El pasado 3 de agosto, Kelvin Aguirre, Ana Paola Hall y Rixi Moncada, en condición de consejeros del CNE, aprobaron, de forma unánime, la adjudicación del contrato a la empresa Grupo Magic Software Argentina (MSA), a inicios del mes de agosto, mientras Hall estaba ostentando la presidencia de esa entidad. Sin embargo, Aguirre, quien asumió recientemente la presidencia del CNE, en el mes de septiembre, ahora anuncia un cambio en su posición.
La posición de Aguirre surge luego de la confrontación que se generó en lo interno de esa institución política, cuando las consejeras Moncada y Hall se opusieron al nombramiento de Jesús Mejía, como asesor del CNE. Sin embargo, luego de confrontaciones entre los consejales, Mejía, ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y actual coordinador político del Partido Nacional, fue nombrado por Aguirre como su asesor personal. Mejía, en declaraciones a medios de comunicación, ha puesto en duda las capacidades técnicas y la transparencia de la empresa seleccionada.
El problema se agrava con la negativa de cuatro instituciones bancarias hondureñas, de concederle a la empresa argentina una garantía de mantenimiento para cumplir con uno de los requisitos de contratación, una situación que pone en mayor crisis la puesta en marcha del TREP.
En este escenario, la consejera Moncada acusa al partido Nacional de pretender boicotear el TREP y dejó entrever que, incluso, podría estar influyendo ante el sistema financiero. “Resulta sospechoso que cuatro empresas bancarias del país hayan negado esa garantía de cumplimiento de contrato por un 15 por ciento, sobre el monto del contrato adjudicado”, dijo.
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), alerta sobre el riesgo que existe con la no disposición de un TREP creíble, efectivo, el día de las elecciones, que contribuya a transparentar los resultados de las votaciones de las y los hondureños. En ese sentido:
- Demandamos del CNE una solución urgente a la actual problemática, a fin de asegurar la disponibilidad de un TREP el 28 de noviembre, con el tiempo suficiente para hacer las pruebas técnicas y garantizar la capacitación de los funcionarios responsables de su uso.
- A las organizaciones ciudadanas y los movimientos sociales, a mantener la vigilancia, la denuncia y exigencia a la institucionalidad para asegurar elecciones trasparentes, competitivas, equitativas y pacíficas, condición esencial hacia la solución de la larga crisis política que enfrenta el país desde el golpe de Estado del 28 junio del 2009.
Tegucigalpa, 23 de septiembre del 2021
