Coyuntura desde los territorios | ¿Qué propuesta campesina promoverá el nuevo Gobierno en materia agrícola y de seguridad alimentaria?

Autor del documento: Bladimir López
Revisión de estilo: Claudia Mendoza

(2 parte de 3)

Introducción

En la primera parte de este análisis se expuso, de manera cuantitativa, la crisis agraria y la crisis alimentaria que atraviesa la sociedad hondureña, en un contexto que arrastra 30 años de políticas agrarias de corte neoliberal, que han impactado negativamente en el derecho humano a la tierra y a la alimentación, en más del 60% de la población. En esta segunda entrega, se puntualizarán las propuestas que se sugieren desde el movimiento campesino para que el nuevo gobierno implemente acciones en el corto, mediano y largo plazo, para darle respuesta a la crisis agraria y a la crisis alimentaria.

Posterior al triunfo electoral del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se abrió en el país un importante proceso de transición que ha tenido como objetivo recoger los principales planteamientos y propuestas de dos sectores esenciales para el funcionamiento de todo el sistema político democrático: el sector económico y el sector sociopolítico. Más allá de sus contradicciones y limitaciones, el proceso de transición es único en la historia política del país, ya que ningún Gobierno lo había desarrollado, y representa una oportunidad para que el nuevo Gobierno priorice sus acciones, partiendo de las necesidades y propuestas de los sectores económicos y sectores sociopolíticos.

En esta ocasión, rescatamos las principales propuestas que presentaron los sectores del movimiento campesino, las que se diferencian, enormemente, por las diversas apuestas para darle respuesta a la crisis agraria y alimentaria que golpea a la sociedad hondureña.

En ese sentido, en el primer capítulo se realiza un análisis sobre las principales propuestas presentadas por el sector campesino y productor. En el segundo capítulo, se indaga sobre la perspectiva de cambio agrario, alrededor de las propuestas y el proyecto de LIBRE. Y en el tercer y último capítulo, se propone una ruta estratégica para avanzar en la rearticulación del movimiento campesino en la actual coyuntura de tensión y disputa de proyectos agrícolas.

I. Dos bloques y proyectos agrarios enfrentados: soberanía alimentaria vs agricultura empresarial

En relación con el tema agrario y alimentario, las propuestas han girado en derredor de dos proyectos agrarios contrapuestos: soberanía alimentaria vs agricultura empresarial.

El primero, apuesta por reformar el modelo agrario, es decir, avanzar hacia un nuevo proceso de reforma agraria. El segundo, apuesta por modernizarlo, manteniendo intacta su visión neoliberal y el enfoque agroindustrial.

Ambas propuestas se diferencian en los procesos de cambio y de transformación agraria: reforma institucional, acceso a tierra, crédito, organización campesina, producción agrícola y perspectiva de género y étnica. Estas son las más sobresalientes, sin obviar que existen propuestas vinculadas al tema cambio climático, comercialización, investigación agrícola, entre otras. En este análisis nos centraremos en las primeras.

Antes de entrar en detalle sobre el contenido de ambos proyectos, es importante puntualizar que, en la actual coyuntura, en el campo agrario se enfrentan dos grandes bloques:

1. Bloque de soberanía alimentaria: representado por las históricas organizaciones campesinas que, en un contexto de contrarreforma agraria, lograron reconfigurarse pese a los retos que ha impuesto la coyuntura política agraria, durante las últimas décadas. Su objetivo es sentar las bases para avanzar en la construcción y aprobación de una nueva Ley de Reforma Agraria para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria, con enfoque étnico y de género.

   Su identidad se basa en la cultura indígena y campesina, actores que aparecen como el principal sujeto social de cambio y transformación agraria, haciéndole frente a todo el proceso de descampenización (eliminación de la figura del campesino), impulsado en el marco de las políticas agrarias neoliberales. Por último, su propuesta de cambio tiene como eje la transformación de la estructura de la tenencia de la tierra, la construcción de una nueva institucionalidad del sector público agrícola y un cambio en la matriz agrícola y alimentaria, con enfoque de soberanía y seguridad alimentaria.

