Autor del documento: Bladimir López
Revisión de estilo: Claudia Mendoza
(1 parte de 2)
En la primera entrega de este análisis se expone, de manera cuantitativa, la crisis agraria y la crisis alimentaria que atraviesa la sociedad hondureña, en un contexto que arrastra 30 años de políticas agrícolas de corte neoliberal que han impactado negativamente en el derecho humano a la tierra y a la alimentación, en más del 60% de la población. En la segunda entrega se puntualizarán las medidas que se sugieren para que el nuevo gobierno implemente en el corto, mediano y largo plazo, para darle respuesta a la crisis agraria y la crisis alimentaria.
El nuevo gobierno heredará los efectos adversos de 30 años de políticas agrícolas neoliberales fracasadas, en un contexto en el cual los mayores beneficios han sido para los terratenientes y los sectores agroindustriales. Mientras, los más afectados son el sector campesino, las mujeres, los indígenas y los pequeños y medianos productores, responsables de la producción de granos básicos para el consumo nacional. En Honduras, la crisis agraria y la crisis alimentaria se han profundizado debido a una serie de políticas, leyes y programas impulsados en tres grandes fases.
En este análisis no es de interés entrar en una reflexión profunda sobre las fases, pero sí plantear ideas generales.
Primera fase: la Ley de Modernización Agrícola y el neoliberalismo agrícola (1992-2009).
Segunda fase: el golpe de Estado del 2009 y la reconfiguración de la política agraria y alimentaria (2010-2019).
Tercera fase: pandemia del Covid19, la emergencia de Eta y Iota y la contraofensiva del sector agroempresarial (2020-).
Estas fases se presentan como momentos de rupturas y continuidades, pero que comparten la naturaleza política e ideológica, agrícola neoliberal, enmarcada en la Ley de Modernización.
Primera fase. La Ley de Modernización Agrícola y el neoliberalismo agrícola (1992-2009)
La Ley de Modernización Agrícola, aprobada en 1992, por el Gobierno de Rafael Leonardo Callejas, se crea en el marco de la introducción al país de las políticas neoliberales, también conocidas como políticas de ajustes estructural de la economía y del sector social. Esta Ley ha sido considerada por el movimiento campesino hondureño como un proceso de contrarreforma agraria, ya que contradice, en su totalidad, la ley de Reforma Agraria, aprobada en 1972. En su contenido esboza una serie de medidas que atentan contra los intereses del sector campesino y, en general, de los pequeños y medianos productores que necesitan el respaldo del Estado y de la institucionalidad pública para acceder a tierra, a la asistencia técnica y al crédito agrícola.
Los impactos de la Ley de Modernización Agrícola son los siguientes:
- Prioridad a la agroexportación y la agroindustria.
- Concentración de la tierra en manos de terratenientes y sector empresarial.
- Bloqueo en la legalización de tierras para el sector campesino, las mujeres y el sector indígena.
- Desmantelamiento de la institucionalidad pública de vocación agrícola y campesina, responsable de impulsar la Reforma Agraria.
- Reducción del crédito, especialmente para el sector de los pequeños y medianos productores para la producción de granos básicos.
- Importación y dependencia alimentaria del mercado internacional, principalmente de Estados Unidos.
- Incremento de la pobreza, desempleo rural, migración y conflictividad agraria.
- Desarticulación del movimiento campesino y de sus estructuras productivas agrícolas (cooperativas, cajas rurales, empresas campesinas, entre otras).
- Firma de tratados de libre comercio en materia agrícola, con grandes impactos en la producción agrícola nacional y el uso de divisas en la importación de alimentos.
- Destrucción de la biodiversidad y del medio ambiente.
Segunda fase. El golpe de Estado del 2009 y la reconfiguración de la política agraria y alimentaria (2010-2019).
La Ley de Modernización Agrícola dio paso a la creación de una nueva institucionalidad agrícola, que históricamente ha servido a los intereses del sector agroempresarial, alrededor de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Por otro lado, después del golpe de Estado del 2009, siguiendo el espíritu de esa Ley, se avanzó en la aprobación de una serie de políticas, estrategias y leyes agrarias, que, entre otras, se enuncian a continuación:
- Política de seguridad alimentaria y nutricional de largo plazo (2006), reformada en septiembre del 2011.
- Estrategia Nacional de seguridad alimentaria y nutricional (2010-2022).
