Autor: Bladimir López, analista del CESPAD.
Edición: Claudia Mendoza
Febrero ha sido un mes violento para las comunidades rurales, indígenas y campesinas y personas que luchan en contra de la política extractivista minera y el proyecto reconcentrador de la tierra. Un primer caso que confirma el extremo anterior es la comunidad de Azacualpa, de descendencia indígena Maya-Chortí, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Copán, donde se resisten al ecocidio territorial y cultural que ha ido provocando la empresa minera Minerales del Occidente Aura/Minosa. El momento coyuntural del conflicto son las exhumaciones de cuerpos del cementerio, que han generado el rechazo comunitario, pese a un fallo judicial que ampara a las comunidades.
El segundo caso lo representa la comunidad de Guapinol y San Pedro, una población rural-campesina ubicada en el municipio de Colón, que también se resiste al ecocidio ambiental, a la militarización territorial y a los procesos de persecución penal, emprendidos por la Empresa Minera Inversiones Los Pinares, con vínculos de origen con la familia Faccusé. El momento coyuntural del conflicto es la persecución penal y encarcelamiento de 6 personas defensoras, frente a los indicios fuertes de manipulación de pruebas y la parcialidad del sistema de justicia a favor de Inversiones Los Pinares.
Un tercero, entre otros casos que podrían citarse, es la lucha indígena Lenca en Santa Ana y Buena Aventura, comunidades ubicadas en Francisco Morazán que se enfrentan a los intereses terratenientes de la familia Facussé, que aduce ser propietaria de las tierras. Las pretensiones expansionistas de los Facussé acontecen, pese a que la comunidad indígena Tierras del Padre cuenta con un título ancestral. El momento coyuntural del conflicto son los intentos de desalojos de la comunidad indígena, con grandes indicios de ilegalidad y arbitrariedad, una pretensión que no se ha concretado debido a la presión de las organizaciones de derechos humanos, la comunidad internacional y la actual Secretaría de Derechos Humanos.
La intención de este análisis no es entrar en detalle sobre estos tres conflictos, pero si se desea profundizar se puede remitir a los siguientes documentos. Sobre el conflicto en Guapinol y San Pedro, véase: en el caso de Guapinol y San Pedro: ¿Funciona el Mecanismo de Protección de DDHH, salvaguarda la vida de las y los defensores de la tierra, bosque y ríos? CESPAD, 2019. Sobre el conflicto en Azacualpa, véase: Coyuntura desde los territorios: Azacualpa: ¿hacia dónde avanza el conflicto con la empresa Minerales de Occidente? CESPAD, 2019. Sobre el conflicto las Tierras del Padre, véase: En suspendo desalojo en Tierras del Padre. Diario La Tribuna, 2022.
En el caso de Guapinol y Azacualpa, el proyecto extractivista comparte las siguientes particularidades: corrupción extractivista, impactos ambientales, efectos sociales y políticas de control territorial. En relación con la corrupción extractivista, sobresalen contradicciones y vacíos en la normativa legal existente que evitan trasparentar el trámite de las licencias ambientales. Al existir vacíos legales y una débil institucionalidad, las empresas extractivas explotan irracionalmente los recursos, agotando las fuentes de agua, contaminando el medio ambiente. En lo social, se generan procesos de desalojos forzados, desplazamientos y agudización de la pobreza. Y en lo político, un proceso de control territorial ampliado, alrededor de militarización territorial, la persecución penal y la contrainsurgencia política-militar, desarrollados al margen de los estándares internaciones de derechos humanos.
En el caso de las Tierras del Padre, llama la atención la forma en la cual el poder terrateniente, en los últimos años, ha emprendido procesos de control sobre la tierra en zonas semi urbanas, con presencia de comunidades indígenas y campesinas. El territorio, actualmente en disputa, es de alta plusvalía, en relación con la construcción de vivienda y el turismo local, elemento de materia económica que puede estar motivando este tipo de conflictos. En definitiva, el caso de Tierras del Padre evidencia que el poder terrateniente está fuertemente interesado en controlar el territorio para emprender proyectos alejados de la tradición agraria, ya que la intención es expandir el mercado a través de otras formas de acumulación de capital, como lo demuestran muchos casos en el norte del país, zona en la cual el poder terrateniente juega un rol central.