2. Bloque de agricultura empresarial: representado por las históricas organizaciones agroempresariales y sectores terratenientes, que reforzaron su influencia ideológica y económica con las reformas agrarias neoliberales implementadas en los últimos 30 años y que, desde entonces, han definido la política agrícola y alimentaria con el respaldo de los anteriores gobiernos. Su objetivo es emprender un nuevo proceso de modernización agraria y alimentaria, que no trastoque las raíces agroexportadoras y reconcentradoras de la tierra de la actual política agraria.

   Su identidad se basa en la cultura del productor y productora empresarial, en detrimento de la figura del campesino y campesina. Por último, su totalidad de cambio se basa en reinsertar a Honduras, nuevamente, en las cadenas de valor económicas mundiales, como exportador de productos agrícolas tradicionales y no tradicionales, bajo la lógica imperante del mercado y la agricultura de alto valor.

La diferencia entre ambos proyectos y bloques se analiza en las siguientes dimensiones políticas:

Cuadro #1

Principales propuestas agrícolas presentadas al nuevo Gobierno

El cuadro anterior establece las diferencias entre ambos bloques y proyectos.

Primero, en relación con el tema institucional, el bloque #1 enfatiza en la necesidad de conformar un gabinete agrario, con el objetivo de que se cuente con una instancia que articule a las instituciones públicas del sector agrícola y que sea el espacio en el cual se definan las principales estrategias y las políticas en materia agraria y alimentaria del país. Por su parte, el bloque #2 se centra, básicamente, en el fortalecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), como ente rector del crédito para la producción agrícola, centrándose en los aspectos institucionales, meramente económicos de la institucionalidad agraria.

Segundo, el acceso a la tierra es fuertemente enfatizado por el bloque#1, alrededor de una ruta táctica que dé respuesta (de manera inmediata) a la mora agraria y a la legalización de la tierra, mediante una bolsa de tierras ejidales, fiscales, nacionales, y tierras en posesión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). A largo plazo, la aprobación de una nueva Ley de Reforma Agraria. En el bloque #2 no se menciona el acceso y legalización de la tierra, obviando, de esa forma, uno de los principales elementos que determina la crisis agraria y la crisis alimentaria del país: la falta de acceso y legalización de la tierra.

Tercero, el crédito y la producción agrícola tienen una divergencia importante. El bloque #1 y #2 enfatizan en el crédito agrícola para la producción de granos básicos, hortalizas y sector pecuario. La diferencia es que el primero enfatiza en garantizar la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria “hacia adentro”, mientras que el segundo lo prioriza “hacia fuera”, bajo la figura de la agricultura de gran valor agregado para la exportación. De esa forma, el acceso al crédito sigue en disputa entre el sector campesino y sector empresarial, en un marco de política de acceso a crédito, que históricamente ha beneficiado al sector agroexportador y ha excluido al sector campesino.

Cuarto, en lo referente al fortalecimiento organizativo, el bloque #1 le apuesta, estratégicamente, a potenciar la organización campesina de base, con el objetivo de avanzar en la consolidación del sujeto campesino que promueva un nuevo proceso de reforma agraria. Mientras, el bloque #2 desconoce, en su totalidad, toda forma de organización, bajo el supuesto que la producción agrícola no es motivada por el trabajo colectivo de la organización campesina.

Quinto, la resolución de conflictos agrarios fue uno de los elementos que posicionó con fuerza el bloque #1, y su propuesta se centró en la instalación de una Mesa de Resolución de Conflictos Agrarios, con participación de las instituciones públicas y organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres. Por su parte, el bloque #2 no consideró en su propuesta esa iniciativa, evidenciando que su núcleo organizativo de base (productores y productoras empresariales) se encuentra alejado de los focos de conflictividad agraria, por la forma en la cual se han constituido históricamente.