- Ley de seguridad alimentaria y nutricional (Decreto 25-2011).
- Decreto Ejecutivo PCM 017-2014. Programa de reactivación agroalimentaria del 22 de abril 2014.
- PCM028- 2015. Adecuación del sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional a la nueva estructura del Gobierno. Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública Reformada. Vigente a partir de junio 2015.
- Plan Estratégico de la República de Honduras (2018-2022-acceso a créditos).
- Estrategia Nacional de inclusión financiera. Programa Presidencial de Crédito Solidario (2015). Decreto Ejecutivo número PCM- 070-m2018.
- Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), PCM 052-2019.
Estas leyes, que tienen como fundamento la Ley de Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022 (Decreto Legislativo 286-2009), contradicen la promoción de un proceso integral de reforma agraria que brinde respuestas a los problemas estructurales del sector agrícola. En el fondo, ese cúmulo de iniciativas se caracterizan por algunos elementos críticos. Primero, se puso en marcha la creación de una “nueva institucionalidad estatal”, adaptada a la promoción de un modelo de producción para la agroexportación y que, por acción u omisión, niega el derecho humano a la tierra, a la alimentación y a un medio ambiente sano. Segundo, centraliza el tema agrario y alimentario al funcionamiento de la SAG y de BANPROVIH, mediante la creación de un enorme aparato institucional descoordinado y sin capacidad de acción estratégica, en momentos claves como las emergencias climáticas: sequías y huracanes. Tercero, un elevado monto presupuestario que, en su mayoría, es financiado mediante el endeudamiento externo, como se ha expresado en distintas ocasiones desde Casa Presidencial, reflejado en una serie de informes técnicos.
Tercera fase: Pandemia del Covid19, la emergencia de Eta y Iota y la contraofensiva del sector agroempresarial (2020-).
En tercer y último momento, en el marco de la pandemia del Covid19 y la emergencia climática de Eta y Iota, se aprobaron una serie de programas y decretos ejecutivos que agudizan la crisis agraria, la crisis alimentaria y reposicionan al sector agroexportador. En ese sentido sobresalen:
- Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria (PCM 030-2020 y sus reformas en el PCM 041-2020).
- Programa de Fuerza Agropecuaria Honduras para Pequeños y Medianos Productores, con títulos de propiedad de la tierra. (PCM 141-2020).
- Alianza público-privada entre la SAG y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), (PCM-060-2020).
Los PCMs ejecutivos aprobados, tienen grandes implicaciones en el tema agrario y alimentario, y en la gestión de la crisis climática (vulnerabilidad territorial). Estos PCMs registran tres particularidades: i) entrega de tierras al sector empresarial, a través de la figura del concesionamiento, ii) productividad agrícola para la agroexportación y, iii) alianza público privada para la gestión de la crisis climática y vulnerabilidad territorial.
En relación con los programas y decretos ejecutivos, en temas agrarios y alimentarios el país entró en dos procesos paralelos. El primero, la emisión de una serie de PCMs agrarios que en el fondo agudizan la crisis alimentaria. El segundo, un proceso de reajuste institucional caracterizado por el desplazamiento, en su totalidad, de la institucionalidad de vocación campesina en la gestión de la crisis alimentaria, reposicionamiento de instancias como la SAG, la banca privada y organizaciones campesinas afines a la administración Hernández y al sector agroindustrial. Asimismo, la creación de una serie de instancias institucionales para gestionar el tema agrario, productivo y climático, como: el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE), y la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales en Honduras (AEPAS-HN), entre otras.
En ese contexto, la crisis agraria y crisis alimentaria que hereda el nuevo gobierno está determinada por los siguientes elementos de fondo, y se expresa, estadísticamente, de la siguiente manera:
A. Bloqueo en la política de acceso a tierra para el sector campesino, las mujeres, los indígenas y la reconcentración de la tierra en manos de la agroindustria.
En un país donde más del 47% de la población habita en el campo y la producción agrícola es la principal actividad; las familias obtienen recursos económicos para suplir sus necesidades básicas (salud y educación), y la tierra es el principal medio de vida para la producción de alimentos, los datos anteriores ilustran la forma en la cual la mayoría de la población rural y urbana no tiene acceso a la tierra, una situación más grave en el caso de las mujeres: 86% en la zona rural y 90% en la zona urbana.
