Por Helen Montoya, analista del CESPAD
La nueva administración estadounidense, al mando del demócrata Joe Biden, estableció como prioridad en su política exterior hacia los países del Triángulo Norte la detención de la migración irregular. Para lograrlo, expuso como uno de los principales componentes la lucha contra la corrupción e impunidad (que generan inseguridad y pobreza) y la falta de gobiernos comprometidos para atacar de raíz esas problemáticas. Pero, ¿hasta dónde se ha avanzado?
Estados Unidos por medio del enviado especial para la región, Ricardo Zuñiga, expresó que la corrupción le cuesta anualmente a Honduras, Guatemala y El Salvador “más de 13.000 millones de dólares cada año, o sea la mitad del Productor Interno Bruto (PIB) de Honduras, o dos veces la cantidad de remesas anuales que llegan a El Salvador; estos 13.000 millones podrían ser usados para la salud, la educación y la seguridad… cuando faltan buenas condiciones en casa los ciudadanos obviamente las buscan en el exterior[1]”.
Los tres países, según el informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2020[2] del Departamento de Estado, mantienen altos índices de corrupción, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos, coincidiendo con lo documentado y denunciado por la sociedad civil organizada de las tres naciones.
A pesar de algunos indicios de presión, tales como el recién aprobado proyecto de ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras del Estado (SFOPS), para el año fiscal 2022, en el que se establecen medidas y acciones “contra la corrupción e impunidad” que deben tomar en consideración los gobiernos y que estarían condicionando hasta un 75% de la entrega de asistencia económica a los países del Triángulo Norte[3], la corrupción e impunidad siguen siendo uno de los principales escollos del desarrollo económico y social.
Pero no debemos olvidar que las políticas estadounidenses tienen ciertos rasgos, a pesar de que la administración sea demócrata o republicana. Y es que, como expresó el profesor de la Universidad de New Orleans, Roberto Barrios, en una entrevista con el CESPAD, hay que tomar en cuenta que bajo un “marco neoliberal en el cual lo que importa es la replicación del capital a favor de compañías transnacionales y estadounidenses, las inversiones en bienestar social se han quedado por detrás”.
Propuestas estadounidenses
Biden ofreció a inicios de 2021 un paquete de ayuda multimillonaria para los tres países del norte de Centroamérica, con el fin de detener la migración irregular hacia Estados Unidos, poniendo especial énfasis en planes contra la corrupción e impunidad. Se trata de una ayuda económica de 4,000 millones de dólares por cuatro años a los tres países del norte centroamericano, para que se enfocaran en una estrategia para frenar la migración irregular, combatiendo la corrupción, entre otros componentes.
Para la profesora Dana Frank “Biden está prometiendo un refrito del Plan de la Alianza para la Prosperidad del 2015, el cual decantó millones de dólares al corrupto gobierno hondureño e impulsó proyectos económicos que amenazan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y destruyen el medioambiente, como represas, minas y turismo corporativo a gran escala[4]”.
Lista Engel
En diciembre de 2020, el Congreso aprobó la Ley de compromiso de mejora del Triángulo Norte, para intentar frenar la migración irregular y que contempla la publicación de una lista de personas que se consideran vinculadas a actos de corrupción. La lista es conocida como Lista Engel.
A las personas que formen parte de la Lista Engel, les será revocada o negada la visa estadounidense. La primera Lista fue publicada en julio del año en curso y nombró a 21 hondureño, entre ex funcionarios públicos y actuales funcionarios. Sin embargo, el hecho de únicamente quitar o negar la visa a estas personas, es insuficiente para una lucha integral contra esos actos.
Frank, quien es profesora emérita de historia de la Universidad de California, y autora del libro “La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe”, dijo en una entrevista concedida al Cespad, que “El enfoque de corrupción -estadounidense- es muy estrecho y omite temas de libertad de expresión y asociación, criminalización de defensores de Derechos Humanos, y la economía basada en explotación del pueblo y el medioambiente”.
Propuesta Ley sobre los Derechos Humanos y Anti Corrupción en Honduras
El 23 de febrero del año en curso, dieciséis congresistas demócratas estadounidenses presentaron ante la Cámara Alta o Senado, el proyecto de Ley denominada “Ley sobre los Derechos Humanos y Anti Corrupción[5]”. En esa propuesta de ley, los congresistas afirman que: “Desde el golpe de estado militar en 2009, la República de Honduras sigue estando plagada de corrupción sistémica y violaciones de los derechos humanos[6]”.
Al presentarla, el Senador Jeff Merkley, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y principal impulsor del proyecto de ley, expresó que “… es una legislación que establece un marco para combatir la corrupción, la impunidad y las violaciones de derechos humanos en Honduras[7]”. La introducción del proyecto de ley “se produce cuando los fiscales federales de Estados Unidos hicieron público que están investigando al presidente hondureño Juan Orlando Hernández por aceptar grandes sobornos y brindar asistencia a un presunto narcotraficante que entregó miles de kilos de cocaína en todo Estados Unidos”.
Posteriormente, en abril, 21 Congresistas presentaron una legislación complementaria a la Ley de Derechos Humanos y Anti Corrupción del Senador Merkley, en la Cámara de Representantes, con el fin de “… de combatir la corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos en Honduras y se elaboró sobre la base de la denominada Ley Berta Cáceres para los derechos Humanos[8]”.
