en lo planteado por la Plataforma Agraria, el sector campesino posee los títulos de propiedad.
- El alto beneficio económico de la palma africana. Aunque el mercado internacional de la palma africana, en los últimos años se ha tornado volátil e inestable, no deja de ser un mercado que al sector terrateniente y agroindustrial le genera grandes ganancias. En ese sentido, la recuperación de tierras y el esclarecimiento legal de los títulos de propiedad, conllevaría a que las tierras más fértiles y estratégicas de la producción estarían en manos del sector campesino. Lo anterior implicaría un fuerte golpe para los sectores que, históricamente, han controlado el territorio para sus beneficios económicos.
- Legitimidad del movimiento campesino. Más allá de las contradicciones internas del movimiento campesino en el Bajo Aguán, es innegable que es un actor con legitimidad para emprender procesos como el actual. En ese sentido, los ataques recientes obedecen a un tema político-ideológico, en el cual las élites buscan debilitar y fraccionar el actual proceso de reacomodamiento y reimpulso del movimiento campesino en el Bajo Aguán, en un contexto de apertura gubernamental.
En ese contexto de ataques, desde el CESPAD consideramos que es importante que el Gobierno y el movimiento campesino avancen en la siguiente dirección estratégica:
- Establecer una ruta estratégica de diálogo y negociación con el sector terrateniente y agroindustrial. Con el objetivo de establecer consensos y puentes que abonen a un contexto propicio para avanzar en los grandes retos y desafíos alrededor del actual proceso de negociación y salida democrática al conflicto agrario. Será de importancia la elaboración de una metodología de resoluciones de conflictos, que genere confianza y refuerce la idea de diálogo, como centro de la transformación y cambio.
- Generar opinión pública sobre el proceso de negociación y diálogo. Politizar el actual proceso es clave, en los esfuerzos por generar opinión pública y redes de apoyo que respalden las demandas del movimiento campesino y los esfuerzos del Gobierno. En ese sentido, se deberán evaluar los aspectos públicos y los que son de interés reservada de las partes. Hasta ahora, el proceso de negociación y diálogo se ha desarrollado en un marco de secretividad que no permite el debate, la acción y la movilización.
- Sellar una política de alianzas estratégicas. Es importante avanzar en la construcción de una red de actores que apoyen el actual proceso de negociación y conflicto, con el objetivo de hacer público el proceso y obtener aliados que ayuden a bloquear o limitar las pretensiones de los sectores que intentan boicotear el actual proceso. Así mismo, las alianzas estratégicas deberán fundamentarse en una política comunicacional emanada de las principales instituciones públicas del Estado, vinculadas con el conflicto agrario.
Referencias
[1] CESPAD (2022). Coyuntura desde los territorios: Reflexiones sobre cómo gestionar el conflicto agrario en el Bajo Aguán.. https://cespad.org.hn/2022/03/03/coyuntura-desde-los-territorios-reflexiones-sobre-como-gestionar-el-conflicto-agrario-en-el-bajo-aguan/ (Consultado el 20 de abril de 2022)
[2] Véase: http://ina.hn/userfiles/INFORME%20SOBRE%20AVANCES%20EN%20LA%20ZONA%20DEL%20AGUAN.pdf (Consultado el 20 de abril del 2022)
[3] Atacan movimiento de recuperación de tierras: Balas contra campesinos en el Aguán dejan primer herido. Pasos de Animal Grande, 28 de agosto del 2017. https://www.pasosdeanimalgrande.com/en/contexto/item/1877-atacan-movimiento-de-recuperacion-de-tierras-balas-contra-campesinos-en-el-aguan-dejan-primer-herido (Consultado el 20 de abril de 2022)
[4] Autoridades esperan pronta solución a violento conflicto de tierras en el Aguán. Hondudiario, 20 de febrero del 2022. https://hondudiario.com/nacionales/autoridades-esperan-pronta-solucion-a-violento-conflicto-de-tierras-en-el-aguan/ (Consultado el 20 de abril)
[5] Comunicado Público de la Plataforma Agraria y la Coordinadora Popular de las Organizaciones del Bajo Aguán, 18 de abril del 2022.
