Agosto fue un mes con disturbios, discordias, confrontaciones y acusaciones en el ámbito político electoral. Los hondureños están a tres meses de la realización de las elecciones generales de noviembre 2021 y, a medida que se acerca la fecha, los partidos políticos, sus dirigentes y militantes han protagonizado enfrentamientos que, incluso, han terminado en daños a la integridad física de algunas personas.
El presente monitoreo sobre el contexto electoral, que registra los hechos entre 1 al 24 de agosto del 2021, en el marco del Proyecto Monitoreo Ciudadano de Elecciones Generales del 2021 en Honduras, incluye las bochornosas situaciones que se registraron y que evidencian la muy delgada línea que hay entre la violencia y la muerte.
La incertidumbre pesa en el ambiente. Las y los ciudadanos no se muestran optimistas de cara al proceso electoral que se avecina porque, a la par, la pandemia sigue pasando factura con datos elevados de contagios y también de muertes. Los hospitales están saturados y de nuevo el país entró en una crisis provocada por la paupérrima capacidad humana, logística y de infraestructura para atender la crisis que genera el Covid19. Sin embargo, el país enfrenta un repunte de casos, protagonizado, en particular, por niños y mujeres embarazadas, un segmento poblacional que presenta, durante este mes, alarmantes decesos.
La violencia también marcó un punto de preocupación en el país. El último recuento realizado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), registra 14 muertes, ocho amenazas, un desaparecido, 10 coacciones y cinco atentados en lo que va del año 2021, entre la ciudadanía en general. Mientras, las víctimas de la violencia política se distribuyen en 22 miembros del Partido Nacional, 8 del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), 7 del Partido Liberal y uno del Partido Anticorrupción (PAC). La mayoría de las víctimas son dirigentes, militantes, simpatizantes de base y últimamente alcanza a candidatos a alcaldes y diputados. Se destaca en estos hechos la muerte del excandidato a una diputación por el partido LIBRE, en un hecho confuso ocurrido en Atima, Santa Bárbara.
Agosto también estuvo marcado por las protestas que involucran no solo a personal del sector transporte en exigencia del cumplimiento de las demandas de pago de bonos y otros beneficios prometidos por el Gobierno. También se enlistan situaciones relacionadas con la militarización, que de nuevo se constituye una amenaza en los territorios que son objetivo de la instalación de proyectos extractivos y de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Y, siempre en lo relacionado con la lucha territorial, la persecución y captura de defensores ambientales, recalcan un hecho cotidiano en el contexto hondureño. Este mes, puntualmente, trascendió, la captura de líderes y lideresas de la comunidad de Reitoca en el sur de Francisco Morazán, quienes han sido perseguidos por la defensa del Río Petacón.
Y mientras en los territorios acontecen situaciones, muchas veces invisibles en los medios de comunicación, el regreso del sector educativo a clases, de forma semipresencial, en relación con otros sectores que se niegan a ejercer sus funcione de la misma forma, genera otro punto de quiebre. Y es que, al respecto, la discusión se centra en la determinación de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), de desestimar el regreso de las y los diputadas del Congreso Nacional de Honduras a sesionar presencialmente, por no contarse con las condiciones requeridas, versus la determinación de las autoridades del sector educativo, de presionar para que alumnos y maestros regresen presencialmente, pese a que no se ha inoculado a esa población.
Por otro lado, la crisis que vive Honduras está intrínsicamente ligada a la crisis que persiste en la frontera Sur de Estados Unidos, zona donde miles de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, se encuentran varados desde hace años y meses. Lo peor, en este contexto, es que el 56% de la población de este país centroamericano, de acuerdo con consultas, está pensando en emigrar porque no encuentran posibilidades de empleo, siguen sobreviviendo en medio de la violencia y muchos afirman que no pueden continuar sus estudios de nivel medios y superiores.
Es decir, prefieren el riesgo, que significa sumergirse en una ruta migratoria muy peligrosa, que quedarse en Honduras. En suma, no hay un cambio substancial en agosto. Persisten los problemas generados por la corrupción y el Covid19, igualmente, el desempleo, hambre, violencia e inseguridad.
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