Por: Xiomara Orellana
Edición: Claudia Mendoza
Bajo el concepto de “préstamos por emergencias”, el Congreso Nacional de Honduras aprobó, en el mes de agosto y septiembre del 2021, varios préstamos millonarios, con diversos bancos de crédito internacional. Son fondos que se sustrajeron con el argumento de brindar ayuda a los sectores más vulnerables, pero que, al emitirse en un contexto de plena campaña electoral, genera suspicacia. La ciudadanía se pregunta ¿tiene vínculo ese dinero con la competencia electoral? y ¿qué papel juegan los entes de crédito internacional en este contexto?
Los préstamos fueron justificados bajo la categoría de “emergencias” por la pandemia del Covid19, y por las tormentas tropicales Eta y Iota, y se aprobaron por un Congreso Nacional conformado, en gran mayoría, por diputados del Partido Nacional, desde hace 12 años en el gobierno. Son cinco préstamos: dos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y uno del Banco Mundial (BM). Estos empréstitos, además de endeudar al país, ponen en tela de cuestionamiento el uso de ese dinero, a pocas semanas para que en este país centroamericano se lleven a cabo las elecciones generales 2021.
Los préstamos
En una de las reuniones, que se llevó a cabo el 27 de agosto de 2021, se aprobó el préstamo # 2248 Tramo B, que fue otorgado por el BCIE, por un monto de 75.0 millones de dólares para financiar la ejecución del programa para la “reactivación económica a través de las Mipymes en la crisis COVID-19 y pos-COVID en Honduras”. Asimismo, ocho (8) contratos para la realización de obras públicas, firmados entre la alcaldía municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, norte de Honduras, y distintas empresas proveedoras de servicios de construcción. Los documentos disponibles no detallan las empresas beneficiadas.
En otra reunión legislativa realizada el 5 de septiembre, el Congreso aprobó con el BID, 45.0 millones de dólares, destinados a financiar la ejecución del “Proyecto de apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus”. Otro préstamo aprobado fue el del Banco Mundial, con un valor de 75.0 millones para la ejecución del financiamiento adicional al “Proyecto de Respuesta a emergencias Honduras COVID-19”.
Y un tercer empréstito, también del BCIE, se emitió por un monto de 75.0 millones de dólares para financiar la ejecución del “Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático”.
Finalmente, el 29 de septiembre, el Congreso Nacional aprobó otro nuevo préstamo para financiar la ejecución del Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical “Eta” y “Iota”. Este préstamo fue otorgado por el BID por un monto de 15 millones de dólares más.
Sin limitaciones
Es difícil que los organismos financieros puedan limitar el financiamiento al país, dicen los economistas; “les ponen reparo a otros países que, de alguna manera, no se les considera afines a los intereses de Estados Unidos”, explicó al CESPAD, Luis Guifarro, presidente del Colegio de Economistas.
Pero, pese a que el economista considera que Honduras sí es un país “afín”, que ya está llegando a un 60 por ciento o más del monto de la deuda, respecto a su Producto Interno Bruto (PIB), cuestiona que le sigan dando nuevos préstamos que no se traducen en una mejora en la calidad de vida de la población y, al contrario, se le sacrifica más porque al final, ese segmento poblacional, que sirve de argumento para sustraer los empréstitos, también tiene que pagar las deudas adquiridas.
Según Guifarro, probablemente para el año 2022, unos 46 mil millones de lempiras tendrán que destinarse para el pago de servicio de la deuda, una cantidad mucho mayor que el presupuesto asignado a las secretarías de Salud y Educación. “Al darle préstamos al gobierno, los organismos internacionales se desentienden de si esos recursos están realmente fomentando el desarrollo del país”, cuestiona.
Cuando se trata de préstamos para inversión, es decir, proyectos específicos relacionados con la construcción de hospitales, sistemas de agua o una carretera, Guifarro dice que sí se supervisa y que los bancos se aseguran de que las obras se terminen conforme a la planificación.
Pero, según Hugo Noé Pino, doctor en economía, esto no ocurrió con el famoso proyecto denominado Trans-450, en el que presuntamente se invirtieron cerca de 60 millones de dólares para que operara en Tegucigalpa. El proyecto ni siquiera se ha terminado y “esto fue un terrible error del BID”, dice el entrevistado.
“Los préstamos de apoyo presupuestario, los gobiernos lo usan como quieren y eso está pasando ahora, que parte de estos recursos se están usando para propaganda del partido en el poder”, dice con contundencia.
Desde hace décadas, Honduras es suscriptor de préstamos de crédito internacional, sin embargo, esos endeudamientos han sido improductivos y han originado que una gran parte del presupuesto del país se destine al servicio de la deuda pública. En la actualidad el pago de capital e intereses absorbe dentro del presupuesto de 2022, cerca de 52,000 millones de lempiras que se dedican al pago de capital e intereses, un costo que limita la ejecución de programas sociales a favor de la población.
Auditorías a estos préstamos, ¿es posible?