En ese sentido, es importante comprender que el proyecto extractivista y terrateniente prioriza los bienes comunes de la naturaleza (tierra, agua, bosque, minerales) como fuente principal de acumulación de riquezas y beneficios. La pertinencia histórica del extractivismo, siguiendo el detallado análisis de José Carlos Monedero, reside en que profundiza los tres rasgos principales del capitalismo: i) la naturaleza adopta una forma de mercancía, ii) el mercado de producción capitalista (extractiva) se desarrolla en formas de monopolios que solo son posibles mediante prácticas de corrupción (extractivista) y, iii) las estructuras legales y policiales del Estado se orientan a preservar los intereses de los grupos económicos y políticos, a través de la instauración de un Estado de excepción.
En Honduras, el Estado de excepción, montado en el marco del golpe de Estado del 2009[1], dio paso al surgimiento de un fuerte proceso de corrupción extractivista, sobre el cual se han desarrollado procesos de violencia extractivista hacia personas defensoras de la tierra y el territorio.
Para Raúl Zibechi, el Estado de excepción, en un contexto de contraofensiva extractivista, implica la restricción de garantías constitucionales básicas (libertad personal, acceso a información, libertad de opinión, libertad de participación, a la organización, entre otras), en el cual el Estado declaró enemigos públicos a las personas defensoras de tierra y territorio. El resultado ha sido dramático: más de 168 asesinatos y un aproximado de 3 mil casos de persecución penal hacia personas defensoras de la tierra y el territorio, y el incremento en más del 100% de los conflictos socioterritoriales-ambientales en el periodo del 2009-2020, en comparación con años anteriores. Para Eduardo Gudynas la corrupción extractivista es un proceso que conlleva a sobornos para acceder a concesiones mineras, hidroeléctricas y de otra naturaleza extractiva. Asimismo, el cohecho, para modificar evaluaciones de impacto ambiental, abuso de funciones para ocultar impactos ecológicos y tráfico de influencias que ampara la violencia contras las comunidades locales. Estos aspectos son favorecidos, además, por un marco legal que promueve las llamadas “alegalidades”. Este es un concepto importante y útil ya que ilustra los casos en los que se cumplen las formalidades de las normas, pero se aprovechan sus vacíos o limitaciones para lograr beneficios que tienen consecuencias en contra del sentido de esa norma como, por ejemplo, las alegalidades que se presentan en la Ley de Minería, la Ley de Aguas y Ley de Ambiente, entre otras.
Tal como lo señala el análisis, intitulado Hidroeléctricas y minería: la corrupción desde el Estado, detrás de las concesiones, la corrupción extractivista en Honduras penetra en los distintos campos de la vida política y social. Los análisis convencionales ponen el acento en los impactos relacionados con aspectos económicos y legales. La experiencia hondureña indica que la corrupción extractivista afecta otros ámbitos de la dinámica política, como los mecanismos democráticos esenciales de consulta, la falta de acceso a la información pública, la violación sistémica de derechos humanos, las pérdidas humanas, ecocidios territoriales y culturales, fragmentación territorial, militarización y contrainsurgencia político-militar.
En un contexto de gran alcance de la política extractivista, el extractivismo se presenta como un “actor social total” ya que interviene en la comunidad donde se instala, genera conflictos sociales, provoca divisiones, tienden a reorientar la actividad económica y se convierte en agentes de socialización directa con acciones sociales, educativas y comunitarias, con el objetivo de tener un control general de la producción y reproducción de la vida de las poblaciones. Tal como ha sido planteado en detalle por Jan Bebbingtona, Judy Brownb, Bob Framec y Lan Thomsond, el extractivismo está promoviendo una completa reestructuración de las sociedades y de los estados de América Latina. No estamos ante “reformas” sino ante cambios que ponen en cuestión algunas realidades de las sociedades, como el proceso regresivo en la distribución de la tierra.
En relación con la violencia extractivista, Eduardo Gudynas y Marina Walter establecen que los extractivismos no solo desencadenan impactos sociales y ambientales, pero, para que sea posible se requiere de violencia y de violación de derechos, tanto de los humanos como los de la naturaleza. En ese sentido, en Guapinol, Azacualpa y Tierras del Padre, la violencia extractivista y terrateniente no es una consecuencia, sino una condición necesaria para llevar a cabo el despojo de la tierra y el territorio.
