Por René Estrada
Pese a tener una población menor a medio millón de habitantes, el departamento de Colón, en Honduras, se ha convertido en un claro ejemplo de cómo la conflictividad social cambia a los pueblos. La falta de una reforma agraria integral, y la presencia del narcotráfico y las empresas extractivas han convertido este paradisiaco departamento en una zona marcada por una división comunitaria que favorece un clima de violación de derechos humanos.
Conversar con el Sacerdote Gregorio Vásquez, de la parroquia de San Isidro Labrador del municipio de Tocoa, permite tener acceso a un enriquecedor análisis de lo que ocurre en una zona de Honduras que ha estado marcada por una conflictividad que trasciende fronteras nacionales, y que ha dejado un saldo lamentable: asesinatos, persecuciones, encarcelamientos y desplazamientos forzados de personas.
El Padre Vásquez brindó al CESPAD una entrevista cuyo análisis está cruzado por tres conflictividades que, afirma, presentan una serie de desafíos individuales que han quebrantado el tejido social, obligando a la población del departamento a tomar medidas. El factor común en estos conflictos es el deseo de riquezas y beneficios individuales, pues en la zona ninguna de las iniciativas que se presentan como generadoras de desarrollo, han erigido una robusta economía, en beneficio de las mayorías.
La reforma agraria
Para entender lo que ocurre en la zona, comenta el Padre Goyo, como cariñosamente se le llama en la zona, hay que remontarse a la época de la caída de las compañías bananeras (a mediados del siglo XX), y al inicio del proceso de cambio en América Latina (en la década de 1950), cuando se hizo insostenible una economía basada en el latifundismo y se comienzan a implementar procesos de reforma agraria, muy movidos por la oleada de liberalismos que llegaron al continente, incluyendo Honduras.
En la década de 1960, cuando inician los intentos de reforma agraria, fortalecidos en la década de 1970, comienza uno de los focos grandes de conflictividad, partiendo del hecho que la población del departamento de Colón está compuesta por los migrantes de la parte de occidente y sur del país. “Esta migración, como tal, ocasiona conflictividad, pero, entendiendo el conflicto no como algo negativo sino como un proceso en las relaciones humanas, en los procesos de cambio y crecimiento”, dice el Padre Goyo. Pero los intentos de reforma agraria dieron paso a que los movimientos campesinos comenzaran a involucrarse en el cooperativismo.
En la década de 1990 acontece una ruptura con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas debido a la implementación del neoliberalismo que, a nivel agrario, se explicita en la ley de modernización agrícola, porque permitió la venta de las cooperativas de la zona, mediante procesos turbios y cuestionables.
Con ese pasaje de la historia en Colón se puede entender la conflictividad actual (más de 20 años después), en relación con el tema recuperación de tierras, ya que es a partir de allí que acontece un acaparamiento de tierras por parte de la familia Facussé, Morales, entre otros terratenientes de la zona.
A principios de este siglo, resurgen los movimientos campesinos como empresas asociativas campesinas, que tenían en su lucha un tema pendiente: una reforma agraria integral que garantizase el justo acceso a tierras.
Pero el tiempo pasó y a la fecha no hay avances significativos en la materia. Muy al contrario, en el mes de febrero del presente año (2022), se reportó la lucha por más de 12 mil hectáreas de plantaciones de palma africana en la región del Aguán, agudizando la conflictividad agraria en el departamento. Cabe destacar que las pugnas por el acceso a tierras han causado una polarización en la región pues se reportan manifestaciones a favor y en contra de las grandes empresas procesadoras del fruto.
El narcotráfico
Por su ubicación costera y su cercanía con los grandes departamentos del país, otro problema social que desde 1960 hasta la actualidad ha sido una constante, es el tema del narcotráfico y el crimen organizado, generadores de conflictividad y violencia.
Entre los grandes narcotraficantes que doblegaron la zona, los más conocidos son los hermanos Rivera Maradiaga, jefes del llamado cartel de los Cachiros, quienes, hasta su entrega en enero del 2015, eran considerados los “Señores de Tocoa”. Según Insight Crime, este fue uno de los grupos transportistas más grandes de Honduras, que llegaron a acumular un patrimonio neto de casi mil millones de dólares, con la narcoactividad.