La falta de acceso a la tierra debe analizarse en relación con la falta de voluntad política del Estado en impulsar políticas integrales de acceso a ese derecho humano, y por el debilitamiento sistemático de instituciones como el Instituto Nacional Agrario (INA), que luego del golpe de Estado del 2009, han dejado de legalizar tierras y acarrean una mora agraria sin precedentes.
El anterior gráfico ilustra la forma en la cual el sector reformado ha dejado de ser beneficiario de títulos de propiedad, luego del golpe de Estado (849 títulos de propiedad), en un contexto de país donde estallaron conflictos agrarios en diversas regiones, que hasta la fecha persisten. Sin embargo, la realidad es más crítica cuando se analiza el proceso de titulación de tierras, en relación con el sector indígena, el que enfrenta el mismo bloqueo que el sector reformado campesino.
La falta de emisión de títulos de propiedad, sin bien es cierto tiene que ver con la naturaleza de la política agrícola neoliberal que prioriza la reconcentración de la tierra en beneficio del sector agroempresarial, también está relacionado con un tema presupuestario, como se sostiene desde el mismo INA y desde el sector campesino.
Cuadro #1
Orientación del presupuesto del INA (2010-2010).
| Año | Actividades centrales | Titulación de tierras | Reconversión empresarial |
| 2010 | 40.6 % | 26.2% | 14.3% |
| 2011 | 39.6% | 29.9% | 30.5% |
| 2012 | 66.8% | 16.2% | 17.% |
| 2013 | 47% | 21.6% | 31.4% |
| 2014 | 44.7% | 27.3% | 28% |
| 2015 | 26.37% | 32.45% | 33.02% |
| 2016 | 62.35% | 20.4% | 17.25% |
| 2018 | 54.5% | 26.64% | 20.24% |
| 2019 | 54.5% | 29.58% | 19.44% |
| 2020 | 63.45% | 19.73% | 16.80% |
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Secretaría de Finanzas (SEFIN:2010-2020)
Del 100% del presupuesto que recibe el Instituto Nacional Agrario (INA), el que es recortado todos los años, la mayoría se destina para actividades centrales: gastos administrativos y pago de salarios. Son pocos los fondos disponibles para la legalización de tierra y reconversión empresarial, la que consiste en dotar de capacidades técnicas y logísticas a las empresas campesinas para la producción de alimentos y, de esa manera, asegurar la producción de alimentos para la sociedad hondureña.
Desde el mismo INA se sostiene que el tema de legalización de tierras requiere de una mayor partida presupuestaria para contratar personal técnico y comprar tierras, una situación imposible debido a la excesiva contratación de personal que se ha realizado en el marco de las tres últimas administraciones nacionalistas. Hasta octubre del 2021, el INA contaba con un total de 95 empleados por contrato, equivalente a un monto presupuestario de 1,657,997.31 y un total de 617 empleados con acuerdo, equivalente a 12,294,634.81.
Lo anterior se ha traducido en una significante mora agraria que, según datos del INA, son de preocupación. La siguiente gráfica muestra lo anterior.
Es importante mencionar que en los informes del INA no se especifica si las solicitudes pertenecen al sector reformado, independiente y sector indígena, tres secciones a las que el INA extiende títulos de propiedad. Tampoco se determina el número de trámites de legalización resueltos de manera satisfactoria. Partiendo de los informes anuales que emite el INA, todo indica que más del 50% de las solicitudes no se resuelven satisfactoriamente. En definitiva, alrededor de ese dato, la mora en la legalización de tierra es bastante significativa y determinante para comprender la conflictividad agraria que existe en el país.
En ese marco de bloqueo de tierra al sector indígena, las mujeres y los campesinos, las políticas neoliberales agrícolas han promovido la reconcentración de tierra en manos del sector terrateniente y empresarial.
El rango de 5 a 500 hectáreas, implica una cantidad de tierras que históricamente han sido acaparadas por los terratenientes y el sector de la agroindustria, los que no están cumpliendo, en su totalidad, su función social, como se muestra en el gráfico relacionado con la explotación. Mientras, las tierras de menos de 5 hectáreas son explotadas de manera considerable y es en las que cultivan productores y productoras indígenas y campesinos los granos básicos para el consumo nacional.
