Desde el pasado 25 de enero, la población hondureña espera expectante y en incertidumbre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (2016-2023). Se trata de un proceso que comienza con una serie de “pecados originales”. El primero, el cuestionamiento de la falta de transparencia y sesgos políticos en la preselección de los 45 profesionales que se presentaron ante el Congreso Nacional. El segundo, la selección arbitraria y excluyente, por parte del presidente del Congreso Nacional, de la Comisión Especial Dictaminadora para elaborar una nómina de 15 candidatos a magistrado/as de la nueva Corte Suprema de Justicia. El tercero, la construcción a través de acuerdos y componendas, de una nómina bipartidista impuesta por los grupos de poder que tradicionalmente han tomado las grandes decisiones del país.
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