Y como sexto y último elemento, sobresale lo relacionado al cambio climático y la agricultura. En las propuestas es evidente el enfoque ya que, mientras el bloque #1 desarrolla su planteamiento alrededor de la soberanía alimentaria, el bloque #2 lo desarrolla desde el enfoque del capitalismo verde. Desde el sector campesino se busca reforzar la autonomía agrícola y desde el sector agroempresarial la intensión es la liberalización agrícola, mediante formas diferenciadas para comprender el tema ambiente, biodiversidad, cambio climático, ordenamiento territorial y desarrollo territorial.

Alrededor de esos seis elementos podemos sostener que el bloque #1 promueve un tipo de reformismo agrario que, mediante acciones tácticas y estratégicas, busca avanzar en la construcción y desarrollo de un nuevo proceso de reforma agraria. Por tanto, el bloque #2 promueve un nuevo proceso de modernización agrícola, teniendo como horizonte la renovación de la producción agroexportadora. En conclusión, nos encontramos ante un escenario de proyectos agrarios en disputa, entre un sector campesino que siente que el gobierno de Xiomara Castro será un aliado estratégico, y un sector agroexportador que, históricamente, ha influido en los gobiernos nacionales para que las políticas agrarias y alimentarias giren alrededor de sus intereses.

II. Perspectivas de cambio alrededor de los proyectos agrarios

Partiendo del anterior planteamiento, el programa político de LIBRE está más próximo a un reformismo agrario que a un nuevo proceso de modernización agrícola. Lo anterior no significa que LIBRE ofrezca una alternativa a problemas de fondo, que determinan la crisis agraria y alimentaria, como la reconcentración de la tierra, el debilitamiento de la institucionalidad pública del sector agrícola, el avance de la frontera agroindustrial y el uso de transgénicos, entre otros.

Desde LIBRE se tiene claro que avanzar en un nuevo proceso de política agraria, permitiría ir brindando respuestas a aspectos que retratan la crisis en el campo rural, como la pobreza, desempleo, desnutrición, violencia de género y la militarización, atacando de esa manera problemas como la migración y la violencia. Pero más allá del programa político y de la consciencia, LIBRE no tiene claro cómo avanzar en la transformación agraria y alimentaria del país, por eso es que procesos como el de transición y conversación con el movimiento campesino podrían, mínimamente, establecer una ruta de accionar táctico, estratégico y coyuntural.

La falta de claridad está determinando por los siguientes aspectos de fondo:

Primero, la alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH), está constituido por un sector político-empresarial próximo a Pedro Barquero, quien, en distintas ocasiones, a través de las redes sociales y medios de comunicación, ha manifestado que está en contra de las relaciones económicas con la República Popular de China. Lo anterior (en materia agrícola y alimentaria) implicaría, sin desconocer los riesgos de entrar en un nuevo proceso de extractivismo agrario y reprimarización de la economía nacional, un mercado agrícola de exportación más justo y democrático que el actual mercado, que se sostiene con Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC).

De igual forma, desde este sector político-empresarial se ha manifestado que el sector campesino es invasor de tierras y que opera como bandas criminales, alrededor de procesos ilegítimos de recuperación de tierras. En ese sentido, LIBRE tiene en su Gobierno a un sector con vínculos con los terratenientes y los sectores agroindustriales que por décadas han sido los responsables de sepultar los procesos de reforma agraria y sumergir al país en un constante proceso de crisis agraria y crisis alimentaria.

En ese mismo entramado de redes de poder, también es importante mencionar que ese sector le apostará por controlar la institucionalidad del sector público agrícola, a través de las más importantes y estratégicas estructuras estatales: el Instituto Nacional Agrario (INA), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). Lo anterior implicaría un fuerte problema para LIBRE ya que, de ser así, se estaría entrando en un nuevo proceso de modernización agrícola que atentaría contra el derecho humano a la tierra y a la alimentación de la población hondureña.