En ese contexto de reconcentración de la tierra, es importante mencionar que es un proceso que ha acontecido al margen de la Ley, y todo indica que son tierras en posesión con dudosa procedencia legal, tal como lo establece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para el caso de Honduras, al establecer que en el 80% de las tierras se desconoce, con certeza, la procedencia jurídica.
B. La producción agrícola con énfasis en la agroexportación y el bloqueo a la producción campesina de granos básicos para el consumo interno
La falta de tierra se traduce a la ausencia de producción masiva de alimentos para satisfacer la demanda interna. Sin embargo, en el caso de Honduras, la reconcentración de tierra ha conllevado a dos procesos paralelos: que la agroindustria acceda a las tierras con mayor rendimiento, por su fertilidad y posición estratégica, a la importación masiva de productos agrícolas del mercado internacional.
El primer punto fue evidente en el marco de las emergencias climáticas de Eta y Iota, en el cual la reducción de la superficie y activos agrícolas afectó, en su mayoría, a los pequeños y medianos productores de granos básicos. Según datos oficiales, este sector perdió el 61% de la producción de granos básicos debido a que sus tierras se encuentran, en su mayoría, en zonas inundables y con probabilidades de derrumbe.
Mientras, el sector de la agroindustria perdió el 30% de su producción, porque sus tierras se encuentran en zonas con poco riesgo a los huracanes.
La producción agrícola se traduce en la priorización de producción agroindustrial para la exportación al mercado internacional, en su mayoría a Estados Unidos, y en menor medida Europa, con una serie de beneficios fiscales que el gobierno le otorga al sector empresarial de la agroindustria. La siguiente gráfica ilustra lo anterior.
De ese total, apenas un 9% de la producción agrícola se destina para granos básicos: maíz, frijoles y arroz, los principales alimentos de las familias hondureñas, que es producido por el 54% de las familias campesinas, que equivale a 385,000 productores y productoras. Este sector es el productor de los alimentos que consume a diario la población hondureña.
Por otro lado, el país ha entrado en una expansión significativa de la frontera agroindustrial y un bajo crecimiento de producción de granos básicos, aspecto de fondo para comprender la crisis alimentaria actual.
Cuadro #2
Expansión de la frontera agrícola agroindustrial y el estancamiento de la producción de granos básicos.
| Tipo de producción agrícola | 1990 | 2000 | 2010 | Incremento % 1990-2010 |
| Granos básicos | 556,563 | 562,083 | 674,576 | 21.2 |
| Bananos | 21,099 | 22,451 | 25,446 | 20.6 |
| Caña de azúcar | 40,743 | 49,936 | 75,947 | 86.4 |
| Palma africana | 24,569 | 34,000 | 100,000 | 307.00 |
Fuente: FAO
En conclusión, el avance de la producción de palma africana, caña de azúcar y el banano muestra, de manera contundente, las prioridades de la política agraria en Honduras, y el costo que implica, en materia de derechos humanos, como el derecho a la tierra y a la alimentación.
C. La dependencia alimentaria: importación masiva de granos básicos y el alto costo para la economía hondureña
Sin tierra para cultivar y una política agraria que prioriza la agroexportación, el Estado, para satisfacer la demanda alimentaria de la población, opta por la importación masiva de alimentos, proveniente de Estados Unidos (arroz 97.35% y maíz 98 %), en el marco de tratados de libre comercio. En Honduras es evidente la forma en la cual la producción agrícola no es suficiente para satisfacer la demanda interna, tal como se muestra en los siguientes datos:
En relación con el maíz, Honduras demanda anualmente una cantidad de 26.3 millones de quintales, de los que apenas se producen internamente 12.5 millones. En ese sentido, la importación de maíz se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, conllevando a que el Estado importe aproximadamente el 47% del maíz.
El punto crítico de la importación de maíz es el amplio uso de divisas y fondos para su importación. En el caso del maíz, los datos reflejan lo siguiente:
En relación con la importación de maíz, es necesario hacer una aclaración: el 90% de la importación es de maíz amarillo, destinado para el sector de la agroindustria, y apenas un 4% de la importación de maíz blanco que, por sus nutrientes y calidad, es utilizado para el consumo humano. Es decir, el Estado importa maíz para beneficiar a la agroindustria y no para alimentar a la población.
