Autores del documento: Oscar Hendrix y Eugenio Sosa
Edición y revisión de estilo: Claudia Mendoza
En el 2010 se aprobó la primera versión de la Ley de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), entonces denominadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas actual y popularmente como “Ciudades Modelo”. Pero en ese entonces, la ley fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Una serie de situaciones que desembocaron en la destitución de los magistrados que votaron a favor de la inconstitucionalidad, entre otros aspectos, acontecieron desde el Congreso Nacional, en ese momento presidido por Juan Orlando Hernández, un hecho que fue considerado por la ciudadanía como un golpe del Poder Legislativo al Poder Judicial. A esa normativa, posteriormente, se le realizaron algunos cambios menores, no de fondo, y fue cuando surgió lo que hoy se conoce como la Ley de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).
En los subsiguientes ocho años, las ZEDE dejaron de constituir un tema de debate nacional, con algunas excepciones. Sin embargo, en el 2020 y sobre todo en el 2021, en el contexto de la pandemia del Covid-19, en el segundo mandato presidencial ilegítimo de Juan Orlando Hernández (2018-2022), se empezaron a materializar en el territorio nacional, concretamente en el departamento de Islas de la Bahía, en el caribe hondureño.
De allí que la presente investigación pretende “caracterizar el modelo de negocio de la plataforma Próspera de Roatán, estableciendo las implicaciones/efectos en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades del municipio”. Mientras que los objetivos específicos están orientados a: 1) Determinar el alcance e intereses del proyecto que impulsa el grupo de capital promotor de Próspera y su potencial de impacto en los derechos humanos, y, 2) Identificar las estrategias de resistencia social más apropiadas al contexto del municipio y del país.
Esta investigación, desarrollada por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), es parte del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los movimientos sociales en Honduras y debate democrático”, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD). El objetivo principal del proyecto es que los movimientos sociales y sus aliados fortalezcan su articulación y voz colectiva, para actuar con una agenda democrática y con estrategias apropiadas al contexto de crisis del país, con enfoque de equidad. A continuación, se presentan los hallazgos de esta investigación.