Segundo, las raíces agroindustriales del modelo económico hondureño, como problema de fondo porque determina todo proceso de transición de una agricultura centrada en la demanda del mercado internacional (por su aporte al PIB), a una agricultura centrada en la alimentación de la población. En ese sentido, LIBRE propone la transición hacia un modelo económico alternativo que, si bien es cierto no expone cómo se logrará salir de la política agraria neoliberal, abre un marco de posibilidades para pensar en procesos post neoliberales en el sector agrario, que dependerá, en gran medida, de la movilización y de las propuestas desde el sector campesino.

Tercero, la desarticulación de la institucionalidad del sector público agrícola. En ese sentido, LIBRE plantea el fortalecimiento del INA, la SAG y BANADESA, como apuesta para reactivar el sector agrícola. Partiendo de la desarticulación de la institucionalidad pública del sector agrícola, no basta con fortalecer instancias públicas debido a su excesiva politización, burocratización, corrupción y descoordinación. El reto está en avanzar en la construcción de un nuevo diseño de institucionalidad que responda, de manera estratégica, a los problemas que enfrenta el agro hondureño en el siglo 21.

Alrededor de esos tres problemas de fondo, LIBRE tiene grandes retos para avanzar en una ruta estratégica con el objetivo de refundar el sector agrario y alimentario del país (este será tema de discusión en la tercera entrega de este análisis). Partiendo de los tres problemas arriba desarrollados, consideramos que la perspectiva de cambio de los proyectos agrícolas debe analizarse alrededor de los siguientes aspectos:

Cuadro#2

Perspectivas de cambio alrededor de los proyectos agrarios en el marco del nuevo Gobierno

Fuente: elaboración propia con base en análisis sostenido por el movimiento campesino en el proceso de construcción de propuestas hacia el nuevo gobierno.

La perspectiva de cambio es diversa y heterogénea, determinada por la apuesta política de cada actor, detrás del cambio agrario. Pragmáticamente se podría establecer que el Gobierno y el sector campesino se encuentran en la misma línea discursiva con el tema agrario, con sus diferencias marcadas por las tendencias de cambio. Hipotéticamente, esta línea discursiva puede abrir un espacio de encuentro entre ambos sectores, para avanzar en la construcción de una nueva política agraria en el país, sin desconocer sus respectivas tensiones políticas.

El sector agroempresarial, bajo una línea discursiva diferente, se ubica en una posición un tanto desventajosa. Con la aclaración que ha sido un sector que, históricamente, ha tenido la habilidad de incidir en la política pública agraria, favorecido por un marco institucional acorde a sus intereses y por un mercado internacional que demanda alimentos de manera desordenada. Con la alianza político-empresarial que se abordó en párrafos anteriores, la actual coyuntura indica que la disputa por el proyecto agrario vendrá desde dos grandes frentes y que el Gobierno aparecerá como el mediador y articulador de un proyecto en específico, que estará determinado por la capacidad de influencia entre el bloque campesino y el bloque agroempresarial.

En conclusión, las perspectivas de cambio alrededor de los proyectos agrarios, dependerán, en gran medida, de la capacidad de fuerzas de los actores en tensión y disputa, en un contexto de apertura institucional en el cual el Gobierno aparece como juez y parte del desenlace de las políticas agrarias que serán impulsadas en los próximos años.

III. Puntos para la rearticulación del del movimiento campesino

En ese contexto, sobresale la idea del proceso de rearticulación del movimiento campesino, que se considera un proceso estratégico de acción política que tiene como objetivo principal lograr la unidad y cohesión del movimiento campesino en tres niveles políticos: la acción estratégica, la acción colectiva y la acción hegemónica.

