Por: Claudia Mendoza
Aunque Honduras cuenta con una nueva administración de Gobierno, muchos de los avances contra la corrupción dependerán de la derogación o de la reforma de leyes y decretos que blindan a los corruptos. De allí que la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, con asesoría técnica del CESPAD y el apoyo de Abogados sin Fronteras-Canadá, construyen un Plan Estratégico para desmontar los “pactos de impunidad” heredados por el Gobierno anterior.
Los especialistas en la materia denominan pactos de impunidad a “los mecanismos que emplean las redes de corrupción y del crimen organizado para cooptar las instituciones del Estado y garantizar que sus actividades delictivas queden impunes”. Estas medidas incluyen, entre otras, “los nombramientos de altos funcionarios del Estado y la aprobación de normas y leyes que obstaculizan la rendición de cuentas y fomenten la impunidad”.
En este país centroamericano, la administración de Juan Orlando Hernández, que gobernó entre los años 2014 y 2022, dejó como herencia un fuerte andamiaje que sirvió y continúa sirviendo de soporte a las redes de corrupción que aún operan en Honduras.
Por eso la importancia para la sociedad civil organizada y la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional de Honduras, pensar y estructurar un plan estratégico o una agenda de lucha contra la corrupción que, irremediablemente, pasa por revisar las leyes y decretos que constituyen esos “pactos de impunidad”.
“Y que es necesario derogar, así como otros decretos que es necesario crear, como nuevos instrumentos jurídicos que abonen a la lucha contra la corrupción”, dice Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), la organización que, con apoyo de Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), proporciona asistencia técnica para la definición de la Agenda Estratégica de la Coalición Anticorrupción del Congreso Nacional, para el periodo 2022-2024.
Para la Comisión Anticorrupción del CN, el CESPAD, Abogados Sin Frontera-Canadá y otras organizaciones, es preciso y urgente avanzar en la construcción de una agenda que incluya la derogación de las normativas que bloquean la lucha contra la corrupción.
“Hemos identificado cuáles son los cambios legislativos o las creaciones legislativas que se hicieron desde este Congreso Nacional, que no solamente creo la impunidad, es que estos creadores de la impunidad se beneficiaron directamente de la impunidad”, dice Ramón Barrios, abogado y miembro de la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo.
La reunión fue propicia para hacer radiografía de las leyes y las normativas que fueron aprobadas y reformadas en las administraciones de Gobierno pasado, y que han servido de muro de contención a favor de la impunidad. “Para nosotros era importante tener una sistematización de esas leyes, y proceder de inmediato a calendarizar un trabajo, para los próximos días, tratando de desmontar todo ese bloque jurídico de impunidad”, acotó Barrios.
Elección de nuevos altos funcionarios, otro reto para Honduras
Para el director del CESPAD, es urgente pensar el futuro del país, “de cara al proceso de elección de altos funcionarios públicos que integrarán, en los próximos meses, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas o la Fiscalía General de Honduras”, en especial cuando estos burócratas han tenido un accionar marcado por la dependencia y supeditación a los intereses de las élites del país.
“Vamos a ir paso a paso, con firmeza, desmontando la impunidad, pero asegurando que este nuevo Congreso del pueblo no caiga en la corrupción y si cae, que pague, eso es importante. Ya no más impunidad en Honduras”, agregó el miembro de la Comisión Anticorrupción del Congreso.
La agenda que se discute apunta, además, a facilitar las condiciones para la instalación y operatividad, con efectividad, de una misión internacional contra la corrupción, que ya fue solicitada al Sistema de Naciones Unidas, por parte del Gobierno de Xiomara Castro.
De acuerdo con las organizaciones asesoras y la Comisión Anticorrupción del CN, el país requiere de la urgente derogación de decretos y reformas de decreto y leyes, si en verdad se quiere avanzar en el “desmontaje del modelo de impunidad que fue establecido en los 12 años de gobierno de Hernández”.
No menos importante, también le apuestan a la creación y aprobación de nuevas leyes que permitan y fortalezcan la lucha contra las redes de corrupción que siguen instaladas y funcionando dentro del sistema político y judicial de Honduras.
