Por Claudia Mendoza, periodista y analista del CESPAD
17 de agosto, 2021
Un tríptico, entre otras acepciones, es un libro, un tratado, o una obra cinematográfica que consta de tres partes. Emulando a un tríptico, en el arte cinematográfico, la película hondureña de la corrupción va en este sentido. Las redes: se descubre que los ladrones están en el Congreso Nacional y dentro de las instituciones del Estado. La trama: los ladrones eligen quién los va a acusar y quién los va juzgar, y, finalmente, la libertad: los ladrones aprueban las leyes y reformas de leyes con las que salen bien librados de la justicia.
Las redes
La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), se estableció en Honduras y junto a su brazo procurador, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (UFECIC), comenzó a corroborar un secreto a voces en este país centroamericano: “que los principales ladrones están en el Congreso Nacional”.
Los casos de corrupción que el binomio MACCIH-UFECIC fue haciendo públicos, involucraban a muchos funcionarios de diversas Secretarías de Estado pero en demasía, a diputados y diputadas del Congreso de Honduras.
De hecho, a partir del primer caso de corrupción presentado ante los Tribunales de Justicia que se denominó Red de Diputados, en el que, como su nombre indica, un grupo de congresistas desviaron 8.3 millones de lempiras destinados para Ongs, se comenzaron a conocer otros casos en los que se involucraba a decenas de diputados más.
Para el año 2020, cuando el gobierno de Juan Orlando Hernández decidió no ratificar el Convenio que la mantenía vigente, la Misión ya había interpuesto y dado a conocer de forma pública, al menos 12 casos de corrupción de alto impacto y, en ellos, la mayoría eran diputados.
La trama
En enero del 2016, año en el que también se instaló la MACCIH en el país, las y los diputados del Congreso Nacional procedieron a seleccionar a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La prensa del país dijo que la elección se hizo con un inédito mecanismo. Y es que en una papeleta con la foto de los 45 aspirantes, se escogió a los 15 magistrado/as, para un periodo 2016-2023.
Dos años después, a finales del mes de junio del año 2018, ese mimo Congreso Nacional, integrado por decenas de diputados y diputadas que estaban señalados de corrupción en los casos de la MACCIH, reeligen al fiscal general Óscar Chinchilla.
Esa reelección se hizo pese a que Chinchilla ni siquiera participó en el concurso público porque ni figuraba en la nómina de aspirante presentada por el Congreso Nacional. Su reelección fue contraria a lo estipulado en la Ley del Ministerio Público y la Constitución Política de la República, estamentos en los que se indica que el Fiscal General debe ser electo de una nómina de cinco candidatos que presente una Junta Proponente.
Fue así como las y los diputados, señalados de cometer robos, culminaron con el desfalco de millonarias cantidades de dinero del erario público, “eligen a quien los va a acusar, al fiscal general. Peo no contentos con eso, los acusados eligieron a quienes los van a juzgar, es decir, a los magistrados de la corte suprema de la justicia”.
La libertad
El tríptico de la corrupción hondureña continúa en su tercera fase. Con una Corte de magistrados y magistradas y un fiscal general electo por el Congreso Nacional, faltaba un tercer elemento: leyes y reformas de leyes benevolentes.
Aunque hay más reformas que constituyen lo que expertos llaman “pactos de impunidad”, hay algunas, como la realizada a la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 141-2017), que fueron el perfecto “haz bajo la manga”.
Esta reforma surge en el marco de un proceso penal impulsado por la MACCIH-UFECIC contra cinco diputados (caso Red de Diputados) acusados de la apropiación de fondos públicos para programas sociales, utilizando una ONG como intermediaria para desviar esos recursos hacia propósitos personales. Esta reforma establecía un procedimiento administrativo previo a la investigación del Ministerio Público contra quienes hubiesen manejado fondos públicos. Ese decreto introdujo la obligación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), de realizar una auditoría especial de los fondos destinados a programas sociales, en un plazo de tres años.
Con la aprobación de esta norma se puede suspender la persecución penal pública en los casos de corrupción de manejo de fondos destinados a programas sociales y, como efecto inmediato, el cierre de procesos penales.
Dos años después, en el 2019, se aprobó el Decreto 116-2019, que dio vida a la “Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales”.
Esta norma, para la supuesta rendición de cuentas, limita las facultades de investigación del Ministerio Público para deducir la responsabilidad penal, ya que ordena al TSC, a realizar una “auditoría e investigación especial” en el plazo de tres años.
Durante se encuentre vigente la auditoría e investigación especial y hasta que el Tribunal Superior de Cuentas no emita una resolución definitiva, queda en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal, independientemente de la fase en que se encuentre, en relación con la deducción de cualquier tipo de responsabilidad sobre los fondos que están siendo auditados.
La Constancia de Solvencia o Finiquito extendida por el TSC exime de cualquier tipo de responsabilidad de naturaleza civil, penal o administrativa a los implicados, en relación con las asignaciones presupuestarias o auditadas por el Tribunal.
La importancia del próximo Congreso Nacional
Ramón Barrios, abogado, ex juez de sentencia y catedrático universitario, resume de esta forma lo que llama “el tríptico de la impunidad en Honduras”. Su frase la acuñó en el foro que realizó el CESPAD el pasado 29 de julio, intitulado “Pandora, entre fundaciones de maletín y financiamientos de campañas: ¿rumbo a la impunidad o la justicia?
De allí que este ex juez, al finalizar el foro en el que se analizó el caso Pandora, insistió en plantear que Honduras asiste a un “torneo electoral en noviembre”, y “el destino del país estará en manos del Congreso Nacional, porque se va a elegir la nueva Corte Suprema, el Fiscal General, el Tribunal Superior de Cuentas”.
“No salgamos a votar sino a elegir a funcionarios correctos para revertir este marco legal de la impunidad que está quedando evidenciado en el caso Pandora. De 38 ladrones que se robaron 282 millones suyos y míos, porque es dinero público, solo llegaron 3 a juicio oral y público. ¿Qué pasó con los demás?, fueron juzgados por una Corte Suprema para la que no pasó nada, esos funcionarios no hicieron nada”, concluyó.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