Durante la actual administración gubernamental, Honduras ha suscrito diversos proyectos con los organismos de crédito internacional que no han sido visibles para la población porque, más allá de que el gobierno de Hernández dice que es “abierto”, el Congreso Nacional los ha aprobado sin que se brinde información detallada en los portales de transparencia.
Hay mucha opacidad en el tema, al extremo que resulta casi imposible cuantificar la deuda global con estos organismos multilaterales. De hecho, los especialistas en materia económica aseguran que se les hace muy difícil darles seguimiento real a esos recursos.
Por eso, Pino es de los que asegura que, si los gobiernos hacen un buen uso de esos recursos o lo dedican a propaganda política, es algo difícil de identificar. “Esto debería ser un reclamo de la ciudadanía en general”, agrega.
Por eso lamenta que no exista la posibilidad de tener una veeduría o una auditoría respecto al buen uso de estos recursos, porque un mal que aqueja al país es la corrupción, y los empréstitos internacionales podrían estar dentro de esa vorágine.
Organismos internacionales se alejan de buenas prácticas
El informe de monitoreo del gasto público que realizó en el mes de octubre el CESPAD, es rotundo al cuestionar que estos fondos, que se aprueban en plena campaña electoral, ratifican que los organismos internacionales se alejan de las prácticas internacionales que deben asegurar elecciones auténticas y justas. Por eso, urge un mayor control de esos recursos, mediante veedurías que descarten que el país se endeuda para favorecer a un partido político o candidato en particular.
Alejandro Aronne es economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y dice que no debe ser motivo de preocupación la aprobación de estos préstamos en el Congreso Nacional, porque esto sólo es parte de un proceso que lleva a cabo en la Secretaría de Finanzas a través de la Subsecretaría de Crédito Público y, por lo tanto, no debe cuestionarse. “Son fondos oportunos, algunos con características concesionales y no van a tener ningún impacto en el tema de la sostenibilidad de la deuda en el corto plazo”, explica.
Pero Aronne reconoce que en el mediano y largo plazo este tipo de financiamientos suman a la deuda externa que, entre la pública y privada, llega a varios miles de millones de dólares.
Los desafíos
Los economistas consultados por el CESPAD coinciden que a pesar de las condiciones que se establecieron por los organismos internacionales, las estrategias de reducción de la pobreza no han funcionado y, al contrario, la pobreza se ha incrementado estrepitosamente. “Es un panorama muy complicado y estamos destinando demasiados recursos en el diseño de una mala política económica de carácter financiero, de endeudarnos para poder financiar el presupuesto y sacrificamos la calidad de vida de las generaciones futuras”, lamenta el presidente de los Economistas de Honduras.
Por eso, Ismael Zepeda, analista del FOSDEH, asegura que Honduras está llegando a niveles de insostenibilidad pese a que se promueve la idea de que la deuda se maneja de manera adecuada y con una sólida y adecuada política de endeudamiento. “Eso va más allá del endeudamiento que puede contraer el país. La deuda que se está contrayendo, si se ejecutara de manera “correcta”, estaría bien para el país, pero el problema es que se está ejecutando para beneficiar a entes particulares”, acota.
¿Qué se espera?
Los consultados dicen que el nuevo gobierno, en caso de que el partido de gobierno pierda las elecciones, deberá realizar una auditoría forense, después debe hacerles frente a los compromisos contraídos. Sostienen que el próximo gobierno enfrentará una situación muy difícil en el tema fiscal y una de los primeros replanteamientos que deberá hacer es reducir la estructura gubernamental. “La burocracia está absorbiendo casi un 35 por ciento del Presupuesto General de la República y esos son elementos que, ligados a la deuda, entre pagar deuda y burocracia absorbe recursos fiscales”, dicen los economistas.
El nuevo Gobierno tendrá que hacer ajustes fiscales, imponer más impuestos y generar una especie de persecución a quienes no pagan gravámenes para salir del endeudamiento contraído en los últimos 12 años. El panorama es muy poco alentador en Honduras, para responder a los problemas contraídos en los últimos dos periodos de gobierno en materia de educación, salud y seguridad social, porque, paralelo a esta situación, las arcas del gobierno estarán limitadas por el fuerte endeudamiento.
¿Qué recomienda el CESPAD?
- Los préstamos internacionales son recursos públicos. Por eso es importante regular lo que se aprueba en el año electoral para evitar la instrumentalización proselitista por el partido político que esté en el gobierno. Esto evitaría que la banca internacional, indirectamente, contribuya a financiar la campaña electoral del partido en el poder. Actualmente, esto se confirma en el peso de los préstamos internacionales en la estrategia Vida Mejor y el clientelismo y proselitismo que ejerce el Partido Nacional, con estos recursos.
- En año electoral, también es importante establecer prohibiciones a las transferencias condicionadas y no condicionadas, financiadas a través de préstamos internacionales, que aumentan la deuda pública, y que si bien alivian la pobreza es parte de una política pública insostenible y aumenta las redes de clientelismo político.
- Los dos puntos anteriores, deben servir para sustentar una nueva generación de reformas a la “Ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos”, debido a que existe una relación directa, en tiempos de campañas electorales, entre préstamos internacionales y el financiamiento a los candidatos y candidatas del partido que está en el gobierno.