A continuación, se enlistan algunos decretos y reformas de decretos y leyes que constituyen los “pactos de impunidad” en el país, y que es urgente reformar o derogar.
Proceso especial ante la Corte Suprema de Justicia
Esta es una reforma que se le hizo al Código Procesal Penal (Decreto 9-99-E), que entró en vigencia el año 2002 (sin justificación alguna), que implica un procedimiento especial para el juzgamiento de altos funcionarios del Estado, estableciendo que serán juzgados por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Decreto 110-2014: Reforma a la Ley del Ministerio Público
Hasta antes de la reforma a esta ley, estaba vigente el Decreto 228-93 que disponía que los funcionarios del Ministerio Público podrían “extrajudicialmente dar opiniones de carácter general y doctrinario acerca de los asuntos en que intervengan”.
Con la reforma hecha a la Ley del MP, el artículo 7 dice ahora: “Los servidores y funcionarios del Ministerio Público no podrán divulgar bajo ninguna circunstancia información sobre los asuntos que estén conociendo, salvo cuando la misma sea solicitada por alguien del mando jerárquico o tenga para ello la debida autorización del Fiscal General de la república. El incumplimiento de esta disposición constituye falta grave”.
Decreto 130-2017: Código Penal
La entrada en vigor del nuevo Código Penal (junio 2020) implica, en términos de lucha contra la corrupción, una modificación de tipos penales relacionados con prácticas de corrupción, y reduce las penas previstas.
Este Código Penal contiene una reducción significativa de las condenas asociadas a los actos de corrupción comprendidos en los tipos penales que corresponden a los delitos contra la Administración Pública. Esto acarea graves consecuencias en el avance de la lucha contra la corrupción en Honduras y en el sostenimiento de los logros alcanzados en la investigación de estos delitos, por parte del Ministerio Público
Decreto 141-2017: Reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto
Esta reforma se hizo en el marco de un proceso penal que impulsó la UFECIC-MACCIH contra cinco diputados (caso Red de Diputados) que utilizaban una organización no-gubernamental, como intermediaria, para desviar esos recursos hacia propósitos personales. A estos diputados se les acusó de la apropiación de fondos públicos para programas sociales.
Esta reforma establecía un procedimiento administrativo previo a la investigación del Ministerio Público, contra quienes hubiesen manejado fondos públicos, en este caso contra diputados. Pero este decreto introdujo la obligación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), de la realización de una auditoría especial de los fondos destinados a programas sociales, dando a este órgano tres años para realizarla.
Decreto 116-2019: Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales
Esta ley legaliza la administración de fondos “departamentales” que, según el decreto 116-2019, deben utilizarse para proyectos de orden social, comunitario, infraestructura y programas sociales. Sin embargo, tradicionalmente han sido asignados y ejecutados por los diputados del CN, en propaganda política y para satisfacer las necesidades del clientelismo político.
Estas normas limitan las facultades de investigación del Ministerio Público para deducir la responsabilidad penal, ya que se ordena al TSC a realizar una “auditoría e investigación especial” en un plazo de tres años.
Para la reforma o derogación de esta ley es necesaria una votación de dos tercios del total de los diputados, es decir, 86 votos de los 128 posibles, lo que implica una gran coalición parlamentaria para realizar esta reforma.
Decreto 117-2019
Mediante la aprobación de este decreto se adiciona el artículo 10-A, al Decreto 363-2013, que contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que incorpora inmunidad a la “función parlamentaria”, disponiendo que “cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa”.
Esta reforma surge en el marco de la acusación presentada, el 24 de mayo de 2018, por el Ministerio Público, por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y delito contra la forma de gobierno contra los diputados José Tomás Zambrano Molina y Román Villeda Aguilar, al incorporar contenido no leído, ni discutido ni aprobado en la sesión del Pleno del Congreso Nacional, en relación al Decreto 141-2017.
Eliminación de la MACCIH-UFECIC y el Circuito Anticorrupción
Los ataques a la MACCIH no se limitan a la no-renovación de su mandato en enero 2020, sino que se avanza también en el debilitamiento de lo que se llamó el “Circuito Anticorrupción”.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anticorrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