Las importaciones de maíz, en las últimas décadas, han sido relativamente altas. Para el caso, en el quinquenio 2015–2019, superaron los 110 millones de dólares anuales. También, en este caso se observa una cierta tendencia para que esta situación se acreciente en los próximos años. Se destaca en este período, el hecho de que para el año 2019 el valor de las importaciones alcanzó la cantidad de 166.0 millones de dólares, superando fuertemente a los años precedentes, lo que genera grandes impactos económicos de fondo, que se podrían destinar para atender las demandas sociales de la población.
En relación con la importación del arroz, la realidad es más dramática y las cifras delinean la dependencia alimentaria.
La demanda interna de arroz equivale anualmente a 3.51 millones de quintales, de los que se producen, internamente, apenas 1.5 millones. En ese sentido, la importación de arroz, hasta el 2019, rondaba el 71%. Lo anterior, en el último quinquenio ha implicado una gran inversión de divisivas y fondos públicos para la importación del arroz.
En estos últimos 5 años (2015 – 2019), las importaciones de arroz le han significado al país una erogación en divisas entre 55.1 y 60.8 millones de dólares. Estas cantidades son considerables y debilitan, en cierta medida, la oferta de divisas del país, que son necesarias para atender el requerimiento de los sectores de mejoramiento económico y de atención social en el país.
Los distintos análisis que se realizan en Honduras sobre la importación de alimentos, comparten la idea de que, si el Estado aplicara políticas agrícolas integrales y dotara de recursos al sector campesino, pequeño y mediano productor, la demanda interna de alimentos se resolvería internamente y el Estado no tendría la necesidad de importar alimentos, los que tienen un gran impacto en la economía nacional.
D. El financiamiento público para el sector agrícola en crisis y concentrado en la banca privada
En este apartado es necesario puntualizar dos ideas: la disminución de financiamiento público desde el sector estatal, mediante el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), y la priorización de financiamiento para el sector de la agroindustria, en detrimento de los granos básicos, tanto de la banca estatal como la banca privada.
Como es conocido, BANADESA, una de las últimas instituciones sobrevivientes de la reforma agraria, es el ente encargado de brindar fondos para el sector campesino, los pequeños y medianos productores. Pero, en los últimos años, entró en un proceso de descapitalización, ante la mora financiera que mantienen distintos sectores productivos y la malversación de fondos públicos.
Cuadro #3
Número de préstamos y cantidades totales en millones de lempiras emitidos por BANADENSA (2007-2019)
| Año | Numero de préstamos | Total |
| 2007 | 14278 | L 724, 223.00 |
| 2008 | 14076 | L 890, 222.00 |
| 2009 | 8521 | L 734,527.00 |
| 2010 | 6,461 | L 514,964.00 |
| 2011 | 8,876 | L 692,124.00 |
| 2012 | 7,234 | L 691,623.00 |
| 2013 | 5,879 | L 699,467.00 |
| 2014 | 9,622 | L 771,168.00 |
| 2015 | 5,587 | L 557,352.00 |
| 2016 | 5,382 | L1,315,991.00 |
| 2017 | 1,189 | L283,469.00 |
| 2018 | 71 | L17, 365.00 |
| 2019 | 333 | L105, 666.00 |
Fuente: datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).
En el último quinquenio, el otorgamiento de préstamos en la banca estatal disminuyó de manera significativa, como lo demuestra el cuatro: de 9 mil préstamos en el 2014, pasó a otorgarse apenas 333 en el 2019. Lo anterior indica la forma en la cual la descapitalización de fondos en BANADESA, en las administraciones nacionalistas, ha impactado negativamente en la emisión de fondos para el sector campesino, pequeño y mediano productor.
Sin embargo, con la información disponible del 2015 y 2017, se evidencia la forma en la cual BANADESA, en su totalidad, entrega préstamos a los sectores de la agroindustria, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro #4
Orientación de los préstamos agrícolas que otorga BANADESA (2015 y 2017)
| Año | Financiamiento según
rubro productivo en % |
|||
| Agroindustria | Granos básicos | |||
| Total | % | Total | % | |
| 2015 | L. 330,200.8 miles | 72.5% | L. 125,323.6 miles | 14.3% |
| 2017 | L. 135,737.1 miles, | 84.09% | L 25,680.0 miles | 15.9% |
Fuente: elaboración propia con base en informes narrativos anuales de BANADESA, 2015 y 2017.