De igual forma, el control de los narcotraficantes en la región se ha vinculado con los grandes terratenientes, pues en el 2004 una avioneta que supuestamente contenía alrededor de una tonelada de cocaína, aterrizó en la hacienda Los Farallones, ubicada en las costas de Trujillo, que pertenece a la familia Facussé. Este hecho, según reporta el periodista estadounidense Jon Lee Anderson, de la revista New Yorker, se hizo público por la filtración que hizo WikiLeaks, y que permitió el acceso a documentos de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en los que se reveló que el ex embajador norteamericano en Honduras, Larry León Palmer, recibió información de agentes de seguridad, mediante la que se afirmaba que el empresario Miguel Facussé, ahora fallecido, estuvo presente durante el aterrizaje de la avioneta que primero se descargó y se aseguró, y después se destruyó con una “bulldozer”.
Anderson también resalta la gran cantidad de pistas clandestinas que se encuentran dentro de Los Farallones, las preferidas para los narco pilotos de la zona.
Basado en los registros de la Policía Nacional, en el año 2020, el departamento de Colón tenía una tasa de homicidios de 47.2 por cada 100 mil habitantes, y se reportó que 576 ciudadanos fueron arrestados por posesión de droga, 626 por tráfico de droga, 167 por asociación ilícita, 43 por extorsión, 39 por facilitación de transporte para el tráfico de droga y 13 por facilitación de local para el tráfico ilícito de droga, datos que reafirman la presencia del crimen organizado en el departamento de Colón.
Las empresas extractivas
El tercer foco de conflictividad, de relativa reciente aparición en la zona, es el extractivismo, con toda la gama de elementos que tiene. Convergen, en este modelo las empresas mineras, hidroeléctricas, los mega proyectos turísticos, monocultivos (como la industria de la palma africana o el banano), y las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES). El extractivismo ha sido un generador de conflictos muy fuertes en la zona.
Una de las características claves del extractivismo es la economía por despojo, entendiéndose como un proceso de expropiación, privación, enajenación de bienes y derechos, a través de acciones coercitivas, legales y políticas, impulsadas desde el Estado contra los sectores históricamente vulnerables y excluidos (indígenas, negros y campesinado), según lo define el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
En la actualidad, según los datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), existen 15 concesiones mineras en el departamento de Colón, de las cuales, 13 se encuentran en proceso de exploración y 2 en proceso de explotación. Una es la minera ASP, de Inversiones Los Pinares S.A. de C.V., epicentro de un conflicto con los pobladores y defensores del río Guapinol y el sector San Pedro, comunidades que se opusieron y que han protagonizado una serie de conflictos sociales en la región.
El caso Guapinol dejó en claro la forma arbitraria con la cual el Estado de Honduras emite concesiones, pues en el 2013, el Congreso Nacional reformó, de manera irregular, el decreto No 127-2012, con la finalidad de reducir la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera, de 24,223.7 hectáreas a 24,006.36. La reducción fue de 217.34 hectáreas que coinciden, sorprendentemente, con la ubicación de las dos concesiones mineras otorgada a la empresa “Inversiones Los Pinares”.
De igual forma, el gobierno ha permitido la concesión de ocho proyectos hidroeléctricos, de los cuales, basados en datos del portal Territorios en Riesgo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), seis se encuentran temporalmente suspendidos.
Los monocultivos de palma africana son protagónicos en la región. Según un informe publicado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en hechos vinculados con conflictos por las tierras en el Bajo Aguán, entre el 2009 y finales del 2012, la mayoría perteneciente a organizaciones campesinas.
Por otro lado, los datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el 2018, reportaban 190 mil hectáreas sembradas de Palma Africana, extendidas a lo largo del litoral atlántico, desde Cortés hasta Colón, haciendo de este fruto, el más cultivado en el país.
Fortalecidos por la corrupción
Para el Padre Vásquez, hay dos factores que fortalecen las tres conflictividades atrás enunciadas: la corrupción e impunidad. De acuerdo con su criterio, estos son ejes transversales generadores de violencia y de otras situaciones paralelas como la militarización y la promulgación de leyes específicas para la zona, como la prohibición de armas para civiles.
En definitiva, concluye el Padre Goyo, “hay un daño a la paz y a la convivencia social en este departamento”, fomentado por las propias instituciones del Estado que, en teoría, deben velar por el cuidado de las comunidades, pero que en la práctica se convierten en adversarios de procesos que ayuden a desarrollar los pueblos, como los del departamento de Colón.