Alrededor de los tres conflictos planteados, se identifican una serie de manifestaciones de violencia extractivista, comprendida como un proceso en el cual intervienen actores estatales y no estatales, para imponer, de forma violenta, proyectos extractivistas, en un contexto generalizado de Estado de excepción, corrupción extractivista, vulneración de derechos, promovida y legitimada desde el Estado. La violencia extractivista identificada es la siguiente:
- Violencia directa. Se refiere a los ataques contra la integridad física y psicológica de las personas defensoras de tierras y territorio, mediante mecanismos de judicialización, persecución, intimidación y asesinatos selectivos. Este tipo de violencia, desde una mirada de conflicto de justicia ambiental, tiene como objetivo debilitar y desmovilizar las luchas en la defensa de la tierra y el territorio.
- Violencia estructural. Motivada en el fondo por el Estado de excepción, es un tipo de violencia invisibilizada que se escapa de manifestaciones individuales, ya que está internalizada en las instituciones públicas. Sin embargo, en los tres conflictos planteados, esta violencia es visible en aspectos como la desigualdad, el acceso a justicia (se favorece a las empresas extractivistas y a los terratenientes), los impactos socioambientales (los dictámenes son rechazados por el sistema de justicia), las desigualdades económicas, sociales, y el cierre de espacios de participación (desconocidas por el Estado y los sectores extractivistas).
- Violencia cultural. De este aspecto se han valido los sectores extractivistas y terratenientes para legitimar la violencia directa y estructural hacia las mujeres, los indígenas y campesinos. En el caso de Guapinol y Azacualpa, es evidente la forma en la cual las empresas extractivistas recurren a la ciencia y a la tecnología para sostener que la extrahección de minerales se da bajo estándares técnicos, adecuados para evitar ecocidios ambientales. En el caso de las Tierras del Padre, los indígenas demandan el reconocimiento y protección de sus cosmovisiones, culturas, formas de vida y derechos territoriales, ante el discurso empresarial de los Facussé, sobre el acceso a la tierra y el territorio. De igual forma, en los tres conflictos existe un proceso de discriminación social y étnico, por parte de una clase empresarial y terrateniente que no reconoce las formas particulares de vida de las comunidades, acentuándose una cultura patriarcal y racista territorial alrededor del conflicto.
- Violencia lenta. Este tipo de violencia es más estructural y procesual. Consiste en comprender la forma en la cual, alrededor de los extractivismos, los impactos ambientales se manifiestan en una escala espacial y temporal amplia, se mueven y mutan. Esta violencia es visible en Guapinol y Azacualpa, debido a los impactos de la minería en la salud y en el ambiente, por el uso de metales pesados en el proceso de extrahección de minerales. La característica de la violencia lenta, es que puede permanecer oculta durante mucho tiempo, hasta que se manifiesta de manera directa en los humanos y en el ambiente.
- Violencia ecológica. Es un tipo de violencia lenta que se manifiesta directamente en los sectores vulnerabilizados en los territorios concesionados. La violencia ecológica se refiere la violencia que los extractivismos emprenden contra el mundo biofísico y la biodiversidad. Se centra en la naturaleza y, en los últimos años, el concepto que el movimiento socioterritorial-ambiental ha posicionado en el espacio público ha sido el “ecocidio”, como categoría analítica y política que busca denunciar la destrucción del ambiente.
A manera de cierre
- El Estado de excepción, como categoría analítica para comprender su comportamiento en los territorios concesionados (a la luz de los tres conflictos aquí expuestos), nos permite comprender la forma en la que ha operado la política de control territorial, que tiene como telón de fondo la presencia de fuerzas represivas estatales y no estatales en los territorios en disputa. No solamente se trata de una política de judicialización como tal, sino de una política de contrainsurgencia político-militar que, mediante la violencia estructural y directa, intenta desmovilizar y desaparecer las luchas territoriales.
- La coyuntura, alrededor de los tres conflictos, indica que el extractivismo, como un actor social total, promovido desde el Estado y legitimado a través de la normativa básica, es un proyecto de largo alcance que es necesario analizarlo en perspectiva, ya que se sostiene, reproduce y genera violación de derechos humanos y violencias territoriales.
- Los ecocidios ambientales y culturales que los extractivismos generan en los territorios, refuerzan la idea de que alrededor de estos conflictos la política de justicia ambiental es la ruta estratégica para adoptar formas de presión y de incidencia, encaminados a darle respuesta a los problemas estructurales que determinan las violencias extractivistas. Azacualpa, Guapinol y San Pedro son un claro ejemplo de cómo en el tiempo y espacio, los ecocidios han ido motivando la violencia lenta (impacta en las personas) y la violencia ecológica (impacta en la naturaleza).
Referencias
[1] Visible en una serie de reformas: Estado, seguridad pública nacional, matriz económica de corte extractivista-exportadora y política social.