Por otro lado, en relación con la banca privada, el sector que durante las tres administraciones nacionalistas fue beneficiado mediante inyección de capital para la agricultura, ha orientado grandes cantidades de millones de lempiras para la producción agroindustrial, como se muestra en la siguiente gráfica:
Los préstamos que otorga la banca privada, son, en mayoría, para el sector de la agroindustria y la agroexportación: café, arroz, caña, bananos. Mientras que, los préstamos para el sector agrícola de granos básicos son precarios: arroz, frijoles y maíz. Lo anterior, históricamente ha estado determinado por el hecho que, al sector campesino, para ingresar al sistema de crédito privado, se le solicitan una serie de garantías, pero, en especial: poseer título de propiedad sobre las tierras.
En conclusión, siguiendo la naturaleza de la política agrícola neoliberal, el crédito en la banca estatal para la producción agrícola ha disminuido considerablemente, y los préstamos que otorga la banca privada han tenido un aumento presupuestario considerable y, en su totalidad, están destinados al sector agroindustrial.
E. La evolución de la crisis alimentaria y su impacto diferenciado entre hombres y mujeres
Sin acceso a tierra y sin acceso a créditos, la crisis alimentaria se convierte en un aluvión con grandes consecuencias humanitarias. Según cifras oficiales publicadas en la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en Honduras, el 66% de la población tiene problemas de inseguridad alimentaria. Un reciente estudio de la FAO, indica que en el caso de Honduras, la crisis alimentaria en los últimos años ha evolucionado en la siguiente dirección:
La inseguridad alimentaria, grave o severa, se ejemplifica cuando alguien se ha quedado sin alimentos y ha pasado un día o más sin comer. En el caso de Honduras, ese concepto representa, en la actualidad, un aproximado de, 23.9% de la población, es decir, más de 2 millones de personas. Por su parte, la inseguridad moderada es cuando hay inestabilidad en el acceso a los alimentos y faltan otras necesidades primordiales como salud y educación que, en el caso de Honduras, representa un aproximado del 55%, es decir, cerca de 5 millones de personas.
Sin embargo, el informe de la FAO hace alusión a que estos dos tipos de crisis alimentaria afectan, en mayor medida, a las mujeres, y en menor a los hombres.
La inseguridad alimentaria, grave o severa, afecta en mayor medida a las mujeres, con un 24%, y a los hombres con un 21%. Por otra parte, la inseguridad moderada afecta al 56% de las mujeres y al 51% de los hombres.
Desde un enfoque de derechos humanos, el sector de la niñez es el que más sufre los efectos de la inseguridad alimentaria y el que registra los índices más altos de desnutrición global (impacta negativamente en el aprendizaje) y desnutrición crónica (potencializa enfermedades mortales). De acuerdo con cifras oficiales tomadas de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA), el 23% de la niñez tiene problemas de desnutrición crónica y el 7% de desnutrición global. La desnutrición es mayor en los departamentos del corredor seco. En Intibucá y Lempira, para el caso, casi la mitad de los niños presentan desnutrición crónica (48% cada uno), seguido de La Paz (39%) y Copán (31%). Según la Encuesta Agrícola Nacional, estas zonas son las más golpeadas por la desnutrición, debido a la falta de acceso a la tierra, empleo, educación y salud.
Por último, y no menos importante, el informe de la FAO indica que en Honduras el 49% de la población no accede a una dieta saludable, es decir, que no consume los alimentos con suficientes nutrientes para un nivel de vida saludable. Por eso no es extraño que el 55.8% de las personas adultas en el país, tengan sobrepeso y el 21.4% presente problemas de obesidad.
En conclusión, lo paradójico del aumento de la crisis alimentaria en el país es que acontece en un contexto en el cual, en los últimos años, se han aprobado una serie de políticas públicas en materia alimentaria y se han aprobado incrementos al presupuesto público para darle respuesta a esos problemas. Sin embargo, los datos muestran que la crisis alimentaria, en vez de disminuir, ha aumentado.