La congresista Schakowsky, principal impulsora, expresó que “Las violaciones de derechos humanos y los actos flagrantes de corrupción están siendo cometidos por funcionarios en los más altos niveles del gobierno de Honduras, cobran vidas, acallan a los defensores de derechos humanos y ambientales y fuerzan a las familias a huir de la persecución y violencia. No podemos permanecer silenciosos frente a esta crisis[9]”.
En el texto[10] de la propuesta de Ley, los Congresistas estadounidenses proponen las sanciones al actual presidente Juan Orlando Hernández por nexos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, persecución y detención contra defensores de los derechos humanos y la represión de las libertades. Proponen, además, recortar la ayuda financiera a las fuerzas de seguridad hondureñas, por su uso indiscriminado a civiles desarmados.
Para Ryan C. Berg, analista en gobernabilidad del American Enterprise Institute (AEI), la propuesta de Ley de derechos humanos y anticorrupción de Honduras, estaría marcando el “fin a las estrechas relaciones de Juan Orlando Hernández con Estados Unidos[11]”.
A manera de conclusiones, las acciones de Estados Unidos siguen siendo cortas e insuficientes, además de representar pocos esfuerzos reales, centrados en ciertas partes de la élite corrupta, dejando de lado a muchos implicados en actos ilegales. La Lista Engel representó uno de esos esfuerzos selectivos y parcializados por tratar de detener la espiral de corrupción en el país, como parte de su estrategia para detener la migración irregular, que muy difícilmente será efectiva.
Como expresó Barrios: “Estados Unidos podría ayudar (más) a reconstruir a la Sociedad civil en Centroamérica. Debe usar los instrumentos legales a su disposición para llevar a cabo justicia contra políticos, narcotraficantes, oficiales gubernamentales”. Sin duda, un apoyo más decidido, transparente y, sobre todo, tomando en cuenta a la sociedad civil, podría apoyar a nuestros países a mejorar el desarrollo socioeconómico de manera integral
Además, no podemos olvidar la responsabilidad institucional y de décadas atrás de Estados Unidos en el deterioro político económico y social de los países del Triángulo Norte. Tal y como se ha expuesto en análisis anteriores, coincidentes con el análisis del periodista y profesor de la Universidad de California Roberto Lovato[12], “Estamos (hablando) de décadas y niveles profundos de corrupción institucionalizada en El Salvador, Guatemala y Honduras; no es algo que se vaya a arreglar de la noche a la mañana. Hay que reconocer primero la responsabilidad de Estados Unidos, que apoya a las dictaduras que le convienen”.
Hasta el día de hoy, la propuesta de Ley de Derechos Humanos y Anti-corrupción sigue sin ser aprobada por las Cámaras estadounidenses, lo que invita a pensar que no hay una alianza bipartidista que apoye los esfuerzos por mejorar la lucha contra la corrupción, pese a las pruebas y líneas de investigación que dejó la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Impunidad en Honduras (MACCIH), que vinculan a muchos políticos, funcionarios y ex funcionarios públicos con la corrupción. Asimismo, los vínculos que han salido a relucir en los juicios por narcotráfico a hondureños en New York, y que apuntan directamente a altos funcionarios públicos, entre estos el mismo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] La voz de América. La corrupción les cuesta a los centroamericanos unos 13.000 millones de dólares cada año. 3 de junio de 2021. https://www.vozdeamerica.com/centroamerica/corrupcion-en-centroamerica-cuesta-13000-millones-dolares
[2] Departamento de Estado de Estados Unidos. 2020 Country Reports on Human Rights Practices.
https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/
[3] La Voz de América. Estados Unidos condiciona ayuda al Triángulo Norte. 3 de agosto de 2021.
https://www.vozdeamerica.com/centroamerica/eeuu-condiciona-ayuda-triangulo-norte-corrupcion
[4] Washington Post. Dana Frank: “La política estadounidense respalda al régimen corrupto y autoritario de Honduras. Biden debe ponerle fin” 4 de marzo de 2021.
[5] Proyecto de Ley sobre los Derechos Humanos y Anti-Corrupción en Honduras de 2021
https://www.merkley.senate.gov/imo/media/doc/21.02.23%20Honduras%20bill%20translation%20FINAL.pdf
[6] Ibid. 5
[7] Sitio oficial del Senador Merkley. Introduction comes as Honduran President Is Investigated by U.S. Federal Prosecutors for Drug Trafficking, Corruption. 23 de febrero de 2021.
[8] Proceso digital. Presentan ley para combatir corrupción y abusos a los DDHH en Honduras
https://proceso.hn/presentan-ley-para-combatir-corrupcion-y-abusos-a-los-ddhh-en-honduras/
[9] Sitio oficial de Senadora Schakowsky. Schakowsky, Johnson, Castro, García, Kaptur, y Omar presentan legislación para combatir la corrupción desenfrenada y los abusos a los derechos humanos en Honduras. 21 de abril de 2021
[10] Ibid 5
[11] Expediente Público. Ryan C. Berg, analista del American Enterprise Institute: “La estrecha relación de JOH y sus operadores con Estados Unidos ha terminado.” 3 de marzo de 2021.
[12] Agencia Anadolu. Así es como Biden busca combatir la corrupción en Centroamérica para reducir la migración irregular.9 de abril de 2021.