La acción estratégica hace referencia a la naturaleza de la articulación. Todo proceso de articulación debe partir de un objetivo común compartido (construcción de una nueva política agraria) que genere las condiciones para la constitución del momento político de la acción estratégica (construcción del bloque campesino de resistencia). Ese objetivo común y la constitución del momento político son una apuesta por influir en el contexto y trasformar la correlación de fuerzas en la actual coyuntura.

La acción colectiva prioriza los niveles de articulación y busca establecer los horizontes sobre los cuales se debe realizar la apuesta estratégica del bloque campesino en resistencia. La experiencia de articulación hondureña indica que los procesos de articulación pueden pensarse en tres niveles: local, regional y nacional. El nivel local, en la actualidad, es el que se ejecuta a través de frentes municipales, comités y coaliciones; la experiencia con los mayores resultados positivos, sin desconocer sus debilidades y contradicciones.

Lo anterior establece un desafió para el movimiento campesino en dos direcciones. Por un lado, las acciones de articulación deben comprender la dinámica de las organizaciones, heterogeneidad organizativa, autonomía política, demandas y actores diferenciados. Para avanzar en este punto es importante definir en qué nivel de articulación se va a mover la acción política estratégica y la forma de organización. Por ejemplo, a nivel nacional: coalición, frentes, comités, otras. A nivel regional: plataformas, redes, consejos, entre otras.

Lo anterior permitirá avanzar en la construcción de articulaciones con mayor alcance político y estratégico: actores que integrarían las articulaciones (organizaciones de derechos humanos, Ongs solidarias, organizaciones comunitarias), capacidad de acción territorial de las organizaciones en materia económica y logística, y la capacidad de incluir en sus agendas temas relacionados con la transformación y democratización agraria.

Este aspecto es, quizás, uno de los elementos más importantes en la actual coyuntura, por el hecho que el movimiento campesino necesita fortalecer su identidad política y organizativa como movimiento social, y trazar líneas de acción para avanzar en la transformación agrícola del país. Eso será posible si cuenta con espacios orgánicos capaces de posicionar los problemas de las comunidades en resistencia, construir y movilizar proyectos de transformación social.

La acción hegemónica se refiere a los alcances de la articulación y la acción política estratégica. Es decir, la materialización de los objetivos en común, traducidos en demandas políticas de transformación agraria. Esta acción es un esfuerzo por avanzar más allá de la resistencia y de la oposición, como formas tradicionales de lucha campesina.

Los alcances de la articulación buscarían lograr la unificación, en una propuesta global, de todas las reivindicaciones o al menos las más urgentes de las organizaciones campesinas, planteadas en las propuestas presentadas al nuevo gobierno. En la actual coyuntura se podría considerar una acción hegemónica con tres grandes temas como soporte: el fortalecimiento de la institucionalidad de sector público agrícola, el acceso y legalización de tierras indígenas y campesinas, y la reactivación del sector agrario del país.

El proceso de articulación, tal como lo hemos planteado, requiere de tres principios básicos:

• el principio democrático
• el principio político de factibilidad estratégica y
• el principio de planificación táctica

El principio democrático hace énfasis en la necesidad de que los líderes/as se desprendan de los caudillismos, los protagonismos y las agendas particulares, y que pongan en práctica principios de cultura política que permitan cohesión y unidad.

El principio político de factibilidad estratégica se refiere a las condiciones materiales de la acción política, teniendo en cuenta que esas acciones tienen que ser siempre consideradas como posibilidades factibles.

El principio de la planificación táctica hace mención a los instrumentos y recursos políticos (organización, movilización, incidencia) que se van a utilizar para aplicar las estrategias, apoyándose en las condiciones del entorno.

Los puntos de rearticulación se proponen como un insumo que ayude a situar el debate estratégico en el seno del movimiento campesino, que permita reorientar sus apuestas estratégicas en la actual coyuntura de país.