Con esta publicación, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), continúa con el monitoreo de la institucionalidad electoral hondureña, con vistas a las elecciones de noviembre del 2021. Este número registra los eventos acontecidos entre el 28 de julio y el 28 de agosto del 2021.
La discusión, la negociación y los consensos interpartidarios alrededor de las reformas, han mantenido la coyuntura electoral en un ambiente de incertidumbre. Después de la aprobación de la Ley Electoral de Honduras (LEH), en el mes de mayo, que significó la culminación de un largo y accidentado proceso de negociaciones, todo parecía indicar que la última acción de protagonismo del Congreso Nacional, en lo electoral, sería la etapa de aprobación de la ampliación del presupuesto final para las Elecciones Generales y la “Autorización del Procedimiento Especial o Contratación Directa” para el Consejo Nacional Electoral (CNE), al igual que la ampliación presupuestaria para el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Sin embargo, no solamente se dilató por varias semanas la aprobación del referido presupuesto, también se hicieron reformas a la nueva Ley Electoral, a 73 días de su creación. Este periodo de renegociación o renovación de consensos interpartidarios afectó, una vez más, al cronograma electoral y creó una mayor tensión entre los partidos en contienda por el poder político del país.
Sin embargo, a pesar de la aprobación final de los presupuestos requeridos para el CNE y el RNP, un nuevo hecho que encendió las alarmas y la discusión nacional fue establecer al Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), controlado por la Presidencia de la República, como la vía para hacer efectivos los pagos o desembolsos aprobados para el CNE. Las concejalas Rixi Moncada y Ana Paola Hall consideraron la disposición presupuestaria como una violación flagrante a la autonomía e independencia del CNE. Y, por otro lado, para algunos actores políticos vinculados al partido de gobierno, esta fue una disposición rutinaria de la administración pública.
Al final, a menos de cien días para las elecciones generales, con los presupuestos necesarios aprobados, gran parte de la responsabilidad del proceso ahora reside en los entes electorales. Estos últimos meses estarán más marcados por la efectividad institucional del CNE y RNP, y por la dinámica política electoral del conjunto de los partidos políticos participantes en la contienda.
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