El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta el cuarto informe de monitoreo ciudadano del gasto público durante la coyuntura de las Elecciones Generales 2021, correspondiente al mes de octubre. Este monitoreo coloca la mirada en el uso irregular de los recursos del Estado de Honduras en período electoral para fomentar el clientelismo político, la propaganda oficial, la instrumentalización de las inauguraciones de obras públicas y la utilización de la estructura administrativa del Gobierno al servicio del partido en el poder, una situación que deforma la equidad de la competencia electoral.
Por ello, se señalan en el marco normativo vigente, los artículos clave sobre el uso de recursos estatales en el periodo electoral, tanto de la Ley Electoral (2021) como de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (2017), que tratan sobre la suspensión de publicidad estatal, la neutralidad política de los funcionarios y los empleados públicos en actos de proselitismo político, al igual que la suspensión de inauguración de obras públicas y su difusión, con fines propagandísticos.
Y, asimismo, se destaca el proselitismo e instrumentalización de los programas y proyectos sociales contenidos en la Plataforma Vida Mejor, por parte del Partido Nacional.
En la lectura de los hechos más relevantes, se problematiza la ausencia del control del uso irregular de los recursos del Estado y el contexto en el que se aprobó el reciente Bono Vida Mejor-Bicentenario como mecanismo de compra de votos.