F. Desmantelamiento de la institucionalidad pública de vocación campesina
Las dos principales instituciones públicas agrarias en el país son el INA y BANADESA. En el marco de la Ley de Modernización Agrícola, de las reformas implementadas en el contexto del golpe de Estado del 2009, y de las reformas agrarias impulsadas en el marco de la pandemia del Covid19, se creó una nueva institucionalidad que gira alrededor de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
La SAG, históricamente ha resguardado y promovido los intereses de los sectores empresariales vinculados a la agroindustria y, actualmente, es la encargada de gestionar el tema de acceso a tierra y asistencia técnica, responsabilidades que constitucionalmente le competen al INA. Asimismo, las reformas impulsadas en el marco de golpe de Estado y de la Pandemia, desplazaron a BANADESA de su potestad constitucional de proveer crédito al sector productivo del país y, en contraposición, se crea una nueva instancia bancaria denominada BANPROVIH, que actualmente gestiona uno de los programas de crédito agrícolas más grandes en la historia del país, denominado AGROCREDITO.
Por último y no menos importantes, producto de las reformas agrícolas impulsadas luego del golpe de Estado, las fuerzas armadas, desde el 2019, gestionan uno de los programas agrícolas con mayor cantidad de fondos en el país: 5 mil millones de lempiras para ejecutarse en 5 años. Lo característico de este programa es que la mayor parte de la institucionalidad pública agrícola, está subordinada a la institución castrense y sus ejes estratégicos siguen privilegiando un sistema agrícola alejado de la producción de granos básicos para el consumo interno.
Alrededor de las reformas impulsadas, la institucionalidad agraria de vocación campesina ha quedado relegada del marco de la política institucional agraria, como se indica en la siguiente figura:
La figura muestra la forma en la cual las reformas en el sector agrícola promueven un amplio proceso de reajuste institucional, que tiene como elemento crítico la centralización de la Presidencia en la emisión de PCMs que, en su mayoría, desconocen y contradicen el marco de la política pública agraria y alimentaria establecido en el país. A ese proceso de centralización hay que agregarle el posicionamiento táctico y estratégico de las Fuerzas Armadas en la gestión de la política agraria, con el objetivo de desmovilizar las luchas territoriales por el acceso a la tierra y defensa de bienes comunes naturales. De esas premisas surge la idea de que detrás de todo el proceso de alta influencia y centralización política, existe una intencionalidad política para sepultar y desaparecer todo proceso de reforma agraria en Honduras.
En relación con las instancias institucionales que tienen influencia media, aparecen la SAG, BANHPROVI, SENPRENDE y AEPAS-HN, como las encargadas de gestionar el tema agrícola en lo referente al acceso a la tierra, asistencia técnica, acceso a crédito, comercialización y productividad, a través de alianzas público-privadas, con un mayor control/influencia de la banca privada. En el marco regulatorio que crean los PCMs, estas instancias son las encargadas de llevar a la práctica los principales lineamientos y apuestas estratégicas de los programas de desarrollo agrario que existen en el país, fortalecen al sector agroindustrial y debilitan significativamente al sector campesino productor de granos básicos.
Por último, aparecen las instancias que, según el marco regulatorio vigente, son las encargadas de diseñar, promover y ejecutar el proceso de reforma agraria en el país. Además, en el marco de las reformas, aparecen relegadas y, en el peor de los casos, no se mencionan en ninguno de los artículos de los PCMs emitidos tras la pandemia del Covid19. En el fondo, se evidencia una intención política por desaparecer al sujeto campesino e indígena organizado de la política agraria, por una nueva modalidad de sujeto social, próximo a la idea del emprendedurismo que promueve la construcción de un nuevo sujeto agro-empresarial.
¿De qué forma, el actual reajuste agudiza la crisis agraria y alimentaria?
Primero, la centralización de las decisiones en materia agrícola y alimentaria, desde la presidencia, cierra espacios de participación y de incidencia para que las organizaciones campesinas expongan sus problemas y demandas.
Segundo, la gestión de los programas agrícolas en manos de la SAG y BANHPROVI, excluyen al sector campesino e indígena, priorizan la agroindustria y fortalecen la producción agrícola de exportación, por encima de la producción de granos básicos para el autoconsumo.
Tercero, la ausencia del INA y de BANADESA genera un proceso de vacío institucional que impacta, negativamente, en el sector campesino e indígena, ya que históricamente han sido estas las instancias responsables de dar respuestas a las demandas de este sector: acceso a tierra, crédito y asistencia técnica.
Cuarto, las unidades técnicas especializadas en promover la seguridad alimentaria, alrededor de los programas agrícolas, no figuran en los articulados de los PCMs, abriendo un proceso de desconocimiento institucional con grandes impactos en el derecho a la alimentación.
